Zeniff Alberto Leo Pech

Expediente 1553/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1553/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Zeniff Alberto Leo Pech

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo que al mismo se acompaña, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que la parte quejosa reclama la retención del vehículo marca Jeep Wrangler Mild Hybrid AT 3.6., modelo 2021, serie IC4HJWEGXMW700643, motor hecho en USA, con placas de circulación FKE878B, del Estado de Coahuila, y que la responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, al rendir su informe justificado por conducto de su Director Jurídico, manifestó que dicho vehículo se encuentra resguardado en las instalaciones de esa secretaría, con motivo de una falta administrativa cometida el uno de octubre de dos mil veintitrés, por estar conduciendo en estado de ebriedad Braulio Daniel López León; por tanto, SE ACUERDA: Por cuanto la aludida responsable no adjuntó la documental (boleta de infracción) que hubiere expedido con motivo de esa falta administrativa, la cual resulta necesaria para mejor resolver el presente asunto, se le requiere de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, para que la remita dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados en copia certificada y legible. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, 238 y 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1553/2023-VII-B, promovido por la persona moral denominada "********************", Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderado ********************, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, "********************", Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderado ********************, solicitó la suspensión definitiva contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, previa aclaración, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión; en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: La retención del vehículo marca ********************modelo ********************, serie ********************, motor hecho en USA, con placas de circulación ********************, del Estado de Coahuila, que aduce de su propiedad. SEGUNDA. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, por conducto del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. TERCERA. Suspensión definitiva solicitada. Ahora bien, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la retención del referido vehículo, debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual es de acto consumado con efectos positivos, pues aun y cuando ya fue materializada la retención del vehículo, es sobre los efectos y consecuencia de dicha actuación de la autoridad que procede hacer el análisis sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por otra parte, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En este caso, la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva, y de concederse la suspensión definitiva no se afectaría el interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. El interés suspensional se encuentra acreditado, al menos indiciariamente, con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, consistentes en: Copia certificada de la factura con folio electrónico ********************, de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público ********************, respecto del vehículo de la marca ********************modelo ********************, serie ********************, motor hecho en USA, con placas de circulación ********************, del Estado de Coahuila, con código QR. Original de la tarjeta de circulación vehicular respectiva, con número de folio electrónico ********************, expedida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a favor de la aquí quejosa, con código QR. Documentos a los que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por aplicable, se cita la tesis XXI.1o.P.A.11 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2434; con registro digital: 2015428; del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarla." En ese sentido, se reitera, dichos documentos, por el momento, resultan suficientes para tener por acreditado indiciariamente el interés suspensional de la parte quejosa. También, se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia, y, en cambio, es claro que de no concederse la suspensión de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, los que se traducirían en seguirlo privando de la posesión de su citado vehículo. En este orden de ideas, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129 y 150, de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, así como encontrarse cubiertos los referidos requisitos de procedibilidad, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que se proceda de inmediato a la devolución al aquí quejoso del vehículo retenido, siempre y cuando no se encuentre sujeto a una investigación ministerial. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD La efectividad de tal medida surtirá sus efectos, desde luego, pero para que siga surtiendo efectos, la parte quejosa deberá hacer el pago del total de la cantidad que corresponda a la infracción impuesta, o acredite que ya lo hizo; la cual deberá cubrir ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Debiendo exhibir ante este Juzgado Federal en el término de cinco días hábiles siguientes al en que haya hecho el depósito, el comprobante respectivo. Con el apercibimiento que de no cumplir con este requisito dejará de surtir efectos la suspensión definitiva, lo anterior es así, ya que dicha sanción pecuniaria constituye un aprovechamiento en términos del artículo 3° del Código Fiscal de la Federación, adquiriendo por tanto, la naturaleza de un crédito fiscal, debiendo por ende, garantizarse, en términos del invocado numeral 135 de la Ley de Amparo. Sin que a ello se oponga que en el caso particular no exista tercero interesado a quien deba indemnizarse por los perjuicios o respecto del cual deba garantizarse la responsabilidad del daño que pudiere causarle con la suspensión otorgada. Pues, el Estado es el que podría resultar afectado si no se garantiza el interés fiscal antes señalado. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2ª/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 176523, que dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condiciona su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Así como la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2008, Novena Época, Materia Administrativa, página 445, con número de registro 168607, que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. "El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Y la tesis IV.2o.A.204 A, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia(s): Administrativa, Página: 1859 y Registro: 171588, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS, LA ÚNICA FORMA DE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ES EL DEPÓSITO EN EFECTIVO ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO QUE CORRESPONDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2006). Previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006, que entró en vigor al día siguiente, el artículo 135 de la Ley de Amparo establecía que cuando se pidiera el amparo contra el cobro de contribuciones, la suspensión podría concederse de manera discrecional y surtiría efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la tesorería que corresponda, pero que tal depósito no se exigiría si el monto reclamado excedía de la capacidad económica del quejoso, si se había previamente constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o cuando se tratara de persona distinta del causante obligado directamente al pago, caso este último en el cual el precepto en cuestión permitía que la garantía del interés fiscal se otorgara por cualquiera de los medios previstos en las leyes fiscales aplicables. No obstante, el efecto de la reforma indicada fue establecer que tanto respecto de contribuciones como de aprovechamientos (fiscales o no) la única forma de garantizar el interés fiscal es a través de depósito de la cantidad total en efectivo a nombre de la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda y que dicho depósito deberá cubrir tanto las contribuciones y aprovechamientos, como las multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando así el interés fiscal. De esta forma, el precepto en vigor eliminó la posibilidad de que no se exija garantía al quejoso en los casos de excepción que contemplaba antes de su modificación. Por tanto, acorde con el contenido actual del artículo 135 de la Ley de Amparo, la única manera de garantizar el interés fiscal cuando se pretenda la suspensión respecto del cobro de multas administrativas no fiscales, es a través del depósito de la cantidad total en efectivo ante la tesorería que corresponda. Cabe señalar que esta regla, por ser específica, excluye la aplicación de la general que contemplan los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, que prevén la posibilidad de garantizar por cualquier medio previsto en la ley, los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión". Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE a "********************", Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, por conducto de su apoderado ********************, la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que atribuyó a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la segunda de las consideraciones de esta resolución. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, por el que se puso a la vista el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; por tal motivo, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

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