Zeilyn Ignacia Del cid Zacarias

Expediente 2778/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2778/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Zeilyn Ignacia Del cid Zacarias

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistas las copias de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el expediente principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1690/2022-V, promovido por José Eduardo Guzmán Valladares, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; en consecuencia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y con apoyo en lo establecido por el artículo 138 fracción III, del citado ordenamiento legal, solicítese el informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio de notificación. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con el numeral 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo anterior, sin perjuicio de presumir ciertos los actos reclamados, únicamente para los efectos del presente incidente. De conformidad con el artículo 140, de la ley de la materia, el informe previo se deberá concretar a expresar si son o no ciertos los actos que se les atribuyen, y en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá efectos legales desde la emisión de esta medida y se considerará desacato en caso de incumplimiento a esta determinación, a partir de que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Por otro lado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El emplazamiento al juicio hipotecario 1097/2015, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 151, de la Ley de Amparo, y toda vez que se reúnen los requisitos que se señalan en el primer numeral citado, pues como lo solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de ejecutarse los actos reclamados se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecuten actos tendentes a la desposesión o desalojo del bien inmueble afecto al juicio hipotecario 1097/2015, materia de la litis en el juicio hipotecario de origen; en la inteligencia de que si se está en el supuesto del remate del bien inmueble que defiende el accionante, el efecto de esta medida cautelar es suspender la escrituración y la entrega de dicho bien raíz al adjudicatario; suspensión que surte sus efectos desde este momento, y hasta en tanto las responsables reciban la notificación de lo que se determine en la resolución interlocutoria que resuelva el presente incidente de suspensión. Lo anterior, al satisfacerse los requisitos a que se contrae el precepto legal invocado, a saber: pues existe petición de la parte agraviada y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, toda vez que los actos que se reclaman, en su caso, sólo se afectan derechos personales de la parte quejosa; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que se ve interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquéllas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y que por tanto la sociedad se ve interesada en su observancia. Además, de negarse y ejecutarse los actos reclamados, se causarían a la parte quejosa perjuicios de difícil reparación, toda vez que al ejecutarse, provocaría violaciones en su esfera jurídica personal, que posteriormente, de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada. Lo anterior, sin perjuicio de que al momento de resolver la suspensión definitiva se cuente con mayores datos y en su caso, se pueda determinar un sentido distinto. Siendo importante destacar que el sentido de la presente determinación tiene sustento en las afirmaciones que bajo protesta de decir verdad ha efectuado la parte quejosa, esto es, que es parte material en el juicio natural (demandada), sin que esto comprometa el criterio jurídico de este Juzgador, en cuanto a la suspensión definitiva, que se determinará contando con mayores datos de prueba. Se hace del conocimiento tanto de la parte quejosa como de las autoridades responsables, que la presente suspensión no surtirá ningún efecto si los actos ya fueron consumados o son diferentes al que por esta vía se reclama. La presente medida suspensiva surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa no exhibe a disposición de este juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, garantía por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el tercero interesado, en caso de que la quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio principal, lo que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas en la ley, cantidad que se fija de forma discrecional de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que tanto de la demanda de amparo, no se advierte cantidad alguna que sirva como base. Es aplicable al tema precedente, la tesis III.3o.C.J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." Así como la diversa tesis II.2o.C.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." No escapa a la vista del suscrito, que la parte quejosa no exhibió documento idóneo alguno en el que acredite la propiedad o posesión del bien inmueble que defiende; sin embargo, su interés suspensional se acredita por ser la parte demandada y por la naturaleza propia del juicio natural, ya que se trata de un juicio hipotecario, en el que necesariamente se demanda a quien tiene un derecho sobre un bien raíz. Criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, al resolver el incidente en revisión civil 364/2015, en sesión de diez de marzo de dos mil dieciocho, relacionado al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 603/2015-III, del índice de este órgano jurisdiccional, lo que se invoca ya que constituye un hecho notorio para este juzgado, conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Los apercibimientos de multa por veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, decretados en este proveído, tienen su fundamento en lo dispuesto en las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorios del decreto de Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero del año en curso. Asimismo, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 143/2000, publicada en la página 23, tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE"; notifíquese personalmente este proveído al tercero interesado "Hipotecaria Nacional", Sociedad Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera de Objeto Múltiple entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en el domicilio señalado por el quejoso en su escrito de demanda, por conducto de quien acredite su representación. A fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación del presente incidente. Ahora bien, expídase copia de esta determinación a la parte quejosa, recabándose la razón de recibo correspondiente. Notifíquese, personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.L´liliana

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite, apercibida que de no acatar lo ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto el numeral 258 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en cuenta que los efectos de la mencionada resolución fueron para: "Gire el oficio solicitado en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veinte de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 720/5/2018, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y acredite la forma en que se envíe el mismo.". En el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por Luis Carlos Morales Castillo, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, al respecto dígase al promovente que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden.

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