Yrma Moreno Tepi
Expediente 1790/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1790/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yrma Moreno Tepi
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 6 a 9), en el cual se desechó de plano la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1790/2016-II-D. En primer término, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia se hace consistir en: El impedimento por parte de la responsable para imponerse y fotografiar constancias del proceso 246/2013/ZACATLÁN del índice del Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla, que se le instruye por delito de desobediencia a un mandato judicial. En ese sentido, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De una interpretación sistemática de las normas transcritas (interpretación que radica en considerar el derecho como un sistema, en el que cada norma tiene una función), se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en éste se reclamen actos dentro del procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto sólo procede contra actos procesales de imposible reparación. Entendiéndose por "actos procesales de imposible reparación", las actuaciones cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal por medio de las garantías individuales. Por lo mismo, esa afectación, o sus efectos, para que sean considerados de imposible reparación no deben destruirse con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Y, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, como sucede en la especie. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto la jurisprudencia por contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se transcribe: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto de procedimiento que se pretende combatir en esta instancia constitucional que es el impedimento a la aquí quejosa por parte de la responsable para imponerse y fotografiar constancias del proceso 246/2013/ZACATLÁN del índice del Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla, que se le instruye por delito de desobediencia a un mandato judicial, sólo produce efectos meramente intraprocesales que no causan en sí mismos, un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte procesada (aquí quejosa), ya que, evidentemente, no afectó sus derechos de propiedad, ni de posesión, sino sólo produce efectos intraprocesales, en el sentido de no permitirle tomar fotografías de la referida causa penal a efecto de formular sus conclusiones de inculpabilidad. Por tanto, la suscrita Jueza de Distrito concluye que el impedimento a la aquí quejosa por parte de la responsable para imponerse y fotografiar constancias del proceso 246/2013/ZACATLÁN del índice del Juzgado de lo Penal de Zacatlán, Puebla, que se le instruye por delito de desobediencia a un mandato judicial, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, pues no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) Constitucional en relación con el diverso precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo, aplicadas estas fracciones a contrario sentido, porque, simplemente, no le causa a la peticionaria de garantías un daño de imposible reparación dentro del proceso penal, según las razones que ya fueron precisadas, y tampoco se advierte que se trate de una afectación procesal de carácter exorbitante. Efectivamente, de acuerdo al concepto de irreparabilidad que ha sido desarrollado en este auto, el acto combatido que ahora se analiza no es impugnable en amparo indirecto, pues es un acto intraprocesal. En ese tenor, al tratarse de un acto intraprocesal que obliga a que el procedimiento continúe hasta el dictado de la resolución definitiva, en el que de resultar favorable a los intereses de la hoy parte quejosa, la posible afectación que hoy reclama quedaría reparada, y de serle desfavorable podría reclamarla en vía de amparo directo, tal y como lo establecen las fracciones XII y XXII del artículo 173 de la Ley de Amparo, y como concepto de violación, por violaciones procesales. En efecto, las fracciones IX y XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo, establecen uno de los supuestos jurídicos, que debe ser impugnable en amparo directo, y que a saber dice: Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: Apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto (.) IX. No se le suministren los datos que necesite para su defensa; (.) XIV. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. De la fracción XII transcrita se desprende, que constituye una violación procesal, el que no se le faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el procedimiento, que es el acto aquí reclamado; pues, una vez resuelto de manera definitiva el proceso penal, si la sentencia le fuere favorable a la procesada (hoy promovente), la posible violación que reclama habría desaparecido, y si le fuese adversa, tal resolución la puede reclamar en amparo directo que en su oportunidad promueva, como violación procesal. Además, las consecuencias del acto reclamado de ninguna manera afectan en grado predominante o superior los derechos procesales de la inculpada (hoy promovente), pues no puede considerarse que con la resolución que reclama se haya variado en forma alguna la litis de origen. Luego, la resolución reclamada corresponde a un acto dentro del proceso, de carácter intraprocesal, que no tiene una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; y en cambio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 173, fracciones IX y XIV de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal impugnable vía amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia. Consecuentemente, al actualizarse de modo indudable y manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS con fundamento en el artículo 113 de la citada ley. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Francisco Ramírez Orta, toda vez que el mismo no proporcionó datos de su cédula de licenciado en Derecho, para corroborar si está inscrito en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho, ante la Secretaría de Educación Pública o en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin perjuicio de que, una vez que proporcione los datos de su cédula profesional, podrá ser autorizado con las facultades amplias previstas en el citado numeral. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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