Yolanda Sosa Blake

Expediente 133/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
133/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Sosa Blake

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese la copia del oficio número 437/2022 que remite el Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Durango de la Fiscalía General de la República y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no está debidamente emplazada a Juicio la sucesión a bienes de la tercero interesada ***; por otra parte, toda vez que se instó el juicio sucesorio intestamentario número ***, seguido ante el Juzgado Tercero de lo Familiar de esta ciudad, en ese sentido, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días computados de manera legal, informe a este Juzgado si en dicho juicio ya se designó albacea, para emplazar por su conducto a juicio a la citada sucesión. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá, una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señala como nueva fecha las nueve horas con treinta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese.

  3. Principal

    CITATORIO PROMOVENTE.- AUTO 18-02-22.- Número de expediente: 133/2022 Agréguese el escrito de **** mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de once de febrero de dos mil veintidós. Ahora, vistos los autos de cuenta, específicamente la demanda que dio origen al presente expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango y otra autoridad, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- LO ES: A).- DE LA PRIMERA SALA CIVIL COLEGIADA, reclamo: El acuerdo de fecha catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022), dictado en autos del Toca marcado con el número **** relativo a la apelación interpuesta por la suscrita en contra del auto de fecha diecisiete (17) de marzo del dos mil veintiuno (2021). Dictado dentro de la Cuarta Sección del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del SR. **** marcado con el número de expediente **** tramitado por y ante la C. Juez Tercero de lo Familiar en la Capital y consecuentemente todo lo actuado con posterioridad al mismo." Ahora bien, constituye un hecho notorio para este resolutor, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte la existencia del expediente ****del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, promovido por **** contra actos de la Primera Sala Civil Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Durango y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aparece asimismo, que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictó un proveído dentro de dicho expediente en el que se admitió a trámite la demanda de amparo intentada; asimismo se advierte que los actos reclamados en dicha demanda de amparo, derivan del expediente **** del Juzgado Tercero de lo Familiar. Establecido lo anterior, debe decirse que el artículo 46 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil quince, en lo que interesa, prescribe: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes:[.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.]" Por su parte, el mismo artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en lo que interesa, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Conforme tales numerales, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal, estableció los criterios generales para que un asunto de nuevo ingreso deba turnarse un órgano jurisdiccional determinado, por existir un antecedente que hace procedente la vinculación, entre ellos, que cuando un juicio de amparo indirecto, sea promovido contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional, se turnará al órgano que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Asimismo, se estableció que cuanto se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En el caso particular, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, en virtud que en el Juzgado Primer de Distrito en el Estado, existe un antecedente que hace procedente la vinculación, dado que en el diverso juzgado de Distrito, se encuentra en trámite un asunto en que se estudian actos derivados del expediente dictó determinación en relación con el Expediente **** del Juzgado Tercero de lo Familiar. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase al aludido Juzgado el presente expediente, para que tenga a bien determinar lo conducente, en el entendido de que en el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Se solicita el acuse de recibo respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado del presente juicio, así como la certificación que antecede de la que se desprende que el egreso del presente juicio como carga laboral del órgano jurisdiccional, lo constituye la sentencia del nuve de febrero de do mil veintidós, misma que fue firmada de forma autógrafa por los intervinientes, para posteriormente ser incorporada al expediente electrónico a través de la función "Expediente Electrónico-Integrar Expediente Electrónico" la cual se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y con ello, acatar las disposiciones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de que exista coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. En ese orden, toda vez que el presente juicio fue presentado de manera electrónica y la parte quejosa solicitó las notificaciones por la misma vía a través del usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con la finalidad de que la notificación de la sentencia en comento esté legalmente realizada en los términos de la Ley de Amparo, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, practíquese la notificación a las partes del presente proveído, así como de la sentencia aludida, misma que se inserta a continuación. "Victoria de Durango, Durango, nueve de febrero de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: I Presentación y datos de la demanda Mediante escrito recibido de manera electrónica en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el tres de marzo de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, Operadora *** y ***, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovieron demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "V.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a) El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango. b) El C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango. c) El C. Secretario de Finanzas y Administración del Estado Libre y Soberano de Durango. VI.- ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, se reclama lo siguiente: a) La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 486 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el 27 de diciembre de 2020, en específico por lo que hace a los artículos 8, Apartado D, inciso c) y 9 de la anterior Ley, mismo que establece lo siguiente: ARTÍCULO 8.- En materia de beneficios fiscales, se otorga durante el ejercicio fiscal 2021, subsidios al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal, y a los derechos a que se refiere el inciso A), fracción II del artículo 60, y una reducción a los derechos establecidos en el artículo 52, fracción IV, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Durango; asimismo se determina el porcentaje y periodo del estímulo fiscal aplicable, en relación al artículo 59 fracciones II y IV de la Ley de Fomento Económico, de acuerdo a lo siguiente: (.) D. LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, ESTÍMULOS FISCALES c) Para efectos del artículo 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en relación al artículo 59, fracción I inciso c) de la Ley de Fomento Económico, los años de exención del Impuesto sobre Nómina, será de 6. ARTÍCULO 9.