Zenaida Morales Hernández

Expediente 339/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
339/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Zenaida Morales Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... Ciudad del Carmen Campeche, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, no se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México respecto de la demanda de amparo promovida por ***, en representación legal de ***, dado que no se advirtió el domicilio fiscal de la moral quejosa. Por lo que, mediante oficio *** de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se devolvió el juicio de amparo *** a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que a su vez dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determinara si insistía o no en declinar competencia a este órgano jurisdiccional. Mediante acuerdo de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se requirió nuevamente a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México informara si insistía o no en su declinación de competencia, sin embargo, hasta la fecha no ha dado respuesta. Por otra parte, vista la copia certificada de la impresión de la síntesis del acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ***, del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México; la cual se obtuvo con motivo de la consulta realizada al expediente electrónico del referido juicio de garantías, que consta en la página de servicios y trámites de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, que de oficio se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de cuyo contenido se advierte que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, promovida por ***. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, intitulada "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De lo anterior, se deduce que en el referido juicio de amparo la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México no insistió en la declinación de competencia, al resolver tenerla por no presentada, dando por concluido su trámite, ejerciendo así su competencia dentro de dicho juicio de garantías. En consecuencia remítase este cuadernillo de amparo al archivo definitivo por tratarse de un asunto concluido. Finalmente, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso b) y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Cúmplase. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen Campeche, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintisiete de mayo del presente año no se aceptó la competencia respecto de la demanda de amparo promovida por Zenaida Morales Hernández, en representación legal de Solid Black Petrogaz S.A.S. de C.V., dado que no se advirtió el domicilio fiscal de la moral quejosa. Por lo que, mediante la misiva 2211/2022-III-T se devolvió el juicio de amparo 261/2022 a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para que a su vez dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determinara si insistía o no con la competencia declinada a este recinto judicial, lo cual no ha acontecido. En consecuencia, solicítese comedidamente a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México si recibió la misiva de referencia y en caso afirmativo, informe si insiste o no con la competencia declinada respecto al aceptó juicio de amparo 261/2022; lo anterior, con la finalidad de proveer de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 31451/2022, de la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 261/2022, por el que declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Zenaida Morales Hernández, en su carácter de representante legal de SOLID BLACK PETROGAZ S.A.S. DE C.V, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y de otras autoridades, por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo. En consecuencia, radíquese con el número de expediente 339/2022-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establecen tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la parte quejosa, señaló como actos reclamados los siguientes: a). De la CÁMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN se reclama la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que hace concretamente a los artículos 208, 211 y 212, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 17- D, del Código Fiscal de la Federación, adicionados y reformados por dicho decreto. Según su transitorio único dicho decreto entró en vigor el 01 de enero de 2022, por lo que el plazo para interponer la demanda de amparo corre hasta el 14 de febrero de 2022. b) Del PRESIDENTE DE LA REPUBLICA se reclama la promulgación y orden de publicación del ordenamiento mencionado en el inciso A) que antecede. c) Del SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO se reclama la aplicación de los preceptos reclamados por parte de las autoridades responsables. d) Del DIRECTOR DEL SERVICIO DE ADMIINISTRACION TRIBUTARIA se reclama la aplicación de los receptos reclamados por parte de las autoridades responsables. Los efectos y consecuencias son atribuibles indistintamente a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables". Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa impugnó las normas legales referidas con el carácter de autoaplicativas, ya que no señaló un acto específico de aplicación. Bajo ese contexto, cabe precisar que cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman normas con el carácter de autoaplicativas, su conocimiento corresponde al Juez que ejerce jurisdicción en el lugar en que los destinatarios deban acatarlas. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 2a. 11, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, página 193, intitulada: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Por otra parte, de acuerdo a la legislación fiscal, para efectos de vinculación de la contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el domicilio fiscal que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica, puesto que el domicilio fiscal es aquél que se encuentra registrado ante las autoridades fiscales para efectos de impuestos y notificaciones, ya que es el lugar de localización del contribuyente frente a la administración pública en materia tributaria. En lo conducente, por hacer referencia al tema del domicilio fiscal, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, página 324, Novena Época, intitulada: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos." De igual forma, sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 175/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, página 