Zayra Osnaya Ruiz

Expediente 482/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Zayra Osnaya Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo del diverso del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió testimonio de la sentencia dictada en el presente asunto, y se devolvieron los anexos correspondientes. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Ahora, a la fecha el Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, no ha acusado recibo del oficio número 187-VI, por medio del cual se le remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto; por tanto, téngase por acusado de recibo con el comprobante de entrega de estafeta, por el que se remitió el citado oficio, cuyo número de guía asignado fue 601501551824A507518963, el cual fue recibido por la autoridad antes mencionada el día ocho de febrero de dos mil veintitrés a las quince horas con treinta y cuatro minutos; según consta en el sistema electrónico de rastreo de la empresa estafeta; para lo cual se glosa el mismo para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que se remitió el testimonio de dicha determinación a la autoridad responsable y los anexos correspondiente, cuyo acuse de recibo se acuerda en los términos precisados en párrafo anterior; en consecuencia, archívese este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 3, fracciones II y XV, 6, fracciones I y II, 20, 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE SOBRESEE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de tres días, otorgado en el proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la causal de improcedencia advertida de manera oficiosa por este Tribunal Colegiado, sin que haya desahogado la referida vista; por tanto, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos y la promoción de cuenta, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el siete de diciembre de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte quejosa Zayra Osnaya Ruiz, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Causa de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de estudio preferente sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en el presente caso respecto al acto reclamado descrito en el inciso b) de la demanda de amparo, consistente en la sentencia definitiva de uno de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, en el expediente 1164/2021, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Ahora bien, la causa de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización: a) Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En ese contexto, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es necesario establecer que el acto señalado fue recurrido por la parte quejosa a través del recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; quien registró el asunto bajo el número 200/2022, que se resolvió el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; por tanto, esta última resolución sustituyó procesalmente a la emitida por el Juez de Primera Instancia y es la que actualmente rige la situación jurídica de la quejosa y la que, en su caso, le causa perjuicio. De ahí que, respecto de dicho acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad -la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós-, el cual se insiste, es el que rige ahora la situación jurídica de la quejosa. Al caso es aplicable la jurisprudencia 1aJ. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, Registro: 2002188, del contenido siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." (Lo resaltado en el texto no es de origen). Por lo que hace al diverso acto consistente en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida en el recurso de apelación 200/2022, se considera que se actualiza la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, las señaladas disposiciones legales, dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La causa de improcedencia de mérito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, al no haberse reclamado dentro de los plazos que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que precisan que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; o c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Lo anterior evidencia que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo hacen tres distinciones para el cómputo del término de la promoción de la demanda de amparo; además, los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo comienza a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis señaladas sin guardar orden de prelación de su acontecimiento. Ahora bien, el quejoso fue notificado del acto reclamado por medio de lista y Boletín Judicial número 9360, el miércoles uno de junio de dos mil veintidós, tal como se aprecia del reverso de la foja setenta y tres de los autos del toca número 200/2022, notificación que surtió sus efectos ese mismo día atento lo dispuesto en el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.1 1 Inicio de los plazos. Por su parte, la demanda de amparo en el presente juicio de amparo directo, se presentó físicamente, en la Oficialía de Partes Común de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, el jueves veintitrés de junio de dos mil veintidós, a las 9:50:36 (nueve horas con cincuenta minutos y treinta y seis segundos), según se aprecia del sello de recepción visible en la foja ocho vuelta, del cuaderno de amparo. Lo anterior, incluso se corrobora con la certificación asentada por el Secretario de la autoridad oficiante, visible en la foja veintiocho del cuaderno de amparo que nos ocupa, cuyo contenido dice: De lo anterior, se advierte actualizada la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 del propio ordenamiento jurídico, consistente en el consentimiento del acto reclamado por la quejosa ZAYRA OSNAYA RUIZ, al omitir instaurar la acción constitucional dentro del plazo previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, contado a partir de que surtió efectos la notificación de la sentencia reclamada. Orienta sobre el particular por analogía al compartirse su contenido, la jurisprudencial XXI.2o.P.A. J/32, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, Novena Época, registro 65582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Ahora bien, para considerar que un acto fue tácitamente consentido para los efectos del juicio de amparo, es preciso contar con los siguientes elementos: 1. Un acto de autoridad. 