Zita Dalia Baños Noyola

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Zita Dalia Baños Noyola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA V "....VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1173/2022 promovido por ********************por propio derecho y en su carácter de Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca y otra autoridad; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un tribunal del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca. El acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en audiencia de debate en la causa penal ********************, en el que se ordena realizar a la quejosa un descuento por $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos MN/00), por concepto de multa, al incumplir con la orden de traslado y custodia de los acusados Gregorio Fidel Pérez Robles, Javier Cruz Pabuceno y Amado Cano Basurto, de los CERESOS de Miahuatlán, Tehuantepec y Santa Catarina Juquila, a la Sala de Audiencias del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tlaxiaco, Oaxaca, para la celebración de la audiencia de debate a las once treinta horas del veintiuno de septiembre del año en curso. El oficio PJEO/CJ/TJUTLAX/0174/2022-J, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, firmado por la autoridad judicial y dirigido a la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que se ordena realizar el descuento por concepto de multa a la quejosa. El oficio SSP/OM/DRH/0892/2022, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigido al Director General de Asuntos Jurídicos, por el que solicita instrucciones para aplicar el concepto de multa a la quejosa. El oficio GU/SPRPEEO/STTPE/G1/2395/2022 del Secretario Técnico del Titular del Poder Ejecutivo dirigido a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, por el que la autoridad judicial ordena se realice el descuento a la quejosa. Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos los actos administrativos de ejecución para hacer efectivo el cobro de la multa de mérito. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: En audiencia de debate celebrada el catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, el Juez responsable ordenó a la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca, para que a su vez ordenara al Comisionado de la Policía Estatal, el traslado de los acusados Gregorio Fidel Pérez Robles, del Cefereso 03 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de Javier Cruz Pabuceno del Cereso de Tehuantepec, Oaxaca y de Amado Cano Basurto, del Cereso Regional número 10 de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, a las instalaciones del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, sede en Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, para el desahogo de la audiencia de debate, fijada para las once horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre del año en curso. Asimismo, la apercibió que en caso de incumplimiento, le impondría una multa de cien unidades de medida de actualización (UMAS), en términos del artículo 104, fracción II, inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con motivo de lo anterior, la autoridad judicial giró vía electrónica el oficio CJ/TJO/HU/497/2022-J, de catorce de septiembre del presente año, para solicitar a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca -aquí quejosa- que realizara bajo su más estricta responsabilidad el traslado de mérito, ya que se habían señalado las once horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de debate -oficio que fue notificado a la aquí quejosa el quince de septiembre del actual, según se advierte del volante de turno 2666-. En audiencia de continuación de debate de veintiuno de septiembre del actual, la autoridad judicial determinó que al no existir justificación oportuna por parte de la autoridad aquí quejosa, ordenó hacer efectivo el apercibimiento de multa, realizado mediante el oficio citado en párrafo que antecede. Por ello, la autoridad judicial responsable remitió el oficio PJEO/CJ/TJUTLAX/0174/2022-J de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, a fin de que ordenara a quien corresponda realizara el descuento respectivo a la aquí quejosa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos moneda nacional), que es el equivalente a cien unidades de medida y actualización, por concepto de multa. De ahí que la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que se hizo efectivo el apercibimiento de multa a la aquí quejosa y sus consecuencias, son el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Que la multa impuesta es injustificada ya que la quejosa oportunamente instruyó al área de control de gestión para remitir el oficio CJ/TJO/HU/497/2022-J firmado por la autoridad judicial responsable, al Comisionado de la Policía Estatal y Subsecretario de Prevención y Reinserción Social para su atención y cumplimiento. La determinación reclamada vulneró su derecho consagrado en el artículo 16 Constitucional, ya que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, pues omitió indicar las causas, razones o lo motivos por los cuales llegó a la determinación de imponer una multa de cien unidades de Medida y Actualización, por el