Yosmara Ivette Cabrera Lara (Apoderada)
Expediente 1604/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yosmara Ivette Cabrera Lara (Apoderada)
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, mismo que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Visto, el escrito de cuenta signado por Yosmara Ivette Cabrera Lara, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable", agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realzando las manifestaciones que de su escrito de cuenta se advierten, a manera de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, por cuanto hace a su diversa petición, en el sentido de que le sean devueltos los documentos exhibidos, en copia certificada, con el fin de acreditar su personalidad, dígase a la ocursante que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Así mismo, téngase como pruebas de su parte, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento, las documentales que anexa a su informe, sin perjuicio de ser relacionadas en el momento procesal oportuno. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que conduce a decretar el sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, máxime que, la parte quejosa en su escrito de cuenta, de la misma forma manifiesta que en el presente asunto ha operado la causa de improcedencia citada. Lo anterior es así, con base en las consideraciones y razonamientos que más adelante se expresan; en tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualiza una causal de improcedencia notoria e indudable, de manera que, con ningún medio de convicción puede desvirtuarse. Ahora bien, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que Yosmara Ivette Cabrera Lara, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable", mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y turnado al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla el mismo día, mismo que declinó la competencia de dicho asunto en favor de este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que atribuyó a la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla, que hizo consistir en la omisión de acordar su escrito presentado el seis de octubre de dos mil dieciséis, ante las oficinas a su cargo. Luego, mediante proveído de veinticuatro de noviembre pasado se admitió a trámite la demanda de amparo - previa prevención formulada -, requiriendo a la autoridad responsable su informe justificado. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, el cual dispone: (.) Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje en ella huella alguna. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, se tiene que la Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla remitió copia certificada de la certificación de doce de diciembre de dos mil dieciséis, así como del acta de comparecencia de trece de diciembre del año en curso, que obran en el registro de atención número 325/2016/CHOLULA; documentales que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, se evidencia que el doce de diciembre del año en curso la autoridad responsable la Agente del Ministerio Público Orientador adscrita a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, Puebla, realizó una llamada telefónica a la promovente Yosmara Ivette Cabrera Lara, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable", a través de la cual le informó que fue acordada favorable su solicitud de copias dentro del registro de atención número 325/2016/CHOLULA, realizando la entrega respectiva el trece de diciembre del presente año, restituyéndola en el pleno goce de sus garantías como si se hubiere concedido el amparo y protección federal, actualizándose de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia en comento. Por tanto, es dable concluir que, los efectos del acto reclamado han cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo, dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos y de las garantías individuales que en algún momento estuvieron vulneradas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, a continuación se citan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia VI.2o. J/339 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, y toda vez que la improcedencia que se comenta se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte inconforme en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, cuando sea de carácter negativo, lo que en el caso ocurre, pues la abstención reclamada ha cesado con el dictado y notificación de la resolución respectiva, por lo que con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, respecto del acto antes citado y por los motivos expuestos. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio 50307/2016 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y un anexo consistente en el juicio de amparo indirecto 1949/2016, promovido por Yosmara Ivette Cabrera Lara, quien dice ser apoderada legal de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable". Lo anterior, en virtud de que carece de competencia en razón de la materia para conocer de dicho asunto, por lo que, ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad y, en ese sentido, la suscrita Juzgadora se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, acúsese de recibo; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, visto el escrito de demanda presentado por Yosmara Ivette Cabrera Lara, quien dice ser apoderada legal de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable", contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1604/2016-III-B. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído realice lo siguiente: - Acredite, con documento fehaciente el carácter de representante legal de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable". Ello es así, ya que la promovente no exhibió documento alguno que acredite la personalidad con la que se ostenta. Lo anterior, no obstante que la promovente afirma tener por reconocida dicha representación ante la autoridad responsable, tal como lo prevé el artículo 11 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando el promovente de amparo afirme tener por reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida la demanda siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. Sin embargo, en el presente caso, no obstante que es de naturaleza penal, no es factible tenerle por reconocida la personalidad que afirma tener, pues de las documentales que exhibe la promovente, en específico, del registro de atención número 325/2016/CHOLULA (foja 12), se advierte que, contrario a lo que manifiesta, no le fue reconocida la representación legal de la persona moral denominada "Ayuda Express, Sociedad Anónima de Capital Variable", tal como se evidencia del apartado "Datos de la Víctima/Ofendido/Denunciante" en su punto número "6", referente al representante legal, en donde fue asentada la leyenda "NO". De ahí que, contrario a lo que manifiesta la ocursante, no se le reconoció el carácter con el que comparece ante esta instancia constitucional, razón por la cual, resulta procedente efectuar la presente prevención, pues no se advierte que se le haya reconocido su personalidad ante la autoridad responsable y, que con las documentales que exhibe en su demanda de amparo, tampoco se colma tal extremo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 43/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en la formulada prevención, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por Yosmara Ivette Cabrera Lara, y no por conducto de algún autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta y a las personas que indica como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues así lo solicitó expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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