2. Una persona afectada por tal acto. 3. La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. 4. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. 5. El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Orienta sobre el particular, por analogía al compartirse su contenido, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, junio de 1992, página 364, Octava Época, registrado 219095, cuyo texto es el siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Asimismo, se considera aplicable la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Parte SCJN, página 11, Quinta Época, registro 393970, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Lo anterior, porque si la notificación de la sentencia combatida, se efectuó el miércoles uno de junio de dos mil veintidós, surtiendo sus efectos ese mismo día, atento lo dispuesto en el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es claro que el término para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió al día siguiente del dos al veintidós de junio de dos mil veintidós, descontándose de dicho plazo los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil veintidós, debido a que se consideran inhábiles porque fueron sábados y domingos; ello, conforme con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De manera que, si la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes Común de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, el jueves veintitrés de junio de dos mil veintidós, a las 9:50:36 (nueve horas con cincuenta minutos y treinta y seis segundos), según se aprecia del sello de recepción visible en la foja ocho vuelta, del cuaderno de amparo, ésta resulta extemporánea. En efecto, el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda también se ilustra en el calendario siguiente: (imagen) Sin que en el caso, resulte aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de identificación 2a./J. 108/2009, de la que se obtiene que es oportuna la presentación de la demanda de amparo directo, si se realiza en la primera hora hábil del día siguiente al del vencimiento cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias se restrinjan las veinticuatro horas. Dicha jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 166687, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2aJ. 108/2009, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, página 154, dispone: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES OPORTUNA SU PRESENTACIÓN EN LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, CUANDO CON MOTIVO DE UN HORARIO DE LABORES FIJADO EN ACUERDOS ADMINISTRATIVOS O LEYES SECUNDARIAS SE RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO HORAS. El plazo para la presentación de una demanda de amparo directo debe observarse estrictamente, ya que constituye un supuesto que delimita el tiempo en que la parte inconforme con la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio puede válidamente ejercitar esa acción, sin embargo, ello también implica la obligación de la autoridad responsable de respetarlo y, no limitarlo o restringirlo, pues cualquier acción tendiente a hacerlo entraña una restricción ilegal al derecho fundamental de pedir justicia. En otras palabras, el ejercicio de la acción de amparo a través de la presentación del escrito respectivo no puede limitarse mediante la reducción del término, aunque sea de unas horas, agraviando a la parte quejosa que sabe que dispone de un lapso determinado y que el último día de éste se cuenta como de veinticuatro horas. En esas condiciones, cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias, se restrinja la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo directo, generándose la imposibilidad de hacerlo hasta las veinticuatro horas del día de vencimiento, lleva a concluir que es oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente, ya que por causas ajenas al quejoso se vio imposibilitado para hacerlo el último día del plazo." La jurisprudencia transcrita, tiene aplicación cuando con motivo de un horario de labores fijado en acuerdos administrativos o leyes secundarias, se restrinja la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo directo, generándose la imposibilidad de hacerlo hasta las veinticuatro horas del día de vencimiento, caso en el cual, es oportuna su presentación en la primera hora hábil del día siguiente, ya que por causas ajenas al quejoso se vio imposibilitado para hacerlo el último día del plazo, lo que no ocurre en el particular, pues la demanda de amparo se presentó en la Oficialía de Partes Común de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, el jueves veintitrés de junio de dos mil veintidós, a las 9:50:36 (nueve horas con cincuenta minutos y treinta y seis segundos), toda vez que la primera hora de recepción en la cual se comprende el horario de labores de las Salas Civiles es de 8:30 a 9:30. Ahora bien, en el caso no se desatiende la Circular 54/2021, promulgada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en la cual se autorizó a los órganos jurisdiccionales que en un horario de: 8:30 a 11:30 sic recepcionen aquellas promociones de término que, en el día hábil anterior, no se hubieran ingresado en el sistema de oficialía de partes, turno