Yuriko del Carmen Calcaneo Dorantes

Expediente 525/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
525/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Yuriko del Carmen Calcaneo Dorantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del siete al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con exclusión de los días diez, once, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre del año en curso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el quince de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con la Circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 1304/JL-II/21-2022, de la Jueza y Secretaria Instructora Interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinden su informe justificado, en el sentido de que es parcialmente cierto el acto reclamado. Como justificación de su informe la Juez responsable remite copia certificada de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 126/20-2021/JL-II. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte no se tiene por rendido el informe justificado por la Secretaria Instructora Interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, lo anterior, por no ser autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jairo Alberto Calcáneo Pérez, apoderado legal de Yuriko del Carmen López, promovió demanda de amparo contra la omisión del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar sentencia en el juicio laboral 126/20-2021/JL-II. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era parcialmente cierto el acto reclamado por el quejoso; sin embargo, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se emitió la sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II (fojas 22 a 40). Lo que se corrobora con las constancias recibidas de las que se desprende que el dieciocho de agosto del año en curso, se emitió sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II. Constancias a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II el dieciocho de agosto del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, no se soslaya que el aludido proyecto en forma de laudo, carezca de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener el proyecto de laudo. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con once minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente de Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y A LA TERCERA INTERESADA FARMACON, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, TODA VEZ QUE NO ACUDIERON A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio 1304/JL-II/21-2022, de la Jueza y Secretaria Instructora Interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinden su informe justificado, en el sentido de que es parcialmente cierto el acto reclamado. Como justificación de su informe la Juez responsable remite copia certificada de la sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 126/20-2021/JL-II. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte no se tiene por rendido el informe justificado por la Secretaria Instructora Interina del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, lo anterior, por no ser autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jairo Alberto Calcáneo Pérez, apoderado legal de Yuriko del Carmen López, promovió demanda de amparo contra la omisión del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de dictar sentencia en el juicio laboral 126/20-2021/JL-II. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado mencionó que era parcialmente cierto el acto reclamado por el quejoso; sin embargo, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se emitió la sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II (fojas 22 a 40). Lo que se corrobora con las constancias recibidas de las que se desprende que el dieciocho de agosto del año en curso, se emitió sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II. Constancias a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de documento público acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable sentencia en el expediente laboral 126/20-2021/JL-II el dieciocho de agosto del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, no se soslaya que el aludido proyecto en forma de laudo, carezca de la firma de la totalidad de sus integrantes, pues de su certificación, se advierte que el representante de la parte obrera se negó a firmar el mismo. Sin embargo, ello no es impedimento para emitir la presente resolución; pues ésta no prejuzga sobre los requisitos que debe contener el proyecto de laudo. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con once minutos del uno de septiembre de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; personalmente a la Agente de Ministerio Público de la Federación adscrita y al tercero interesado; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, apoderado legal de Yuriko del Carmen López Pérez, contra actos del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, radíquese con el número de expediente 525/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. En términos del artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal. En el caso que nos ocupa, el promovente adjuntó a su demanda de amparo copia simple del acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno, relativo al juicio laboral 126/20-2021/JL-II, de la que se advierte que el promovente Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, tiene reconocida ante la autoridad responsable el carácter de apoderado legal de la parte actora Yuriko del Carmen López Pérez, aquí quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado legal con el que se ostenta. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Jairo Alberto Calcáneo Dorantes, apoderado legal de Yuriko del Carmen López Pérez, contra actos del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa un multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda y su anexo, emplácese a juicio por conducto de quien legalmente la represente a la tercera interesado Farmacon, sociedad anónima de capital variable, con domicilio en calle 55, esquina con calle 26 C, número 42, colonia Electricistas, código postal 24120, Ciudad del Carmen, Campeche. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la que ofrece en su escrito inicial de demanda, las documentales consistentes en: 1. Copia del acuerdo de nueve de abril de dos mil veintiuno. 2. Informe justificado que rinda la autoridad responsable. En consecuencia, las pruebas documentales se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y se tenga recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Por otra parte, en cuanto al informe justificado, que en su caso, la autoridad responsable rinda, una vez que se reciban se acordará lo conducente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle 55, esquina con calle 26-C, número 42, colonia Electricistas, código postal 24120, Ciudad del Carmen, Campeche. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "juiciosjuridicoscarmen". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales" con los autorizados, los números telefónicos 981 175 4780, 938 146 1368, 99 34 62 28 47 y 99 93 45 50 20, así como el correo electrónico juicios.juridicos@outlook.com. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Jairo Alberto Calcaneo Dorantes con el nombre de usuario "juiciosjuridicoscarmen", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario juiciosjuridicoscarmen", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Omar Alejandro Valladares Ortega, Jesús Eduardo Arellanes Valdivia, Yesica de la Cruz Aguilar, José Aurelio Arcos Martínez, Tila de Jesús Martínez Rodríguez, Guadalupe Trinidad García Soriano, Marisela Soriano Castillo, Amairaní del Rosario Silva Mex, Daniela Noemí Cruz Hernández, Indra Viridiana Gutiérrez Canepa, Emmanuel del Jesús López Pérez, Jazmín Flores Domínguez, Amelia Margarita Barrera Cauich, Diana Guadalupe López Arias, David Díaz Sánchez, Erika Cristel Cruz Hernández y José Guadalupe Zamudio Trejo. Autorización que se admite sin necesidad de que las personas autorizadas acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022, de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Asimismo, en atención a su solicitud formulada, a través de la cual se opone a la publicación de los datos personales del quejoso en términos del artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se instruye a los encargados de la sección de Actuaría, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Secretaria correspondiente, para que en el ámbito de sus atribuciones, se abstengan de hacer públicos sus datos personales al momento de que se dicte la sentencia respectiva. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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