Yuridia Zamora Hernández
Expediente 1105/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado
- Yuridia Zamora Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha veintitrés de febrero del año en curso, se decretó el archivo del presente expediente, señalando que es susceptible de depuración y ordenándose conservar la demanda y sentencia relativas al presente juicio de amparo, siendo lo correcto que el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO el cinco de enero del año en curso, procedió a dar contestación al escrito de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó dictar auto de requerimiento de pago y en su caso embargo correspondiente dentro del juicio laboral 25/2013-A, por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".Omisión de acordar escrito" Como se advierte del informe justificado rendido por el PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, que efectivamente mediante proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo respectivo; por lo cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de garantías la omisión de acordar escrito, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha cinco de enero del año en curso, dio contestación al escrito de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó dictar auto de requerimiento de pago y en su caso embargo correspondiente dentro del juicio laboral 25/2013-A; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
*** Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO el cinco de enero del año en curso, procedió a dar contestación al escrito de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó dictar auto de requerimiento de pago y en su caso embargo correspondiente dentro del juicio laboral 25/2013-A, por lo que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: ".Omisión de acordar escrito" Como se advierte del informe justificado rendido por el PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, que efectivamente mediante proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo respectivo; por lo cual manifiesta que han cesado los efectos del acto reclamado. Ante tales condiciones, se advierte que se actualiza en la especie, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Todo lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado el quejoso en su libelo de garantías la omisión de acordar escrito, y durante la tramitación del juicio de amparo, la autoridad responsable informó a este juzgado que, con fecha cinco de enero del año en curso, dio contestación al escrito de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se solicitó dictar auto de requerimiento de pago y en su caso embargo correspondiente dentro del juicio laboral 25/2013-A; por lo que es evidente que ocurre una cesación de efectos y, por ende, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que y ano está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al existir una causal de improcedencia que es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo vigente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido del informe justificado que rindió la autoridad responsable; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
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