vespertino. Asimismo, obra la diversa Circular 75/2020, del citado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, se autorizó el Calendario Oficial de Labores del Poder Judicial de dicha entidad federativa, en la cual se comprende el horario de labores, entre otros órganos, de los Juzgados Mercantiles que lo integran (como lo es la autoridad responsable), de 8:30 a 15:30. Sin embargo, es la Ley de Amparo la cual prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo y, como consecuencia, cuándo deben presentarse las demandas que dan lugar a ese tipo de procedimientos. Por tanto, los plazos relativos, es decir, los vinculados para la promoción de algún juicio de amparo [lato sensu], los rige especial y particularmente la ley de la materia, lo que torna inaplicable la circular 54/2021, que regula el horario de recepción de aquellas promociones de término que, en el día hábil anterior, no se hubieran ingresado en el sistema de oficialía de partes de los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y del Estado de México, turno vespertino, pues su aplicabilidad sólo se vincula a los procedimientos de su competencia, como a manera enunciativa, no limitativa, serían los desahogos de requerimiento realizados por aquéllos, los ofrecimientos de pruebas de las partes, la formulación de alegatos, la interposición de recursos o medios de defensa legal ordinarios, etcétera; no así de las demandas de amparo directo, pues, para éstas, cobra aplicabilidad la multicitada ley que rige a la materia. Si bien existe el caso de excepción que prevé la jurisprudencia 2a./J. 108/2009, citada en párrafos anteriores, que es de observancia obligatoria en términos de los invocados artículos 217 y Sexto transitorio de la Ley de Amparo, que establece que el plazo para la presentación de una demanda de amparo directo se debe observar estrictamente; que esto implica que en supuestos que delimitan el tiempo para precisamente verificar tal presentación -entendida una reducción de las veinticuatro horas del día de vencimiento-, posibilita que se lleve a cabo al día siguiente, empero lo circunscribe a la primera hora hábil. Lo que en la especie no acontece pues la demanda de garantías se presentó ante la oficialía de partes de la Sala responsable a las 09:50:36 (nueve horas con cincuenta minutos con treinta y seis segundos); lo que pone en evidencia, que dicha demandada, no fue presentada dentro de la primera hora hábil. Aunado a que, el Máximo Tribunal sustentó en el criterio citado, en el sentido de que las partes tienen las veinticuatro horas del último día de los plazos correspondientes para presentar sus escritos, y si lo anterior se lleva a cabo a la primera hora del día hábil siguiente al del vencimiento del lapso, se tendrán por realizadas en tiempo, ya que el horario de la Oficialía de Partes, que inicia a las ocho horas con treinta minutos y finaliza a las quince horas con treinta minutos, y el horario vespertino de 15:30 a 21:00 horas, conforme a la Circular 94/2021, que contiene el Horario Oficial de Labores del Poder Judicial del Estado de México para el año 2022", no permite presentar promociones hasta las doce horas de la noche del último día que tienen las partes para hacerlo, por lo que debe considerarse como en tiempo sí se presenta a la "primera hora del día hábil siguiente, debiéndose concebir como los primeros sesenta minutos del inicio de labores de la Oficialía de Partes de la Sala Civil responsable. Aunado a lo anterior, la Circular 94/2021 hace mención que no se consideran promociones de término legal, las que requieren asignación numérica aleatoria y las de orden federal dirigidas a los Tribunales de Alzada en materia penal, las Salas en Materia Constitucional, Civil, Familiar y Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y Juzgados en materia Civil, Familiar, Mercantil, Penal y Control Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México; por lo que deberán presentarse dentro del horario oficial de labores y días hábiles del Poder Judicial del Estado. De lo expuesto se desprende que efectivamente no puede considerase dentro de las promociones de término, las de orden federal, como en el caso, las demandas de amparo dirigidas a tribunales de alzada, de lo que se sigue que dichas promociones deben presentarse dentro del horario oficial de labores y en los días hábiles del Poder Judicial del Estado. Resulta oportuno destacar el contenido del criterio jurisprudencial número 2a./J. 18/2003, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 8/2003-PL, en relación a las disposiciones que establecen y regulan los plazos para la presentación de la demanda de amparo de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO." Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por "el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones", toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Cabe abundar, que la determinación que desecha la demanda de amparo por resultar extemporánea su presentación, no implica violación a derechos fundamentales; por el contrario, el acatamiento a los requisitos de procedibilidad otorga certidumbre a los destinatarios de la función jurisdiccional. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos, que los gobernados deben cumplir; por tanto, si en el caso el inconforme no cumplió con los requisitos de admisibilidad que prevé la Ley de Amparo, consistentes en presentar su demanda dentro del plazo legal para hacerlo, ello no constituye en sí mismo una violación a derechos humanos. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página: 325, con número de registro 2005917, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental"." En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado José Martínez Guzmán, para los efectos que en derecho corresponda.

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