Ysabel Martina Herrera Molina
Expediente 891/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ysabel Martina Herrera Molina
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 891/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora bien, el precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción I, y 7 todos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Del último numeral transcrito se advierte que una persona moral pública puede tener el carácter de quejoso en el juicio de amparo, pero para ello es necesario que el acto de autoridad afecte su patrimonio dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad con un particular. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió precedente al resolver la contradicción de tesis 289/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.), con número de registro 2017263, de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 36/2014 (10a.), con registro digital 2006609 que lleva por título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.", donde estableció que el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojadas de imperio. Es pertinente destacar que la relación de igualdad con el particular no debe confundirse con la igualdad procesal, ya que en ese caso se trata de un principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, pero dicho postulado de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. En esas condiciones, es dable señalar que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio se trata de una igualdad en la que no haya relación de suprasubordinación, esto es, lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo, la que necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Esto es así, ya que el juicio de amparo tiene por objeto la protección de derechos fundamentales cuya titularidad descansa en los particulares y no un juicio que permita a la autoridad solicitar el resguardo de un acto emitido en el desempeño de su función pública, pues ello implicaría aceptar que el Estado es sujeto de derechos fundamentales, cuando por el contrario, es él quien debe ser garante de los mismos, es decir, no sólo debe respetarlos, sino que, además, debe garantizar el ejercicio del derecho cuando el titular no puede hacerlo por sí mismo, entonces, es imposible pensar que el Estado puede ser garante y sujeto de derechos fundamentales. Por consiguiente, es factible decir que el Estado posee una doble personalidad, conforme a lo cual se entiende que en ciertas circunstancias las autoridades dejan de actuar con imperio y, por tanto, se asemejan a los particulares, sin que se desconozca que la doble personalidad aludida debe referirse a la calificación de la naturaleza del acto en cuestión y, a partir de ello, se atribuyen distintas consecuencias, ya sea de derecho público o de derecho privado, por lo que no puede decirse que un órgano del Estado actúa en calidad de particular por el simple hecho de que realiza actos contractuales. En ese tenor, si el Estado actúa como persona moral de derecho privado y es capaz de adquirir derechos, contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, resulta afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de los que es poseedor y que le son indispensables para llevar a cabo sus funciones, entonces, está legitimado para ejercer la acción constitucional de que se habla en defensa de sus intereses patrimoniales; pero si aquél no promueve el juicio extraordinario con el carácter de entidad jurídica privada, sino como pública, defendiendo actos que emitió dotada de imperio, es claro que no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 7o. de la Ley de Amparo. En conclusión, para que el juicio de amparo interpuesto por una autoridad resulte procedente será necesario no sólo que acredite una afectación patrimonial, sino que además deberá demostrar que en el acto que se reclama dejó de actuar con imperio y se asemejó al particular. Ahora bien, del análisis de la demanda se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es la falta de contestación por parte del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a los escritos presentados por los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca, en treinta de marzo y once de abril del año en curso; en los que en esencia solicitan al ejecutivo estatal señale fecha y hora para tener una audiencia en la que deliberen los objetivos, visión y proyectos a favor de los y las Oaxaqueños, a fin de establecer mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno. Además, del escrito de petición que anexa a su demanda el quejoso se advierte se advierte literalmente lo siguiente: ".Preocupados por esta situación el día 30 de marzo de 2023, Legisladores Locales, Presidentas, Presidentes Municipales, Síndicas, Síndicos, Regidores y Regidoras de diversos Ayuntamientos de Estado de Oaxaca, en mandato de la ciudadanía que representamos, decidimos formar una coordinación para analizar, discutir, proponer y gestionar de manera institucional ante el Estado y la Federación diversa acciones que puedan coadyuvar en las tareas de desarrollo de la entidad." De la transcripción anterior se advierte que quienes forman la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca tienen la calidad de autoridades. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los promoventes son los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca. En ese contexto, si el acto reclamado consiste en la falta de contestación a los escritos presentados por los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en los que en esencia solicitan al ejecutivo estatal señale fecha y hora para tener una audiencia en la que deliberen los objetivos, visión y proyectos a favor de los y las Oaxaqueños, a fin de establecer mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno, se advierte que ambas autoridades están en un plano de igualdad, sin que la falta de respuesta a sus peticiones afecten el patrimonio del promovente respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares (supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado); de ahí que no se encuentra en un plano de igualdad con los particulares, por ende, no se encuentra despojada de imperio. En virtud de lo anterior, el promovente no está en aptitud de promover el juicio de amparo, pues no alegó una afectación patrimonial y que se asemejó a un particular en cuanto al acto reclamado. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción I, y 7 todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que refiere; asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las diversas personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 891/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Desechamiento. