Zenaldo Gerónimo Moreno

Expediente 200/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
200/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Zenaldo Gerónimo Moreno
  • Juez de Control del Quinto Distrito Judicial en ciudad Reynosa, Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 5233/2023, procedente del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número de expediente 345/2023; en tal virtud, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.********************Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Zenaldo Gerónimo Moreno; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer. ********************En tal virtud, con fundamento en el diverso número 89 de la invocada ley, se ordena distribuir entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, a las responsables, mediante oficio con transcripción de este auto; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. ********************Ahora, con el fundamento invocado en el párrafo anterior, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a la totalidad de las partes, del presente acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el original del escrito de agravios, juntamente con los presentes autos, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto.********************Notifíquese personalmente.**

  3. Principal

    SEGUNDO. Trámite de la demanda Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, la cual se admitió a trámite en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés; solicitándose el informe justificado a las autoridades responsables; dando la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, quien no formuló pedimento; se tuvo como terceros interesados a ******************** y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, quienes fueron emplazados a juicio; señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se desahogó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción IV, párrafo primero de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado fue emitido en una carpeta procesal penal que se lleva en un juzgado que reside en la jurisdicción de este órgano federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque previo a verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, de un análisis acucioso de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado consiste en: Auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso, en la continuación de la audiencia inicial de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta procesal ********************, por el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Simple Intencional, previsto y sancionado por los artículos 329 y 333 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. TERCERO. Certeza del acto reclamado La autoridad responsable Juez de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 60) aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que el mismo se tiene como legalmente cierto. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con la documental que anexó dicha responsable a su informe justificado, a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el entendido que el disco óptico remitido por el juez responsable, resulta procedente contemplarlo dentro de la prueba documental. Sustenta lo antes dicho, en lo conducente, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Igualmente, es cierto el acto reclamado al Director del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 40). CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna tanto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, como en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador no advierte de oficio la improcedencia del juicio, así como tampoco las partes hicieron valer alguna causal; motivo por el que procede realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. No se transcriben conceptos de violación. No causa indefensión a la parte quejosa, el que no se transcriban los conceptos de violación que expresa en su demanda, dado que no se le priva del derecho de recurrir esta resolución y alegar lo conducente para evidenciar la ilegalidad de la misma, habida cuenta que no lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, y tampoco se incumple con los principios de congruencia y exhaustividad, en virtud de que se estudiarán los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que haya hecho valer; lo anterior, queda corroborado con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO.-Estudio de los conceptos de violación Resulta infundado lo alegado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, en el sentido de que la resolución combatida es violatoria de sus derechos fundamentales, por las razones que a continuación se expondrán: En efecto, debe precisarse que el análisis del auto de vinculación a proceso emitido por la juez responsable, aconteció en la etapa de investigación, la cual tiene por objeto que el Ministerio Público esclarezca los hechos materia de la denuncia o querella y determine si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información, recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado. Al caso, el primer párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." En tanto que, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el dispositivo constitucional, señala que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es necesario: "Artículo 316. El Juez de Control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito...". De lo que se sigue que los requisitos previstos en las fracciones I y II, constituyen formalidades esenciales del procedimiento que acontecen previo a la emisión del acto que nos ocupa y precisamente son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa al imputado, ya que en virtud de ellas se le hace de su conocimiento, en presencia del juez, el desarrollo de una investigación existente en su contra respecto de uno o más hechos determinados, a lo cual, el imputado tiene la oportunidad de manifestar lo que a su derecho legal convenga respecto a la imputación, pudiendo ofrecer y desahogar los datos de pruebas en que se finque la defensa, así como los alegatos que estime necesarios (derecho de audiencia), para que al final se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas en esa etapa procesal. Lo que en el caso concreto sí se cumple, pues previo al auto de vinculación