- Para el ejercicio fiscal de 2021, los contribuyentes que paguen el Impuesto sobre Nóminas conforme a la opción establecida en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, gozarán de una reducción del 10% del Impuesto sobre Nóminas causado. b) La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 212 por el que se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 23 de diciembre de 1999, específicamente por lo que hace a la creación de los artículos 2 al 12 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Durango, en cuanto al contenido de los mismos que subsisten al día de hoy. c) La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 153 por el que se reformó la Ley de Hacienda del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 25 de junio de 2017, específicamente por lo que hace a la creación del artículo 12 Bis de la referida Ley de Hacienda del Estado de Durango, en cuanto al contenido de mismo que subsisten al día de hoy. d) La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 485 por el que se reformó la Ley de Hacienda del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 24 de diciembre de 2020, en específico por lo que hace a los artículos 7, 11, fracción III y 12 de dicha Ley. Los anteriores Decretos Legislativos dieron como resultado las nuevas disposiciones legales que hoy regulan en su conjunto el impuesto sobre nómina en el Estado de Durango, mismas que por esta vía se reclaman y cuyo texto actual es del tenor siguiente: "TITULO SEGUNDO DE LOS IMPUESTOS CAPITULO I DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ARTÍCULO 2.- . ARTÍCULO 3.- . ARTÍCULO 4.- . ARTÍCULO 5.- . ARTÍCULO 6.- . ARTÍCULO 7.- . ARTÍCULO 8.- . ARTÍCULO 9.- . ARTÍCULO 10.- . ARTÍCULO 11.- . ARTÍCULO 12.- . ARTÍCULO 12 bis. . 2. Del C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, se reclama la expedición del Decreto Promulgatorio, respecto de los Decretos citados en los incisos a), b), c) y d) del Punto 1 anterior. 3. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado Libre y Soberano de Durango, se reclama el cobro y recaudación del impuesto sobre nómina que se ve incidido en las disposiciones legales que se tildan de inconstitucionales. La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 31 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II Admisión y trámite Mediante proveído del cinco de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, registrándose el presente juicio con el número 244/2021, se ordenó requerir a las autoridades responsables sus informes y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: I Aclaración en cuanto a las tesis y jurisprudencias que se invocarán Las tesis y jurisprudencias que se apliquen en este fallo y, que fueron las primeras emitidas y las segundas integradas en fecha anterior a la relativa a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo (es decir, antes del tres de abril de dos mil trece), el suscrito juzgador estima viable su aplicación por no resultar su texto contrario a la legislación de que se trata (salvo que se haga acotación distinta en algún caso particular), según lo autoriza el Artículo Sexto Transitorio del propio cuerpo legal en comento. II Competencia Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido a que se reclaman una normas generales cuya aplicación se verificó en un lugar en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. III Fijación de la Litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: - La discusión, aprobación, expedición, y promulgación de los siguientes actos legislativos: Decreto 486 por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, en específico por lo que hace a los artículos 8, apartado D, inciso c) y 9 de la citada ley. Decretos 212, 153 y 484, por los cuales se expidió y reformó la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en específico por lo que hace a los artículos 2 al 10, 11 fracción III, 12 y 12 bis de la ley en mención. Normas que se reclaman con motivo de los actos en que se dice se aplicaron las hipótesis legales tildadas de inconstitucionales, es decir, como heteroaplicativas. IV Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si tal acto en verdad existe, habida cuenta que de no resultar cierto, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. Resultan verídicos los actos que se reclaman al Gobernador Constitucional y Congreso, ambos del Estado de Durango, así como del Secretario de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, pues así se advierte de sus informes justificados (fojas 101 a 104, 124 a 157 y 165 a 171). Por otro lado, es cierta la existencia de los numerales reclamados ya que resulta indudable su existencia, ya que al haberse difundido en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, resulta suficiente para que este órgano de control constitucional conozca su contenido y alcance. También resulta cierto el acto de aplicación de las normas reclamadas consistente en la recaudación que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango, dado que así lo reconoció el Subprocurador Fiscal en el informe justificado que rindió; además, se corrobora con las copias de los recibos de pago del impuesto sobre nóminas a nombre de Operadora Wal Mart, S. de R.L. de C.V., transacción 2021-156713 y el diverso recibo a nombre de Servicios Administrativos Wal-mart. S. de R.L. de C.V., transacción 2021-155541, allegados por el promovente de amparo, lo que basta para acreditar con certeza la existencia de tal reclamo (visibles a folios 110 vuelta y 116 vuelta). V Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido que resultó cierto lo reprochado por la parte quejosa, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías, en acatamiento a lo que ordena el numeral 62 de la Ley de Amparo, analizando en primer término lo relacionado con el acto de aplicación y, en segundo, lo atinente a las normas combatidas. Hipótesis de inviabilidad que se desestiman. El Secretario de Servicios Jurídicos del Congreso del estado de Durango, aducen que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que refiere no se acreditó el primer acto de aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, por lo que al no demostrarse su aplicación, no se afecta el interés jurídico de las empresas quejosas. Es incorrecto dicho planteamiento. El supuesto de inviabilidad hecho valer se concreta en caso que no se demuestre el acto de aplicación, cuando se impugnen normas generales posterior al inicio de su vigencia. De los recibos de pago a nombre de Operadora Wal Mart, S. de R.L. de C.V., transacción 2021-156713 y el diverso recibo a nombre de Servicios Administrativos Wal-Mart, S. de R.L. de C.V., transacción 2021-155541, se pone en evidencia que la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado de Durango, a través de la Dirección de Recaudación, expidió esos documentos a su nombre, en lo que aquí concierne, por los siguientes conceptos: "TRANSACCIÓN 2021-156-713 1001 ISN DECLARACIÓN MENSUAL 12033 AJUSTE POR REDONDEO (ART. 25 C.F.E.)" "TRANSACCIÓN 2021-155541 1001 ISN DECLARACIÓN MENSUAL 12033 AJUSTE POR REDONDEO (ART. 25 C.F.E.)" Entonces, el pago del numerario por los conceptos descritos corroboran el acto de aplicación, en atención a que desde el once de febrero de dos mil veintiuno, el justiciable resintió en su patrimonio el pago por concepto de impuesto sobre nómina. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada" De igual manera, el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, aduce que se concreta la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la ley de la materia, toda vez que refiere que la parte quejosa realizó el pago por concepto de impuesto sobre nómina el once de febrero de dos mil veintiuno y, que la demanda fue presentada el cinco de marzo del año en cita; por tanto, aduce que el ocurso de garantías fue presentado fuera del plazo de quince días establecido por el numeral 17 de la Ley de Amparo. Debe desestimarse tal argumento, toda vez que según se advierte de la papeleta generada por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, se evidencia que la demanda en cuestión fue presentada de forma electrónica el tres de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del doce de febrero al cuatro de marzo de dos mil veintiuno, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero del año en cita, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la ley de la materia. Por tanto, al haberse presentado el escrito de garantías el tres de marzo en cita, se concluye que la misma se encuentra dentro del plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Causa de improcedencia que se actualiza. Por lo que hace a la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, de manera oficiosa se advierte que se actualiza el supuesto normativo previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que en su contra la parte quejosa no hizo valer concepto de violación alguno. Del primer precepto citado se desprende que el juicio constitucional podrá sobreseerse cuando la causa de improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o de un diverso artículo de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo numeral establece los requisitos que debe cubrir el escrito de demanda de amparo indirecto, entre ellos, la formulación de conceptos de violación. Los conceptos de violación deben entenderse como los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa con la finalidad de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado; es decir, son los razonamientos vertidos por el quejoso tendentes a exponer en qué consiste la violación constitucional a cargo de las responsables en sus actos de autoridad. Luego si bien la legislación en cita no impone determinados requisitos para la formulación de los conceptos de violación, por lo que el peticionario de amparo está en la mayor libertad de redactarlos, lo cierto es que por lo menos debe argumentar lo mínimo necesario atendiendo a la causa de pedir, a fin de poner analizar el acto que se reclame, ya que de no ser así, se actualizaría un impedimento técnico para tal efecto. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte concepto de violación alguno tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. En esos términos, si en el presente caso no opera la suplencia en la deficiencia de la queja y la parte impetrante no expuso conceptos de violación en relación con tales artículos que reclama, se está ante la imposibilidad para discernir sobre su inconstitucionalidad, porque esta última debe analizarse al tenor de los argumentos expuestos por el quejoso para demostrarla. Por tanto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo y procede sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia, única y exclusivamente en relación a las citadas porciones normativas. Por otra parte, no se colige que las partes hayan planteado alguna otra causal que amerite su análisis en este apartado y, en otro, no obstante el examen oficioso respectivo, el suscrito no advierte que se concrete alguna otra causal de improcedencia. Entonces, lo que procede es el estudio de los motivos de disenso. VI Conceptos de violación La parte quejosa formuló los motivos de inconformidad que estimó pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, debido a que tal circunstancia no deja a ella ni a las demás contendientes en este proceso constitucional en estado de indefensión, toda vez que no se les veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. VII Estudio de fondo Unos conceptos de violación son inoperantes y otros infundados, mismos que serán analizados de manera conjunta en el orden en que fueron planteados. 1.- Análisis de la inconstitucionalidad de los 9 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en relación del numeral 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. a) La parte quejosa en su primer concepto de violación, aduce que la reducción del diez por ciento en el impuesto sobre nóminas tiene una incidencia directa sobre los sujetos, tasa y la base de la contribución. Que la redacción de tales numerales implica una alteración en el sentido y alcance de los elementos esenciales del impuesto, incidencia en la mecánica del tributo; lo anterior, ya que el beneficio a que los sujetos beneficiados pagan el tributo a una tasa de 1.80 %, frente a la del 2.0% de la que pagan quienes como ellos no se ven favorecidos en dicha hipótesis. Tales argumentos son infundados. A fin de justificar dicha calificativa, convienen citar los artículos en estudio, cuyo tenor literal, es: Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno: "Artículo 9. Para el ejercicio fiscal de 2021, los contribuyentes que paguen el Impuesto Sobre Nóminas conforme a la opción establecida en el Segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, gozarán de una reducción del 10% del Impuesto sobre Nóminas causado.". (Se trascribe). Ley de Hacienda del Estado de Durango: "DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS "Artículo 7. Tratándose de contribuyentes cuyo impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior no exceda de la cantidad de doscientas veces el valor diario de la UMA vigente al cierre de ese ejercicio, efectuarán pagos trimestrales por los periodos de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre a más tardar el día diecisiete de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente, respectivamente. Los contribuyentes podrán optar por pagar mediante declaración en una sola exhibición a más tardar el día 17 del mes de febrero, el Impuesto Sobre Nóminas que estimen causar en el ejercicio fiscal de que se trate, siempre y cuando el monto de lo pagado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, no exceda de la cantidad de doscientas veces el valor diario de la UMA vigente al cierre de dicho ejercicio. Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en el párrafo anterior, deberán presentar la declaración asentando en la parte superior derecha la siguiente leyenda "SE OPTA POR PAGO ANUAL", quedando relevado de la obligación de presentar las declaraciones mensuales o trimestrales del ejercicio fiscal por el que se estima el impuesto, pero estarán obligados a presentar una declaración a más tardar el día 17 del mes de enero del año siguiente a aquel por el que se ejerció la opción, en la que liquidará en forma definitiva el impuesto a su cargo, señalando la diferencia a pagar, el saldo a su favor o marcándola en ceros según corresponda. En ningún caso se dejará de causar recargos por las diferencias que en su caso resulten entre el monto que efectivamente se entere con el que se debió de haber enterado de no tomar la opción a que se refiere este párrafo. La opción a que se refiere este párrafo no podrá variarla respecto al mismo ejercicio fiscal." (Se transcribe). De esos preceptos se desprende que a los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre nóminas, que opten por pagar anualmente y en el ejercicio anterior hayan cubierto un importe por concepto de dicho tributo que no exceda de doscientas veces el pago diario