426, intitulada: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON MOTIVO DE LA RETENCIÓN EFECTUADA POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, POR LA DISPOSICIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA INDIVIDUAL O SUBCUENTAS QUE LA INTEGRAN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en el juicio de amparo indirecto la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de su acto de aplicación, consistente en la retención del impuesto efectuada por una administradora de fondos para el retiro, por la disposición de saldos por el contribuyente quejoso de la cuenta individual o de las subcuentas que la integran, es competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio fiscal del contribuyente, pues ahí tendrá ejecución el acto de aplicación, ya que el criterio general establecido en la legislación fiscal, para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, es el de su domicilio fiscal, precisado en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica." En esa tesitura, cabe precisar que del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, no se advierte el lugar donde se encuentra el domicilio fiscal de la parte quejosa. Ciertamente, del único anexo de la demanda que obra en el expediente recibido, consistente en "acto constitutivo de sociedad por acciones simplificada", se advierte la constitución de la sociedad denominada "SOLID BLACK PETROGAZ, sociedad por acciones simplificada de capital variable" cuyo domicilio de la sociedad se encuentra ubicado en "CALLE 28 NÚMERO EXTERIOR 131 NÚMERO INTERIOR A ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, COLONIA CENTRO LOCALIDAD CD DEL CARMEN, MUNICIPIO CARMEN ENTIDAD FEDERATIVA CAMPECHE"; sin embargo, no se advierte cuál es el lugar donde se encuentra su domicilio fiscal. Cabe precisar, no debe confundirse el domicilio social con el domicilio fiscal de una persona moral. Es así, ya que el primero, de conformidad con el artículo 33 del Código Civil Federal, es el lugar donde se halle establecida su administración. En cambio, el domicilio fiscal de una persona moral, es el que se encuentra registrado ante las autoridades fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para que las autoridades hacendarias ejerza sus facultades de fiscalización. Por tanto, el hecho de que la parte quejosa tenga su domicilio social ubicado en Ciudad del Carmen, no implica que necesariamente en ese lugar tenga su domicilio fiscal. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero-junio de 1988, página 479, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES, DOMICILIO FISCAL DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, tratándose de personas morales residentes en el país, se considera como domicilio fiscal el local en donde se encuentra la administración principal del negocio. Lo anterior no implica estimar que necesariamente ese local deba ser la casa matriz, si la persona moral se encuentra administrativamente descentralizada, operando por divisiones o sucursales ubicadas en diferentes áreas geográficas de la República, en cuyo caso será el local u oficina en la que se encuentre la administración principal del negocio dentro de la circunscripción territorial de la división o sucursal, en la que deba hacerse la notificación del crédito fiscal y no en la oficina matriz. Sostener lo contrario implicaría notificarle a la persona moral en un domicilio en el que no se tiene conocimiento del crédito requerido. Sin que se soslaye que en la demanda de amparo la quejosa señaló que ofrecía como prueba el original de la cédula de identificación fiscal señalándola como anexo 3, sin embargo, dicho documento no obra en el expediente recibido y de la boleta de recepción de la Oficina de correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se advierte que la demanda se recibió con un anexo. Por las razones expuestas, toda vez que cuando en un juicio de amparo indirecto, se reclaman normas autoaplicativas, su conocimiento corresponde al Juez que ejerce jurisdicción en el lugar en que los destinatarios deban acatarlas, y, que en el caso particular, las normas reclamadas están relacionadas con el cumplimiento de una obligación fiscal, por tanto, resulta inconcuso que ese cumplimiento tendrá ejecución en el domicilio fiscal de la quejosa. Por consiguiente, al no haber certeza del lugar en el que se encuentra el domicilio fiscal de la moral quejosa, es inconcuso que corresponde al Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto conocer de la demanda indicada. Se invoca en apoyo la jurisprudencia VI.1o.A. J/19 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, noviembre de 2018, Tomo III, página 1896, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA EL ARTÍCULO 93, FRACCIONES IV, V Y XI Y ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN LA PARTE QUE LIMITA LA EXENCIÓN Y GRAVA EL INGRESO DE CONCEPTOS VINCULADOS CON LA PREVISIÓN SOCIAL DE UN PENSIONADO. CUANDO NO HAY CERTEZA DEL DOMICILIO FISCAL DE ÉSTE, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Cuando existe conflicto competencial entre dos Jueces de Distrito para conocer de la demanda de amparo en la cual se reclama el precepto citado, con motivo de su aplicación efectuada al retener el impuesto correspondiente, debe atenderse, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2009, al lugar en que tuvo o deba tener ejecución por parte de la autoridad el acto de aplicación de la ley que se estima inconstitucional, esto es, donde tenga su domicilio fiscal el contribuyente, pues ahí es donde se encuentra obligado al cumplimiento de sus obligaciones y en el cual, se vincula a la autoridad que, conforme a sus facultades, tenga injerencia en el acto de cumplimiento de la disposición reclamada, y no donde se efectúe la retención del impuesto sobre la renta por un tercero. No obstante, si no existe certeza en cuanto al domicilio fiscal del quejoso, porque en los autos del juicio constitucional no obra constancia alguna que lo acredite, atento a que ningún asunto debe dejar de resolverse, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconcuso que corresponde al Juez de Distrito que previno en el conocimiento del asunto conocer de la demanda de amparo indicada, sin perjuicio de que durante el trámite del juicio pueda insistirse en su incompetencia, una vez que se obtenga la certeza de la ubicación del domicilio mencionado." En consecuencia, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 261/2022, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Cúmplase.

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