Yuriana Irene Palacios Vilchis
Expediente 953/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2021
Partes del expediente
- Yuriana Irene Palacios Vilchis
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el escrito de demanda promovido por Yuriana Irene Palacios Vilchis, contra el Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se admitieron pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente civil 807/2019. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 953/2021-III, en el libro de gobierno respectivo, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Antes de proveer sobre su admisión y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella; y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: En cuanto a lo establecido y en lo que corresponde a las autoridades señaladas como ordenadoras, EL PROVEÍDO DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, consistente en el auto admisorio de pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el litigio, mismo que corre agregado a las constancias de autos, visible a fojas 215 a la 218 del expediente civil número 807/2019 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y que fue ejecutado sin mediar notificación personal alguna a favor de la hoy quejosa dentro del proceso de carácter civil ante la autoridad ya mencionada.-" Lo transcrito se advierte que el acto aquí reclamado lo constituye el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, consistente en la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, dictado dentro del juicio civil 807/2019, del índice de la autoridad responsable; por tanto, dicho acto no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del peticionario de garantías. Es así, pues conforme a la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia o laudo favorable a sus intereses en el juicio. En cambio, los actos procesales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado, sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo definitivo favorable; por lo que, cuando el agraviado logra el objetivo principal, dichos efectos y consecuencias se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En el caso concreto, el acto que desea reclamar es una violación procesal en el juicio civil consistente en el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se admitieron pruebas ofrecidas por las partes, dentro del expediente civil 807/2019, por lo que dicho acto no constituye una violación de carácter irreparable, en virtud que no afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la peticionaria de garantías, por lo que ante tales evidencias, podemos decir que es un acto que se traduce en una violación procesal cuya naturaleza no es irreparable, ya que aún puede obtener una resolución favorable y la violación de que se queja habrá desaparecido, y en el supuesto de que la citada sentencia o resolución le sea adversa a sus intereses, podrá reclamar la violación procesal ante la instancia correspondiente, que en su caso promueva contra la resolución definitiva emitida. De ahí que el acto reclamado se trata de una violación intraprocesal, supuesto en el cual no es procedente el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, a contrario sensu y 172, fracción III, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable, la jurisprudencia número 406, por las razones jurídicas que informa sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 272 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, cuyo rubro literalmente reza: "PRUEBAS, ADMISIÓN DE, A LA CONTRAPARTE. VIOLACIÓN PROCESAL RECURRIBLE EN AMPARO DIRECTO. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del laudo, sentencia o resolución, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro del juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que admite las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí solo y desde luego, ningún perjuicio a la contraria; éste, podrá actualizarse, eventualmente, hasta que el tribunal efectúe la valoración de esas probanzas, la que sólo tiene lugar al dictarse el laudo que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la admisión de dichas pruebas agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo, podría alegarse la violación cometida durante el procedimiento." De igual forma, la tesis número 407, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 273 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, cuyo rubro literalmente reza: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley." De ahí que el acto reclamado se trata de una violación intraprocesal, supuesto en el cual no es procedimiento de amparo indirecto, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, 172 fracción III, y 171, todos de la Ley de Amparo vigente. En ese sentido, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, en atención a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 del ordenamiento jurídico citado. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el preámbulo de la demanda y como autorizado en términos del segundo párrafo del numeral 24, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de autos a Miguel Alberto Minor Gómez, en virtud de no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, que acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho...
- Principal
Vista, la certificación que antecede y del estado procesal de autos, se desprende que entre la vista concedida a la parte tercero interesada Banco Santander México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, a través de su apoderado legal Marco Antonio Ruiz Aguirre, en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, para efecto de que manifestara lo que a su interés convenga respecto de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número Siete "El Naranjo"; y Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Dos, Distrito Judicial de Huixtla, ambos con residencia en Huixtla, Chiapas, a la fecha de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, no ha transcurrido íntegramente el plazo de los ocho días a que se refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo. En ese sentido, para no transgredir las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración...
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