Zenon Álvaro Porfirio Casas Ramírez

Expediente 813/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
813/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Zenon Álvaro Porfirio Casas Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el cuatro de octubre del presente año feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de trece de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, dado que el peticionario de amparo tiene su domicilio fuera de la sede de este juzgado, es decir, en la Ciudad de México, y por ello, el escrito de agravios es de aquellas promociones susceptibles de presentarse en la oficina pública de comunicaciones de la residencia de la parte quejosa, debe atenderse a la posibilidad de que el escrito respectivo fue depositado ante la aludida oficina. En ese orden de ideas, si acorde a lo dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando el ejercicio de un derecho dentro de un procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello, se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba ejercitarse el derecho (en el caso, presentar el escrito de agravios) y entre esta ciudad y la Ciudad de México, existen aproximadamente cuatrocientos kilómetros de distancia; entonces, es razonable estimar que el escrito correspondiente puede recibirse dentro de los diez días hábiles siguientes al en que feneció el plazo que tenía para depositarlo. En consecuencia, si el plazo para dar cumplimiento al requerimiento feneció el cuatro de octubre del año en curso, y es razonable estimar que pudo ser depositado al término del plazo, entonces el ocurso en mención pudo arribar dentro de los referidos diez días hábiles siguientes, mismos que concluyeron el diecinueve de octubre de la presente anualidad. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibido en línea y, dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene devolviendo debidamente DILIGENCIADO el exhorto 353/2022-E/VIII/AADM (orden 1448) que se libró a efecto de notificar al quejoso ZENON ALVARADO PORFIRIO CASAS RAMÍREZ el acuerdo de trece de septiembre de la presente anualidad, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dese de baja el exhorto de mérito y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para tal efecto en este Juzgado. Sin necesidad de acusar recibo, en virtud de que la autoridad oficiante toma nota de la recepción de la comunicación de que se trata con la constancia que le arroja el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, téngase por al quejoso por legalmente notificado del auto de trece de septiembre del año en curso y, en atención a que de las constancias de notificación que se devuelven no se advierte que aquél haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta plaza, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y se ordena a la actuaria adscrita a este juzgado hacer las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal por lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, fue notificado por lista de acuerdos el veintiséis de septiembre del presente año; sin embargo, dado que el peticionario de ampro se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado y podría interponer recurso de queja vía correo en contra del mencionado proveído, por lo que para no dejarlo en estado de indefensión, se está en espera de un plazo prudente para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Agréguese el oficio 37377/2022 y anexo de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 1391/2022-IV de aquél índice, formado con motivo de la demanda promovida por ZENON ALVARADO PORFIRIO CASAS RAMÍREZ, contra actos de la 1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México y otras autoridades, en donde consta la determinación de veintiséis de agosto del año en curso, en la que la Titular de dicho juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda y envía los autos originales del aludido juicio. Ahora bien, tal como lo considera el juez declinante, la regla que rige la competencia territorial es la prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé tres hipótesis: a) Es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso se estima que se actualiza la primera hipótesis, identificada con el inciso a). Las reglas de competencia por razón de territorio, contenidas en el referido precepto, tienen como base fundamental la ejecución material del acto reclamado. En el caso, los actos reclamados consisten preliminarmente en: El oficio número GN/UOEC/DGSCI/8840/2022, de diecinueve de julio de dos mil veintidós, así como su antecedente GN/SPAyL/m.Movs./0769/2022, por medio de los cuales se le informó que el dieciséis de julio del año en curso, cambia de adscripción a la Dirección General de Investigación para ser asignado a la Coordinación Nacional Antisecuetro, y el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que es integrante de la guardia nacional adscrito a la Estación de Tinaja, perteneciente a la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e instalaciones en Veracruz; por lo que es inconcuso que la orden de cambio de adscripción se ejecutó en ese lugar en el que éste Juzgado Federal tiene jurisdicción. Por tanto, el caso se ubica en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, toda vez que el suscrito comparte los razonamientos que sustentan su declaratoria de incompetencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política Federal, 37, 48, 107 y 108 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 813/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que en el caso se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el propio artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en cita no es limitativo sino enunciativo. Asimismo, el artículo 5°, fracción II de la referida legislación establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De acuerdo al contenido del invocado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, es decir, actúa como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral (ordinario o burocrático). Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el caso a examen, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la 1. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 2. Guardia Nacional Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 3. Comandante de la Guardia Nacional, 4. Comisario General, Jefe General de Coordinación Policial, 5. Subjefe de Planeación, Administración y Logística, 6. Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia, 7. Inspector Jefe, Secretario Particular del Comandante de la Guardia Nacional, 8. Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, 9. Comisario de la Guardia Nacional, 10. Área de Operaciones de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, 11. Área de logística y Adiestramiento de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, 12. Enlace Administrativo y Finanzas de la Guardia Nacional, 13. Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, 14. Dirección de Administración de Personal de la Guardia Nacional, 15. Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, en Veracruz, 16. Coordinador de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Veracruz, 17. Coordinador de Compañía de Seguridad de Vías de Comunicaciones Veracruz, 18. Estación la Tinaja, 19. Titular Oficial Ausencio Gutiérrez Arcos de la Estación La Tinaja de Seguridad de Vías de Comunicación Veracruz, 20. Titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, 21. Titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional, 22. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicios y Transferencia de la Guardia Nacional, 23. Encargada de Enlace Administrativo de la Comandancia de la Guardia Nacional 24. Coordinación de Secciones de Seguridad de Vías de Comunicaciones Veracruz y 25. Dirección de Investigaciones; reclama como acto destacado: El oficio número GN/UOEC/DGSCI/8840/2022, de diecinueve de julio de dos mil veintidós, así como su antecedente GN/SPAyL/m.Movs./0769/2022, por medio de los cuales se le informó que el dieciséis de julio del año en curso, cambia de adscripción a la Dirección General de Investigación para ser asignado a la Coordinación Nacional Antisecuetro, así como su ejecución. Así, con base en la calidad de elemento de la Guardia Nacional que ostenta el quejoso, conviene puntualizar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, establece una exclusión respecto de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Dicho dispositivo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [.] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, gentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." Al hilo de lo expuesto, de una interpretación sistemática es posible afirmar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, excluye, entre otros, a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores; dado que el nombramiento de cargos públicos, como el de guardia nacional, no representa una relación laboral, en virtud de que sus investiduras no se concretan mediante un acto unilateral emitido por la persona facultada para hacer la designación, pues no puede imponerse obligatoriamente un cargo público a un administrado sin su aceptación, ni tampoco se trata de un contrato porque el nombramiento no origina situaciones jurídicas individuales; sino que, conforme a la constitución federal indicada, tal elemento policiaco tendrá el carácter de agente depositario de autoridad y su relación con la administración pública será de carácter administrativo, la cual se regirá por sus propias leyes, las cuales en el caso son de índole administrativo y no laboral. En consecuencia, se trata de un acto diverso al propiamente administrativo en cuya formación concurren las voluntades del Estado y del particular que acepta el nombramiento, cuyos efectos no son fijar derechos y obligaciones recíprocas, sino condicionar la existencia del nombramiento del que deriva el cargo a las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los derechos y obligaciones que les corresponden, por lo que los nombramientos de los agentes policiales, jurídicamente no pueden considerarse contratos de trabajo conforme a la disposición constitucional referida, que excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las normas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores. Por ende, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo, lo que en este asunto no sucede. De lo anterior, se entiende que los elementos operativos de seguridad pública -policías- tienen a su vez el carácter de agentes depositarios de autoridad y su relación con la administración pública es nominalmente de carácter administrativo, no laboral, y se rige por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, ante los tribunales administrativos. En conclusión, con independencia de que los actos reclamados pudiesen resultar legales o ilegales, es claro que los mismos no emergen de una relación administrativa de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación administrativa derivada de la prestación de servicios personales para el Estado caracterizada por la calidad específica del referido prestador de servicios -como lo puede ser un policía-; por lo que es evidente que los actos reclamados a quienes les atribuye el carácter de autoridades responsables, en realidad no actúan como tales, por lo que los referidos actos no pueden ser materia de una acción de índole constitucional, en interpretación, en sentido contrario, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sino en todo caso mediante el ejercicio de una acción administrativa ordinaria, donde el promovente estará en aptitud de hacer valer lo que a su interés convenga en relación con los derechos que dice derivan a su favor con motivo del evento que tuvo en el desempeño de su empleo. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada puesto que el acto de aplicación que se endilga a las autoridades responsables no deriva propiamente de una actuación del ente público como gobernante, en relación con el quejoso como gobernado, sino del vínculo habido entre autoridades dependientes del Estado, en donde un miembro de éste -guardia nacional-, en una relación que ya se ha explicado es de naturaleza administrativa; ello, bajo ese esquema de coordinación que no es competencia de la jurisdicción constitucional mediante el juicio de amparo, sino de la ordinaria en materia administrativa, como también ya se ha explicado. Coinciden con el criterio que se sostiene, por la razón jurídica que las orienta, las tesis siguientes: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación jurídica entre los servidores públicos citados y el Estado es de naturaleza administrativa. En ese sentido, el derecho de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales federales, de solicitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la