Zitlaly Lizeth García Muñóz
Expediente 206/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Zitlaly Lizeth García Muñóz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, se tiene a la Superioridad acusando recibo del oficio por el cual se remitieron los autos originales del juicio 206/2023 de este índice e, informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, en contra de la sentencia dictada en autos, radicándolo con el número de amparo en revisión 338/2023; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto al medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada: Quintín Armando Solano Rodríguez, Carlos Leandro Rodríguez Moreno, José Antonio Albuerne Tronco, Carlos Román Cerino Salazar, Miguel Piña Hernández, Jorge Enrique Gil de Leyva Arellano y Lucero Polo Hernández, el proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 206/2023 promovido por Zitlaly Lizeth García Muñoz. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el catorce de marzo de dos mil veintitrés y turnado el quince de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-54). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados y, emplazar al juicio a los terceros interesados (fojas 55-59). El veinticuatro de marzo siguiente, se emplazó por lista de acuerdos a los terceros interesados 1. Quintín Armando Solano Rodríguez, 2. Carlos Leandro Rodríguez Moreno, 3. José Antonio Albuerne Tronco, 4. Carlos Román Cerino Salazar, 5. Miguel Piña Hernández, 6. Jorge Enrique Gil de Leyva Arellano, 7. Lucero Polo Hernández (fojas 71, 73, 75, 77, 79, 81 y 83) y, el diez de mayo del mismo año, se emplazó personalmente al diverso tercero interesado 8. José Oscar Hernández Hernández (foja 216). Se agregaron en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 64 y 84) e integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 204-206) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 235-236). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclaman: el control de la detención; la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa y, el auto de vinculación a proceso, todos emitidos en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la parte quejosa, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, dado que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: 1). La audiencia de control de la detención de la imputada quejosa, llevada a cabo el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en el proceso penal 118/2023 (Determinación que fue notificada personalmente a la quejosa el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 2). La medida cautelar impuesta a la quejosa en la referida audiencia inicial de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, relativa a la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de dos años (Notificada personalmente a la misma el día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 3). El auto de vinculación a proceso de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado contra la quejosa en el aludido proceso penal por su participación probable en los hechos que la ley señala como los delitos de: 1. homicidio doloso calificado en grado de tentativa; 2. contra la instituciones de seguridad pública; 3. robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado y, 4. contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta (El cual se notificó personalmente a la quejosa el día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 4). La ejecución de dichas determinaciones, atribuida al Encargado del Módulo de Prisión Preventiva, en Veracruz, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de las determinaciones reclamadas (foja 84). Lo que se corrobora, dado que dicho juzgador remitió los registros audiovisuales compulsados en un disco DVD que contienen las resoluciones combatidas (foja 104) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." También son ciertos los actos atribuidos al 2. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva, en Veracruz, Veracruz, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado (foja 64). CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que se concreta el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en: 1). La audiencia de control de la detención de la imputada quejosa, llevada a cabo el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en el proceso penal 118/2023 (Determinación que fue notificada personalmente a la quejosa el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). 2). La medida cautelar impuesta a la quejosa en la referida audiencia inicial de diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, relativa a la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de dos años (Notificada personalmente a la misma el día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo). Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo con que se formó este asunto fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la mencionada ley y, como consecuencia de ello, que ha operado el consentimiento tácito respecto de los destacados actos reclamados. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "ARTÍCULO 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". De la lectura de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 citado, deviene improcedente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. De lo anterior se concluye que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo -en las vías directa o indirecta- comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis antes señaladas, las cuales son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por su parte, los numerales 63, 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." [.] Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.] Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. [.] "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. [.]" De la intelección conjunta de dichos numerales, se advierte que las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de respaldo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.II.P. J/2 P (11a.) del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL CÓMPUTO PARA SU PRESENTACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO DE DETERMINACIONES EMITIDAS EN LA PROPIA AUDIENCIA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a posicionamientos contrarios, al establecer qué hipótesis del artículo 18 de la Ley de Amparo debe servir de base para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, cuando el acto reclamado es una determinación emitida en una audiencia bajo el sistema penal acusatorio en la que se encuentra presente el quejoso: la de la fecha en que tuvo conocimiento del acto, que es el día de la audiencia, o la relativa a la notificación del acto reclamado, que se computa a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Criterio jurídico: Las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir. Por tanto, es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Los artículos 63 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las partes que intervienen en una audiencia del procedimiento acusatorio quedan, en ese acto, formalmente notificadas de las determinaciones emitidas en esa diligencia. En ese contexto, para determinar cuándo surte efectos ese acto procesal, no basta con que se practique la notificación en la audiencia, sino debe tomarse en cuenta si el propio ordenamiento adjetivo le otorga un carácter en particular. En ese sentido, de acuerdo con el análisis sistemático de los artículos 63, 82, fracción I, inciso a), y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las determinaciones jurisdiccionales dictadas de forma oral, en audiencia, y que se dan a conocer en ese acto, constituyen notificaciones personales que en ese momento se encuentran formalmente practicadas a los intervinientes y a quienes están obligados a asistir; por ende, surten efectos al día siguiente. Por tanto, para efectos de analizar el cómputo para la promoción del juicio de amparo indirecto, y por certeza jurídica, se debe tomar en cuenta que la comunicación de una determinación en audiencia es una notificación formal y personal, con independencia de que a través de la misma el quejoso tuvo conocimiento de manera inmediata del acto reclamado, de manera que es aplicable el criterio del artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el cómputo de los quince días que establece el numeral 17 de la propia legislación debe contarse a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales." Hasta aquí el marco normativo. ANTECEDENTES Se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos del informe justificado y del registro audiovisual enviado por el juez responsable, a saber: 1). En la audiencia inicial llevada a cabo en el proceso penal 118/2023, el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable realizó el control de la detención de la imputada quejosa y calificó de legal la misma. 2). Asimismo, previa solicitud de la fiscalía y, sin oposición de la defensa, el juez de control decretó la medida cautelar la prisión preventiva oficiosa de la imputada por la temporalidad de dos años. 3). Del aludido registro audiovisual se observa que la imputada y su defensa, quedaron legalmente notificadas en la propia audiencia oral de diecinueve de febrero del año en curso, de las referidas determinaciones reclamadas. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En la especie, se concreta el primero de los supuestos precisados, porque la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse del control de la legalidad de su detención y de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en su contra el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal de origen. No obstante, la solicitante del amparo fue notificada formalmente de tales determinaciones por parte de la autoridad responsable en la propia audiencia oral de diecinueve de febrero del citado año, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. En efecto, del registro audiovisual remitido por la autoridad responsable, se aprecia que las determinaciones reclamadas fueron emitidas el diecinueve de febrero de dos mil veintitrés y, notificadas de manera personal a las partes el mismo día en la propia audiencia oral (incluida la quejosa). Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación personal en términos del artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo fue el veinte de febrero siguiente, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés y feneció el trece de marzo del mismo año, con descuento de los días inhábiles (veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, once y doce de marzo; por ser sábados y domingos, respectivamente). Luego, se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra los destacados actos reclamados, ya había fenecido, conforme lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación legal del acto reclamado, conforme la ley de dicho acto, entonces es evidente que al catorce de marzo de dos mil veintitrés, en que se presentó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio, se encontraba fuera del plazo de quince días con que se contaba para hacerlo y, por ende, los destacados actos reclamados deben considerarse tácitamente consentidos. Lo anterior es así, se insiste, en razón que del sello de recibido impreso en la demanda de amparo (foja 2) se desprende que ésta fue presentada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, por lo que ya había fenecido el plazo legal de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo contra los actos antes destacados, previo el descuento de los días inhábiles. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que los referidos actos combatidos sean restrictivos de la libertad personal de la quejosa, pues sobre el particular el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que cuando un acto de esa naturaleza se emite dentro de procedimiento judicial, se rige por el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda; supuesto que en el caso analizado se actualiza, pues el control de la legalidad de la detención y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se dictaron contra la quejosa en el proceso penal 118/2023 del índice de la autoridad judicial responsable, que se sigue en su contra por diversos ilícitos. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) que se lee: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." CONCLUSION En consecuencia, al tener dichos actos reclamados la calidad de consentidos tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, con apoyo en el artículo 63 de la citada legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente respecto de los actos reclamados destacados en este apartado. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir tales determinaciones. Finalmente, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación formulados contra el auto de vinculación a proceso, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO reclamado. En el caso, opera la suplencia de la queja a favor de la solicitante del amparo, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tener la calidad de imputada en el proceso penal de origen. Tal porción normativa establece que, ante una queja deficiente en materia penal, el juzgador debe suplirla a favor del reo, aun ante ausencia de conceptos de violación. Al analizar las constancias y sobre todo las videograbaciones remitidas en apoyo del informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte, en suplencia de los conceptos de violación, que el Juez de Control responsable incurrió en diversas violaciones formales en la emisión del acto reclamado, pues vertió una insuficiente motivación en los siguientes aspectos: i. Cuando expuso que se acreditaba el hecho con la apariencia del delito de robo específico en su modalidad de posesión de vehículo robado, por el hecho de que el automotor afecto se encontraba dentro del rango de acción de los sujetos pasivos. ii. Al concluir que se acreditaba el diverso hecho con la apariencia del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, pues al encontrarse el narcótico localizado dividido en diversas bolsitas, se infería entonces que estaba destinada a su comercialización. Lo que impone conceder la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO JURÍDICO A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "(.) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por otra parte, existe indebida fundamentación cuando el acto de autoridad invoca preceptos legales, pero los mismos no aplican al asunto en concreto por las características específicas de éste; y, existe incorrecta motivación, en el supuesto en que la autoridad sí indica las razones que tomó en consideración para emitir el acto, pero dichas razones no concuerden con la norma legal que aplicó en el caso. Así, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de la cita de normas en que se apoya una resolución o acto y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero los mismos no son aplicables al caso en concreto, y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no concuerdan con el caso específico, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos que invoca la autoridad y las normas que aplicó. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.3º.C. J/47 que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR." Por su parte, la motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; e 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión de la autoridad no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente. Ilustra a lo anterior la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO." Auto de vinculación a proceso Por parte, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado (registro audio-visual): 1). A partir de las 20:50 del diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, se abrió la audiencia en que se individualizó a las partes: fiscales del Ministerio Público, licenciados Rodrigo Burgos Castro y Luis Daniel Cedeño Nájera; defensor público, Oscar Zamora Valladares y la investigada Zitlaly Lizeth García Muñoz; asimismo, el juez verificó que conociera sus derechos constitucionales y, le preguntó si estaba de acuerdo en que fuera patrocinada por el aludido defensor público, a lo que contestó que sí era su deseo; ante ello, el defensor aceptó y protestó el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 10205909, expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho, de la cual se registró su imagen (20:50:42). 2). A partir de las 20:54 la fiscalía solicitó al Juez de Control calificara de legal la detención de los investigados, entre ellos, de la aquí quejosa, exponiendo los motivos conducentes, así como los datos de prueba con los que contaba; por lo que a partir de las 21:16:50 el aludido juzgador decretó su legalidad. 