incumplimiento del traslado carcelario requerido. Asimismo, se contraviene en su perjuicio el artículo 17 Constitucional ya que al imponer la multa sin analizar que se ordenó al Comisionado de la Policía Estatal y al Subsecretario de Prevención y Reinserción Social que realizaran el traslado y custodia de mérito, se vulnera su derecho de acceso a la justicia. La multa reclamada vulnera los derechos humanos de debido proceso legal, legalidad, seguridad jurídica y debida individualización de sanción administrativa toda vez que menoscaban su patrimonio. Que el artículo 104, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, tales medidas de apremio no se encuentran a su arbitrio, pues para su imposición deben de fundar y motivar su decisión. Que la imposición de las medidas de apremio deben imponerse de forma gradual y que tratándose de las emitidas por los órganos jurisdiccionales en principio debe constar en una amonestación. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son esencialmente FUNDADOS los conceptos de violación de la parte quejosa, en lo relativo a que el acto reclamado trasgrede el artículo 16 de la Carta Magna, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en razón a que el acto reclamado carece de una adecuada motivación. El artículo 16 de la Carta Magna, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". De dicho precepto se desprende el derecho a la legalidad el cual consiste en que el acto de autoridad debe constar por escrito, emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado, pues sólo de esta forma se otorga seguridad jurídica a los gobernados. La fundamentación consiste en que la autoridad debe expresar con la mayor precisión posible el precepto legal aplicable al caso, es decir, la adecuación prudente entre los discursos fáctico y normativo. La motivación es el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de molestia, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por su parte, el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 104. Imposición de medios de apremio. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: [.] II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable". Del precepto legal invocado se observa la facultad otorgada a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas de apremio dentro de un procedimiento judicial que se rige bajo el sistema penal acusatorio. Dentro de esas medidas de apremio, están: a) Amonestación. b) Multa. c) Auxilio de la fuerza pública. d) Arresto por treinta y seis horas. Ahora, como regularmente ocurre, las medidas de apremio son una facultad coactiva otorgada al juzgador para obtener el cumplimiento de sus determinaciones. La facultad del órgano jurisdiccional de hacer uso de las medidas de apremio, tiene como objetivo principal obligar al contumaz al cumplimiento de sus mandatos; dicha providencia encuentra sustento constitucional en el artículo 17, párrafo sexto, de nuestra Carta Magna y está legalmente reconocida por el numeral 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, aunque el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no especifica el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, pues sólo enumera cuáles de ellas se pueden aplicar, la autoridad judicial debe emitir su mandamiento bajo las condiciones establecidas por el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional, a fin de que el gobernado tenga la certeza de que dicho acto se emitió cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables al caso y de acuerdo con las atribuciones legales de la autoridad que lo emite. Esto significa que debe existir una prevención especial de la autoridad judicial hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, donde se especifique lo que debe hacer o dejar de hacer para cumplir con el mandato judicial, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que para que la aplicación de una medida de apremio se considere legalmente impuesta, deben reunirse los siguientes requisitos: Que previamente se aperciba con su imposición; 2. Que conste en forma indubitable que la persona a la que se pretenda imponer la medida correspondiente, conoce a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; 3. Que la resolución que determine la imposición de alguna medida de apremio deberá encontrarse debidamente fundada y motivada; y, 4. Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente haya contravenido lo ordenado por el juzgador. Ahora bien en el caso, de las constancias que integran la causa penal ******************** se advierte que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, hizo efectivo el apercibimiento a la parte quejosa y le impuso una multa de cien unidades de medida de actualización (UMAS), equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). De la anterior relación, se aprecia -como se anticipó- que el Juez responsable conculcó el derecho fundamental de la parte quejosa contenido en el artículo 16 Constitucional, debido a que la imposición de la medida de apremio impuesta, carece de una adecuada motivación. Es así ya que en el oficio CJ/TJO/HU/497/2022-J, de catorce de septiembre del presente año, que contiene el requerimiento para realizar el traslado solicitado