Yoni Moreno Luis
Expediente 1157/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1157/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yoni Moreno Luis
- Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que hoy se dictó un acuerdo en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, en el cual se ordenó su archivo como definitivo; por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que en este asunto se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, la interlocutoria pronunciada el dieciocho siguiente y esta determinación. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto; háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que carece de objeto que continúe resguardado en la secretaría de este órgano jurisdiccional el disco versátil digital (DVD) que exhibió la autoridad judicial responsable, junto con su informe justificado, mediante oficio devuélvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1157/2022, promovido por ********** o *************, por propio derecho, en contra de una determinación adoptada por el Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, así como del disco versátil digital que contiene audiencias relativas a la causa penal ***/****, se tiene acreditado lo siguiente. Ante el Juzgado de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca (inicialmente conocedor), se radicó la causa penal ***/****, en contra de Antonio de Jesús Pérez González, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de quien en vida respondió al nombre de ************. El tres de junio de dos mil veinte, se vinculó a proceso a **************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de quien en vida respondió al nombre de *************. En proveído de dieciséis de abril de dos mil de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de la Agente del Ministerio Público, mediante el cual formuló acusación en contra de ************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de quien en vida respondió al nombre de ***************** y se ordenó correr traslado a las demás partes. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca (ahora extinto por conclusión de sus funciones), tuvo por recibido el escrito de signado por ************, defensor particular del procesado ***************, mediante el cual realiza contestación a la acusación del órgano investigador; empero, se le tuvo por presentado de forma extemporánea, al recibirse fuera del plazo de diez días hábiles previsto por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En audiencia intermedia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, con residencia en Ixcotel, Centro, Oaxaca, le hizo saber al imputado que su defensor particular no conoce de forma completa la información que obra en la carpeta de investigación, lo que pudiera generarle un perjuicio. Precisó que una defensa adecuada es un derecho del procesado; por ende, determinó no continuar con la audiencia ante una posible reposición de procedimiento; ordenó al defensor particular imponerse de la carpeta dentro del plazo de tres días; y, giró oficio ante la autoridad competente para que nombraran a un defensor de oficio para que coadyuvara en la defensa del imputado. Por oficio de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, signado por la coordinadora de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, le hizo saber al juez de control de origen la improcedencia de dicha solicitud, al existir consentimiento expreso del procesado de continuar con su defensor particular. Con dicho oficio, se ordenó dar vista a la defensa particular. Seguida la secuela procesal, en proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca (donde actualmente se tramita), nuevamente tuvo por recibido un escrito del Agente del Ministerio Público, mediante el cual formula acusación en contra de *****************, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio calificado con ventaja, en agravio de quien en vida respondió al nombre de **************** y se ordenó correr traslado a las demás partes. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de signado por *************, defensor particular del procesado *******************, mediante el cual realiza contestación a la acusación del órgano investigador y ejerce las facultades previstas en el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En audiencia de doce de septiembre de dos mil veintidós, la agente del ministerio público le hizo saber al juez de control las inconsistencias en la tramitación en la etapa en que se actuaba, al existir acuerdos contradictorios. Dos autos donde se tiene por recibida la acusación del Ministerio Público. Así como determinaciones donde primeramente se tiene por extemporánea la contestación de la acusación realizada por la defensa particular y posteriormente se tuvo en tiempo realizando dicha facultad. Por ende, solicitó se dejaran sin efectos las determinaciones adoptadas en último término, ya que benefician a la parte procesada. En atención a dicha solicitud, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, argumentó y expuso en lo que aquí interesa, la inconsistencia de la defensa particular del procesado y al ser un derecho que ser defienda en las más óptimas condiciones, dejó sin efecto el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno dictado por su homólogo, donde se tuvo por extemporáneo el escrito de la defensa donde ejercía las facultades previstas en el numeral 340 de código de la materia. De igual forma, el diverso de treinta de agosto del año en curso, donde se tuvo a la defensa del procesado ejerciendo en tiempo las referidas facultades. Precisó a efecto de garantizar una defensa adecuada, retomaría la secuela de la fase en esa propia fecha (doce de septiembre de dos mil veintidós); por ende, a partir de ese momento, se tendría a la defensa ejerciendo las facultades previstas por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Determinación adoptada en esa audiencia que constituye el acto reclamado) El trece de octubre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia intermedia y se dictó auto de apertura a juicio, quedando pendiente remitir el proceso al tribunal de enjuiciamiento, en atención a los efectos de la suspensión definitiva dictada en el presente juicio de amparo 1157/2022. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *********** o *************, por propio derecho, presentó un escrito el seis de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto de autoridad que se indicara en el apartado correspondiente. La demanda por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien la registró bajo el consecutivo 1157/2022. En proveído de diez de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada. La celebración de la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, lo siguiente: La determinación adoptada en audiencia de doce de septiembre de dos mil veintidós celebrada en la causa penal ***/****, en la cual dejó sin efecto el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno dictado por su homólogo, donde se tuvo por extemporáneo el escrito de la defensa donde ejercía las facultades previstas en el numeral 340 de código de la materia. De igual forma, el diverso de treinta de agosto del año en curso, donde se tuvo a la defensa del procesado ejerciendo en tiempo las referidas facultades. Seguidamente retomó la secuela de la fase en esa propia fecha (doce de septiembre de dos mil veintidós) y estimó que a partir de ese momento, se tendría a la defensa ejerciendo las facultades previstas por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reprochado a dicha responsable, al así reconocerlo el Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia del acto que le fue atribuido a dicho ente público. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con la documental que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, consistente en el disco versátil digital relativo a la causa penal ***/****, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, puesto que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En ese orden, este órgano jurisdiccional estima que en relación con el acto reclamado consistente en la determinación adoptada por el juez de control señalado como responsable en audiencia de doce de septiembre de dos mil veintidós dictado en la causa penal ***/*****, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones que se expondrán. Los citados preceptos legales, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) determinó los alcances de la improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, en donde se estableció sustancialmente que para ser calificados como "actos de imposible reparación", sus consecuencias "deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva" que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que "debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Esa interpretación se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: (I) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que "el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente", aun antes del dictado del fallo definitivo; y, (II) La segunda, en el sentido de que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta "antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, a partir de la Ley de Amparo de dos mil trece, se puntualizó el carácter excepcional de la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dictados dentro de juicio y, en concordancia con ello, el Pleno al interpretar el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, resolvió de forma tajante la improcedencia del juicio respecto de actos que sólo causen afectaciones adjetivas, como en los casos en los que no se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente o se trate de afectaciones que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Para efecto de mayor precisión, cabe destacar que un criterio útil para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación dentro de juicio, sustentado por el mismo Pleno del Máximo Tribunal del País, se basa en la distinción hecha entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, siendo los primeros aquellos referentes a la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, los cuales, de llegar a transgredirse, su afectación no sería susceptible de repararse, aun en la hipótesis de obtener sentencia favorable en el procedimiento de origen, por haberse consumado irreparablemente una violación a esas prerrogativas inherentes a las personas. Por consiguiente, los actos dentro de juicio -el cual inicia con la celebración de la audiencia inicial y concluye con la resolución que le pone fin al procedimiento-, tienen una ejecución de imposible reparación, únicamente cuando afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales indicados, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La razón de lo anterior, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no verse vulnerado ningún derecho sustantivo; por esa razón, es necesario esperar hasta la emisión de la sentencia definitiva para poder combatir las resoluciones surgidas durante el trámite del procedimiento, en la vía y forma correspondientes. Cabe acotar, que en términos del artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, el proceso penal comienza con la audiencia inicial ante el juez de control y concluye con la sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal o con la resolución que, sin resolver el fondo del asunto, lo da por concluido. Como se adelantó, la parte quejosa y víctima indirecta en el procedimiento penal de origen, reclama la determinación adoptada por el juez de control señalado como responsable en audiencia de doce de septiembre de dos mil veintidós celebrada en la causa penal 487/2020, en la cual dejó sin efecto el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno dictado por su homólogo, donde se tuvo por extemporáneo el escrito de la defensa donde ejercía las facultades previstas en el numeral 340 de código de la materia. De igual forma, el diverso de treinta de agosto del año en curso, donde se tuvo a la defensa del procesado ejerciendo en tiempo las referidas facultades. Seguidamente retomó la secuela de la fase en esa propia fecha (doce de septiembre de dos mil veintidós) y a partir de ese momento, se tendría a la defensa ejerciendo las facultades previstas por el numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, dicho acto, a juicio de quien aquí resuelve, no puede ser considerado como