3). Continuando con la audiencia inicial (luego de haberse calificado de legal la detención de los investigados) a las: 21:23:58 horas del citado diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, el juez concedió el uso de la voz a la fiscalía, misma que formuló imputación contra los investigados, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto de los hechos que la ley señala como los delitos de homicidio doloso calificado en grado de tentativa; contra la instituciones de seguridad pública; robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado y, contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta 21:31:33. 21:31:38 el juez preguntó a los imputados si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaban alguna aclaración o precisión, contestando la quejosa que sí entendió la imputación. 21:32:40 el juez preguntó a los imputados si deseaban declarar en ese momento, así como que antes de responder, podían consultarlo con su defensor; a lo que la imputada quejosa y el diverso imputado manifestaron que era su deseo guardar silencio. 21:33:37 Ante ello, previo uso de la voz que se concedió a su favor, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso de los imputados respecto de los delitos de homicidio doloso calificado en grado de tentativa; contra la instituciones de seguridad pública; robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado y, contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta, para lo cual citó los hechos y los datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo su exposición a las 22:15:47. 22:15:50 el juez preguntó a los imputados en qué plazo deseaban que se resolviera su situación jurídica; quienes previa consulta con su defensor, entre ellos la quejosa, eligieron que se hiciera en el término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas 22:16:58. 22:17:57 el juez, atendiendo a la decisión de los imputados, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica y fijó a partir de las dieciocho horas con treinta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para continuar con la audiencia inicial. 2). En la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a las: 20:16 el juez declaró el inicio de la continuación de la audiencia y pidió a las partes presentes se individualizaran, lo aconteció de la siguiente manera: los fiscales del Ministerio Público, licenciados Rodrigo Burgos Castro, Luis Daniel Cedeño Nájera y Mauren Lesie Ruiz Rodríguez, defensor público, Oscar Zamora Valladares y la investigada Zitlaly Lizeth García Muñoz. 20:18 en uso de la voz que se concedió a la defensa, manifestó que no contaba con datos de prueba que ofrecer, formulando sus respectivos alegatos; la fiscalía contestó lo alegado por la defensa y reiteró su solicitud de vinculación a proceso. 20:20 el juez preguntó si era su deseo declarar en relación con los hechos atribuidos; por lo que la imputada quejosa manifestó que sí era su deseo hacerlo y, a partir de las 20:23 procedió a rendirla; no obstante, a las 2025 la fiscalía solicitó al juez que se designara un diverso defensor a alguno de los investigados por el posible conflicto de intereses de éstos, dado que la imputada había realizado imputaciones contra su coimputado; solicitud con la que estuvo de acuerdo el defensor público interviniente. 20:38 el juez de control se dirigió a la imputada para indicarle que al tener su coimputado la calidad de su concubino, no se encontraba obligada a declarar, pero podía hacerlo si así lo deseaba; contestando ésta que sí deseaba continuar rindiéndola; asimismo, le indicó el juzgador que se encontraba presente la licenciada Larissa Martínez Rivera, defensora pública adscrita al Instituto de Defensoría Veracruzano y que si deseaba designarla como su defensora; a lo que la imputada manifestó que sí; por lo que el juez la tuvo por designada con tal calidad, aceptando y protestando en ese acto la aludida profesionista el cargo conferido. 20:41 la imputada quejosa reinició la rendición de su respectiva declaración y, a las 20:45 rindió la suya su coimputado. Luego de que el juez de control declaró cerrado el debate; a partir de las 21:47 resolvió la situación jurídica de los imputados (entre ellos la aquí quejosa) decretando al final de su exposición, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra, respecto de los delitos de 1. homicidio doloso calificado en grado de tentativa; 2. contra la instituciones de seguridad pública; 3. robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado y, 4. contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta -Esta determinación constituye uno de los actos reclamados en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN Como se adelantó, de la resolución reclamada se advierte que la autoridad judicial responsable, al momento de resolver la situación jurídica de la aquí quejosa, vertió una insuficiente motivación. En efecto, del registro audiovisual que remitió el juez de control se advierte que con los datos de prueba que le expuso la fiscalía investigadora durante la solicitud de vinculación a proceso, con la facultad que le confiere el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, clasificó jurídicamente los hechos atribuidos a los imputados, entre ellos la aquí quejosa, para ubicarlos en los delitos de: 1. homicidio doloso calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en los artículos 128, 130, 144, fracción I, en relación con el 86, todos del Código Penal de Veracruz vigente; 2. contra la instituciones de seguridad pública; previsto y sancionado en el artículo 371 Quinquies del Código Penal de Veracruz vigente; 3. robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado, previsto y sancionado en el artículo 209, fracción VI, del Código Penal de