Yunior Noel González Machado y Otros.

Expediente 575/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
575/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Yunior Noel González Machado y Otros.
  • Delegado Regional y de Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Glósese a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, transcribe el auto de veintitrés de mayo del mismo año, emitido en el expediente 1379/2020 de su índice, en el que se desprende que fue devuelto el exhorto 794/20222, de su índice, enviado al Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, y las actuaciones que practicó con motivo de la encomienda solicitada por esa autoridad laboral. Ahora bien, de la diligencia de embargo de diez de mayo de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al juzgado exhortado, embargó la cuenta número 0116091105 a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Villaflores, Chiapas, y/o Municipio de Villaflores con R.F.C. MVC050101608, que se encuentran aperturadas en la Institución Bancaria BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, únicamente por la cantidad de $866,152.29 (ochocientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y dos pesos 29/100 MN), ordenando girar oficio a la institución bancaria de referencia para que embargue la cuenta aperturada a nombre de la demandada, en el caso que la misma cuente con saldo favorable; como pago de las prestaciones económicas a que fue condenada en el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Por lo expuesto, se tiene a la autoridad responsable oficiante en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, de esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES días hábiles, en lo que a su esfera competencial corresponde, informe las actuaciones que faltan por realizar dentro del expediente 1379/2020, de su índice; asimismo, para que una vez que la institución bancaria BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México dé contestación, remita el acuerdo correspondiente; en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de garantías. Se apercibe a la autoridad burocrática que de no informar o manifestar el impedimento que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una multa por Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, 22/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con el artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral citado en primer término, que dispone: Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad laboral, que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por José Ángel Celestino Ramírez, por medio del cual manifiesta que toda vez que la autoridad responsable Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante, de haber transcurrido más de dos meses, solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en autos. Asimismo, solicita se requiera de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria, apercibiéndolo que de no dar cumplir a la concesión de amparo se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado de Circuito para llevar a cabo el trámite de inejecución. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se requirió a Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Encargada del Área de Recursos Humanos de dicha Secretaría, para que una vez que la Secretaría de Hacienda libere el recurso para el pago de la parte quejosa, autorizado mediante el oficio CJG/SJC/123/2022, de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador, a través del dictamen de procedencia de pago, remitan las constancias correspondientes que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos del presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no se advierte que la Secretaría de Hacienda ha liberado el recurso para el pago a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades oficiantes, para que dentro del término de tres días, informen las gestiones realizadas respecto del cumplimiento de la concesión de amparo, asimismo, remitan las constancias correspondientes. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, con veintidós centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 259, de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Encargada del Área de Recursos Humanos de dicha Secretaría, que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD." En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Especializado en Juicio Oral Mercantil, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de abril del año en curso, remite la totalidad de las constancias del expediente 26/2019, de su índice, en copia certificada. En consecuencia, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con la constancia que anexa fórmese el cuaderno de pruebas correspondiente (TOMO I); y dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar.

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