de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), se les otorgará un descuento del diez por ciento del impuesto causado. De lo que deriva un estímulo fiscal que no tiene relevancia impositiva, en tanto no altera ni modifica la mecánica relativa a la determinación del impuesto referido, porque no impacta en alguno de sus elementos esenciales como lo son el objeto, base, tasa o tarifa. Lo anterior, ya que surge una vez determinado el impuesto, disminuyendo los ingresos que por ese concepto se debe enterar al Estado, en relación con los sujetos obligados que tengan a su cargo el pago del tributo. Además, si bien el estímulo implica una reducción en el monto de la erogación que finalmente debe enterarse como consecuencia del impuesto, también lo es que ello no significa una alteración a los elementos esenciales del tributo, pues tal disminución se hace al monto final determinado, que no tiene relación alguna con el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago del impuesto, de manera que no incide en forma alguna en estos, por lo que esa contribución, se insiste, no puede quedar sujeta al cumplimiento de los principios tributarios a que aluden las inconformes. De manera que tal estímulo tampoco tiene relación con la tasa que se aplica a los contribuyentes que se ubican en dicho supuesto, en términos del artículo 7 de la ley de ingresos local, pues no se modifica en términos generales la tasa prevista en la norma, sino que una vez que se calcula el tributo se aplica la reducción del diez por ciento. Tampoco cambia a los sujetos a los que se dirige el tributo, dado que siguen siendo los mismos que de manera general contempla la ley local; por lo que es inconcuso que dicho beneficio tributario no tiene incidencia en la mecánica general de determinación del impuesto, en tanto que no es un factor que forme parte de sus elementos esenciales que son los que se toman en cuenta para su determinación, sino que se trata de una reducción posterior que se aplica una vez causado el impuesto aludido. En ese sentido, es incorrecto lo aseverado por las empresas quejosas en el sentido de que el estímulo en controversia incide en la tasa del impuesto, al señalar que los beneficiados con aquel podrán aplicar una tasa del uno punto ocho por ciento (1.8%); dado que el cálculo del tributo se lleva a cabo conforme a la aplicación de los elementos esenciales que aplican en lo general, incluyendo la tasa del dos por ciento (2%), y una vez obtenido el resultado respectivo, podrá aplicarse la reducción del diez por ciento (10%) en cuestión. De ahí lo infundado tales planteamientos. Ilustra sobre lo considerado por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 69/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 87, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, registro electrónico 2015020, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto mencionado del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013 establece la posibilidad de que las personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el público en general y que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el respectivo cumplimiento de las obligaciones, apliquen para el referido ejercicio fiscal una cantidad equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto al valor agregado que deben pagar por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, el cual será acreditable contra el referido impuesto que deban pagar por dichas operaciones. Ello, siempre que los contribuyentes no trasladen al adquirente de los bienes, al receptor de los servicios independientes o a quien se otorgue el uso o goce temporal de bienes muebles, cantidad alguna por concepto del impuesto al valor agregado y que no realicen acreditamiento alguno del impuesto referido que les haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Ahora bien, es criterio de este alto tribunal que los beneficios otorgados por razones no estructurales de la contribución, son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden ubicarse entre los denominados "gastos fiscales", es decir, los originados por la extinción y disminución de tributos traducidos en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social adoptada en un época determinada. En este contexto, el estímulo fiscal de que se trata no constituye un ajuste a la estructura, diseño o monto del impuesto al valor agregado, ya que no afecta directamente a sus elementos esenciales ni al mecanismo que incide en el aspecto sustancial de la obligación fiscal que genera dicha contribución, no obstante que dicho estímulo haga referencia a un acreditamiento, pues tal elemento se otorga a manera de un crédito con el fin de que los sujetos del beneficio no paguen el tributo de que se trata en el ejercicio fiscal de dos mil catorce. En consecuencia, a dicho estímulo fiscal no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Entonces, contrario a lo pretendido por las personas morales recurrentes, el estímulo fiscal analizado, no tiene un fundamento tributario, ni atiende a un hecho estrictamente fiscal, por lo que no se rige por los derechos de justicia tributaria que dispone el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Por tanto, no hay duda que el examen constitucional de las disposiciones legales de que se trata, por su índole jurídico-tributaria, no cabe emprenderlo bajo la óptica de la equidad tributaria. Al respecto, es aplicable, en sentido contrario, la jurisprudencia: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. Los estímulos fiscales, además de ser benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa, respetando los principios de justicia fiscal que les sean aplicables cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución, como sucede en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables una vez cumplidos los requisitos previstos para tal efecto" También es aplicable, en lo conducente, las jurisprudencias de rubro: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA" Derivado de lo anterior, deben declarase inoperantes todos los demás conceptos de violación vertidos en el primer concepto de violación de la demanda de amparo. Lo anterior, ya que en esencia, se trata de evidenciar el trato diferenciado e inequitativo de tales normas para acceder al estímulo fiscal en mención; sin embargo, tales argumentos se enderezan bajo la perspectiva de transgresión al principio de equidad tributaria, lo cual como se dijo, no aplica en este caso; de ahí, que se actualice el impedimento para analizar tales disensos. Al efecto, cabe invocar la jurisprudencia: "RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE PRETENDE EVIDENCIAR QUE LAS TABLAS DE LOS ARTÍCULOS 114, 115 Y 178 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LAS DEL SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL DEL DECRETO DE REFORMAS A DICHA LEY, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). Los artículos de referencia establecen los mecanismos para la determinación del subsidio acreditable y del crédito al salario en el impuesto sobre la renta, los cuales no constituyen en sí mismos una contribución, ya que el subsidio acreditable tiene como finalidad apoyar económicamente a las personas físicas con menores ingresos exentos, mientras que el crédito al salario es un estímulo fiscal otorgado a favor de los trabajadores que en general reciben menos ingresos. En este sentido, si las tablas contenidas en los artículos 114, 115 y 178, en relación con las del segundo de las disposiciones de vigencia anual del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2005, forman