Veracruz vigente y, 4. contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta, previsto y sancionado en el artículo 476, de la Ley General de Salud. Concluyó el juez de control que los datos de prueba narrados por la fiscalía dan cuenta de que: el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las siete horas (circunstancias de tiempo) sobre la carretera Costera del Golfo, a la altura del kilómetro 2, después de la desviación hacía Tlalixcoyan, con dirección a Alvarado, Veracruz (circunstancias de lugar) elementos de la policía ministerial se encontraban realizando actos de investigación y al momento en que revisaban un vehículo automotor tipo camioneta marca GMC, color azul, sin placas de circulación, con un impacto de bala en el parabrisas, con reporte de robo, la cual que se encontraba atravesada en la entrada de un terreno con dos viviendas en su interior, fueron agredidos con armas de fuego desde el interior de uno ellos, resultando heridos dos elementos policiacos, por lo que después de un intercambio de disparos, los agentes de la autoridad ingresaron a dicho domicilio y sometieron a sus agresores, localizándole a una persona de sexo femenino una mariconera de tela negra con la estampa de un perro, misma que contenía quince bolsitas transparentes en color rojo, que pericialmente resultaron contener cocaína, con un peso neto de 2.72 gramos (circunstancias de modo). En consecuencia, el juez responsable dictó auto de vinculación a proceso contra la aquí quejosa, al estimar que esos hechos actualizaban los referidos ilícitos. Primera violación detectada No obstante, como se anticipó, este órgano jurisdiccional advierte que la autoridad judicial responsable incurrió en una violación formal en la emisión del acto reclamado, pues vertió una insuficiente motivación: i. Cuando expuso que se acreditaba el hecho con la apariencia del delito de robo específico en su modalidad de posesión de vehículo robado, por el hecho de que el automotor afecto se encontraba dentro del rango de acción de los sujetos pasivos. Así, se tiene que el aludido ilícito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 209, fracción VI, del Código Penal de Veracruz vigente, el cual establece: "Artículo 209. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa hasta de trescientos días de salario, a quien: (.) VI. Detente, posea o custodie un vehículo robado, partes del mismo o los altere de cualquier manera; o (.)" De la descripción típica del aludido artículo, se obtiene la concurrencia de los siguientes elementos estructurales para la actualización de la aludida conducta: a). Que alguien -sin calidad específica- detente, posea o custodie (acción) una cosa. b). Que dicha conducta recaiga sobre un vehículo robado. Como se observa, la acción típica allí descrita incluye como acción del sujeto activo, la detentación, posesión o custodia sobre un vehículo con reporte de robo. En el caso, se observa que el juez de control responsable, al momento de tener por acreditada la conducta ilícita de robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado, atribuida a la imputada aquí quejosa, únicamente lo realizó basándose en la inferencia de que al encontrarse el automotor afecto dentro del rango de acción de los sujetos activos, es suficiente para estimar actualizada dicha conducta. Sin embargo, se estima que la apreciación de la autoridad responsable es insuficiente para concluir como lo hizo. Ello en la medida que de los hechos narrados por la fiscalía se advierte que el vehículo automotor con reporte de robo, se localizó sobre la carretera, en el exterior del terreno donde existe una de las dos viviendas desde donde los policías fueron agredidos cuando revisaban dicho vehículo y en donde fue detenida la imputada y otra persona, luego de que dichos captores ingresaron al inmueble y los aseguraron. Lo anterior denota que para considerar que los sujetos activos poseían el automotor con reporte de robo al momento de su detención, era jurídicamente necesario que la autoridad responsable realizara un ejercicio reforzado de motivación y no simplemente decir que se actualizó la conducta atribuida porque tal objeto se encontraba dentro de su radio de acción. Esto porque la autoridad no estableció siquiera en grado aproximado el radio de acción o la distancia (en caso de contar con esa información) que existía entre la carretera exterior donde se localizó el vehículo y el inmueble en que la imputada fue detenida en su interior, para sí estar en condiciones de concluir que ésta ejercía actos de posesión sobre el automotor robado. Máxime que, se insiste, el automotor se localizó sobre la carretera que da al exterior del terreno donde existe la vivienda en que fue detenida la imputada y no en el interior de dicho terreno; lo que sin duda exige un pronunciamiento reforzado de la autoridad y exposición de las razones suficientes para estar en aptitud jurídica de concluir que los sujetos activos, entre ellos la imputada aquí quejosa, ejercía actos de posesión del vehículo robado al momento de su detención. Ejercicio argumentativo que no se advierte se haya realizado por la autoridad responsable. Segunda violación detectada En otro aspecto, el suscrito Juzgador Federal advierte que la autoridad judicial responsable incurrió en una diversa violación formal en la emisión del acto reclamado, precisamente, ii. cuando tuvo por actualizada la diversa conducta ilícita de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, por el sólo hecho que al encontrarse el narcótico localizado dividido en diversas bolsitas, se infería entonces que estaba destinada para su comercialización. El artículo 476, de la Ley General de