Yuliana Gonzalez Jimenez
Expediente 1425/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Yuliana Gonzalez Jimenez
- YULIANA GONZALEZ JIMENEZ y Otros.
- TOMAS AMBROSIO DE LA CRUZ GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite la misiva suscrita por el apoderado legal de la Subsecretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, a través del cual, rinde informe justificado, señala domicilio, correo electrónico y designa delegados. Informe justificado. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el informe de cuenta y hágase nueva relación en la celebración de la audiencia constitucional. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado para tal efecto. Correo electrónico. En cuanto al correo electrónico proporcionado, únicamente tómese nota de dicho dato, y se comisiona al Secretario y Actuarios de la adscripción para que hagan uso por cuanto refiere a este para comunicaciones no procesales con el fin de encauzar el presente procedimiento. Delegados. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas designadas para tal efecto. Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de acuerdo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el acuerdo proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, emitido el veintitrés de los cursantes, dentro de los autos del recurso de revisión incidental 508/2023 de su índice estadístico, en el que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por el Titular de la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; y, desechó el diverso interpuesto por la apoderada legal y Jefa del Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito . Asimismo, solicita se notifique dicha determinación y la radicación del recurso mencionado a la parte quejosa ******************** en representación del menor de iniciales ********************, en el domicilio que tiene señalado para oír y recibir notificaciones dentro del presente sumario; se le requiera para que señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento de que no hacerlo, las notificaciones se harán por medio de lista; y, una vez efectuado lo anterior se le remitan las constancias respectivas por interconexión. Atento a lo anterior, este juzgado toma nota del contenido del acuerdo de cuenta para los efectos legales procedentes y se está en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado que conoce del medio de impugnación admitido. Notificación parte quejosa. Por otra parte, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique la radicación del recurso de revisión incidental 508/2023 del índice del Tribunal oficiante y el auto de veintitrés de noviembre pasado a ******************** en representación del menor de iniciales ********************, en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. Asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días señale domicilio para los efectos indicados en el auto citado en el párrafo anterior en Naucalpan de Juárez, Estado de México; apercibido que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se le realizaran por medio de lista; y, una vez hecho lo anterior remita al Tribunal de Alzada las constancias respectivas vía interconexión. Notifíquese. ACUERDA: 1. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante los cuales remite los oficios electrónicos de agravios relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades responsables, ahora recurrentes, titular de la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, así como por la jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en contra de la resolución interlocutoria de dos de octubre del presente año, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto , del referido juzgado. 2. Acúsese recibo, por vía interconexión, al juzgado federal del conocimiento; y, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 3 de la Ley de Amparo y 99 del Acuerdo general de pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como recurso de revisión - ' 2023. 3. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a, 86, 87, 88 y 91 de la Ley de Amparo, SE ADMITE el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, ahora recurrente, titular de la Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, contra la resolución interlocutoria de dos de octubre del presente año, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto - , del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. 4. Ahora, respecto del recurso de revisión interpuesto por María Eugenia Arellano Zúñiga, apoderada legal y jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos se debe desechar por falta de legitimación de quien signó electrónicamente el medio de impugnación de que se trata. Debe decirse que esta presidencia se encuentra obligada a examinar la legitimación de quien interpone el recurso de revisión, al tratarse de una cuestión de orden público, pues el juicio de amparo, las promociones y los recursos o medios de defensa que se hagan valer solamente pueden promoverse o interponerse por quienes sean partes o tienen personalidad reconocida y legítima, a fin de que el órgano jurisdiccional realice su actuación y emita las determinaciones que correspondan, dirigidas, válidamente, a quienes están legitimados en el proceso. En el caso, el recurso de revisión fue interpuesto por Eugenia Arellano Zúñiga, apoderada legal y jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Sin embargo, no obra agregado al expediente documento alguno en el que se le haya designado como persona delegada de la autoridad responsable cuya representación pretende y como apoderada legal al tenor del instrumento notarial sesenta y dos mil ciento cuatro de once de abril de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del notario público número doscientos uno de la Ciudad de México, en el que se hace constar el poder general para pleitos y cobranzas otorgado por el titular de la Dirección General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a favor de la aquí promovente Maria Eugenia Arellano Zúñiga. No obstante, dicho instrumento notarial no es idóneo para acreditar la representación de la citada autoridad responsable, porque el artículo 9 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:.. De los párrafos primero y tercero del precepto legal transcrito, se advierte que, las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites del juicio de amparo en términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o bien, pueden designar personas delegadas para que concurran a las audiencias, rindan pruebas, aleguen e interpongan recursos. Así, la potestad para representar a las autoridades responsables en el juicio de amparo se confirió, exclusivamente, a las y los servidores públicos, es decir, sólo puede derivar de las normas generales que otorguen expresamente esa atribución. Además, quienes representen a las autoridades en el juicio de derechos fundamentales tienen encomendadas diversas atribuciones para desarrollar su defensa, entre las que se encuentra la de interponer recursos. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 225/2019, determinó que de la interpretación armónica de, entre otros, los artículos 9, 10 y 12 de la Ley de Amparo, se desprende que, para aplicar las reglas de la representación en el juicio de amparo, se debe tomar en cuenta la naturaleza jurídica del sujeto de que se trate, distinguiendo si tiene el carácter de particular, persona física o jurídica, o de autoridad, ya que quien legisla ha dispuesto, en función de esa condición, normas diferenciadas al establecer, para lo que al caso importa destacar, que las autoridades sean representadas en el juicio de unidades administrativas en quienes recaiga sustituirlas, o bien, por las y los titulares de amparo por las la facultad de las respectivas oficinas de asuntos jurídicos, con independencia de si participan con el carácter de responsables o de terceras interesadas. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo I, página 478, con el número de registro 2020942, del contenido siguiente:.. De manera que, como lo ha sostenido el alto tribunal en la jurisprudencia citada, de acuerdo con el artículo 9o, párrafos primero y tercero, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden ser representadas o sustituidas para todos los trámites del juicio de amparo, en términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o bien, pueden designar personas delegadas para que concurran a las audiencias, rindan pruebas, aleguen e interpongan recursos Por tanto, si la promovente no fue previamente designada como persona delegada por la autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo no le asiste dicho carácter y no se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión de que se trata. Por otra parte, se advierte que la promovente también se ostenta como jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y que de conformidad con el Manual general de organización de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, numeral 100.2.2 intitulado "Departamento de lo Contencioso Laboral" se dispone lo siguiente:... De la transcripción anterior, se obtiene que las facultades del departamento referido consisten, entre otras, en interponer toda clase de recursos legales en los que la comisión sea parte; sin embargo, estas facultades están dirigidas, aparte de la prosecución de procedimientos administrativos, a los juicios ordinarios, que se siguen ante la potestad jurisdiccional común, ya sea local o federal, como juicios civiles, mercantiles y contenciosos administrativos, por citar algunos ejemplos, por lo que no son las correspondientes al juicio extraordinario de amparo. En esas condiciones, conforme lo dispuesto en la primera parte del artículo 9 de la Ley de Amparo, la legitimación para representar o sustituir a las autoridades responsables, así como para designar personas delegadas corresponde a las y los servidores públicos que estén facultados expresamente en las leyes y reglamentos que rijan a las autoridades responsables; o bien, sean titulares de sus oficinas de asuntos jurídicos. Así, la potestad para representar a las autoridades responsables en el juicio de amparo sólo puede derivar de las normas legales y reglamentarias que otorguen expresamente esa atribución. En ese orden de ideas, conviene señalar que al resolver la contradicción de tesis 121/2003-SS, que diera origen a la jurisprudencia 2a./J. 6/2004 de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CASO CONCRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO DE ELLOS" la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la naturaleza jurídica de tales manuales de organización, conforme a lo siguiente: Los manuales de organización y de procedimientos encuentran su origen legal en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dispone lo siguiente: Ahora bien, los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general expedidas por el presidente de la República para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del órgano ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos; y el acuerdo administrativo, por su parte, constituye una decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigida a los órganos subordinados cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado. A diferencia de los actos gubernativos anteriores, los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, emitidos por un secretario de Estado, o por la Junta de Gobierno o un director general en las empresas paraestatales, constituyen cuerpos normativos que contienen la información sobre las funciones y estructura orgánica de las unidades administrativas que integran cada dependencia, los niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación y coordinación, los grados de autoridad y responsabilidad y la descripción de los puestos de los altos niveles de mando, es decir, determinan el funcionamiento especifico de cada una de las entidades, en virtud de los cuales éstas puedan cumplir sus objetivos y finalidades según sus necesidades propias. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Desde esa perspectiva, dichos manuales participan de una naturaleza similar a la de las reglas generales administrativas pues igualmente abarcan aspectos técnicos y operativos en materias especificas y su existencia obedece al acelerado crecimiento de la administración pública. Su fundamento legal también deriva de una cláusula habilitante, conforme a la cual el legislador ha dotado a las mencionadas autoridades de la atribución para emitir las disposiciones necesarias para el exacto cumplimiento de su función administrativa, de manera que en su ámbito de aplicación son actos administrativos internos que se expiden, dirigen y surten efectos sin afectar a los particulares sino a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la estructura interna que atañen a los funcionarios y servidores públicos. Ahora bien, atendiendo a la especial índole de las disposiciones que emiten las autoridades administrativas para el correcto desarrollo de la función pública, las que constituyen auténticas reglas generales administrativas encaminadas a lograr la exacta observancia de la ley, naturaleza que comparten los manuales que se vienen analizando, debe tomarse en cuenta que estas disposiciones, al ser expedidas con base en una habilitación legal o, en su caso, reglamentaria, se encuentran por debajo de las leyes del Congreso de la Unión así como de los reglamentos del presidente de la República, por lo que están sujetas al principio de primacía de la ley y al diverso de primacía reglamentaria y, por ende, no pueden derogar, limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos formalmente legislativos o formalmente reglamentarios. En ese tenor, acorde con lo resuelto por el alto tribunal, los manuales de organización y de procedimientos encuentran su origen legal en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, constituyen cuerpos normativos que no se ubican en la categoría de leyes, ni reglamentos; se expiden, dirigen y surten efectos sin afectar a las y los particulares sino a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de la estructura interna que atañen a las y los funcionarios y servidores públicos; no pueden derogar, limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos formalmente legislativos o formalmente reglamentarios. En ese contexto, el artículo 9 de la Ley de Amparo precisa que las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y que las y los titulares de las dependencias de la administración pública federal, podrán ser sustituidos por las y los servidores púbicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos. Por lo cual, al ser expreso el artículo 9 citado en el sentido que las autoridades sólo podrán ser representadas o sustituidas por los servidores públicos a quienes las leyes o reglamentos aplicables faculten expresamente, es inconcuso que no es válido el manual de organización al tenor del cual se prevé la legitimación del departamento al que pertenece la parte recurrente para representar a la autoridad responsable; de ahí que la recurrente carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Adicionalmente, cabe mencionar que no es óbice a lo anterior, el hecho de que en auto de dieciséis de octubre del presente año, emitido en el juicio de amparo indirecto de origen, la titular del juzgado de distrito del conocimiento haya tenido por rendido su informe justificado y reconocido la personalidad de la jefa de departamento de lo contencioso y laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, puesto que como se observó en las consideraciones que anteceden, dicha autoridad carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 4. En consecuencia, María Eugenia Arellano Zúñiga, apoderada legal y jefa de Departamento de lo Contencioso y Laboral de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, carece de legitimación para representar a la citada comisión responsable, por lo que, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente, el recurso de revisión de que se trata. Las consideraciones anteriores, relativas a la legitimación de la promovente, fueron sustento al resolver, el pleno de este tribunal, por unanimidad de votos, el diverso recurso de queja 37 en sesión extraordinaria virtual de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, siendo ponente el magistrado Guillermo Núñez Loyo, ejecutoria que se cita como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se tienen como sus domicilios, para oír y recibir notificaciones, los que indican en sus respectivos oficios de agravios. Como personas delegadas las que menciona la autoridad señalada en segundo término en el punto uno de la presente determinación, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de amparo Amparo. Se autoriza a María Eugenia Arenan() Zúñiga, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se generó; por consiguiente, se instruye a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado, a fin de que asocie el nombre de usuario que se proporcionan al citado expediente y con el cual se registró en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes su derecho a presentar revisión adhesiva, si a sus intereses conviene, dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Ahora, se solicita al Juzgado Segundo de Distrito en JI Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de 11 México, con residencia en Toluca, realice la notificación del g. presente proveído a la parte quejosa Yuliana González Jiménez, o á en representación de la parte quejosa con iniciales . .. , en el domicilio que haya designado en el juicio de amparo indirecto de origen, para que tenga conocimiento de la radicación del asunto y para los efectos del plazo previsto en el citado artículo 82 de la ley de la materia, debiendo remitir, por interconexión, las constancias de notificación correspondientes que acrediten lo anterior; asimismo, REQUIERA a la referidaparte, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para los efectos indicados en esta ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, hasta en tanto designe domicilio en la residencia de este tribunal. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "Juicio en Línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se tiene a la autoridad recurrente señalada en segundo término en el punto uno de la presente determinación proporcionando los correos electrónicos que indica, para establecer contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizar a la citada parte por esos medios de comunicación..Notifíquese en las listas de acuerdos publicadas electrónicamente; y, por oficio, a las autoridades responsables. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal del presente asunto evidencia que la audiencia constitucional se encuentra señalada hoy a las diez horas, como se determinó en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, no es posible su desahogo en virtud de que a la fecha transcurre el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable denominada como "Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de México", a efecto de que rinda su informe justificado. Puesto que como se aprecia de autos dicho requerimiento le fue notificado el diez de noviembre pasado, por lo que en términos del artículo 31, fracción I, de la ley de la materia, surtió efectos ese mismo día, y el plazo empezó a computarse el trece siguiente, transcurriendo a la presente data el día ocho para que rindan su informe justificado. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, se difiere la audiencia de ley y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de razón actuarial. Se tiene por recibida la razón asentada el catorce de los actuales, por medio de la cual el fedatario de la adscripción asentó la imposibilidad de entregar el oficio notificatorio 28866/2023 dirigido a la autoridad responsable señalada como "Titular de la Secretaría de Educación Pública, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México", por las razones que expone. ... En ese sentido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos la razón que se atiende para los efectos legales procedentes, y se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dejándose de tener a dicha autoridad con el carácter de responsable para los efectos del presente asunto, salvo que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la citada autoridad. Notifíquese.
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