parte de esos beneficios fiscales para los trabajadores asalariados o asimilados, y no se integraron a la estructura típica del impuesto sobre la renta, es inconcuso que no les son aplicables los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad y equidad contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, los argumentos en los que se pretenda evidenciar que las mencionadas tablas transgreden dichos principios tributarios, resultan inoperantes." En virtud de lo anterior, resultan inatendibles los criterios y ejecutorias que invoca la parte quejosa en este apartado del escrito inicial pues los hace depender de los argumentos que fueron desestimados anteriormente, en términos de la jurisprudencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA" b) En el segundo concepto de violación la parte quejosa aduce que los preceptos legales que combate contravienen el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por transgresión del derecho humano de igualdad. Refiere que existe distinción en las normas entre los sujetos que se encuentran en la misma situación de hecho, sin que exista una razón que lo justifique, esto es, que sin una justificación objetiva y razonable se otorgan reducciones del impuesto a diversos sujetos que guardan una relación de igualdad con la parte quejosa. Aduce, que no existe validación razonable que convalide dicho trato preferencial, esto, bajo la óptica de que la contribución en cuestión es un impuesto monofásico y de devengo instantáneo, por lo que, para su determinación y pago no deben considerarse circunstancias particulares de los contribuyentes que realicen el hecho imponible, de manera que no debe tomarse en consideración la situación personal del contribuyente. Esgrime que el legislador limita el acceso a la posibilidad de acceder a la reducción del diez por ciento del impuesto, no obstante los sujetos beneficiados realizan las mismas erogaciones objeto del impuesto, lo que no es objetivo ni razonable para dejarla fuera del beneficio, lo que no se justifica el trato preferencial. De ahí que, concluye la parte quejosa, que se da un tratamiento preferente a ciertos contribuyentes por sus características particulares bajo cuestiones ajenas al objeto de impuesto, ya que es intrascendente la actividad desarrollada por el contribuyente, pues basta que se lleve a cabo la erogación para que se actualice el hecho imponible, lo que no acontece ya que existe desigualdad sobre las erogaciones por remuneraciones a quienes se otorga un beneficio, razón por la cual, no están debidamente fundadas y motivadas tales normas. Tales motivos de inconformidad son infundados. A fin de justificar dicha calificativa, debe precisarse que derivado que en esos argumentos se reclama en esencia la existencia de un trato diferenciado, respecto de las normas que contemplan el beneficio fiscal en cuestión, que como se dijo anteriormente no pueden ser analizado bajo un parámetro de equidad tributaria, los conceptos de violación propuestos y antes resumidos, deben ser estudiados bajo un parámetro a la luz de garantía de igualdad, en términos de la tesis: "EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD" En esa tesitura, la igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación, conocen de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada Para determinar lo anterior, resulta útil la herramienta interpretativa que es aplica apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado, en torno a la cual, se ha considerado que en materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. De manera que la elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Lo que se encuentra establecido en la jurisprudencia: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. El test de proporcionalidad es un procedimiento interpretativo para resolver conflictos de normas fundamentales, apoyado en los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado; en segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios relativos a que la distinción legislativa: a) persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin; y, c) sea proporcional. Ahora, en materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que para no vulnerar su libertad política, en campos como el mencionado, las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables Bajo las directrices antes mencionadas, cabe señalar que el Decreto 208 expedido por la Legislatura de esta entidad federativa, en que se introdujo por primera vez el estímulo de que se trata, se señaló lo siguiente: ". en relación con el impuesto sobre nómina, se establece una opción de pago anual anticipada que vendrá a simplificar y disminuir los costos que implica la recaudación del mismo, facilitando al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;" "Con las reformas referidas, la administración pública estatal dispondrá de mayores recursos económicos dentro de su hacienda pública lo que permitirá atender las demandas de la población relacionadas con la prestación de los servicios públicos, a su cargo la ejecución y mantenimiento de obras sociales, logrando con ello un desarrollo armónico y equilibrado en nuestra comunidad." De lo anterior, se tiene que si bien las normas en cuestión contemplan solo a algunos sujetos del impuesto para acceder al beneficio previsto, lo cierto, es que ello persigue una la finalidad constitucionalmente válida y objetiva, ya que se advierte que el estímulo fiscal en cuestión tiene una finalidad objetiva, la cual se traduce en incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer más eficiente el pago de los tributos, objetivos que deben considerarse válidos, pues el establecimiento del beneficio referido pretende la captación de recursos económicos para cumplir con las demandas de la población. De manera que la disminución en el pago del impuesto sobre nóminas debe considerarse acorde con el fin perseguido, en tanto que aquellos causantes con menos erogaciones por concepto de ese tributo al contar con pocos empleados, quedan estimulados a continuar enterando el impuesto, ya que la reducción tiende a que no se deje de cubrir la contribución y que se motive su pago, aunque sea reducida la cantidad de trabajadores que se tenga y deba ser menor el monto de la declaración, por ejemplificar la finalidad. Además, constituye una medida racional porque es adecuada para alcanzar la finalidad que se persigue, en tanto que con ella se permite hacer más eficiente el cobro de los tributos, pues, se insiste, la reducción alienta al pago del impuesto y, a su vez, inhibe la conducta omisiva de los causantes de no enterarlo por tener pocos trabajadores o por ser menor la cantidad del impuesto que se calcula y, de esa manera, al obtener ingresos tanto de esos contribuyentes que no dejarán de cumplir con su obligación gracias al beneficio establecido, como de aquellos con un número superior de empleados, se captan mayores recursos económicos dentro de la hacienda pública que permitirán atender las demandas de la población relacionadas con la prestación de los servicios públicos, la ejecución y mantenimiento de obras sociales, entre otras medidas que, contrario a lo aseverado por las disconformes sí se encuentran asentadas en la exposición de motivos en cuestión. Derivado de lo anterior, son infundados los conceptos de violación. En el entendido que las anteriores consideraciones fueron sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 94/2019 que confirmó la sentencia al confirmar la sentencia emitida en el juicio 279/2019 del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que en el