calificativa de un riesgo de trabajo tiene esa misma naturaleza y, en consecuencia, conforme al artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a este Tribunal conocer de los conflictos en los que se demande al Instituto mencionado el reconocimiento de un riesgo de trabajo." "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ADSCRITOS A LOS MUNICIPIOS Y AL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL. Hechos: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, debido a que el actor narró en la demanda que fue policía, por lo que en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, consideró que la naturaleza de la relación de los miembros de las instituciones policiales es administrativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla es competente para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios y al Estado de Puebla. Justificación: Lo anterior es así, pues del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se advierte que la relación jurídica entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado, es de naturaleza administrativa, y se rigen por sus propias leyes; por tanto, conforme al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, cuando se reclame un acto derivado de la prestación de los servicios de los miembros de las instituciones policiales adscritos a los Municipios o al Estado de Puebla, es competente para conocer y resolver el Tribunal de Justicia Administrativa local, por ser el más afín por materia para su conocimiento, ya que el artículo 4, apartado A, fracción I, de su ley orgánica, determina sus facultades para dilucidar las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y municipales, con independencia de que se planteen en un conflicto o en un procedimiento paraprocesal, pues éste no puede desvincularse de la contienda a la que finalmente daría origen, por tratarse de la rescisión de la relación de trabajo entre la dependencia y el servidor público." Asimismo, en relación con la improcedencia de la acción que se pretende ejercitar ahora en este ámbito constitucional, refuerza lo antes dicho, la siguiente tesis. "SOLICITUD DE REINTEGRO DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO POR LICENCIAS MÉDICAS. CONTRA EL OFICIO RELATIVO, EMITIDO POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, contra el oficio emitido por el titular de la Subdirección de Relaciones Laborales de la Dirección General Adjunta de Administración y Servicios de la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República, mediante el cual solicita a un ex servidor público de esa institución el reintegro de cantidades pagadas en exceso por licencias médicas, es improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que no es un acto de autoridad en los términos señalados, pues la cantidad no constituye un crédito fiscal y, por tanto, no puede ser exigida coactivamente, además de que la autoridad emisora no cuenta con facultades para ello." Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento además en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda constitucional de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Se faculta como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Alberto Guerrero Filoteo y Abraham Jiménez Ruiz, puesto que sí acreditan la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Ahora, como el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la parte quejosa, se encuentra ubicado en la avenida Coyoacán, número novecientos veintiuno (921), departamento trescientos seis (306) "B", colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, C.P. 03100; en consecuencia, y por única ocasión, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, GÍRESE ATENTO EXHORTO al Juez de Distrito en materia Administrativa, en turno, en la Ciudad de México, a quien se le solicita de la manera más atenta, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda se sirva notificar a la parte promovente el presente acuerdo, en el domicilio antes señalado, corriéndole traslado con copia autorizada del acuerdo que se notifica, por así disponerlo el artículo 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y se le hará saber que ante este Juzgado Cuarto de Distrito se encuentra radicado el presente expediente. A quien además conforme al artículo 27, fracción II de la Ley de la Materia, deberá requerir para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos que se publique en este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que para ello se requiera de previo acuerdo que así lo ordene, sin perjuicio que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV, del artículo 26, de la citada ley. Asimismo, solicítese al Juez exhortado, de que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles a quien corresponda, a fin de que se realice la notificación encomendada, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. Se solicita al homólogo de referencia devuelva las constancias de la diligencia encomendada a la brevedad posible, a fin de cumplir con la pronta y expedita administración de la Justicia Federal, conforme a lo establecido en el precepto 17 constitucional. COMUNICACIONES NO PROCESALES Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA "CISCO WEBEX MEETINGS" Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, se tiene como medio alternativo, únicamente para efectos de entablar COMUNICACIONES NO PROCESALES, el correo electrónico que proporciona, esto es, abrahamjrx@hotmail.com; así como el número telefónico 2212650202; sin que a través de dicha mensajería electrónica y telefónica, se pueda realizar notificaciones, ya que no son medios de notificación previstos por la ley de la materia. Asimismo, se precisa que para el caso de que alguna actuación judicial deba desahogarse por medio de la aplicación tecnología denominada "Cisco Webex Meetings" de acuerdo a lo previsto en los artículos 27, penúltimo párrafo del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 25, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado por Acuerdo General 25/2020, del propio Consejo, se enviará al correo electrónico que se proporciona, la liga de enlace que se genere por este órgano jurisdiccional a través del sistema de videoconferencia antes señalado. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". VISTA LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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