Yusmaidy Ortiz Olvera
Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Yusmaidy Ortiz Olvera
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción b)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 22 del del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se tuvo por no presentada la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdoba y Ordóñez, Chiapas; trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la quejosa en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiese realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por Yusmaidy Ortiz Olvera. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, registro digital 213454, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN.". Debe decirse que el criterios que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se aponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Yusmaidy Ortiz Olvera por su propio derecho, recibida a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, de quienes reclama la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 357/2021. Lo anterior, sin que pase desapercibido que la demanda de cuenta, se presentó a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, y fue firmada electrónicamente por Olivia Robles Noriega; de modo que carece de evidencia criptográfica y/o firma electrónica de la promovente; no obstante ello, atendiendo al contenido del párrafo segundo del artículo 1o. constitucional y a efecto de proteger los derechos humanos de la directa quejosa, es decir, favoreciendo a su protección más amplia, se provee respecto del contenido de la demanda. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.)1, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID- 19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad 1 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, registro digital 2023202. para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL LUCÍA CORTÉS SIERRA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.cf.71 10/09/22 14:05:57 QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso. Es importante resaltar que del contexto de la demanda se aprecia que la promovente, reclama la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual, se niega a la quejosa de mérito la petición para trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, este juzgador estima que tal acto reclamado no se ubica dentro de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15, de la Ley de Amparo, que ameritan la concesión de la medida cautelar de oficio y de plano conforme al diverso 126 de la ley de la materia. Lo anterior se considera así, porque acorde con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concederá la suspensión de oficio y de plano cuando los actos que se reclamen vía acción constitucional, importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, respecto a los cuales el Juez de amparo deberá proveer sin demora, pues de lo contrario, podrían causarse al quejoso perjuicios graves de imposible reparación. En esa medida, se reserva proveer respecto de la suspensión del citado acto reclamado, hasta que de ser el caso, se provea sobre la admisión de la demanda. RATIFICACIÓN DE DEMANDA Aclarado lo anterior, y a fin de que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que la directa quejosa ratifique la petición de amparo. En consecuencia, con apoyo en el diverso 114 de la ley de la materia, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: a) Comparezca ante juzgado a manifestar si ratifica o no la demanda de amparo. b) Asimismo, para que en caso de que ratifique la demanda precise si ha promovido algún recurso o solicitud ante las autoridades responsables a efecto de combatir la resolución reclamada. c) Manifieste si es su deseo señalar como autorizada a la persona que firma el escrito de demanda. d) Señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Se apercibe a la directa quejosa, que de no ratificar la demanda y cumplir con las prevenciones que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. En la inteligencia que para cumplir con lo anterior, con apoyo en los artículos 3, 4 y 6 todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá de agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" en el apartado "Agenda OJ". Asimismo, dicha cita deberá ser en el horario que se asignó a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el turno vespertino como jornada presencial, teniéndose como horario de entrada las 13:15 horas y como horario de salida las 19:15 horas, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se reserva proveer lo relativo a la autorización de la persona que la directa quejosa refiere en su escrito de demanda así como la apertura del expediente electrónico hasta en tanto, la directa quejosa ratifique la demanda de amparo. No obstante lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio en donde pueda ser localizada y de las constancias que ajuntó a su demanda no se aprecia, ningún dato que permita la localización personal de la directa quejosa por conducto del actuario de la adscripción. Entonces, a fin de no dejarla en estado de indefensión, por única ocasión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente acuerdo se realice vía electrónica, debiendo observar las reglas establecidas en los dispositivos 30 y 31 de la ley de la materia, con el nombre de usuario "OLIVIARONO", a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Hom e/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso.
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