a proceso reclamado, se formuló la imputación correspondiente y se dio al ahora quejoso la oportunidad de declarar; temas formales que es oportuno precisar para evidenciar la constitucionalidad y legalidad de dicho procedimiento. Así es, se observan los derechos fundamentales que tiene toda persona imputada, reconocidos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son, entre otros, el derecho a declarar o guardar silencio; derecho a recibir una defensa técnica adecuada; a que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca; le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Tales formalidades esenciales del procedimiento, que como se dijo, acontecen antes de la emisión del auto que vincula a proceso y se actualizan cuando inmediatamente después de que el indiciado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, el Juez de Control convoca a una audiencia pública de control de detención (sólo en el caso que la disposición sea con detenido por caso urgente o flagrancia), formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso. En dicha audiencia, el Juez de Control, después de haber verificado que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o después de habérselos dado a conocer y, en su caso, después de haber ratificado la detención, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el hecho señalado por la ley como delito que se le imputare, fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de la persona que lo señala como responsable de los hechos. El juez a petición del imputado o su defensor, solicitará las aclaraciones o precisiones pertinentes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Formulada la imputación, se le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo rindiendo en ese acto su declaración. Rendida la declaración del imputado o manifestado su deseo de no declarar, el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes planteen, siendo potestad del Ministerio Público solicitar la imposición de las medidas cautelares que estime necesarias, a lo cual, el Juez de Control resolverá lo que en derecho legal corresponda. Asimismo, la representación social tiene la obligación de solicitar la vinculación a proceso del imputado, a lo que el Juez de Control, una vez que escuchó esa solicitud, cuestionará al imputado si es su deseo que se resuelva su situación jurídica en esa audiencia o bien, si solicita la ampliación del plazo de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el imputado no hubiera solicitado la ampliación del plazo de setenta y dos horas, el juez resolverá lo conducente después de escucharlo. En el supuesto de que el imputado solicitare la ampliación del plazo, el Juez de Control señalará fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo, misma que se desarrollará al tenor de lo expuesto en líneas que anteceden (artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Así las cosas, en el caso sí se cumplieron dichas formalidades, pues del disco óptico correspondiente, se desprende que, en audiencia inicial, la Juez responsable se cercioró de que el imputado se encontraba asistido por el defensor particular que designó, mismo que protesto el cargo conferido; de que conociera los derechos que constitucional y legalmente tiene conferidos. Así, la Juez de Control abrió el debate. Posteriormente, la fiscalía formuló imputación, exponiendo los motivos, precisando las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución, grado de consumación y forma de intervención de que se le acusa; misma que tuvo por formulada la Juez responsable. Enseguida, la juez natural brindó al imputado la oportunidad de rendir su declaración, quien en uso de ese derecho constitucional, así lo hizo; posteriormente, aceptó dar respuesta a los interrogatorios formulados por su defensa y ministerio público. Acto seguido, la representación social solicitó la vinculación a proceso del imputado, y posterior a ello, el aquí quejoso expresó su voluntad de que se duplicara el plazo constitucional para que se resolviera su situación jurídica. Por último, el Ministerio Público de conformidad con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, sin que la defensa, imputado y asesor jurídico de la parte ofendida (víctima indirecta), manifestaran alguna objeción al respecto; razón por la que, la Juez responsable resolvió en el sentido de imponer tal medida. Ahora, en el caso concreto, del disco óptico respectivo, se advierte que la juez responsable, habiendo escuchado los argumentos de cargo y descargo formulados respectivamente por el ministerio público y la defensa; primeramente, procedió a variar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, ubicado inicialmente por la fiscalía como Homicidio en Riña con el carácter de provocado, previsto y sancionado por los artículos 329 y 334, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, puesto que con base en los hechos, datos de prueba ofertados por el ministerio público y declaración del imputado, resolvió la situación jurídica, dictando auto de vinculación a proceso en contra del imputado aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de Homicidio Simple Intencional, previsto y sancionado por los artículos 329 y 333 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Además, se encuentra satisfecho el principio de inmediación procesal, tutelado o garantizado cuando el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados, debe percibir a través de sus propios sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. Se trata, de que los jueces presencien directamente la práctica de las diligencias donde comparezcan las partes; con ello se pretende que el juez conozca a quienes realizan afirmaciones acerca de los hechos observados según las capacidades de percepción, interpretación, memoria y narración explicitadas, por quienes participan en un proceso de corte acusatorio. Entonces, el principio de inmediación procura evitar introducir mediaciones adicionales, con la finalidad de permitir que el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados tenga ante sí la información de la mejor calidad que resulte posible obtener en el contexto del juicio penal adversarial. Dicho principio rige para la totalidad del procedimiento penal y no solamente en la etapa de juicio oral; el cual fue satisfecho en el caso concreto, tomando en consideración que la