Yunuem Magdalena Jimenez Rivas
Expediente 1111/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Yunuem Magdalena Jimenez Rivas
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto dictado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio de la Jueza Primero de lo Mercantil en esta ciudad, mediante el cual, remite la demanda de amparo presentada por ***, contra actos de la citada juzgadora de instancia; acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 1111/2021. Luego, del análisis del ocurso de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario) del ordenamiento referido, conforme las cuales el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, en sentido inverso, si lo controvertido no lesiona tal clase de prerrogativas, surge la improcedencia del juicio biinstancial. Sobre el particular, a partir de la ley de la materia publicada el dos de abril de dos mil trece (aplicable a este contencioso), el Máximo Tribunal del País en diversos criterios ha sido consistente en señalar que la referida imposible reparación deriva del hecho de que el acto reclamado produzca una afectación material a los indicados derechos sustantivos o impida en forma actual su ejercicio (a manera de ejemplo pueden citarse la vida, la integridad personal o la libertad en sus diversas manifestaciones). Por tanto, lo anterior que excluye de tutela en la vía de amparo indirecta a los actos de naturaleza formal, adjetiva o procesal. Entre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, orientados en el sentido acabado de indicar, se trae a colación la de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En el caso concreto, la parte quejosa señaló expresamente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS, VIOLACIONES DEL PROCEDIMIENTO: a).- Todo lo actuado del expediente marcado con el número 74/2021, tramitado ante la C. Jueza Primero de lo Mercantil de la capital, promovido por la suscrita en contra de la C. Rosa Amelia Robes Martínez, así como el auto de la audiencia de fecha dieciséis de Agosto del presente año y consecuentemente todo lo actuado. De esta autoridad también se reclama: El auto de audiencia levantada por la secretaria de acuerdos Lic. Dora Luz Arámbula Escobar de fecha dieciséis de agosto del presente año, en donde se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas. Reclamo además de esta autoridad: todas las consecuencias de hechos y de derecho que se deriven de los actos reclamados y que afecten la esfera de mis derechos subjetivos públicos. Se reclaman hasta este momento procesal con base en el artículo 106 de la Ley de Amparo" De esa transcripción, así como de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante reclama: 1.- El acta de audiencia de desahogo de pruebas del dieciséis de agosto de la presente anualidad, llevada a cabo dentro del juicio mercantil 74/2021 del índice de la responsable. 2.- Como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad a dicha actuación. Lo anterior, en su carácter de actora en ese procedimiento, aduciendo que la citada diligencia no fue practicada por el juez respectivo con lo que se transgredió el principio de inmediación, así como que se hizo constar su incomparecencia, a pesar de estar presente en el local del juzgado, lo que motivó que se declarara desierta la testimonial y confesional ofrecidas de su parte. Sin embargo, dicha actuación, no afecta derechos sustantivos (vida, la integridad personal o la libertad) ni impide su ejercicio, sino en todo caso, únicamente transgrede prerrogativas adjetivas o procesales, en la medida que se relaciona con cuestiones meramente probatorias y, por ende, procedimentales. De ahí, que la afectación que genera puede ser reparable en caso de obtenerse sentencia favorable en el procedimiento de origen o puede ser reclamable en amparo directo; lo que actualiza la inviabilidad en cuestión y, que como consecuencia necesaria, se hace extensiva a las actuaciones reclamadas con posterioridad al acuerdo probatorio emitido en audiencia, esto, por no combatirse por vicios propios. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.- El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto" En tales condiciones, se desecha de plano la demanda por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Téngase como domicilio de la promovente para recibir notificaciones el despacho jurídico marcado con el número ciento veintiuno, poniente de la calle Negrete de la zona centro de esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley a Marco Antonio Ortiz Reyes, Luis Gerardo Flores Montenegro y Juan Rodríguez Fernández. Finalmente, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la norma en cita. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos del que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, se procede al estudio de dicha cuestión en términos del artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, Grupo de Administración de Bienes y Servicios Guadalajara, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador único, reclamó de la Junta Local de Conciliación y arbitraje en el Estado siguiente: "ACTO RECLAMADO.- De la H. Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, reclamo su ilegal e inconstitucional notificación (es) de fechas (s) 30 y 31 de Mayo de 2019 así como la práctica anómala e ilegal del día 27 de Octubre del 2020 (notificación de laudo), así como los efectos jurídicos posteriores que originaron las mismas en el laudo condenatorio en contra de la Moral que represento y OTRO, sin haber sido oídos ni vencidos en el juicio laboral del cual se duele y que fue promovido por el *** en perjuicio de la moral que represento y OTRO, dentro de los autos del expediente laboral 247/2019, iniciado ante la ahora aquí autoridad señalada como responsable, juicio del cual, NUNCA se enteró mi mandante" En sentencia del treinta de abril de dos mil veintiuno, se concedió la tutela federal para los siguientes efectos: "Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango deje insubsistentes las diligencias que conforman los citatorios y emplazamientos realizados por el actuario notificador de su adscripción dentro del juicio laboral ***, así como todo lo actuado con posterioridad, como son el laudo dictado en ese procedimiento y su notificación, pues sólo de esa forma se podrá restablecer el orden constitucional quebrantado como lo exige el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Sentencia que causo ejecutoria el siete de junio siguiente, por lo que se requirió a la autoridad responsable su debido cumplimiento. En atención a dicho requerimiento, la responsable remitió el oficio CL43/2021, al cual acompañó copia certificada del proveído del treinta de julio de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio laboral 247/2019, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistentes las diligencias que conforman los citatorios y emplazamientos realizados por el actuario adscrito a esa junta, así como todas las actuaciones legales subsecuentes, como son el laudo dictado y las providencias tendentes a su ejecución. Con el cumplimiento dado por la responsable, se dio vista a la quejosa y tercero interesado por el término de tres días, para que manifestaran lo que a sus derechos estimaran pertinentes, sin que al efecto hubieren realizado manifestación al respecto. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el presente juicio de amparo y el contenido del oficio y anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de dicho cumplimiento, con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 del ordenamiento legal en cita, en caso de no interponerse en el plazo legal el recurso que prevé el artículo 201 de la referida ley, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del referido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia y ejecutoria, así como la resolución de cumplimiento que contiene el archivo y valoración del presente expediente, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
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