Zindy Paola Acosta Parra
Expediente 2292/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2292/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Zindy Paola Acosta Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes En su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo para declarar destruible este expediente, que en el presente asunto se haya decretado de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, toda vez que dicha suspensión no se ubica en alguno de los supuestos que establece el referido Acuerdo General sin número, para calificar como depurable este expediente. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre del año en curso. Agréguese a este expediente el oficio signado por el Perito Oficial en Documentos Cuestionados de la parte quejosa, con el que rinde su dictamen en materia de grafoscopía ofrecida en este juicio; por tanto, relaciónese en la audiencia constitucional relativa a este juicio. En mérito de lo anterior, requiérasele para que dentro de término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado de Distrito a fin de que exprese si ratifica o no el contenido de su dictamen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podría hacerse acreedor a una multa por el equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente y por analogía, la tesis 1ª.LXIV/2015 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1390, Tomo II, del mes de Febrero de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y a la letra refiere: "DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL. El precepto citado, al eximir a los peritos oficiales de ratificar sus dictámenes y obligar a los de las demás partes del juicio a hacerlo, vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, toda vez que si la prueba pericial se constituye fuera del alcance o de la intervención directa del juzgador, es indispensable que quien la elabora la confirme personal y expresamente, a fin de hacer indubitable su valor; ello, en concordancia con el criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2004-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 7/2005 (1). En efecto, la ratificación de los dictámenes periciales hace digna de crédito la prueba y, consecuentemente, susceptible de analizarla y valorarla, pues existe la posibilidad de que el juicio pericial se emita por una persona distinta de la designada o que pueda sustituirse o alterarse sin que tenga conocimiento el perito nombrado. Además, si la finalidad de las formalidades es dotar de certeza y seguridad jurídica a las actuaciones judiciales, es una exigencia válida para cualquier perito que ratifique su dictamen, sin que se advierta una razonabilidad lógico-jurídica que lleve a establecer de "innecesaria" dicha ratificación por parte del perito oficial, pues de aceptarse esta excepción se originaría un desequilibrio procesal, ya que las partes no se encontrarían en igualdad de condiciones procesales, en cuanto a la exigencia de ratificación de los peritajes exhibidos por el inculpado; de ahí que la opinión pericial que no sea ratificada constituye una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgar certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el dictamen, es indispensable que lo ratifique el perito oficial que lo formuló". Por tanto, a fin de que se admita la presencia del aludido perito en el órgano jurisdiccional, proceda la Secretaría de este Juzgado a generar las citas respectivas desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 61 , del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; para lo cual deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 2 del citado Acuerdo General. En mérito de lo anterior, se ordena que por conducto del actuario de la adscripción, se les entregue físicamente el código "QR" generado por el sistema, a fin de que puedan ingresar al recinto de este Juzgado Federal el día de su citación. Notifíquese personalmente al perito de la parte quejosa y cúmplase.Así lo acordó y firma la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, de conformidad con el oficio con el oficio CCJ/ST/3411/2021, de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con la licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos estos autos incidentales y la cuenta que antecede, por una parte, se ordena agregar el escrito con número de promoción 21839, signado por Arturo Garrido Sánchez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso MARTÍN VELÁZQUEZ CUEVAS, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en el sentido de que la autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de siete de diciembre actual, en relación con la suspensión definitiva que se concedió a favor de la parte quejosa. En consecuencia, se ordena requerir nuevamente a la citada autoridad, vía correo institucional, para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe sobre el cumplimiento que hubiere dado a la suspensión definitiva. En el entendido que de hacer caso omiso a este requerimiento se le impondrá la multa equivalente al valor de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia; equivalente a $4,481.00 (cuatro mil, cuatrocientos ochenta y un pesos, con cero centavos, moneda nacional). Por otro lado, glósese también el diverso escrito de la parte quejosa, y en lo que atañe a la petición que hace consistir en copia certificada del oficio de once de febrero de dos mil veintiuno, con folio SIARA UIF/2020/000079, remitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, dígasele que se acuerda procedente la misma. Sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, la obtención de las mismas deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita en relación con este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la misma. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. Finalmente, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de noviembre del año en curso se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna, dentro del término que se les concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la última notificación del acuerdo de mérito, se realizó a la quejosa Yadir Drake Domínguez, por lista de estrados de uno de diciembre de dos mil veintiuno; surtió efectos al día siguiente, y el término para manifestar algo al respecto le transcurrió del tres al siete de este mes y año, sin que lo hiciera. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, las manifestaciones hechas por el representante especial y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, cabe señalar que el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se firmó sentencia, en la cual, en su segundo punto resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades, con sede en esta capital, para los efectos siguientes: "...1. a) Dejar sin efectos la orden de arresto decretada en contra del aquí quejoso, en auto de cinco de julio de dos mil veintiuno; b) Dictar otro en el que, tomando en consideración los lineamientos de la presente resolución, determine lo que en derecho corresponda, respecto al requerimiento de cumplimiento del deudor alimentario. La concesión del amparo se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y al Director de la Policía Municipal de Mérida, ambos con residencia en esta ciudad, porque al declararse violatorio de garantías el arresto reclamado a la jueza ordenadora, su ejecución también es ilegal..." Posteriormente, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Jueza Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado remitió un oficio que se recibió en este Juzgado el veintitrés de noviembre de este año; del cual se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno dictó un acuerdo en el juicio de origen, mediante el cual, dejó sin efectos la orden de arresto decretada en contra del quejoso, en la parte conducente del auto de fecha cinco de julio del año dos mil veintiuno; y, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción dictó una nueva determinación, en relación al requerimiento de cumplimiento del deudor alimentario. En tales condiciones, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto atribuido, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, a los que se deberá agregar copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Así mismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses de a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por último, no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la secretaría de este Juzgado, legajo de copias certificadas del expediente 457/2015, que la Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado turno matutino, remitió con su informe justificado. En consecuencia, por oficio que al efecto se le dirija, devuélvasele el anexo de referencia, sin que sea necesario que acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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