Yulier Pérez Cabrera y Otros.

Expediente 610/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
610/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Yulier Pérez Cabrera y Otros.
  • Yulier Pérez Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, que declaró el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, por desistimiento de la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Se precisa que de acuerdo a la certificación que antecede, juicio de amparo se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, si bien es cierto en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, cabe destacar que en acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se concedió de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en términos del punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, emitido en el mes de agosto de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración. Ello es así, pues en el referido numeral textualmente se establece: [.] 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre la suspensión de plano se deberán valorar como depurables [.]. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los Secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los Secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que se verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza a la Secretaria de Juzgado encargada de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1093/2021, promovido por , por propio derecho, contra actos de la Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido por buzón judicial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el mismo día, por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; Verónica Tuxpan Lara, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de las autoridades y por los actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. 2. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos de Genero, Región Sur en el Estado de Tlaxcala (Mariana Leticia Romero Marín). IV.- ACTOS RECLAMADOS 1. La determinación dictada por la Juez responsable en la audiencia oral de diez de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa judicial 20/2020, por la cual se establece que la quejosa no es persona idónea para representar a la menor de identidad reservada J.F.T. 2. La manifestación del Ministerio Público, en la que estableció que la quejosa no es persona idónea para representar a su menor hija. Lo anterior por estimar que tales actos son violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintidós de noviembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su modificación contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el propio medio oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal y porque se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que, Verónica Tuxpan Lara, reclama: La determinación dictada por la Jueza Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa judicial 20/2020, por la cual se establece que la quejosa no es persona idónea para representar a la menor víctima de identidad reservada J.F.T. 2. Del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos de Genero, Región Sur en el Estado de Tlaxcala (Mariana Leticia Romero Marín), la manifestación hecha dentro de la audiencia oral de diez de noviembre de dos mil veintiuno en la causa judicial 20/2020. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur, de Tlaxcala, Tlaxcala, en su denominación correcta encargada de la carpeta de Investigación C.I.UIEDVI-S26/2019, al rendir su informe justificado admitieron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia auténtica del expediente judicial 20/2020 y el registro de audio y video de la audiencia celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, Octava Época, del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, visible en la página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . Asimismo se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2004362, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, visible en la página 703, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante oficio número 17/2020 de veintitrés de enero de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Investigación Especializada de Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Sur, solicitó al Juez de Control y de Juicio Oral en Turno del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, Tlaxcala, librara orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Plata, por el delito de violación cometido en victimización de la menor de edad de identidad reservada J.FT. 2. El veintidós de enero de dos mil veinte, la Juez Tercero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, librÓ la orden solicitada por el fiscal. 3. Por oficio P.I. 91/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte, los Oficiales del Vigésimo Segundo Grupo de Policía de Investigación del Estado de Tlaxcala, pusieron a disposición de la Juez responsable a Inés Gómez Plata (foja 36 del Tomo de pruebas I). 4. El treinta de enero de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Inés Gómez Plata, por el hecho que la ley señala como delito de violación en victimización de la menor de edad L.F.T. (foja 65 y 66 del Tomo de pruebas I). 5. Por escrito fechado el seis de noviembre de dos mil veinte, Verónica Tuxpan Lara, solicitó a la Juez responsable que se le reconociera personalidad dentro de la causa judicial como representante de su menor hija L.F.T. por ejercer la patria, la guarda y custodia provisional (foja 89 y 90 del Tomo de pruebas I); con dicho escrito por auto de veintitrés del mencionado mes y año, se ordenó dar vista al Agente el Ministerio Público (foja 94 del Tomo de pruebas I). 6. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público formuló acusación dentro de la carpeta de investigación UIEDVI-S/26/2019, en contra de Inés Gómez Plata, por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual; por auto de veintinueve del mencionado mes y año, la juez responsable tuvo por recibido el escrito de acusación y señaló fecha para la audiencia intermedia (foja 147 a 162 del Tomo de pruebas I). 7. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la juez responsable tuvo a Verónica Tuxpan Lara, como representante de la menor víctima de identidad reservada de iniciales J.F.T. (foja 249 del Tomo de pruebas I), cargo que fue aceptado el nueve de julio del año en cita (foja 262 del referido tomo de pruebas). 8. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Ministerio Público Mariana Leticia Romero Marín, manifestó a la Juez responsable que existe un conflicto de intereses, ya que la madre de la menor víctima tuvo una relación con el acusado y se encuentra en investigación en contra de la ofendida por el posible delito de omisión de cuidado, por lo que pidió que se le permitiera a la hermana de la víctima para que se le reconocerá como se representante de la menor; a lo que la juez determinó que se le permitiera el acceso a María Concepción Tuxpan Lara para el acompañamiento y se dio la intervención al padre de la víctima y fijó fecha para la audiencia intermedia. Como se desprende del audio y video. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo es improcedente en relación con el acto consistente en la manifestación hecha por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos de Genero, Región Sur en el Estado de Tlaxcala (Mariana Leticia Romero Marín), dentro de la audiencia intermedia de juicio oral de diez de noviembre de dos mil veintiuno en la causa judicial 20/2020, consistente en que la quejosa no es persona idónea para representar a la menor víctima, en virtud de que esta funcionaria no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio; por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Ahora bien, para determinar si el acto que se le atribuye a la Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos de Genero, Región Sur en el Estado de Tlaxcala, debe considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es conveniente tener presente lo dispuesto en los artículos 105, fracción V, 127 y 131, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que el Ministerio Público es parte del procedimiento penal y le compete, entre otras funciones, la investigación del delito, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. De acuerdo con el artículo 344 de la citada codificación penal, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. En ese sentido, la manifestación hecha por la fiscal, dentro de la audiencia intermedia de juicio oral de diez de noviembre de dos mil veintiuno en la causa judicial 20/2020, consistente en que la quejosa no es persona idónea para representar a la menor víctima, se hizo necesaria la intervención de la Juez de Control, de manera que el Ministerio Público quedó sujeto a las determinaciones de la autoridad jurisdiccional. Por tanto, dado que en la especie la Agente del Ministerio señalada como responsable ha quedado sujeta a las determinaciones de la Juez de Control que conoce de la causa judicial, por lo que no es dable estimar que sus actuaciones sean unilaterales, en la medida que estarán vinculadas con lo resuelto por el citado Juez de Control. Sirve de apoyo a esta conclusión, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022071, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." (Lo resaltado es propio) Por lo tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Región Sur, de Tlaxcala, Tlaxcala que interviene en la causa judicial 20/2022, del índice del juzgado responsable, al actualizarse la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de Fondo. Son infundados los conceptos de violación planteados por la quejosa respecto del acto que atribuye a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala, consistente en la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa judicial 20/2020, por la cual se establece que la quejosa no es persona idónea para representar a la menor víctima de identidad reservada J.F.T. En efecto, la quejosa señala que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 párrafo V y 19 párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes, así como su garantía de debido proceso y legalidad, ya que no ha cometido alguna conducta delictiva que amerite que no sea persona idónea para representar a la menor víctima y que se le pretende quitar la representación que le fue otorgada por el Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza dentro del expediente 615/2020. Es infundado lo señalado por la parte quejosa, en razón de que no se viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 párrafo V y 19 párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes, ni la garantía de debido proceso y legalidad. Al respecto es oportuno destacar que la causa judicial 20/2020, de la cual derivan los actos reclamados, se sigue por el delito de violación en contra de Inés Gómez Plata, quien es pareja sentimental de la hoy quejosa Verónica Tuxpan Lara, además de que existe una carpeta de investigación por el delito de falta de cuidado en contra de la quejosa, en victimización de la menor J.F.T., lo que hace evidente que se encuentra en juego el interés superior de la menor víctima de identidad reservada hija de la quejosa, por lo que fue correcto que la responsable haya revocado la representación de la impetrante del amparo. Pues, como la juez responsable estableció que debida la existencia de un conflicto de intereses entre la víctima con la hoy quejosa, al existir una carpeta de investigación en su contra por el delito de omisión de cuidado, es obligación de las autoridades garantizar el acompañamiento de las víctimas, por lo que como Verónica Tuxpan Lara, quien ejerce la custodia de la víctima J.F.T. y se encuentra en conflicto su representación, nombró en su lugar a la hermana y padre de la menor María Concepción Tuxpan Lara y Jaime Flores Torres, respectivamente, para ser representada dentro de la causa judicial de la que emanan los actos reclamados. Lo anterior, se considera ajustado a derecho, pues con independencia de que la madre sea quien ejerza la custodia de la menor víctima, ello no implica que la quejosa sea la persona idónea para representarla dentro de la causa judicial, ya que tratándose de menores de edad se busca proteger en toda su amplitud sus intereses, por lo que la juez responsable al tener conocimiento de la existencia de una carpeta de investigación en contra de la hoy quejosa por el delito de omisión de cuidado, en agravio de la víctima J.F.T., tenía la obligación de nombrar un representante para lograr el bienestar de la menor. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.", señaló que el principio del interés superior del menor de edad debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con éste, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.", se precisó que el concepto de interés superior del niño que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptó el Estado Mexicano, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Además, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", indicó que la suplencia de la queja deficiente es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia ni a conceptos de violación y agravios, pues su alcance comprende desde el escrito inicial de demanda hasta el periodo de ejecución de la sentencia, en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, atendiendo a que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y, en especial, a menores de edad, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida; de hecho. En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.", destacó que para valorar el interés superior del menor de edad, en ocasiones se impone un estudio comparativo y beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que se tendrán que examinar minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente para el niño, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecerlo; principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Por lo que fue legal que la juez de control haya acordado en favor de la menor la solicitud del Ministerio Público, consistente en nombrar como representante de la víctima a María Concepción Tuxpan Lara y al padre de la menor; sin que ello implique nulidad de la custodia que dice le fue otorgada por el Juez Familiar, ya que la determinación reclamada, tiene como consecuencia jurídica que la menor sea representada por una persona idónea dentro de la causa judicial de la que emana el acto reclamado; sin que directamente tal nombramiento en el procedimiento penal tenga efectos en el ejercicio de los derechos y obligaciones en materia familiar; no obstante ello, si incide de manera provisional en el ejercicio de tales derechos cuando pueda considerar que pudieran ir en contra de sus intereses; por lo que son inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer. Pues si bien el efecto del nombramiento del representante de la menor quien ejerce la guarda y custodia provisional coarta sus derechos ello se justifica en aras de proteger a la menor víctima de la posible comisión de un delito. Luego, ante lo ineficaces de los conceptos de violación planteados; procede negar el amparo y protección de la Justicia federal solicitados. No pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas a título de alegatos por el tercero interesado José Carlos Juárez Pérez; sin embargo, no procede su análisis, al no existir obligación de pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, lo anterior, de acuerdo con el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 20/93, localizable en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 31, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", máxime que su análisis no variaría en nada la decisión aquí alcanzada. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Verónica Tuxpan Lara, por propio derecho en contra de las autoridades y por los actos que se precisaron en el segundo considerando y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Verónica Tuxpan Lara, respecto del acto y autoridad señalada en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la quejosa y tercero interesada, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    *****Número de expediente: 1102/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso Armando Torres Lemus; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo , téngasele remitiendo copia de la resolución de jubilación número 024/2022, de dieciséis de mayo del año en curso, emitida por la Directora General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: Ahora bien, del contenido de la constancia aquí recibida, que goza de pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado, Armando Torres Lemus, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, que hizo consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, porque la autoridad lo deroga o lo revoca, o porque por cualquier otra circunstancia se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." . Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora bien, para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes requisitos: 1. Un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional que deje insubsistente en forma permanente el que es materia del juicio de amparo; Una situación que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados; o Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que en su caso llegare a pronunciarse. El primer requisito se encuentra acreditado, porque la parte quejosa señaló como actos reclamados y violatorios de sus derechos fundamentales, la omisión de dar cumplimiento a la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 964/2018, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa. Por lo que hace al siguiente elemento necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis identificada con la letra "b" del punto 2, consistente en que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, un acto de autoridad que restituya a la quejosa en sus derechos fundamentales violados y que constituye el acto reclamado. Lo anterior es así, ya que posterior a la presentación de la demanda de amparo -veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno-, la Directora General de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, mediante resolución de dieciséis de mayo del año en curso, dio cumplimiento a la resolución de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 964/2018, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, siguiendo los lineamientos establecidos en la misma -materia de la presente Litis-, resolución que refiere el quejoso en su escrito de cuenta, le fue debidamente notificada en esa misma fecha. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que inicialmente combatió ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En ese contexto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, pág. 4648, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO." SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con dos minutos del treinta de mayo del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de veinticinco de mayo pasado suscrita por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que se hace constar que no le fue posible notificar y emplazar a juicio al tercero interesado Luis Enrique Mendieta Ramírez, como se ordenó mediante proveídos de dieciocho y veinticuatro de mayo del año en curso, dictados en el juicio de amparo 597/2022, del índice propio, ya que al constituirse en el domicilio señalado para emplazar al tercero interesado de referencia, fue informado que si vive en dicho domicilio pero no se encuentra en la ciudad de Tlaxcala por motivos de trabajo fuera de ella y se desconoce el día que regrese; lo anterior sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de marzo del año en curso dictado en el expediente en que se actúa, se ordenó emplazar al citado tercero interesado por medio de edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal, de igual forma en auto de veinticinco de abril pasado se señalaron los días para dicha publicación. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

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