caso, la medida se sustente en una situación particular del sujeto obligado, ya que como se quedó evidenciado, los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre nóminas, que opten por pagar anualmente y en el ejercicio anterior hayan cubierto un importe por concepto de dicho tributo que no exceda de doscientas veces el pago diario de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), se les otorgará un descuento del diez por ciento del impuesto causado; de manera que el beneficio en cuestión no atiende a una particularidad propia del contribuyehte como persona física o moral en sí mismo considerara, tal y como se pretende evidenciar, sino tiene la finalidad de incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y hacer más eficiente el pago de los tributos, lo que es acorde con el fin perseguido, en tanto que aquellos causantes con menos erogaciones por concepto de ese tributo al contar con pocos empleados, quedan estimulados a continuar enterando el impuesto. De manera que también son infundados los disensos relativos a las particularidades personales del contribuyente y, por ende, son inaplicables los criterios invocados en la demanda de rubro: "IMPUESTO AL GASTO Y AL CONSUMO", ya que solo se hace referencia a la naturaleza del impuesto y, que por antonomasia no se hace referencia a la situación personal del contribuyente, lo que como se dijo, no acontece en este caso. De igual forma en nada incide la tesis de rubro: "NÓMINA. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES EL SUJETO PASIVO DE ESE IMPUESTO, POR LO QUE AL REALIZAR PAGOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL DE SUS SERVIDORES, REVELA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA", toda vez que solo refiere quien es el sujeto pasivo para efectos del tributo. También es inaplicable la diversa "NÓMINA. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA PARA EFECTOS DE ESE IMPUESTO LOCAL, A PESAR DE QUE REALICE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE IMPARTIR JUSTICIA CON RECURSOS PÚBLICOS PRESUPUESTADOS", ya que solo establece que nuestro Máximo Tribunal genera el hecho causante de la contribución a pesar que es de su función pública. Tampoco no es obstáculo a la decisión alcanzada el criterio: "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR REGLA GENERAL LA ACTIVIDAD DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A IMPOSICIÓN FEDERAL, LOCAL O MUNICIPAL", ya que se refiere a obligatoriedad de la Suprema Corte de ser sujeto pasivo con motivo de la obligación. En ese orden, respecto de las alegaciones vertidas por la quejosa por lo que hace a la ejecutoria de las que emanaron tales tesis, no cobran aplicación porque las normas reclamadas no hacen referencia a una situación personal del contribuyente. Por las mismas consideraciones, tampoco es aplicable lo invocado por la quejosa referente a la contradicción de tesis 15/2020. Finalmente son inoperantes, los argumentos en los que se sostiene trasgresión a los principios igualdad universalidad y generalidad, pues se hacen depender de los anteriormente desestimados, según la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos" c) En su tercer concepto de violación la parte quejosa hace referencia a la transgresión a la garantía de legalidad y seguridad jurídica en relación con el principio de razonabilidad de la medida. Los argumentos ahí planteados gozan de la misma calificativa que los abordados en el inciso que antecede. Lo anterior, ya que las normas que nos ocupan, no involucran más que un estímulo con los fines ya establecidos, mas no establecen un trato discriminatorio por criterios relacionados con el origen étnico o nacional, el género, la edad, el hecho de tener capacidades diferentes, la religión, el estado civil, ni cualquier otra que permita identificar a una categoría de personas que compartan o hayan históricamente compartido, en una serie de contextos relevantes, una condición de exclusión o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, sin que pueda decir tampoco que las normas se articulan en torno a algún elemento que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. No hay pues, desde esta perspectiva, razones que obliguen a quien esto resuelve a ser especialmente exigente en el análisis de la razonabilidad de la distinción legislativa atacada en este juicio, de manera que basta realizar un escrutinio con el ya realizado. Entonces, como los motivos de disenso contemplados en ese capítulo de la demanda tienen estrecha relación y en esencia son atinentes a evidenciar el trato diferenciado injustificado, deben considerarse unos infundados y otros inoperantes en los términos plasmados en el inciso que antecede. 2.- Análisis de la inconstitucionalidad de los artículos 8, apartado D, incisos c), de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberado de Durango, en relación con diverso 12 de la Ley de Hacienda el Estado de Durango. En su cuarto concepto de violación la parte quejosa adujo en esencia que tales numerales son violatorios de derechos, ya que al contener un estímulo para ciertos contribuyentes, genera un trato discriminatorio violatorio del principio equidad tributaria, en virtud de que generan trato diferenciado sin justificación objetiva y razonable. Argumentos que son infundados abordados en su conjunto. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el Tribunal Pleno, ha establecido en diversos precedentes, que el principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real. Con relación al principio tributario de equidad, es indispensable traer al contexto las jurisprudencias: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura. únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." De los criterios reproducidos se desprende que la equidad tributaria significa que los sujetos pasivos de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicha contribución, resultando, en consecuencia, que aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos-, la justicia tributaria consagrada en la Constitución General de la República fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada sujeto, debiéndose tratar por igual a iguales condiciones de capacidad económica y, al contrario, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. Por otro lado, para poder cumplir con el principio de equidad, el legislador ordinario no sólo está facultado, sino que tiene el deber de crear categorías o clasificaciones de sujetos, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a ciertas clases o universalidades de causantes, esto es, deberán sustentarse en bases objetivas que justifiquen el trato diferente entre una y otra categoría, bases que podrán responder a fines económicos, sociales, razones de política fiscal o, inclusive, motivos extra fiscales. Los numerales aquí combatidos establecen: LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE DURANGO "ARTÍCULO 8.