fiscalía formuló imputación al aquí quejoso, en una diligencia en la que se encontraba presente, además de éste, el imputado y su defensa, lo que ocurrió en presencia del juez que dirigió la audiencia de formulación de imputación y que lo vinculó a proceso; además, se hizo saber al hoy quejoso sus derechos constitucionales, quien rindió su declaración; y, que posteriormente se dictó auto de vinculación a proceso. En ese orden de ideas, se encuentran satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, porque fue ante la presencia judicial que se desahogó de forma directa la diligencia; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación fueron verbalizados directamente por el órgano acusador. A lo anterior, debe decirse que la juez responsable llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso conforme a las características y principios rectores que rigen al nuevo sistema de justicia penal, el cual establece que el proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes que rigen a dicho sistema de justicia, así como a lo dispuesto por el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el derecho del imputado a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata. De ahí que como ya se precisó en párrafos precedentes, de la reproducción de los videos de la audiencia y continuación, se advierte que la responsable ponderó cada uno de los datos de prueba que se ofrecieron y que sirvieron de base para dictar el auto de vinculación a proceso. En ese sentido, como se indicó anteriormente, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente trascritos, establecen los requisitos que debe de cubrir el auto de plazo constitucional. Sobre esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomará en consideración, como lo hizo la juez responsable, que se haya formulado imputación; el activo haya tenido oportunidad de rendir su declaración o de manifestar su negativa de hacerlo; se desprendan datos suficientes que establezcan que se cometió un hecho delictuoso, y exista la probabilidad de que participó en su comisión; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito; como correctamente lo expresó la juez natural. En efecto, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; así como fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. De ahí que para dictar la vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y tampoco la plena certeza de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. Es decir, el juez de la causa sólo debe de atender al hecho ilícito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. Lo anterior, en virtud de que el nuevo esquema de juicios orales, en la etapa preliminar o de investigación, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. En ese orden de ideas, se tiene como premisa fundamental que el juez de control, para el dictado del auto de vinculación a proceso, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, debe ponderar los datos de prueba que aporte el imputado o su defensa, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público. Sin duda, esta operación al ser una actividad intelectiva que desarrolla el juez de la causa, considerando sus conocimientos de derecho y de las máximas de la lógica, la experiencia, la imparcialidad y la equidad, debe ajustarse a los principios constitucionales y legales que circunscriben al debido proceso legal. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 225/2017, estableció en lo que aquí interesa lo siguiente [Énfasis añadido]: ".Conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el dictado del auto de vinculación a proceso se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación y en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social en la audiencia. 60. Máxime que de acuerdo con el principio de contradicción, las partes tienen derecho a conocer todos los datos que obran en la carpeta de la investigación y a participar en la audiencia para controvertirlos o efectuar las aclaraciones correspondientes; desde el inicio de la investigación el imputado y su defensa podrán tener acceso a los registros de la investigación; y, el Ministerio Público se encuentra obligado a proporcionarles la información que necesiten, a no ocultarles elemento alguno e informarles si decide no incorporar algún dato al proceso que pudiera favorecerles. 61. Además, el Juez de Control que resuelva sobre el auto de vinculación a proceso, necesariamente debe haber apreciado en sus términos la formulación de imputación y la solicitud de vinculación que efectuó el órgano ministerial, pues para resolver la situación jurídica del imputado debe considerar todas las manifestaciones vertidas en la citada audiencia, atento al principio de inmediación. 62. En otras palabras, para que el juzgador emita un auto de vinculación tiene que tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, y contrastarla con los datos de prueba que para el efecto mencione el órgano acusador, a fin de verificar que existan elementos suficientes para sujetar al inculpado a una investigación formalizada. 63. Bajo esa línea argumentativa, el Juez de Control para emitir el auto de vinculación a proceso, por regla general, únicamente debe tomar en consideración la argumentación y datos de prueba que el fiscal expuso en la audiencia para sostener la imputación y solicitar la vinculación a proceso. [.] 70. Así, no es factible que se dicte la sentencia de amparo bajo el análisis de la carpeta de investigación, sino que la determinación de vinculación a proceso debe examinarse a partir de lo acontecido en la propia audiencia, ya que como se precisó, por regla general la carpeta de investigación no es considerada por el Juez de Control para emitir ese acto de molestia, pues tiene vedado resolver con base en ésta. [.] Las consideraciones descritas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 50/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y rubro siguiente [Énfasis añadido]: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva." No debe pasar desapercibido que todo lo expuesto en párrafos anteriores ocurre dentro de la etapa inicial del proceso penal, en la cual también debe observarse el cumplimiento al debido proceso, que en materia penal se entiende como el derecho del imputado o acusado a que se celebre un proceso penal en su contra, en el que se respeten todos sus derechos