Yury Waleska Medina Acosta
Expediente 1256/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Yury Waleska Medina Acosta
Actuaciones
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los presentes autos el *****, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, únicamente para obre como constancia; en virtud que en resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, se resolvió este incidente. No obstante lo anterior, Como lo solicita, con fundamento en los 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2º, en su oportunidad, expídanse las copias certificadas que solicita, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Hágase del conocimiento del citado representante social, que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene fijo como horario de atención al público, de las nueve treinta horas a las catorce treinta horas, ello de lunes a viernes. Notifíquese.
- Incidental
Por lo anterior expuesto y fundado, con base en lo establecido por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *****, por propio derecho y en representación de la infante de identidad reservada *****, contra actos atribuidos al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ******, por propio derecho y en representación de la infante de identidad reservada *****, contra actos atribuidos al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con sede en esta ciudad, para los efectos indicados en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese.
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se trae a colación el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad; y anexos, con número de promoción 14509 mediante el cual rindió su informe justificado y remitió diversas constancias relativas a los actos reclamados (..).Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. (.).Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. (.).Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: (.).En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: (.).Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. (.).Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la parte quejosa, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (fojas 73- 74). 2. Proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa, y le asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual le fue notificado (fojas 77-79), y, 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de la parte quejosa (foja 83). De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que le fue notificada personalmente el quince de agosto de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (ocho de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. (.)SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). (.).Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el oficio firmado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés ***, refriere que señaló las doce horas del diez de octubre del año en curso, en el área de videoconferencia de ese centro de reclusión, para la reproducción de dos discos en formato DVD, remitidos por la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado ***; asimismo, solicita se le haga saber el nombre del actuario y material que ingresará a ese centro de reclusión para la práctica de la diligencia. Ahora, en virtud que este Juzgado de Distrito, en preparación a la aludida diligencia tiene que notificar de manera personal a las partes la fecha señalada para el desahogo, y la data programada para la diligencia es muy próxima, requiérase a la citada Directora General para que de no existir inconveniente alguno, en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, se sirva señalar nueva fecha y hora para la aludida reproducción del material audiovisual, la cual deberá ser de cuando menos con una anticipación de diez días, para que este órgano de control constitucional, esté en aptitud de hacerlo saber a las partes que pudieran acudir al desahogo del mencionado medio de convicción. Por otra parte, en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés ***, se reservó proveer respecto a las manifestaciones del inconforme ***, mediante el cual solicitó que el día en que fuera reproducido el DVD, estuviera presente su defensor Público y el autorizado de nombre ***; consecuentemente, se ordena levantar la reserva, y atento a sus manifestaciones, dígase al inconformé que únicamente se autoriza para que acuda al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, para que esté presente en la reproducción del material audiovisual al Defensor Público Federal que le fue designado, por ser autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y quien lo asesora en el trámite del presente asunto, por tanto, no se autoriza para estar presente en el desahogo de la citada prueba a ***, ya que únicamente se encuentra autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Como lo solicita la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, infórmesele que la Actuaria adscrita a este Juzgado comisionada para dar fe de la reproducción del materia audiovisual es la licenciada ****, el material que contendrá la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de trece de octubre de dos mil veintiuno, formulada por el Agente el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Mixta II, con sede en Valparaíso, Zacatecas, celebrada en la causa penal número 050/2021, del índice de la citada autoridad judicial responsable, será un dispositivo USB; asimismo, se solicita se autorice el ingreso del licenciado ****, Defensor Público Federal y autorizado del quejoso, quien estará presente en el desahogo de la diligencia. Se apercibe a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS Chiapas, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, que en caso de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 236, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, no obstante que la referida población, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de la jurisdicción que ejerce este Tribunal. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico ***. Notifíquese personalmente al quejoso y al Defensor Público Federal. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza, Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario, Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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