- En materia de beneficios fiscales, se otorga durante el ejercicio fiscal 2021, subsidios al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Estatal, y a los derechos a que se refiere el inciso A), fracción II del artículo 60, y una reducción a los derechos establecidos en el artículo 52, fracción IV, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Durango; asimismo se determina el porcentaje y periodo del estímulo fiscal aplicable, en relación al artículo 59 fracciones II y IV de la Ley de Fomento Económico, de acuerdo a lo siguiente: (.) D. LEY DE FOMENTO ECONÓMICO, ESTÍMULOS FISCALES c) Para efectos del artículo 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en relación al artículo 59, fracción I inciso c) de la Ley de Fomento Económico, los años de exención del Impuesto sobre Nómina, será de 6. "LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE DURANGO ARTÍCULO 12. Es facultad del Titular del Poder Ejecutivo exentar total o parcialmente del Impuesto Sobre Nómina hasta por cinco años, a las empresas de nueva creación o a aquellas que califiquen en las condiciones de desempeño por las que podrán ser estimuladas fiscalmente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fomento Económico Para el Estado de Durango, su Reglamento, las demás Leyes y disposiciones fiscales, y con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Finanzas y de Administración." "LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE DURANGO ARTÍCULO 59. La exención temporal de los siguientes impuestos y derechos estatales, se aplicarán de conformidad con lo siguiente: I. Impuesto Sobre Nómina: (.) c. Empresa grande, hasta 6 años de exención." Como se desprende, el citado sistema normativo establece una exención en el pago del impuesto sobre nómina a las empresas de nueva creación o a aquellas que califiquen en las condiciones de desempeño por las que podrán ser estimuladas fiscalmente. Por su parte, en las consideraciones contenidas en el decreto 212, que contiene la creación de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, entre otras, se destacaron las siguientes: "[.] TERCERO - Para que el Estado pueda proporcionar los servicios y atención de los programas que demanda la colectividad, requiere de los mecanismos e instrumentos necesarios, entre los que destaca el contar con ordenamientos fiscales claros y eficientes que le permita allegarse de los recursos económicos necesarios; en ese sentido, en nuestro país, la Constitución Federal, establece en su artículo 31, fracción IV, la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos. CUARTO.- La Comisión consideró que si bien es cierto, las condiciones económicas y sociales de nuestra Entidad Federativa no son óptimas, sin embargo, la administración pública estatal debe cubrir los programas, acciones, prestación de servicios, realización de obras de carácter social, por lo que requiere de recursos que le permitan fortalecer la Hacienda Pública, con los ingresos que obtiene de conformidad con sus leyes fiscales. QUINTO.- Actualmente existen sólo tres impuestos en el Estado, los cuales no representan una recaudación significativa, en tanto otras entidades cuentan con hasta nueve tributos, lo que les permite mantener una dependencia menor de los recursos federales y contar con una estructura financiera más sólida y protegida. Los impuestos vigentes son el relativo a hospedaje, nóminas, y el del fomento para la educación pública. [.]" Posteriormente, mediante el diverso decreto 507, se expusieron los razonamientos que contiene la última reforma del artículo 12, de la Ley Hacienda del Estado de Durango, tomando como base los puntos que se indican a continuación: "[.] CUARTO. Por lo que como ya hemos dado cuenta que nuestro estado en la actualidad se encuentra posicionado como una entidad con gran potencial de desarrollo, generado a partir de las grandes obras de infraestructura turística, carretera y empresarial por lo que atento al cumplimiento de dichos fines, en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango, se ha establecido el otorgamiento de un incentivo para apoyar a las personas morales en el gravamen del Impuesto Sobre Nómina hasta por cinco años a las empresas de nueva creación, o a aquellas que califiquen en las condiciones de desempeño por la que podrán ser estimuladas fiscalmente. QUINTO. En tal virtud, en aras de armonizar algunas disposiciones de esta Ley de Hacienda con la Ley de Fomento Económico, recién creada, es necesario realizar las adecuaciones, toda vez que la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en relación a los estímulos fiscales, en su artículo 12, otorga un subsidio, por cuatro años a los emprendedores que contribuyen al enriquecimiento económico del Estado de Durango, pero a fin de empatar esta disposición con lo estipulado en la Ley de Fomento Económico para el Estado de Durango, se propone incrementar este incentivo un año más, en su caso. [.]" De lo anterior se advierte que el estímulo otorgado a las empresas de nueva creación, encuentra su justificación en el sustento de otorgar facilidades a los nuevos emprendedores para la conformación de empresas con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo; así pues, con esa condición proporcionada, se pretende generar en los gobernados el ánimo de iniciar con dicho proyecto y, con ello, contar con el mayor número de empresas que contribuyan al enriquecimiento económico del Estado. En esa tesitura, la norma en cuestión el principio de equidad tributaria arguye la impetrante de amparo, ya que atendiendo a los fines extrafiscales de orden social y económico que motivaron su expedición, la circunstancia de que una empresa sea o no de nueva creación, implica la existencia de un elemento de diferenciación que hace que dichas empresas novedosas y la parte quejosa -que no se ostenta como tal-, se encuentre en planos distintos. Es decir, constituyen situaciones diferentes una empresa nueva que una ya establecida y consolidada o funcionando desde hace tiempo (como las ahora impetrantes), razón que por sí sola, genera la inexistencia de la transgresión que se esgrime. Es aplicable al respecto la tesis: "NÓMINAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, VIGENTE PARA 2004, AL EXENTAR DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EN DIFERENTE PROPORCIÓN A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN Y A LAS YA CONSTITUIDAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado, al exentar del pago en cien por ciento a empresas de nueva creación y del cincuenta por ciento a las ya constituidas, no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que atendiendo a los fines extrafiscales de orden social y económico, la circunstancia de que una empresa sea o no de nueva creación, o genere o no nuevos empleos, encierra por sí mismo un elemento de diferenciación que, por razón lógica y natural, las hace estar en planos distintos; es decir, para efectos de propiciar inversión y generación de empleos en el Estado de Jalisco, constituyen situaciones diferentes una empresa nueva que una ya establecida y consolidada o funcionando desde hace tiempo. Debe decirse que también son situaciones diversas las de crear nuevas inversiones para generar más empleos, que las de seguir trabajando con el mismo número de empleados. Además, se trata de un elemento objetivo que razonablemente puede tomarse en consideración para que unos y otros sujetos del impuesto no paguen el tributo bajo las mismas bases y condiciones" Además, se trata de un elemento objetivo que razonablemente puede tomarse en consideración para que unos y otros sujetos del impuesto no paguen el tributo bajo las mismas bases y condiciones. Resulta aplicable por analogía y en lo conducente: "ACTIVO. EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN VI, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR PARCIALMENTE A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DE LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE ESE TRIBUTO DURANTE EL PERIODO PREOPERATIVO, EN LOS EJERCICIOS DE INICIO DE ACTIVIDADES Y EN LOS DOS SIGUIENTES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Conforme a lo dispuesto en el referido precepto legal todos aquellos gobernados, personas físicas con actividades empresariales o