acto emitido dentro de juicio que tenga una ejecución irreparable, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por las siguientes consideraciones. En principio, conviene precisar que el procedimiento penal de corte acusatorio, comprende tres etapas, como así lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es de contenido siguiente: "ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." Énfasis propio. De los citados preceptos, se advierte que, el cierre de investigación da por concluida la etapa de investigación (inicial y complementaria) y motiva el inicio de la etapa intermedia, que tiene lugar una vez que se presenta la acusación y finaliza con el auto de apertura a juicio, siendo esta diligencia la que dará pie a la etapa de juicio, la cual concluirá con la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento. En ese sentido, el acto de acusación, en el nuevo sistema, abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. En esa tesitura, es dable señalar que, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional, la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por parte del juzgador en cuanto a si procede o no la misma y, mucho menos la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector del mismo. Por ende, se insiste, el acto de acusación por parte del Ministerio Público da lugar al inicio de la etapa intermedia, en la cual se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Expuesto lo anterior, si el objeto de la etapa intermedia, consiste en ejercer un control sobre la investigación, previo al inicio del juicio oral, a partir del cual se garantice la protección o ejercicio de los derechos fundamentales del imputado y se depure el material probatorio posiblemente obtenido de manera ilícita, de forma que los efectos de la violación a estos derechos no trasciendan al juicio oral; debe estimarse que será precisamente durante la mencionada etapa, cuando el imputado deba ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio, expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la transgresión de alguno de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, en su caso, solicitar la exclusión probatoria que deba derivarse de la misma. Resulta ilustrativa la tesis 1a. LII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2017059, de título, subtítulo y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado." Ahora bien, debe señalarse que conforme a los procedimientos del sistema acusatorio adversarial, que se rigen por el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente en los artículos 334 (en el que se establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como que contendrá dos fases, una escrita y otra oral) y 346 (respecto a la facultad del Juez de Control, previo al examen de los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes en audiencia, para ordenar fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio medios de prueba que no cumplan con los requisitos ahí establecidos), especifican el momento procesal y la forma en que se deben ofrecer los medios de prueba. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios vinculantes relacionados con la admisión y exclusión de medios probatorios en la fase intermedia del proceso penal acusatorio bajo el cual se tramita la causa penal de la que derivó el acto reclamado. En efecto, al resolver las contradicciones de tesis 167/2020 y 6/2021, concluyó que, por regla general, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando se reclamen determinaciones de ese tipo, estableciendo como supuestos de excepción para ambos casos, los siguientes: Que la admisión o exclusión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de esa admisión o exclusión implique por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. En el entendido que el hecho de que el debate sobre la admisión o exclusión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio oral, no implica que la determinación respectiva constituya un "acto de imposible reparación", pues esa calificativa depende de que afecte materialmente derechos sustantivos -así lo determinó la Segunda Sala-, lo que ocurrirá cuando con motivo de la admisión o exclusión de alguna prueba se impusieran cargas injustificadas al imputado de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos, como por ejemplo: la invasión a su corporeidad para la obtención de muestras de ADN o sangre, la exigencia de presentar a un testigo por su conducto aun cuando radique en el extranjero y haya referido imposibilidad para hacerlo comparecer, la exhibición de documentos relacionados con su contabilidad, etcétera. Además, la Primera Sala señaló que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque: Existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho; No era relevante para la teoría del caso; y, Se obtenga una sentencia favorable al quejoso pudiendo ser este el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). De tales consideraciones derivó la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, registro electrónico 2023589, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." Así como la diversa 1a./J. 23/2021 (11a.), publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, registro electrónico 2023906, de rubro y texto siguiente "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Cabe precisar, que si bien es cierto la determinación reclamada no es el auto de exclusión de medios de prueba o el de apertura a juicio que admite medios de prueba, los criterios jurisprudenciales citados en párrafos precedentes, otorgan un panorama para determinar cuáles son actos de imposible reparación en la etapa intermedia para la procedencia del juicio de amparo. En el caso particular, tenemos que el quejoso Yoni Moreno Luis o Jhony Moreno Luis, tiene la calidad de víctima indirecta dentro de la causa penal 487/2020, del índice del Juzgado de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y, dentro de sus derechos, se encuentra el de recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal, así como coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cabe referir, que a la víctima o al ofendido se les reconoce la calidad de parte procesal, ello no trastoca el papel del Ministerio Público en cuanto