por la autoridad judicial a la aquí quejosa y su correlativo apercibimiento, se señaló: "En atención a lo ordenado en audiencia de debate, celebrada el día de hoy en la causa penal de número al rubro anotado, que se instruye en contra de Gregorio Fidel Pérez Robles, Javier Cruz Pabuceno y Amado Cano Basurto, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en posible agravio de la persona de identidad reservada M. D. G. R. Se remite el presente, con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, ordene al comisionado de la policía estatal, realicen bajo su más estricta responsabilidad y con las medidas de seguridad que el caso amerite, el traslado de los acusados de mérito, en este caso GREGORIO FIDEL PÉREZ ROBLES, se encuentra privado de su libertad EN EL CERESO 03 DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, JAVIER CRUZ PABUCENO, EN EL CERESO DE TEHUANTEPEC, OAXACA; y AMADO CANO BASURTO, EN EL CERESO REGIONAL NUMERO 10 DE SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA; del lugar en donde se encuentran privados de su libertad, A LA SALA DE AUDIENCIAS DEL Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tlaxiaco, Oaxaca (.), para que comparezcan a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la continuación de la AUDIENCIA DE DEBATE en este asunto, dicho traslados, deberá de realizarlo con el trato adecuado e implementando los protocolos de prevención con motivo del SARS-Cov-2 o COVID-19 y presentarlos con quince minutos de anticipación a la hora señalada. Apercibiéndolo que en caso de incumplimiento sin causa justificada se le impondrá como medio de apremio una multa de CIEN Unidades de Medida de Actualización, conforme lo establece el artículo 104 fracción I1, Inciso b) del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.).". Luego, la determinación reclamada contenida en el posterior oficio PJEO/CJ/TJUTLAX/0174/2022-J, por el que el juzgador responsable solicitó a la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, realizara las gestiones necesarias para hacer efectiva la medida de apremio decretada el veintiuno de septiembre del año en curso, señala: "En atención a lo ordenado en CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE DEBATE, celebrada el día de hoy, en la causa penal de número al rubro anotado, que se instruye en contra de (.); se ordenó enviar el presente a efecto de que: Ordene a quien corresponda realice el descuento respectivo a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca licenciada ********************por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos MN/00) que es el equivalente a cien unidades de medida y actualización, por concepto de multa, lo anterior, tomando en consideración que en esta audiencia se le hizo efectivo el apercibimiento realizado mediante oficio número CJ/TJO/HU/497/2022-J, de fecha catorce de septiembre del año dos mil veintidós, por no acatar las prevenciones y requerimientos por parte de este Tribunal de Enjuiciamiento; hecho que sea lo anterior, lo deposite al Fondo para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias Banamex: 387445 sucursal 120; Banorte: 0129113131 sucursal 2437 o Bancomer: 0106451594 sucursal 0715; Debiendo remitir a este Tribunal de debate la ficha de depósito correspondiente a la mayor brevedad posible.". De lo anterior, se aprecia que el requerimiento realizado por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento a la aquí quejosa en su carácter de Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, consistió esencialmente en trasladar a los acusados de referencia a las instalaciones que ocupa la autoridad judicial, para llevar a cabo una diligencia dentro de la causa penal ********************. Apercibiéndola que de no cumplir con ello, con fundamento en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, le impondría una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien unidades de Medida y Actualización (UMA); la cual hizo efectiva en posterior audiencia de veintiuno de septiembre del año en curso y giró oficio para su ejecución. No obstante, el fundamento en que apoyó su determinación -artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales-, establece un rango que oscila entre la multa mínima y máxima que se encuentra facultado a imponer; esto es: Pena mínima: veinte unidades de Medida y Actualización (UMA). Pena máxima: cinco mil unidades de Medida y Actualización (UMA). Entonces, la multa que impuso relativa a cien unidades de Medida y Actualización (UMA), es mayor a la mínima. En ese sentido, se considera que la imposición de la medida de apremio, consistente en multa de cien unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos cero centavos MN/00), carece de una debida motivación; pues dejó de individualizar adecuadamente la medida de apremio contenida en la determinación impugnada. Ello, ya que no refiere las razones por las que la autoridad responsable consideró imponer una multa de cien unidades de Medida y Actualización, que resulta mayor a la mínima -veinte unidades de Medida y Actualización-. Sin que tomara en consideración factores como: reincidencia en requerimientos similares, conductas contumaces en otro tipo de solicitudes o requerimientos, la gravedad