Zeuz Figueroa Zamora.

Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
317/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Zeuz Figueroa Zamora.

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Secretario General de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 317/2023-I. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5o., fracción II, con relación con el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. En efecto, conforme al referido numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, debe entenderse como autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, conviene precisar que a través de la jurisprudencia se ha construido un criterio que define las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración pública ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Tal criterio jurisprudencial, se encuentra publicado en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, Novena Época, registro digital 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Ahora, la doctrina constitucional ha sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad y, el gobernado por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo no constituye una norma legal aislada, sino que, en todo caso, se encuentra sujeta a los principios constitucionales consistentes en mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas, fácticas, que dan la esencia y la fortaleza legal al amparo mexicano establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales. Cabe mencionar que del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se desprende que al desarrollar las bases constitucionales establecidas por el Constituyente Reformador de la Constitución para ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, el legislador ordinario destacó que "el concepto de autoridad debe modificarse", entre otras razones, porque "hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias". Señaló que lo anterior de modo alguno implicaba desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares, ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, precisó, "siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión". En consecuencia, atento a la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, resulta inconcuso que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por lo tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. Aunado a lo anterior, es dable aseverar que, para entender el concepto de autoridad responsable, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley correspondiente, pues ambas están en el mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente del Estado señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, acorde al texto de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, citada con antelación. Así, en la especie, la relación jurídica entre el quejoso y los órganos sindicales que señala como responsables involucra una relación de coordinación propia del vínculo que existe entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el solicitante del amparo, ya que en este caso las autoridades señaladas como responsables no actúan, con una potestad de imperio puesto que los actos en que incurren o pudieran incurrir son meramente particulares e internos de la vida sindical. Lo anterior, porque el aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. En consecuencia, las determinaciones adoptadas por los sindicatos, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse. Es decir, en este caso, las señaladas como autoridades responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, en la medida en que los conflictos que surgen entre los sindicatos, sus secciones y sus agremiados, deben resolverse por los tribunales ordinarios del trabajo; lo que se destaca con el fin de demostrar que el acto del que se duele el quejoso no es de autoridad para efectos del amparo, sino que compete a la jurisdicción laboral ordinaria, dado el plano de coordinación en que se encuentran los contendientes. En apoyo de lo anterior, y por las razones en el expuestas, se cita por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, consultable en la página 3049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, correspondiente al mes de Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Materias Común, Administrativa, registro digital 2005284, de rubro: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, por analogía, la tesis aislada I.6o.T.434 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, localizable en la página 3070, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de Marzo de 2010, Novena Época, Materias Laboral, registro digital 164899, de epígrafe: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL". Por consiguiente, el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir las irregularidades argumentadas, sino que deben ser impugnadas a través del procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad laboral respectiva. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por señalado el domicilio que precisa el quejoso para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro del lugar de residencia de este Juzgado Federal; asimismo, téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece; en el entendido que de facultarla en términos amplios deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se autoriza el uso de los medios electrónicos que indica, debiendo estar bajo la supervisión de la Secretaria del Juzgado. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento del quejoso que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso el auto del cuatro de octubre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Secretario General de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Guerrero y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 317/2023-I. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5o., fracción II, con relación con el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo. En efecto, conforme al referido numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, debe entenderse como autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, conviene precisar que a través de la jurisprudencia se ha construido un criterio que define las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, se dejó de lado el concepto de fuerza pública para distinguir a las autoridades, debido a que se reconoció que la evolución de la administración pública ha originado la creación de diversos y variados entes con atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo o ante la existencia de un ente u organismo del Estado, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Tal criterio jurisprudencial, se encuentra publicado en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, Novena Época, registro digital 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Ahora, la doctrina constitucional ha sostenido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad y, el gobernado por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo no constituye una norma legal aislada, sino que, en todo caso, se encuentra sujeta a los principios constitucionales consistentes en mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas, fácticas, que dan la esencia y la fortaleza legal al amparo mexicano establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales. Cabe mencionar que del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se desprende que al desarrollar las bases constitucionales establecidas por el Constituyente Reformador de la Constitución para ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, el legislador ordinario destacó que "el concepto de autoridad debe modificarse", entre otras razones, porque "hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias". Señaló que lo anterior de modo alguno implicaba desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares, ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, precisó, "siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión". En consecuencia, atento a la evolución que ha tenido el concepto de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, resulta inconcuso que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, por lo tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. Aunado a lo anterior, es dable aseverar que, para entender el concepto de autoridad responsable, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley correspondiente, pues ambas están en el mismo nivel, al existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las nominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente del Estado señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, acorde al texto de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, citada con antelación. Así, en la especie, la relación jurídica entre el quejoso y los órganos sindicales que señala como responsables involucra una relación de coordinación propia del vínculo que existe entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el solicitante del amparo, ya que en este caso las autoridades señaladas como responsables no actúan, con una potestad de imperio puesto que los actos en que incurren o pudieran incurrir son meramente particulares e internos de la vida sindical. Lo anterior, porque el aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. En consecuencia, las determinaciones adoptadas por los sindicatos, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse. Es decir, en este caso, las señaladas como autoridades responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo, en la medida en que los conflictos que surgen entre los sindicatos, sus secciones y sus agremiados, deben resolverse por los tribunales ordinarios del trabajo; lo que se destaca con el fin de demostrar que el acto del que se duele el quejoso no es de autoridad para efectos del amparo, sino que compete a la jurisdicción laboral ordinaria, dado el plano de coordinación en que se encuentran los contendientes. En apoyo de lo anterior, y por las razones en el expuestas, se cita por analogía la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, consultable en la página 3049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, correspondiente al mes de Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Materias Común, Administrativa, registro digital 2005284, de rubro: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, por analogía, la tesis aislada I.6o.T.434 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, localizable en la página 3070, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de Marzo de 2010, Novena Época, Materias Laboral, registro digital 164899, de epígrafe: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL". Por consiguiente, el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir las irregularidades argumentadas, sino que deben ser impugnadas a través del procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad laboral respectiva. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por señalado el domicilio que precisa el quejoso para oír y recibir notificaciones por encontrarse dentro del lugar de residencia de este Juzgado Federal; asimismo, téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece; en el entendido que de facultarla en términos amplios deberá contar con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. Asimismo, de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se autoriza el uso de los medios electrónicos que indica, debiendo estar bajo la supervisión de la Secretaria del Juzgado. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento del quejoso que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe".

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