fundamentales, garantías y principios establecidos en la Constitución, lo que como antes se dijo, se actualiza en el presente caso. De ahí que, de la reproducción de los videos de la audiencia y su continuación, se advierte que, contrario a lo que aduce la parte quejosa en sus conceptos de violación, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, no vulnera los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales, por lo que resulta infundado lo alegado en el sentido de que no existen datos de prueba para clasificar el hecho delictivo como Homicidio Simple Intencional, previsto y sancionado por los artículos 329 y 333 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y para establecer la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, bajo el argumento que de la declaración de ********************y del imputado, se advierte una causa de justificación que actualiza la legítima defensa; de igual forma es infundado, que el juez natural haya rebasado la acusación del ministerio público, al determinar variar la clasificación del hecho materia de imputación, y que con ello, haya infringido el principio de presunción de inocencia. Así se estima, puesto que en el caso concreto, como antes se dijo, la Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso por considerar que se reunían los requisitos constitucionales y legales para ello, mismos que detalló, fundó y motivó en la continuación de la audiencia inicial, lo que hizo tomando en consideración los indicios que relacionó en su determinación, como a continuación se expondrá (Véase continuación de audiencia inicial, video número 2, del minuto 00:38:14 al minuto 00:48:11). Así, respecto al requisito de fondo, relativo a la existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, destacó que ello se colmaba con los siguientes datos de prueba: Informe policial homologado, número 28PE0203228122022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado por los elementos de la Guardia Estatal, ******************** y ******************** en relación a los hechos ocurridos el veintisiete de diciembre del citado año, aproximadamente a las veinte horas. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Investigadora ******************** de la fiscalía General de Justicia del Estado a ********************, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, a las veintidós horas con treinta y dos minutos, en el domicilio ubicado en calle ********************, quien refirió que ella estaba en ese sitio, cuando ingresó un masculino desconocido con un arma y radio, mencionando que iba a matarlos, por lo que forcejeó con su esposo, lo amarraron con ayuda de unos vecinos de una papelería. Entrevista realizada por el elemento de la Policía Investigadora ********************de la fiscalía General de Justicia del Estado a ********************, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, a las veintitrés horas. Acta de Inspección realizada por ********************Policía de Investigación de la fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, a las veintidós cuarenta horas, en el domicilio ubicado en calle ********************. Entrevista realizada por el elemento de la Policía de Investigación ******************** de la fiscalía General de Justicia del Estado a ********************, policía de la Guardia Estatal, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, a las veintitrés veintiséis horas. Denuncia presentada por ******************** (hermano del occiso), de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad General de Investigación número uno en esta ciudad. Dictamen forense FGJ/FS-439/2022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado por el perito de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ******************** por el que remite dictamen fotográfico del cuerpo sin vida de ********************, anexando treinta y seis fotografías en donde se aprecian características de la persona, vestimenta que portaba, lesiones, heridas que presenta en el área de cráneo y cara, así como el trapo que cubre la boca y autopsia realizada. Dictamen remitido por oficio 1630/2022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado por el perito químico de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ********************, por el que remite el dictamen de identificación de drogas, realizado a ********************, concluyendo que es positivo a metanfetaminas y negativo a cocaína y marihuana. Dictamen de alcoholemia remitido por oficio 1629/2022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado a ********************, resultando negativo a la presencia de etanol. Dictamen remitido por oficio 1632/2022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado por el perito químico de la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ********************, por el que remite el dictamen de identificación de drogas, realizado el veintisiete de diciembre del citado año, al occiso ********************, concluyendo que es positivo a marihuana y metanfetaminas, así como negativo a cocaína. Dictamen de alcoholemia remitido por oficio 1631/2022, de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, realizado al occiso ********************, resultando negativo a la presencia de etanol. Dictamen de necropsia, remitido por oficio 290, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, rendido por ********************, médico legista de la Coordinación de Servicios Periciales, realizado al occiso ********************, quien ingreso al servicio médico forense a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de diciembre del citado año, presentando a la exploración física, tela de color rojo alrededor del cuello, hematomas en parpados superior e inferior de ojo derecho, hematoma en pómulo derecho de cinco centímetros de diámetro, herida corto contusa en pómulo derecho de dos centímetros de largo por cero punto cinco centímetros de ancho, herida corto contusa en parpado superior derecho de dos centímetros por uno de ancho, hematoma en pómulo izquierdo de siete centímetros de largo por dos de ancho, herida corto contusa en pabellón auricular de dos centímetros de largo, múltiples hematomas en rodillas derecha e izquierda, concluyendo que la muerte de ********************, es consecuencia de traumatismo cráneo encefálico causado por múltiples contusiones. Dictamen rendido por oficio 