Zaray Caracheo Lazcano

Expediente 1855/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1855/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Zaray Caracheo Lazcano

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho; contra actos del Presidente de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 1855/2023-VI. DESECHAMEINTO. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo.". ACTO RECLAMADO. En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión y/o diligencia de emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral * del índice de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, hoy *del índice de la Junta Número Cinco de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo el laudo y su ejecución. Demanda en la que la promovente, adujo que tuvo conocimiento del acto reclamado el once de octubre de dos mil veintitrés, a través de la consulta física del sumario de origen; no obstante ello, también refirió que desde el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, promovió dentro del juicio laboral natural, pues hasta tal data, únicamente tenía conocimiento de que existía un laudo condenatorio en su contra, el que cual trataban de ejecutar; pues así lo manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad, tal como se advierte de lo que se transcribe a continuación: Manifestación de conocimiento por parte de la promovente del juicio de origen, bajo protesta de decir verdad y que hace prueba plena en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Así, si bien la quejosa refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta que se impuso de la totalidad de los autos que conforman el expediente de origen; lo cierto es que, al menos desde el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, tuvo conocimiento de que se dictó un laudo en su contra, el cual se había tratado de ejecutar, de lo que se colige que desde tal data la impetrante sabía de la existencia de un juicio instaurado en su contra, que el mismo había sido resuelto y que se encontraba en etapa de ejecución; pues tales circunstancias fueron las que motivaron que promoviera dentro del juicio natural. De lo que antecede, se concluye que desde el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la impetrante se encontraba en oportunidad de solicitar el amparo y protección de Justicia de la Unión, pues al menos desde tal data tuvo conocimiento de la existencia del juicio laboral en su contra, que en dicho expediente ya se había dictado laudo, y que el mismo, se encontraba en etapa de ejecución. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Junio de 1996, página, 57, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En razón de lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. Ahora bien, la referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Por lo tanto, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". La tesis que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que en el caso, no se surte ninguno de los supuestos que pudieren dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión y/o diligencia de emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral * del índice de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, hoy *l índice de la Junta Número Cinco de la Local de Conciliación Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; y, como consecuencia, todo lo actuado incluyendo el laudo y su ejecución, del cual, tuvo conocimiento el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo anterior, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo se computa a partir del día siguiente a la citada fecha (veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés). En ese contexto, es innegable que desde la fecha indicada la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, si de la demanda que se acuerda se advierte que en la boleta de turno en el apartado de fecha de presentación/fecha de depósito aparece que fue el dieciséis de noviembre de la presente anualidad, esto permite evidenciar que fue presentada a través del buzón judicial establecido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federal en el Estado de México; en consecuencia, a esa fecha ya había transcurrido en exceso el término legalmente establecido para ello, que corrió del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (día hábil siguiente al que tuvo conocimiento del acto reclamado) y feneció el seis de noviembre de la misma anualidad; lo anterior, sin considerar los días que refiere el artículo 19 de la ley de materia, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los previstos en los avisos de suspensión de labores signados por el Coordinador de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y Juzgado Mercantil Federal, con residencia en Toluca; en los que comunicó que con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como de conformidad en lo dispuesto en el artículo 6, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las Coordinaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ante el propio Consejo, por causas de fuerza mayor -paro organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales- se suspendieron las labores los días diecisiete, dieciocho y del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, así como el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal, con residencia en Toluca; asimismo, mediante diverso aviso signado por los Coordinadores de los Juzgados y Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, también se suspendieron labores del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, como se ejemplifica en los siguientes cuadros. SEPTIEMBRE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 26 DÍA UNO 27 DÍA DOS 28 DÍA TRES 29 30 OCTUBRE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 DÍA CUATRO 3 DÍA CINCO 4 DÍA SEIS 5 DÍA SIETE 6 DÍA OCHO 7 8 9 DÍA NUEVE 10 DÍA DIEZ 11 DÍA ONCE 12 DÍA INÁBIL 13 DÍA DOCE 14 15 16 DÍA ÍNHABIL 17 DÍA ÍNHABIL 18 DÍA ÍNHABIL 19 DÍA ÍNHABIL 20 DÍA ÍNHABIL 21 22 23 DÍA ÍNHABIL 24 DÍA ÍNHABIL 25 DÍA ÍNHABIL 26 DÍA ÍNHABIL 27 DÍA ÍNHABIL 28 29 30 DÍA TRECE 31 DÍA CATORCE NOVIEMBRE 2023 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 01 DÍA INHABIL 02 DÍA INHABIL 03 DÍA INHABIL 04 05 06 DÍA QUINCE ÚLTIMO DÍA 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 DÍA DE PRESENTACIÓN DE DEMANDA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días, desde la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de noviembre de la presente anualidad), lo que pone en evidencia que, ya había fenecido el plazo de quince días que el accionante del amparo tenía para hacerlo. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este juicio, debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. Por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo.". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, se desecha por extemporánea la demanda de amparo, promovida por Zaray Caracheo Lazcano, por propio derecho; contra actos del Presidente de la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y otras autoridades. DOMICILIO. Ahora, con fundamento en el artículo 26 fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario "Mariopc3419", con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia; lo anterior, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto al diverso domicilio procesal que señala, a efecto de evitar la duplicidad de notificaciones. AUTORIZADOS. En diverso aspecto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador González Rivera, pues cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral a los restantes, por no contar con el registro correspondiente. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a los usuarios "Mariopc3419" por lo que se comisiona al oficial judicial "A", para que habilite los campos necesarios para ello. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

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