al ejercicio de la acción penal, esto es, a él corresponde la acción persecutoria; de ahí que, sin importar el mayor o menor grado con el que la víctima u ofendido, en términos fácticos, se involucren en el procedimiento penal, la carga de la acusación y todo lo que conlleva recaen en la representación social, lo que de forma alguna puede redundar en perjuicio de los derechos de sujeto pasivo del delito. En este sentido, la parte ofendida o víctima podrá actuar por sí o a través de su asesor jurídico, quien tendrá la potestad para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en su representación; incluso, en la fase de la acusación, pues su intervención tiene como finalidad garantizar y velar porque sus intereses sean respetados, lo que justifica que se conceda su intervención, la cual puede ser por sí mismo, por su representante, pero en especial, por conducto de su asesora jurídica, quien tiene la capacidad jurídica y técnica para ello y en particular, para asegurar su participación activa con el carácter coadyuvante en la acusación que formule el Ministerio Público. En las condiciones apuntadas, tenemos que la parte quejosa se duele de la determinación del juez de control responsable en el que atendiendo al derecho de una adecuada defensa de la parte procesada, deja sin efectos diversas determinaciones y tiene a su defensor por ejercidas las facultades previstas en el numeral 340 de código de la materia; es decir, contestando la acusación del órgano acusador y por ofertados diversos datos de prueba. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa deben tomarse en cuenta las consecuencias que el acto reclamado produce en la esfera jurídica de la persona quejosa (víctima indirecta en el proceso penal), a fin de determinar si con su emisión se trastoca o no alguno de sus derechos fundamentales de manera actual y presente, no futura; por lo que, debe desestimarse cualquier aspecto que guarde relación con la eventual acreditación de la teoría del caso de la peticionaria en la fase del juicio oral que se desarrollará en el proceso penal de origen, pues, como quedó evidenciado, esa circunstancia es de índole procesal y, en su caso, trascenderá hasta que se emita la sentencia respectiva, siempre y cuando le sea desfavorable. En este sentido, el hecho de que el juez responsable estime velar por una defensa adecuada a favor del procesado y permitir el ofrecimientos de pruebas en la etapa intermedia, es evidente que la actuación que en esta vía se combate, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General de la República ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que se trata en el supuesto de serlo, de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales de la víctima indirecta, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto. De ahí que, en todo caso, con los medios de convicción ofrecidos por la representación social, podrá probar el hecho en la fase del juicio oral, a efecto de sustentar la teoría del caso y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas de cargo contra el acusado - contraparte de la parte quejosa- en su perjuicio al emitir sentencia en la audiencia de juicio oral que se desarrollara en el proceso penal de origen; pues, se insiste, con la actuación del juez de control no se avizora una afectación al derecho de defensa de la persona quejosa. De modo que, la decisión de permitir el ofrecimiento de datos de prueba a la parte procesada ya señalados con antelación, no se traduce en una decisión cuyos efectos sean de imposible reparación en perjuicio de la persona quejosa, pues aquella determinación no implica necesariamente que la resolución que se llegue a dictar en definitiva vaya a ser indefectiblemente desfavorable a los intereses, sino que únicamente incide en la forma bajo la cual se desarrollará el referido procedimiento y en la postura jurídica y procedimental que van tomando las partes dentro de la controversia natural, con vista a obtener un fallo favorable. Se insiste, si la Primea Sala del más alto tribunal indicó que el auto de exclusión de medios de prueba o el de apertura a juicio que admite medios de prueba, por regla general no son actos de imposible reparación, menos aún el hecho que el juez de control en atención a una defesa adecuada a favor del procesado, haya permito el ofrecimiento de datos de prueba. Ante ese panorama, es evidente que en el presente asunto no se encuentra ante un acto de imposible reparación, pues no se advierte que con la emisión del acto reclamado se afecten materialmente los derechos sustantivos de la parte impetrante, al grado que se le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, ni tampoco se observa la imposición de una carga excesiva para ella con motivo de la determinación sometida a estudio constitucional. DECISIÓN En conclusión, si la determinación reclamada no afecta materialmente algún derecho sustantivo del promovente tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es indudable que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que puedan ser considerada como acto que produce efectos de imposible reparación. En mérito de lo anterior, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *********** o ****************** por propio derecho, en contra de una determinación adoptada por el Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la titular del Juzgado Primero Civil de Tlacolula, Oaxaca, informa que remitió al diverso Juez Primero Penal de ese Distrito Judicial, el despacho 245/2022 (con número de origen 142/2022), ya que carece de competencia por cuestión de materia para su diligenciación; en consecuencia, téngasele informando lo anterior. Por otra parte, a fin de dar de baja dicha comunicación oficial, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato expreso de su artículo 2°, requiérase al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguiente a la notificación de este proveído, la devuelva debidamente diligenciada. Apercíbasele que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización , de conformidad a los artículos 259 y 237, fracción I, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Laura Alejandra Vallejo Carrillo, con quien actúa y da fe.
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