Yolanda Reyes García

Expediente 106/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Steffany González Rodríguez
  • Karla González Sierra
  • Yolanda Reyes García
  • S.Y. A. G.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Amparo en revisión

    De los autos se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo... ARCHÍVESE este juicio de garantías como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno... se concluye que este expediente es susceptible de ser CONSERVABLE, debido a que no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Amparo en revisión

    I. POR MOTIVOS DIVERSOS, SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. II. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Queja

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de declarar fundado el recurso de queja... archívese este recurso como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno... se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  4. Amparo en revisión

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dese vista a la parte recurrente YOLANDA REYES GARCÍA, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10ª.), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- (se transcribe)El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: CUARTO. Estudio oficioso de causal de improcedencia. En el caso, se estima innecesario analizar los agravios expresados por la recurrente, así como las consideraciones vertidas en la sentencia combatida, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, la actualización de una diversa causal de improcedencia. Previo a ello, se considera prudente dejar asentado, que subsistirá el sobreseimiento decretado por el juzgador, en el primer resolutivo del fallo recurrido, pero por los motivos que aquí se expresarán. En efecto, el numeral 93, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece las reglas que el Tribunal Colegiado o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe observar al resolver el recurso de revisión; entre ellas, la de estudiar de oficio, la actualización de alguna causal de improcedencia. Indicativo que la procedencia del juicio de amparo, debe examinarse aun de manera oficiosa, por lo cual, aun cuando el juzgador hubiera estudiado el fondo del asunto, o estimado que se actualizó una diversa, como en el caso, el Tribunal Colegiado válidamente puede abordar el estudio de la que considere actualizada. Ello, debido a que como se ha destacado, acorde al artículo 62, en concordancia con el citado numeral 93, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia, debe efectuarse de manera oficiosa. Son aplicables las jurisprudencias publicadas con los números 940 y 622, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte; y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 1538 y 414, de los rubros y textos siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías." "AMPARO INDIRECTO. DECLARACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL, EN SEGUNDA INSTANCIA. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (tesis 158 Apéndice de 1985, Común al Pleno y a las Salas), es de obligatoria observancia, en tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los Jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para este Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal, y con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios." Así mismo, la tesis número P.LXV/99, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, página 7 cuya voz y contenido son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión." Así como la jurisprudencia por reiteración número P./J. 122/99, sostenida por el propio Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, la cual señala: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." Al efecto, este tribunal colegiado revisor, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que en términos de la fracción V, del diverso 63 de la invocada ley, procede sobreseer en el juicio de amparo sujeto a revisión, por una causa de improcedencia distinta a la invocada por la autoridad de amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Para actualizarse dicha causa de improcedencia, se requiere materializarse los siguientes supuestos: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Orienta sobre el particular, al compartirse su contenido, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada con la clave VI.2o. J/339, en la página 70, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 83, Noviembre de 1994, Octava Época, de texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en el juicio de amparo indirecto sujeto a revisión, el acto reclamado se hizo consistir en: La resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la que declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de la sentencia en el expediente 363/2011." Cabe señalar que la impugnante en el presente recurso de revisión, refiere que en contra de la resolución interlocutoria interpuso recurso de apelación inadmitido por la autoridad responsable. En efecto, en parte de sus agravios, señala: "la suscrita promoví ante la responsable mediante una promoción presentada ante la oficialía de partes de término Toluca de fecha 28 de abril de dos mil veintidós recurso de apelación en contra del acto reclamado en esta instancia, mismo al cual le recayó un acuerdo de fecha 29 de abril de 2022 mismo que a la letra dice: . Visto el contenido del que se provee, atenta a la cuantía de la suerte principal del negocio, con fundamento en los artículos 1054, 1063, 1077 del Código de Comercio y 57 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, resulta improcedente su petición, toda vez que conforme a lo previsto en el numeral 1339 del ordenamiento legal invocado en primer término, las resoluciones que se dicten en asuntos cuya cuantía sea inferior a la cantidad de $757,365.46 SETECIENTOS CINCUENTA SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL), no son apelables. Luego entonces, queda plenamente acreditado que la suscrita sí cumplí con el principio de definitividad en el cual se fundó el sobreseimiento del presente juicio de amparo y de igual forma, también se observó lo dispuesto en el multicitado por esta autoridad federal numeral 1339 del Código de Comercio" De lo anterior, se advierte que la quejosa refiere que en contra del acto reclamado, interpuso recuro de apelación, el que fue inadmitido por la responsable al considerar que en asuntos cuya cuantía sea inferior a la cantidad de $757,365.46 SETECIENTOS CINCUENTA SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 MONEDA NACIONAL), no resultan apelables. Lo expuesto al respecto constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, pues tiene eficacia convictiva para demostrar que la accionante de amparo en contra del acto reclamado interpuso recurso de apelación ante el juez del conocimiento el que le fue inadmitido por razón de cuantía. Así las cosas, resulta inconcuso que la resolución reclamada quedó sustituida procesalmente por el auto que inadmitió el recurso de apelación, al resultar un medio de impugnación idóneo, esto es, procedente conforme a la ley. Lo anterior, porque en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, para determinar si una resolución o sentencia es irrecurrible, debe considerarse la suerte principal del negocio judicial, al tiempo de presentación de la demanda. En el caso concreto, acorde con las constancias del juicio de origen, el monto de la suerte principal, a la fecha de presentación de la demanda es de $457,584.90 (cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. Ahora bien, en el año dos mil once, que corresponde a la anualidad en que se inició el juicio 363/2011, del índice del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, del que sobreviene el acto reclamado, el artículo 1339 del Código de Comercio, disponía que solo era recurribles las sentencias que recayeran en negocios cuyo valor excediera de dos cientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin considerar interés y demás accesorios, reclamados a la fecha de presentación de la demanda. Efectivamente, la citada disposición legal, señalaba: "Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el último párrafo de la fracción VI del artículo 1253. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Luego, si el monto de la suerte principal en el juicio de origen, al tiempo en que se presentó la demanda resultaba superior a doscientos mil pesos, es palmario que procedía el recurso de apelación en contra del acto reclamado, el que bien si fue interpuesto por la impetrante del amparo, fue desechado por la responsable, quedando firme ese proveído, pues en el caso concreto se reclama la resolución interlocutoria que desestimó el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia no así el auto que desechó el recuro idóneo, en el caso el de apelación. En tal virtud, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la materia, al haber sido sustituido el acto reclamado consistente en la interlocutoria que desestimó la prescripción negativa de la ejecución de sentencia definitiva, con motivo de haberse interpuesto el recurso de apelación en contra de esa resolución, el que fue inadmitido. Ciertamente, si el acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de dieciocho de abril de dos mil veintidós, dictada por el Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la que declaró improcedente el incidente de prescripción de ejecución de la sentencia en el expediente 363/2011, se impugnó a través del recurso de apelación inadmitido por la responsable, el acto reclamado quedó sustituido procesalmente por la determinación que desechó el recurso de apelación interpuesto en su contra. Luego, se considera que el acto reclamado dejó de tener fuerza vinculativa entre lo determinado por la autoridad responsable y la posible afectación reclamada, al haber quedado sustituidos procesalmente por el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós que inadmitió el recurso de apelación. En ese contexto jurídico, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, por lo que en términos del diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto sujeto a revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), sustentada por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 841, del Libro XIV, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2002188, de texto siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: 'APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).', al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Lo resaltado no es de origen. En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva.Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos que en derecho corresponda.

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