de la conducta, así como, otros factores que pudieren haberlo llevado a concluir que resultaba asequible imponer una multa mayor a la mínima, como el caso pudo haber sido el traslado de reos de lugares distintos y distantes, situación que no resulta ser un asunto menor. Solo en caso de haber apercibido e impuesto una multa mínima podría relevar a la autoridad de señalar las razones y fundamentos que la llevaran a fijarla, pues legalmente no habría podido imponer una sanción menor. Es decir, el Juez responsable, al decretar dicha multa en la determinación reclamada, omitió señalar las causas inmediatas que tomó en consideración para imponer a la ahora quejosa, una multa mayor a la mínima. Ya que si bien es cierto, el juzgador responsable trató de satisfacer su obligación de fundamentar y motivar el acto de autoridad que ahora se reclama, en el numeral 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el hecho de que la medida de apremio impuesta obedeció a la razón de que la aquí quejosa, en su calidad de Secretaria de Seguridad Pública, no llevó a cabo el traslado de los acusados en la temporalidad requerida, a las instalaciones que ocupa el dicha autoridad jurisdiccional. También resulta evidente que tales consideraciones no satisfacen a cabalidad que le hubiere impuesto una multa mayor a la mínima; pues para ello, debió motivar en el sentido esencial de por qué consideraba que no debía imponérsele la mínima e incrementar el monto hasta quinientas unidades de Medida y Actualización. Por lo que, esa omisión vulneró el derecho a la seguridad jurídica de la quejosa consagrado en el artículo 16 Constitucional, al no tener certeza de que la imposición de la multa superior a la mínima permitida, sea consecuencia de una ponderación razonada de los parámetros que el aplicador de la norma debió atender. Sin que en el caso resulte necesario analizar la legalidad de los oficios SSP/OM/DRH/0892/2022 y GU/SPRPEEO/STTPE/G1/2395/2022, mediante los cuales se realizaron gestiones tendentes a hacer efectiva la multa impuesta a la aquí quejosa, por tratarse de una consecuencia directa del acto considerado inconstitucional en esta determinación. Por lo expuesto, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado. Efectos de la concesión. Consecuentemente, el amparo y protección de la Justicia Federal, se concede para efecto de que la autoridad responsable Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del circuito judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción, Tlaxiaco, Oaxaca, realice lo siguiente: Deje insubsistente la medida de apremio decretada en audiencia de continuación de debate, celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************. Acto continuo, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación, la cual podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero purgando los vicios formales que la afectaban o en su caso, de así considerarlo con base en el estudio que realice, en sentido diverso en la que deberá: Indicar por qué en el caso específico consideró que la multa era el medio de apremio más eficaz de entre los contemplados en el artículo 104, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para apercibir a la aquí quejosa, a efecto de que brindara auxilio para trasladar a los acusados de los Centros Penitenciarios a la Sala de audiencia de su tribunal; Expresar las razones por las cuáles graduó la multa en Cien Unidades de Medida y Actualización, entre el mínimo y máximo señalado en la fracción II, inciso b), del citado precepto legal; y, Fundar y motivar porqué la multa se debe cobrar directamente del salario que percibe la aquí quejosa. Asimismo, para que la autoridad ejecutora Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca: Realice los actos relativos a la cancelación del cobro de la referida multa y en caso de que ya se hubiere efectuado, proceda a su devolución en una sola exhibición. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************por propio derecho y en su carácter de Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contra actos del Tribunal de enjuiciamiento Colegiado del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Santa María Asunción Tlaxiaco, Oaxaca y de la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que aún transcurre el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído de siete de los corrientes, a efecto de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el informe previo que rinde la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención a que el veinte de octubre del actual, se resolvió este incidente de suspensión. CÚMPLASE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado de la Directora de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaria de Seguridad Publica, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental exhibida por la mencionada responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados Se tiene como domicilio de la aludida responsable el que indica, por corresponder al oficial; y, atento a lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Amparo, como delegados de su parte, a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE

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