Zeferina Iglesias Moctezuma

Expediente 423/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
423/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Zeferina Iglesias Moctezuma
  • Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El siguiente acuerdo se notifica por lista. Número de expediente: 193/2020 Acuerdo: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, informando el acatamiento al fallo protector; ello, a través del oficio 1256, de tres de noviembre de dos mi veintiuno, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro del mes y año citado, al que adjuntó copia certificada de la solicitud de inscripción con número de control ordinario 17963, los oficios 1257 y 1258 de tres de noviembre del dos mil veintiuno, así como el auto de tres del mes y año mencionado, dictado en el expediente 309/2019-II, de su índice, con las que a su criterio justifica el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizada, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno y al tercero interesado veintidós de agosto de dos mil veintitrés, como se advierte de las constancias respectivas que obran agregadas en autos, sin que éstas hubieran hecho manifestación alguna respecto del cumplimiento informado por dicha autoridad responsable. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: ".a) Dejen insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada a la demandada Yolanda Ivvon Mora Amores, por parte de la 1. Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en Chilpancingo, Guerrero, así como las demás actuaciones llevadas a cabo con posterioridad en el juicio ejecutivo mercantil 309/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, igualmente en Chilpancingo, Guerrero, incluyendo la sentencia definitiva de diez de diciembre de dos mil diecinueve, al igual que los actos tendientes a lograr su cumplimiento; en el entendido de que tendrá que comunicarse a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, que deberá dejar sin efectos la anotación de embargo respecto del inmueble del que refiere ser propiedad de la quejosa aludida, con el número de cuenta catastral 10967/004-015-009, única y exclusivamente por cuanto atañe al citado procedimiento mercantil; y b) Ordenen se realice su emplazamiento en los términos que la ley señale." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 1256, de tres de noviembre de dos mi veintiuno, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cuatro del mes y año citado, al que adjuntó copia certificada de la solicitud de inscripción con número de control ordinario 17963, los oficios 1257 y 1258 de tres de noviembre del dos mil veintiuno, así como el auto de tres del mes y año mencionado, dictado en el expediente 309/2019-II, de su índice. Además, se recibieron los diversos oficios 1266 y 1428 recibidos en este juzgado federal el cinco y diez de noviembre de dos mil veintiuno, anexando al segundo de los mencionados copias certificadas de los acuses de recibió de los oficios DCIP/AJ/039/2021 y DGRPP/0733/2021. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se colige que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues ha observado los lineamientos establecidos en la misma, al advertirse que acatado en su totalidad el fallo protector, dado que, por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizada a la demandada Yolanda Ivvon Mora Amores, por parte de la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, residente en Chilpancingo, Guerrero, así como las demás actuaciones llevadas a cabo con posterioridad en el juicio ejecutivo mercantil 309/2019 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, igualmente en Chilpancingo, Guerrero, incluyendo la sentencia definitiva de diez de diciembre de dos mil diecinueve, al igual que los actos procesales y resoluciones emitidas para lograr su cumplimiento; asimismo, ordenó girar oficio a la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, para que dejara sin efectos la anotación de embargo respecto del inmueble del que refiere ser propiedad de la quejosa aludida, con el número de cuenta catastral 10967/004-015-009, única y exclusivamente por cuanto atañe al citado procedimiento mercantil, lo que se corrobora con el acuse de recibo del oficio DGRPP/0733/2021 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, signando por el Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en donde comunica que dicha cancelación fue realizada el quince de noviembre de dos mil diecinueve. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Finalmente, en mérito de lo anterior, dese vista a las partes procesales, por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera inconformidad contra el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante estar legalmente notificada para ello, como se desprende de la constancia relativa; por tanto, se le tiene consentido dicho acuerdo. Por otra parte, devuélvase el presente expediente a la mesa IV de trámite de este órgano jurisdiccional, a efecto de que provea lo conducente respecto al archivo del mismo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Delegada del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, informando el impedimento que tiene para acatar el fallo protector; ello, a través del oficio sin número, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintitrés, al que adjuntó copia del oficio DG/324/2022, de once de marzo de dos mil veintidós, documental con la que refiere justificar el impedimento del cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado legal el veinticinco de mayo del año en curso, entregándosele en ese acto copias de los anexos enviados por la autoridad responsable, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "a) Que la autoridad responsable (I) Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, por conducto de quien legalmente corresponda, dé a conocer de manera personal a la aquí quejosa el contenido del oficio DG/324/2022 de once de marzo de dos mil veintidós, debiendo agotar todos los medios legales a su alcance para así lograrlo, o en su caso, justifique la imposibilidad que tuviera para ello." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, a la Delegada del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintitrés, adjuntó copia del oficio DG/324/2022, de once de marzo de dos mil veintidós. Documentales a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, del oficio sin número recibido la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable justificó el impedimento que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que manifestó que ese instituto a su cargo no cuenta con actuarios o personal encargado de realizar notificaciones de manera personal mayormente en los domicilios que se encuentra fuera de esta ciudad, por lo que solicitó que este juzgado federal notificara el oficio DG/324/2022, de once de marzo de dos mil veintidós, a la aquí quejosa. Ahora bien, de autos se desprende que por acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el doce de abril de dos mil veintitrés, y con la copia del oficio DG/324/2022, de once de marzo de dos mil veintidós, el cual fue notificado por conducto de su autorizado legal el veinticinco de mayo del año en curso, entregándosele en ese acto copias de los documentos antes mencionados, firmando de conformidad dicha notificación. De lo anterior, se advierte que no obstante que la autoridad responsable informó la imposibilidad que tiene para remitir la constancia de notificación del oficio DG/324/2022, de once de marzo de dos mil veintidós, la quejosa tuvo conocimiento del oficio emitido por la responsable, tal como se precisó en el párrafo que antecede. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 36/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 469, Materia administrativa, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes. En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las parte quejosa recurriera la sentencia definitiva, dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que la sentencia que CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa, ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y notifíquese a la autoridad responsable y tercero interesado. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el sumario en que se actúa. En mérito de lo anterior, es de precisar a la autoridad obligada al cumplimiento, que los efectos del fallo amparador, es el siguiente: "a) Que la autoridad responsable (I) Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, por conducto de quien legalmente corresponda, dé a conocer de manera personal a la aquí quejosa el contenido del oficio DG/324/2022 de once de marzo de dos mil veintidós, debiendo agotar todos los medios legales a su alcance para así lograrlo, o en su caso, justifique la imposibilidad que tuviera para ello. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá por conducto de la persona física que ostente el cargo de Presidente de dicho comité, una medida de apremio, consistente en multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrieron en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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