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora bien, el precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción I, y 7 todos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." Del último numeral transcrito se advierte que una persona moral pública puede tener el carácter de quejoso en el juicio de amparo, pero para ello es necesario que el acto de autoridad afecte su patrimonio dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad con un particular. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió precedente al resolver la contradicción de tesis 289/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.), con número de registro 2017263, de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2014, de la que surgió la jurisprudencia 2a./J. 36/2014 (10a.), con registro digital 2006609 que lleva por título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO.", donde estableció que el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojadas de imperio. Es pertinente destacar que la relación de igualdad con el particular no debe confundirse con la igualdad procesal, ya que en ese caso se trata de un principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, pero dicho postulado de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. En esas condiciones, es dable señalar que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio se trata de una igualdad en la que no haya relación de suprasubordinación, esto es, lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo, la que necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Esto es así, ya que el juicio de amparo tiene por objeto la protección de derechos fundamentales cuya titularidad descansa en los particulares y no un juicio que permita a la autoridad solicitar el resguardo de un acto emitido en el desempeño de su función pública, pues ello implicaría aceptar que el Estado es sujeto de derechos fundamentales, cuando por el contrario, es él quien debe ser garante de los mismos, es decir, no sólo debe respetarlos, sino que, además, debe garantizar el ejercicio del derecho cuando el titular no puede hacerlo por sí mismo, entonces, es imposible pensar que el Estado puede ser garante y sujeto de derechos fundamentales. Por consiguiente, es factible decir que el Estado posee una doble personalidad, conforme a lo cual se entiende que en ciertas circunstancias las autoridades dejan de actuar con imperio y, por tanto, se asemejan a los particulares, sin que se desconozca que la doble personalidad aludida debe referirse a la calificación de la naturaleza del acto en cuestión y, a partir de ello, se atribuyen distintas consecuencias, ya sea de derecho público o de derecho privado, por lo que no puede decirse que un órgano del Estado actúa en calidad de particular por el simple hecho de que realiza actos contractuales. En ese tenor, si el Estado actúa como persona moral de derecho privado y es capaz de adquirir derechos, contraer obligaciones y, como consecuencia de ello, resulta afectado por una ley o acto de autoridad en sus bienes propios, de los que es poseedor y que le son indispensables para llevar a cabo sus funciones, entonces, está legitimado para ejercer la acción constitucional de que se habla en defensa de sus intereses patrimoniales; pero si aquél no promueve el juicio extraordinario con el carácter de entidad jurídica privada, sino como pública, defendiendo actos que emitió dotada de imperio, es claro que no se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 7o. de la Ley de Amparo. En conclusión, para que el juicio de amparo interpuesto por una autoridad resulte procedente será necesario no sólo que acredite una afectación patrimonial, sino que además deberá demostrar que en el acto que se reclama dejó de actuar con imperio y se asemejó al particular. Ahora bien, del análisis de la demanda se desprende que el acto reclamado en el presente asunto es la falta de contestación por parte del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a los escritos presentados por los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca, en treinta de marzo y once de abril del año en curso; en los que en esencia solicitan al ejecutivo estatal señale fecha y hora para tener una audiencia en la que deliberen los objetivos, visión y proyectos a favor de los y las Oaxaqueños, a fin de establecer mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno. Además, del escrito de petición que anexa a su demanda el quejoso se advierte se advierte literalmente lo siguiente: ".Preocupados por esta situación el día 30 de marzo de 2023, Legisladores Locales, Presidentas, Presidentes Municipales, Síndicas, Síndicos, Regidores y Regidoras de diversos Ayuntamientos de Estado de Oaxaca, en mandato de la ciudadanía que representamos, decidimos formar una coordinación para analizar, discutir, proponer y gestionar de manera institucional ante el Estado y la Federación diversa acciones que puedan coadyuvar en las tareas de desarrollo de la entidad." De la transcripción anterior se advierte que quienes forman la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca tienen la calidad de autoridades. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los promoventes son los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca. En ese contexto, si el acto reclamado consiste en la falta de contestación a los escritos presentados por los integrantes de la Coordinación Estatal de Autoridades Locales de Oaxaca al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en los que en esencia solicitan al ejecutivo estatal señale fecha y hora para tener una audiencia en la que deliberen los objetivos, visión y proyectos a favor de los y las Oaxaqueños, a fin de establecer mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno, se advierte que ambas autoridades están en un plano de igualdad, sin que la falta de respuesta a sus peticiones afecten el patrimonio del promovente respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares (supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado); de ahí que no se encuentra en un plano de igualdad con los particulares, por ende, no se encuentra despojada de imperio. En virtud de lo anterior, el promovente no está en aptitud de promover el juicio de amparo, pues no alegó una afectación patrimonial y que se asemejó a un particular en cuanto al acto reclamado. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción I, y 7 todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la demanda de amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que refiere; asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las diversas personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJO)
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