664/2022, de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por la perito en criminalística de campo de la Coordinación de Servicios periciales ********************realizado en el domicilio ubicado en calle ********************, donde establece que el lugar fue preservado por la guardia estatal, recabando, entre otros, los indicios identificados como inciso a) cuerpo sin vida del sexo masculino, localizado sobre el suelo del patio frontal, a cero punto sesenta y tres centímetros de la entrada este y un metro de la pared norte, a1) bolsa de plástico transparente tipo ziploc, conteniendo hierba verde y seca, localizada en la bolsa frontal lado derecho del pantalón de la persona sin vida; señalando que presenta en el rostro manchas rojas, así como lesiones visibles en el área del oído, consistente en una herida abierta y amarrado con una cuerda roja. Dictamen de fotografía forense con número de oficio FGJ/1117/2022, de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, realizado por ********************, perito en fotografía de la coordinación de servicios periciales, realizado en el domicilio ubicado en calle ********************, al que anexó ochenta y un fotografías en donde se aprecia entre otros indicios, la vivienda antes señalada, así como en el interior de un cuarto en construcción (obra negra) sin techo, un cuerpo masculino sin vida, con un trapo en el área de la boca, amarrado de la mano derecha, heridas cortantes en el cráneo por el área auricular derecha. Entrevista realizada al guardia estatal ******************** de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por********************policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en la cual ratificó lo manifestado en el informe policial homologado, siendo su participación la detención de ********************, a las veintitrés horas con veinticinco minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por el hecho que se estableció como homicidio en relación a la persona sin vida localizada en el domicilio ubicado en calle ********************. De los anteriores datos de prueba, la juzgadora responsable concluyó que la versión sostenida por la fiscalía a partir de una valoración en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estar basada en diversos datos de prueba no controvertidos, generaba convicción para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito de homicidio, previsto en el artículo 329, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; asimismo, que existía probabilidad que el imputado participó en su comisión. Sin embargo, como antes se precisó, con base en los hechos, datos de prueba ofertados por el ministerio público y declaración del imputado, en términos del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juez natural otorgó una clasificación jurídica distinta a la asignada por el ministerio público, quien inicialmente los ubicó como Homicidio en Riña con el carácter de provocado, previsto y sancionado por los artículos 329 y 334, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, variando la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación para quedar como Homicidio Simple Intencional, previsto y sancionado por los artículos 329 y 333 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, lo que hizo en los términos siguientes: ".Tomando en consideración que el juzgador tiene la facultad de modificar la clasificación jurídica, tal como lo prevé el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales.en base a los hechos y datos de prueba ofertados por el ministerio público.tomamos en cuenta la declaración del imputado.una narrativa de acuerdo a su perspectiva de cómo fue que acontecieron los hechos.analizados que fueron tanto de manera individual como de manera conjunta estos datos de prueba, no queda establecida la modalidad señalada por el agente del ministerio público que es el 334, que es la riña y con carácter de provocado, no existen datos de prueba suficientes para establecer esa circunstancia, por el contrario, a consideración de esta juzgadora y de acuerdo a los datos de prueba de manera objetiva.el considerar que por el dicho del imputado.se está en la presencia de un homicidio en riña y además que el carácter de provocado lo tuvo el imputado; primeramente, quiero señalar que no existe ningún dato de prueba que permita establecer que el imputado fue agredido por la persona fallecida, el dictamen del doctor ********************, nos deja establecido de manera clara toda la serie de lesiones que presentaba el señor ********************, y no advertí un sólo dato de prueba recabado por la fiscalía o por la defensa que tiene la facultad de realizar actos de investigación.como lo prevé este sistema.ni siquiera hicieron una inspección física al imputado, un dictamen médico que permitiera establecer que hubo una riña, un enfrentamiento entre los dos y.que además fue el provocado el imputado; obviamente, se tiene la declaración de la esposa.la referencia que hizo la señora ********************, en cuanto.a las circunstancias en como aconteció el hecho, lo mismo que refiere el imputado en su declaración, respecto de que.en cuanto a que el occiso ingresó forzando la puerta, no hay ningún dato de prueba que permita establecer esa circunstancia.de las inspecciones realizadas en el domicilio donde aconteció el hecho, no existe ningún dato que permita establecer que efectivamente la puerta fue forzada por una barra.se refirió que cuando ingresaron las personas tenían un arma, no se encontró el arma, tampoco entre los objetos o indicios recolectados.sobre todo lo que me llama más la atención es que el imputado no presenta ninguna lesión, ponderando las lesiones. que presenta la persona fallecida.no puedo considerar objetivas las manifestaciones que realiza la señora ********************, en relación a estos hechos.no se anexó ningún tipo dictamen respecto de ella.tampoco.hubo ninguna denuncia previa en relación a los hechos que narran que acontecieron con antelación al hecho de la privación de la vida.la narrativa que realizó el imputado.no me resulta congruente en relación a como aconteció el hecho delictivo, a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.previo al hecho, mencionaron a dos personas de las cuales tampoco se investigó.que refieren también ingresaron al domicilio, si es que existieron y participaron en el hecho o no." (Véase continuación