Zaidel González Palma

Expediente 1111/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1111/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Zaidel González Palma

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ********* por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1111/2019-II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El cobro de la cantidad de******** por el concepto de derecho por la renovación de placas. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, el acto que la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo es: El cobro de la cantidad de $751.00 (setecientos cincuenta y un pesos), por el concepto de derecho por la renovación de placas. En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Además, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. ." Las disposiciones constitucionales y legales transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Es aplicable la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Es aplicable la jurisprudencia 451, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 300, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394407, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el citado acto reclamado fue emitido y/o ejecutados por autoridades distintas de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, esto es, por el Secretario de Finanzas del Estado de México y Gobernador Constitucional del Estado de México, y si bien es cierto que conforme al artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, frente a las resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tienen la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa (razón por la cual en ese sentido resulta necesario agotar el recurso administrativo de inconformidad, previamente a la promoción del juicio constitucional), toda vez que dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que si bien es susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución, no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover alguno de dichos recursos o medios de defensa -el que elija de manera optativa-, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Por tal motivo, dado que los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al cual se encuentran sujetos los actos de autoridad que se reclaman en esta vía constitucional, previenen tanto el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, como el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como medio de defensa mediante los cuales el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama, inclusive la suspensión del acto reclamado, es de sostenerse que la interposición optativa de alguno de dichos medios de defensa es obligatoria para la parte quejosa, en atención al principio de definitividad; empero, si es obligatorio agotar alguno de ellos, ya que la optatividad radica en que cualquiera de los dos recursos pueden interponerse inmediatamente. Esto es, la parte quejosa puede elegir entre promover el recurso administrativo de inconformidad, o acudir directamente al juicio contencioso administrativo, previo a acudir al juicio de amparo; empero, si elige el primero de ellos y obtiene sentencia adversa a sus intereses, entonces -adicionalmente- deberá acudir al juicio contencioso administrativo, reclamando la nulidad de la sentencia dictada en el recurso administrativo de inconformidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia IX.1º.J/9, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1031, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189268, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." En abundamiento, los artículos 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, no exigen mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; asimismo, se precisa que los citados artículos de la Ley de Amparo son de idéntica redacción a los diversos 124 y 125 de la Ley de Amparo abrogada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Asimismo, es aplicable la tesis II.1o.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1766, del tomo II, del Libro VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad." Por tanto, en el caso concreto, conforme a las Jurisprudencias antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando la impetrante de amparo señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que -como ya se precisó- aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Zaidel González Palma contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México otras autoridades, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Dado que la parte quejosa proporciona su nombre de usuario, el cual ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por vía electrónica. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julián Ortiz Román, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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