jurídico-colectivas, que realicen el hecho imponible gravado por el impuesto al activo durante su periodo preoperativo, en el de inicio de actividades y en los dos siguientes, están exentos del pago de dicho impuesto; sin embargo, tratándose de empresas controladas, éstas disfrutan de la referida exención en forma parcial, respecto de todos los bienes nuevos o bienes que se utilicen por primera vez en México adquiridos por esta última y, en cuanto a los activos restantes, únicamente en la proporción en que la controladora no participe directa o indirectamente en el capital social de la respectiva controlada. Ante ello, si la exención prevista en el artículo 6o., fracción VI, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto al Activo se estableció tomando en cuenta que las empresas que realizan el hecho imponible en el referido lapso tienen, por lo general, una capacidad administrativa y contable insuficiente para responder a las obligaciones tributarias previstas en la citada ley, y con el fin de fomentar la creación de nuevas unidades económicas, debe estimarse que se encuentra justificado, en estricto apego al principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el trato desigual que se otorga a personas que material y jurídicamente se encuentran en una situación dispar, lo que deriva de la circunstancia de que las controladas se encuentran reguladas por un régimen tributario diverso al que rige al resto de las empresas -que constituye un auténtico beneficio que permite a un grupo de personas morales determinar su resultado fiscal en forma consolidada-, y a que las controladas de nueva creación generalmente gozan de un impulso económico proporcionado por las controladoras" De manera que son infundados los argumentos en que se sostiene lo contrario y, por tanto, resultan inaplicables por tales consideraciones las tesis y ejecutoria en que sustenta la quejosa sus motivos de inconformidad en tal aspecto. 3.- Análisis de la inconstitucionalidad de artículos 11, fracción III, de la Ley de Hacienda el Estado de Durango. La promovente de amparo en su quinto concepto de violación manifestó ser violatorio de derechos de igualdad y equidad tributaria el numeral 11, fracción III, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, ya que sin ninguna justificación objetiva y razonable se otorga una exención al pago de impuesto sobre nómina a diversos sujetos que guardan una relación de igualdad frente a la parte quejosa. Tales argumentos son inoperantes. El citado numeral dispone lo siguiente: "LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE DURANGO ARTICULO 11. No son sujetos del impuesto que establece este capítulo: (.) III. Las instituciones de Educación Pública mediante las cuales al Estado o los Municipios y los organismos descentralizados de ambos órdenes de gobierno proporcionan el servicio público de educación en los términos de la Ley respectiva. Los sujetos exentos mencionados en el párrafo anterior, serán aquellos que realicen pagos a que se refiere el artículo 2 de esta ley exclusivamente por los servicios públicos de educación que sean cubiertos con recursos propios del Estado o de los Municipios" Conforme tal numeral, las instituciones de educación pública que presten un servicio de educación, no son sujetas del pago del impuesto sobre nómina. En la exposición de motivos del decreto 485, que contiene la última reforma al artículo 11, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, se plasmó la necesidad de ser un gobierno garante a los derechos fundamentales de la población, teniendo como principio el uso eficiente y eficaz de los recurso con que se cuenta para dar cumplimiento a las demandas ciudadanas cumpliendo las metas y objetivos planteados para cubrir sus necesidades. Se indicó que para dar cumplimiento a esas metas y objetivos, se debía incrementar la capacidad de recaudación local, para obtener una mayor autonomía de gestión; por ello, era necesario que el Estado ejerciera su potestad tributaria, iniciando con un proceso paulatino de revisión al marco legal impositivo de los tributos y tomara medidas para hacer que los sujetos obligados contribuyan al gasto público en forma proporcional y equitativa; en ese orden, en el punto décimo de dicha iniciativa se acotó lo siguiente: "DÉCIMO. Por razones expuestas en los puntos anteriores, y ante la necesidad de fortalecer la recaudación estatal, se propone la suspensión en ley de los beneficios de exención concedida a determinados sujetos obligados en el pago de Impuesto Sobre Nómina, como una medida encaminada a fortalecer la Hacienda Pública del Estado. En ese sentido, resulta necesario que las instituciones de educación púbica, con excepción de aquellas instituciones que prestan servicio público de educación de manera exclusiva y cuyas actividades sean financiadas por recursos propios del Estado o de los Municipios de Durango, tendrán la obligación de pagar el impuesto sobre nómina" La promovente refiere en esencia que ello implica trato inequitativo entre los sujetos obligados ya que se otorgan estímulos en relación con el pago del impuesto sobre nóminas a las erogaciones que realicen empleadores por la prestación de servicio educativo, esto sin una justificación objetiva y razonable, tomando en consideración situaciones personales. Tales conceptos de violación analizados en su conjunto se califican de inoperantes, en la medida que existe jurisprudencia que define el punto en cuestión, que dice: NÓMINAS. LA EXENCIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer que están exentas del pago del impuesto sobre nóminas las erogaciones efectuadas por las instituciones de educación con reconocimiento oficial que la impartan de manera gratuita, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el hecho de no incluir a las instituciones educativas que obtienen una retribución por la prestación de sus servicios, ya que existen bases objetivas que justifican el trato diferenciado. Ello es así, ya que a diferencia de las instituciones educativas que prestan sus servicios y obtienen una retribución a través del pago de una colegiatura, las que imparten educación de manera gratuita no reciben ingresos regulares por la realización de sus actividades y carecen de intervención en el financiamiento que obtienen para el desempeño de sus funciones, por lo que se justifica que el legislador libere del indicado gravamen a estas últimas instituciones, con la finalidad de no afectar el patrimonio destinado a la realización de sus actividades" Criterio de aplicable dada la similitud de los artículos que interpreta y, por ende, obligatoria en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, en términos de la tesis: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD" De manera que al existir jurisprudencia sobre los tópicos planteados deviene la inoperancia. En virtud de lo anterior, resultan inatendibles los criterios y ejecutorias que invoca la parte quejosa en este apartado del escrito inicial pues los hace depender de los argumentos que fueron desestimados anteriormente, según la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA" En consecuencia ante el resultado del estudio de los conceptos de violación y no operar la suplencia de la queja, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: SE RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** y, ***, en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 12 bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** y, ***, en contra de los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

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