de la audiencia inicial, video número 2, del minuto 00:48:12 al minuto 00:54:11). (Lo subrayado es de este juzgado) En efecto, como bien lo precisó la juez del conocimiento, no existe dato de prueba que soporte la narrativa sostenida por el imputado en su declaración en audiencia y lo dicho por su esposa ********************, en la entrevista realizada por el agente de investigación, respecto a que se suscitó una riña (intercambio de golpes) entre el aquí quejoso ******************** con el occiso, para que se actualice la clasificación jurídica de un homicidio en riña, tal como lo ubicó la representación social, sino que por el contrario, de la descripción de los hechos, datos de prueba y la propia declaración del imputado, se infieren las múltiples lesiones que éste último le propinó a ********************, ocasionándole la muerte, sin que exista algún indicio de que el imputado aquí quejoso, haya participado efectivamente en una riña, puesto que como lo sostuvo la juzgadora, no obra inspección física o dictamen médico que evidencie alguna lesión en la humanidad de ********************. Como puede verse, los datos de prueba citados con antelación, robustecen la versión de la fiscalía, en relación a que: ".en hechos ocurridos el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, aproximadamente entre las veinte horas y veinte treinta horas, en el domicilio ubicado en calle ********************, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la persona identificada como ********************, llegó a su domicilio, siendo cuando usted le pidió a su esposa ********************, que llamara a la policía, y usted forcejeó con ******************** y lo empujó hacía fuera de su domicilio y peleó con ********************, dándole golpes con los puños en la cara, cabeza y en el cuerpo, mientras él le decía a usted que iban a venir a levantarlos, que iban a matar a todos los de ahí, siguió forcejeando con ********************quien cayó al piso y se golpeó la cabeza en el cemento, perdió el conocimiento unos momentos, llegando posteriormente dos personas que lo vieron que estaba peleando con él, que también comenzaron a golpearlo para defenderlo a usted, y corrió hacia adentro de su casa y le dijo a su esposa que si le había llamado a la policía, contestándole que sí, usted vio que ya no estaban las dos personas que lo ayudaron, y con un mecate que había cortado del tendedero lo amarró de los pies para que no escapara y le puso un trapo rojo en la boca, se metió a ver a su familia, después llegaron los elementos de la guardia estatal ******************** y ******************** quienes lo detuvieron por la pérdida de la vida de ********************, que fue a consecuencia de traumatismo cráneo encefálico por múltiples contusiones que le propinó." (Véase audiencia inicial, video número 1, del minuto 00:32:17 al minuto 00:34:27). (Lo resaltado es de este juzgado) De ahí que, se estima correcto el actuar de la juez responsable, por ende, infundado lo alegado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, pues se advierte que en su determinación de vinculación a proceso apreció legalmente que existen datos de prueba suficientes para considerar que el hecho delictivo se clasifica como Homicidio Simple Intencional, previsto y sancionado por los artículos 329 y 333 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; asimismo, para establecer que el aquí quejoso probablemente realizó el hecho constitutivo de delito que se le imputa y que intervino en su perpetración; sin que la entrevista realizada el día de los hechos a ********************, por un elemento de la Policía Investigadora de la fiscalía General de Justicia del Estado y la declaración del imputado en audiencia, encuentren apoyo en diversos datos de prueba que permitan establecer la causa de justificación relativa a la legítima defensa, tal como lo señaló la juez de origen, al precisar lo siguiente: ".No se advierte alguna causa que extinga la acción penal y tampoco diversa que excluya.la probable responsabilidad penal del imputado, como refiere la defensa que se surte la causa de justificación.sin embargo, no se advierte en ningún momento que el imputado haya obrado en legítima defensa.como lo argumenta su defensor, toda vez que no hay ningún dato de prueba que permita establecer esta circunstancia.si la defensa es quien alega esta situación...con independencia de que la carga de la prueba le corresponda al ministerio público, le corresponde a la defensa probarlo con datos de prueba objetivos que permitan establecer esta circunstancia, lo cual no acontece en esta audiencia."(Véase continuación de audiencia inicial, video número 2, del minuto 00:59:43 al minuto 01:00:38). (Lo resaltado es de este juzgado) Asimismo, como se adelantó, es infundado que la juez natural al clasificar el hecho materia de imputación como homicidio simple intencional, haya modificado los acontecimientos contenidos en la acusación del ministerio público, infringiendo con ello el principio de presunción de inocencia. En efecto, conforme a las facultades previstas en los artículos 19 constitucional y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho con apariencia de delito que fue materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación. Sustentan lo anterior, las jurisprudencias 1a./J.29/2020 (10a.), y PC.I.P.J/69 P (10a.), registros 2022166 y 2021559, Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Plenos de Circuito, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomos I y II, páginas 199 y 1283, respectivamente, cuyos rubros y textos, respectivamente citan: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE SU EJERCICIO OPERE EN BENEFICIO O EN PERJUICIO DEL IMPUTADO (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos con relación a la facultad de los juzgadores de modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso -prevista en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, cuando la modificación implique agravar la situación del imputado. Criterio jurídico: La modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, realizada al dictar auto de vinculación a proceso, puede operar en beneficio o en perjuicio del imputado. Justificación: Debe entenderse que cuando la ley habla de "hecho delictivo" se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo, mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación. Ahora