Salud, establece: "Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente." De la descripción típica de ese ilícito, se obtienen los siguientes elementos estructurales para su actualización: a). Que alguien -sin calidad específica- posea algún narcótico en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil la cantidad prevista en la Tabla de relación de narcóticos y orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de dicha Ley. b). Dicha conducta se realice sin la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria. c). Que esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente (elemento subjetivo). Como se observa, la acción típica allí descrita requiere para su actualización, que la posesión del narcótico tenga la finalidad de comerciarse o suministrarse, aun gratuitamente. En la especie, se advierte que el juez de control responsable, al momento de tener por acreditada la finalidad de la conducta ilícita aludida, únicamente lo realizó considerando que el narcótico cocaína localizado a la imputada con un peso neto de 2.72 gramos (cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil la cantidad para dosis máxima de consumo personal de cocaína prevista en la Tabla prevista en el artículo 479 de dicha Ley) se encontraba distribuido en diversas bolsitas, por lo que se infería entonces que la poseía para comercializarla. No obstante, se considera que tal conclusión de la autoridad responsable es insuficiente para tener por demostrada la finalidad de comercio del narcótico. Ello es así, porque conforme al cuadro fáctico en que se dio la detención de la imputada quejosa, en el que se aprecia que ésta se encontraba en el interior del domicilio al que ingresaron los policías captores y le encontraron consigo el narcótico afecto en el interior de una mariconera que tenía consigo; exigía al juzgador, no sólo expusiera que por la presentación de la droga (distribuida en quince bolsitas transparentes en color rojo) debía presumirse que estaba destinada a su comercialización, sino que además debió exponer diversas circunstancias que, justipreciadas en grado indiciario, evidencian que la posesión que detentó la imputada de la droga que le fue asegurada al momento de su captura, tenía esa finalidad. Es decir, se exigía que la autoridad responsable para tener por justificada la finalidad (comercio) de la posesión del narcótico asegurado a la imputada, además de su presentación en quince bolsitas, expusiera si existían diversos datos que permitieran conocer, por ejemplo, la eventual certeza de algún posible comprador o la transmisión, aún de manera gratuita, del dominio de la droga. Sin que lo antes anotado signifique que deba demostrarse a plenitud esa modalidad de posesión con fines de venta o suministro gratuito, sino que, precisamente, si se va a deducir un hecho no probado de manera directa (que se poseía para comercializarla) se debe partir de la base de que los datos objetivos o tangibles demostrados en autos permiten suponer, por deducción o inferencia lógica, la intención de poseer la droga para realizar esa conducta. Motivos por los cuales se estima que existió un insuficiente estudio de los hechos calificados por la ley como los delitos de robo específico en la modalidad de posesión de vehículo robado y, contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio. Circunstancias las anteriores que generan incertidumbre en la esfera de derechos de la hoy quejosa y la dejan en estado de indefensión y, por tanto, no está en posibilidad de enderezar una defensa adecuada en torno a esos hechos ilícitos que se le atribuyen. CONCLUSIÓN De lo anterior se colige que la vinculación a proceso reclamada presenta una insuficiente motivación en los aspectos antes destacados; por ende, deviene en perjuicio de la solicitante del amparo, al resultar violatoria de sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los numerales 16 y 19 de la Constitución Federal. EFECTOS En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez de Control responsable: 1). Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 118/2023 de su índice, única y exclusivamente por lo que hace a la aquí quejosa. 2). Hecho lo anterior, deberá citar a las partes a la audiencia respectiva en la que, sin escucharlas nuevamente, con libertad de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de la imputada quejosa, atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución de la resolución reclamada, al no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia de su emisión. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Zitlaly Lizeth García Muñoz, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, conforme a lo razonado en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Zitlaly Lizeth García Muñoz, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación. Notifíquese en términos de Ley. Lo anterior se notifica a los terceros interesados por estar ordenado en autos, excepto al tercero interesado J.O.H.H.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de este Distrito Judicial, Sala "D" con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de mayo del año actual, ya que remite copias certificadas de la versión escrita del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de febrero del año en curso, así como las audiencias celebradas y un disco versátil del proceso penal 118/2023-D en contra de la aquí quejosa ZITLALY LIZETH GARCÍA MUÑOZ de su estadística; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas las pruebas documentales y disco versátil que anexa al oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
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