Zeuz Figueroa Zamora.

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Zeuz Figueroa Zamora.

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la legislación aplicable sin que el promovente del amparo *** interpusiera recurso de queja en contra del proveído del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; al no existir actuaciones pendientes y encontrarse debidamente integrado el expediente físico y electrónico de este asunto, archívese como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es susceptible de destrucción, en virtud de que se desechó la demanda, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de constancias originales, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no obra documental alguna. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Berenice Osorio Macedo, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Regional de Educación Normal y otra autoridad; regístrese bajo el número 306/2023-II y realícense las anotaciones respectivas bajo el número. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las responsables el cambio de funciones en su centro de trabajo, el cual se venía desempañando como responsable de la guardia del fin de semana, desde el año dos mil dieciocho; sin embargo, le fue notificado que a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, tendía otras actividades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5o., fracción II, con relación con el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. Conforme a los preceptos referidos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; es decir, con imperio como persona de derecho público, cuyo acto satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. De tal suerte que, si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características señaladas, éste resulta improcedente. Es ilustrativa a lo precisado, la tesis P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, con registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las responsables el cambio de funciones en su centro de trabajo del que fue objeto a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, se estima que los actos que reclama el quejoso no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que su sustento deriva de una relación laboral, por lo que las consecuencias jurídicas de su aplicación, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo. Por ende, reitérese se estima que su reclamo está dirigido a entes que carecen del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, las autoridades que señala como responsables forman parte de la relación obrero patronal que existe con el promovente, dado el puesto que desempeña, por lo que los actos aquí reclamados son emitidos en un plano de igualdad, consecuencia de una relación laboral. De lo que se colige que dichos entes, en el caso, no cuentan con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. De ahí que lo que aduce el solicitante del amparo en su escrito de demanda se trata de un reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado. Entonces, los actos reclamados en cuestión no se encuentran revestidos de imperio frente a la parte particular agraviada; es decir, carecen de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo correspondiente; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándoles actos que, en todo caso, podría ser demandados ante otra instancia. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; donde las potestades señaladas no están investidas de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre las autoridades señaladas como responsables, con la parte promovente, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que las señaladas como autoridades responsables, no actúan con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1639, con registro digital 2011298, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro de la residencia de este Juzgado Federal, y por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece; en el entendido de que deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad con el ordinal 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Director del Centro Regional de Educación Normal y otra autoridad; regístrese bajo el número 306/2023-II y realícense las anotaciones respectivas bajo el número. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las responsables el cambio de funciones en su centro de trabajo, el cual se venía desempañando como responsable de la guardia del fin de semana, desde el año dos mil dieciocho; sin embargo, le fue notificado que a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, tendía otras actividades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5o., fracción II, con relación con el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. Conforme a los preceptos referidos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; es decir, con imperio como persona de derecho público, cuyo acto satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. De tal suerte que, si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características señaladas, éste resulta improcedente. Es ilustrativa a lo precisado, la tesis P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, con registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las responsables el cambio de funciones en su centro de trabajo del que fue objeto a partir del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, se estima que los actos que reclama el quejoso no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que su sustento deriva de una relación laboral, por lo que las consecuencias jurídicas de su aplicación, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo. Por ende, reitérese se estima que su reclamo está dirigido a entes que carecen del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, las autoridades que señala como responsables forman parte de la relación obrero patronal que existe con el promovente, dado el puesto que desempeña, por lo que los actos aquí reclamados son emitidos en un plano de igualdad, consecuencia de una relación laboral. De lo que se colige que dichos entes, en el caso, no cuentan con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria. De ahí que lo que aduce el solicitante del amparo en su escrito de demanda se trata de un reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado. Entonces, los actos reclamados en cuestión no se encuentran revestidos de imperio frente a la parte particular agraviada; es decir, carecen de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo correspondiente; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándoles actos que, en todo caso, podría ser demandados ante otra instancia. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; donde las potestades señaladas no están investidas de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre las autoridades señaladas como responsables, con la parte promovente, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que las señaladas como autoridades responsables, no actúan con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1639, con registro digital 2011298, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro de la residencia de este Juzgado Federal, y por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece; en el entendido de que deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De acuerdo con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos para los fines que indica, previa toma de razón de las constancias obtenidas con su utilización. De conformidad con el ordinal 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica; y personalmente a la parte quejosa."

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