bien, esta Primera Sala considera que en el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y oral, es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, existe la limitante de no variar los hechos -entendidos como elementos fácticos- planteados por el Ministerio Público al formular imputación. En efecto, es fundamental la potestad dada al Juez de Control para que, en el auto de vinculación a proceso, otorgue una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo propuesto por el Ministerio Público al formular imputación, pues su ejercicio produce certeza y congruencia entre los hechos atribuidos y la descripción típica. No hacerlo implicaría que se siga un proceso únicamente por la clasificación jurídica designada por el representante social, lo cual iría en detrimento del sistema, de los derechos de la víctima y de la sociedad en general, pues de resultar incongruente, generaría situaciones de impunidad al no poder encuadrar plenamente las circunstancias fácticas en la descripción típica correcta. Por tanto, la potestad conferida al Juez de Control para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, sólo está sujeta a que no se varíen los hechos expresados por el Ministerio Público al formular imputación, y se garantice el derecho de defensa del imputado. De ahí que, no existe disposición que haga presumir que su ejercicio está condicionado a operar en beneficio o en perjuicio del imputado, pues el legislador no lo dispuso así expresamente. Luego entonces, debe entenderse que la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación opera de manera indistinta, ello de acuerdo al principio de interpretación de ley que establece "donde la ley no distingue no debemos distinguir". Pensar de otra manera, implicaría asumir competencias que no son propias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al añadir un requisito legal que no fue establecido por el creador de la norma." (Lo últimos dos párrafos subrayados no son de origen) "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL DICTARLO, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE MODIFICAR LA CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO EFECTUADA POR EL ÓRGANO MINISTERIAL, AUN CUANDO NO BENEFICIE AL IMPUTADO. Conforme a las facultades previstas en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control, al dictar el auto de vinculación a proceso, puede clasificar jurídicamente el hecho o hechos con apariencia de delito que fueron materia de la imputación ministerial, aun si tal circunstancia no beneficia al imputado, pues con ello no se invaden las atribuciones conferidas al órgano investigador, en virtud de que se rectifica el estudio de tipicidad que realizó, lo que resulta necesario para resolver acertadamente la litis y cumplir con una de las finalidades del sistema de justicia penal acusatorio, consistente en la adecuada impartición de justicia, traducida en que la investigación se siga por el delito o delitos que guarden relación con los hechos denunciados, para que no queden impunes y se repare el daño ocasionado a la víctima o parte ofendida. Por tanto, con tal proceder se respeta el principio de presunción de inocencia, en la medida en que se investiga por el ilícito que realmente corresponde, sin que se afecte el derecho fundamental a una adecuada defensa, ya que el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso éste puede ser determinado en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues subsisten los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación; además, si el imputado no está de acuerdo con la nueva clasificación, conforme al principio de contradicción, puede impugnar esa determinación mediante el recurso de apelación en términos del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, a través del juicio de amparo indirecto." (El segundo párrafo subrayado no es de origen) Como puede verse, los criterios jurisprudenciales antes invocados, ponen de relieve que contrario a lo que aduce el quejoso en sus conceptos de violación, la determinación de la juez de control, respecto a modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, sin variar las circunstancias fácticas, no infringe el aludido principio de presunción de inocencia. De igual forma, debe decirse que no le asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que el juez responsable, al dictar el acto reclamado que nos ocupa, vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, pues no se aprecia que con la emisión del mismo, el juez del conocimiento transgrediera algún derecho fundamental en perjuicio del impetrante; debe tenerse presente que la restricción a la libertad personal que conlleva el auto de vinculación está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de tal índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de todo gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso sancionado, al menos, con una pena privativa de libertad. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable, sobre todo, si se toma en cuenta que ningún derecho fundamental es omnímodo o irrestricto, sino que se encuentran limitados y acotados por los lineamientos establecidos en nuestra carta magna, de manera que si la ley fundamental prevé un auto de vinculación como un acto que restringe la libertad de un particular al que se reprocha un hecho ilícito, no queda duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto reclamado en este juicio está constitucional y legalmente justificada. Luego, no hay razón jurídica alguna para considerar que, en la especie, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, del debido proceso, en acatamiento a lo establecido en el artículo 14 Constitucional. Sobre ese particular, se citan las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Como corolario, debe decirse que, en el caso, no se interpretó una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso y mucho menos se le impuso por simple analogía ni por mayoría de razón pena alguna, justamente, por no ser la etapa procesal para ello. En otro orden, tampoco se vulnera el artículo 16 Constitucional, en perjuicio del quejoso, ya que el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente fundado y motivado; lo anterior, pues en el propio acto el juez responsable expuso que, en el caso, los datos aportados por el ministerio público resultaban aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho que la ley señala como delito a que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. En relación a lo antes expuesto, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configura la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, es decir, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. De tal manera que, a consideración de este juzgador y en concordancia con lo determinado por la juez responsable, por no existir otros que los contraríen o desvirtúen, los datos aportados por la fiscalía son aptos y suficientes para evidenciar las circunstancias de la comisión del hecho delictivo que se atribuye al aquí quejoso y la probabilidad de su participación en el mismo; en tales consideraciones, se reitera, no se estima transgredido el principio de presunción de inocencia como erróneamente lo afirma el quejoso en sus conceptos de violación. En ese tenor, tal y como legalmente lo expuso la Juez responsable, no se aprecia más allá de toda duda razonable causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Lo razonado se debe a que ante la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, no existe una potencial repercusión en detrimento del principio de que se trata, pues aun con tal decisión el quejoso goza de la calidad de inocente, dado que pese a que existen datos sobre su probable participación, lo cierto es que su culpabilidad no ha sido acreditada por el estado procesal en el que se está en la causa y, menos aún, a través de una sentencia definitiva, de ahí que, el sentido que orienta al auto reclamado, desde luego, no supone la anticipación a un castigo por la conducta delictuosa correspondiente. Tampoco se advierte infracción al artículo 17 constitucional, como lo sostiene la parte quejosa, toda vez que la juez de control en el término de ley, emitió la resolución que se combate, de manera pronta, completa e imparcial. Del mismo modo, contrario a lo alegado por la parte quejosa, no se advierte infracción al artículo 19 de la Carta Magna, toda vez que, como antes se precisó, para resolver la situación jurídica del imputado, no es necesario que se acrediten de manera plena los elementos relativos al hecho que la ley señala como delito y tampoco es requisito constitucional que haya datos bastantes que hagan probable su participación en la comisión de tal hecho, sino que basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo haya cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. En efecto, objetiva y fundadamente se estima que contrario a lo afirmado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, resulta constitucional y legal la decisión de la juez responsable en cuanto a que los datos de prueba que valoró involucran al hoy quejoso en la probable comisión del hecho de trato y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejar de someterlo a un proceso penal, dada la justificación de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando los elementos de prueba que se incorporen al juicio, permitan con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso, de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose de auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se satisfagan; claro, probabilidad con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a los datos de prueba tomados en consideración por el juez responsable, se estima por este Juzgador queda satisfecha. Finalmente, contrario a lo que aduce el quejoso, tampoco se advierte violación al artículo 20, constitucional, pues como antes se precisó, la audiencia se desarrolló en presencia del juez, de manera pública, contradictoria y oral; quien de manera libre y lógica consideró los datos de prueba que en igualdad procesal tuvieron oportunidad de aportar o aportaron las partes para sostener sus hipótesis de cargo y defensa, respectivamente; asimismo, lo examinado en audiencia, se llevó a cabo en presencia de las partes en acatamiento irrestricto al principio de contradicción y sin que se advierta que algún dato de prueba se haya obtenido con vulneración de sus derechos fundamentales, todo ello, con irrestricto respeto a sus derechos como imputado. Por último, respecto de las pruebas documentales, audio e inspección, ofertadas por el autorizado del quejoso, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo del año en curso, es menester precisar que conforme al artículo 75, de la Ley de Amparo, en el juicio constitucional el acto reclamado se apreciara tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni consideraran las pruebas que no se hayan rendido ante ella. Asimismo, el párrafo segundo del referido numeral establece que en el juicio de amparo indirecto no se admitirán pruebas que contravengan los principios que rigen el sistema penal acusatorio, pues de considerarse en este juicio constitucional, se vulneran los principios de oralidad y contradicción de dicho sistema. En consecuencia, por los motivos indicados, son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su demanda de amparo; y, al no advertirse queja deficiente que suplir que pueda beneficiarle, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La JUSTICIA DE UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en el juicio de amparo 200/2023-V, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos legales indicados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, hoy veintisiete de julio de dos mil veintitrés ante Miriam del Rosario Morales Morales, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de las constancias que la autoridad responsable Jueza de Control de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1, con sede en esta ciudad, que interviene en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, le reviste el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, en atención a que la parte quejosa no lo señaló como autoridad responsable. En tal virtud, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, del auto admisorio y el presente proveído, emplácese mediante oficio que al efecto se envíe. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, y que el nombrado tercero interesado sea legalmente emplazado, esté en posibilidad de comparecer a juicio a defender sus derechos y no dejarlo en estado de indefensión, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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