Yovani Natanael Martinez Lara
Expediente 1563/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1563/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2017
Partes del expediente
- Yovani Natanael Martinez Lara
- Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de septiembre del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Natanael Yovani Martínez Lara, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Así lo proveyó y firma, José Mauricio Neira Villarreal, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV) NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
(AVISO) Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Natanael Yovani Martínez Lara, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1563/2017-IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 62 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por tanto, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Yovani Natanael Martínez Lara, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. Tal consideración se expone, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." El agraviado señaló como acto reclamado lo siguiente: * El auto emitido el doce de septiembre del dos mil diecisiete, dictado en el juicio de controversia de derecho familiar en el expediente 800/2017, por medio del cual le solicitó llevar al juzgado al menor Natael Gael Martínez Ortiz. De los antecedentes siguientes se advierte: 1. El hoy quejoso le notificaron que debía presentar al menor Natael Gael Martínez Ortiz, ante el Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México 2. El lapso de término para contestar dicha demanda no ha concluido por tal motivo. La determinación referida en el número dos es señalada como acto reclamado. De lo trascrito se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama una determinación sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por el agraviado puede obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, debe agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo el quejoso debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, el inconforme tilda de inconstitucional el auto emitido el doce de septiembre del dos mil diecisiete, dictado en el juicio de controversia de derecho familiar en el expediente 800/2017, por medio del cual se solicita llevar al juzgado al menor Natael Gael Martínez Ortiz. La determinación en comento no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que la determinación reclamada puede ser modificada o revocada a través del recurso de revocación contemplado en el numeral invocado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone lo siguiente: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que los autos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. Por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra la determinación referida, resulta evidente que debió interponer dicho recurso, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado al estar vinculado con una controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, emitido por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en autos del expediente 800/2017, puede ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El auto emitido el doce de septiembre del dos mil diecisiete, dictado en el juicio de controversia de derecho familiar en el expediente 800/2017, es promovido contra el hoy quejoso; proceso al que ya fue emplazado b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (artículo 5.74), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra, a través del cual podía ser modificado, revocado o nulificado; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del procedimiento civil en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 800/2017, es el recurso de revocación, el quejoso debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Y la jurisprudencia publicada en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 1993, Tomo XI, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGUN RECURSO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente si el acto que se reclama podía ser modificado, revocado o nulificado a través del recurso de revocación conforme a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México." Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto reclamado lo constituyen la determinación contenida en el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el expediente 800/2017, el cual se encuentra vinculado con una controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar. Aunado a lo anterior, el quejoso no se ostentó como tercero extraño al juicio de donde derivan los actos reclamados, por el contrario, señaló ser parte en la controversia de origen e incluso ya dio contestación a la demanda instaurada en su contra. Asimismo, este Juzgado de Distrito estima conveniente señalar que si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establecen la procedencia de la acción constitucional de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, lo cierto es que con anterioridad a su promoción deben agotarse los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria, a fin de observar el principio de definitividad. Por ende, aun cuando el proveído reclamado produjera una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto aun sería improcedente por haberse omitido interponer el recurso de revocación en su contra, ya que, como se adelantó, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; de ahí la obligación de la quejosa de agotar el recurso previsto en el artículo 5.74 del Código de Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (ley ordinaria que rige el acto reclamado). Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página 729, del contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como, la jurisprudencia 1859, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 2104, del contenido siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por Natanael Yovani Martínez Lara, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México. DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos de la segunda parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Richard Nava Alcántara y Juan Carlos Rivera Merlo, por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
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