Zenaida Morales Gutiérrez

Expediente 467/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
467/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Zenaida Morales Gutiérrez
  • Zenaida Morales Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por.........., por propio derecho, contra actos del Agente Titular del Ministerio Público Investigador del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo indirecto 248/2018-IV, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe:.........La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "La determinación de abstención de no investigar hechos, que revisten características de delitos prescritos, para presentar la querella correspondiente, de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, misma que fuimos notificados el día cuatro de abril de la misma anualidad mediante oficio número 1544, en el acta administrativa número 08044AA00402018". En ese sentido, analizada la demanda de amparo y las constancias que adjunto la parte quejosa se advierte que el juicio constitucional resulta improcedente, toda vez que, tocante al acto reclamado se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En este último supuesto, con la condicionante relativa a que, conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ahora bien, en el caso concreto, se actualiza la segunda de las hipótesis que establece la fracción en cita, es decir, que el acto reclamado (abstención de investigar hechos, que presuntamente revisten características de delitos) es recurrible en términos de lo preceptuado en el numeral 20, inciso c), fracción VII, de la Carta Magna, así como el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el dispositivo constitucional en comento, establece textualmente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el artículo 258 en mención, en cuanto al tema de trato, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De las premisas constitucional y legal previamente transcritas, se desprende que en el caso concreto, la determinación de abstención de investigar los delitos por parte de la autoridad responsable, puede ser sujeta a control judicial, pues la víctima u ofendido tiene al alcance el recurso correspondiente, previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de modo que el órgano de enjuiciamiento penal ante quien se interponga dicho recurso, previa celebración de la audiencia correspondiente, determinará lo conducente sobre la legalidad de la abstención del Ministerio Público respecto de la investigación de los delitos. Sin que en el caso, pueda operar suspensión alguna al tratarse de un acto de efectos negativos, es decir, la determinación de abstención de investigación de los probables delitos puestos en conocimiento del representante social; por ende, no se surte la excepción al principio de definitividad respectiva. De igual forma, se advierte que el acto reclamado no carece de fundamentación, toda vez que la autoridad responsable indicó los preceptos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales que consideró aplicables y, tampoco se trata de violaciones directas a la Constitución. Así, resulta innegable que el acto reclamado en la especie no es definitivo para efectos de procedencia del juicio de amparo, en tanto que, por disposición constitucional y legal, se encuentra sujeto a revisión oficiosa de un órgano de impartición de justicia, virtud por la cual, puede ser revocado o nulificado. Al respecto, resulta ilustrativa al caso, la tesis aislada I.8o.P.19 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de abril de dos mil dieciocho a las diez horas con diez minutos, Décima Época, registro 2016567, cuyo contenido literal es el siguiente:....... La determinación anterior, cobra mayor relevancia si se parte de la base de que, además, el Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, en el resolutivo tercero de la determinación reclamada de tres de abril actual, mediante la que se decretó la abstención de investigar hechos, ordenó también remitir los autos originales del expedientillo de origen a la Dirección General del Jurídico consultivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para efecto de someter a su consideración la autorización de dicha resolución; lo anterior, patentiza con mayor contundencia que el acto reclamado en el presente juicio constitucional no es definitivo para la procedencia del juicio de amparo. De ahí que, como se anticipó, en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, lo procedente, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda planteada que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Orlando Ángel Aguilar, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federales el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona por no contar con el anterior requisito.

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