Yrma América Cruz Ramos

Expediente 958/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
958/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Yrma América Cruz Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de agosto del presente año, en el que se tuvo por desechada la demanda de garantías; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno.archívese el presente como asunto concluido.este expediente es susceptible de destrucción y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial

  2. Principal

    ...En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La omisión para dar respuesta a su escrito de petición, presentado ante la Secretaría del Trabajo el dos de mayo de dos mil dieciocho. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes la parte quejosa refiere que mediante escrito recibido por la responsable el dos de mayo de dos mil dieciocho, solicitó la expedición de una constancia laboral, con ingresos de la plaza de confianza el uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, actualmente personal de base, a efecto de cobrar el incentivo de veinte años de servicio cumplidos ante el gobierno del estado. Lo anterior, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. Para arribar a la anterior conclusión, es necesario en primer término, precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad. Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalente a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que la promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo la promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Así, toda vez que la parte quejosa refiere que el acto reclamado en esencia es la omisión de la responsable para dar respuesta a su escrito de petición, presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho. Luego, la actuación atribuida a la autoridad responsable, no reúne el carácter de un acto de autoridad, esto es, no se trata de una determinación tomada por el organismo, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tiene con la quejosa y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resulta ser autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 42/2001 Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. 3.1 Desechamiento. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la citada ley. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La omisión para dar respuesta a su escrito de petición, presentado ante la Secretaría del Trabajo el dos de mayo de dos mil dieciocho. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes la parte quejosa refiere que mediante escrito recibido por la responsable el dos de mayo de dos mil dieciocho, solicitó la expedición de una constancia laboral, con ingresos de la plaza de confianza el uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, ante la entonces Procuraduría General del Estado de Chiapas, actualmente personal de base, a efecto de cobrar el incentivo de veinte años de servicio cumplidos ante el gobierno del estado. Lo anterior, permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que más adelante se expondrán. Para arribar a la anterior conclusión, es necesario en primer término, precisar el término de autoridad, para los efectos del juicio de amparo. Al respecto, los artículos 103 y 107 constitucionales, no definen el término autoridad. Tampoco en la ley reglamentaria de los preceptos constitucionales invocados precedentemente se define el vocablo aludido; pues como ya se dijo, el artículo 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales tampoco lo establece. Es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por tanto, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares cuando sus actos no sean equivalente a los de autoridad, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo anteriormente expuesto revela que, para estar en condiciones de determinar sobre la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace respecto a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre éstos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que la promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, como ya se indicó, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo la promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Así, toda vez que la parte quejosa refiere que el acto reclamado en esencia es la omisión de la responsable para dar respuesta a su escrito de petición, presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho. Luego, la actuación atribuida a la autoridad responsable, no reúne el carácter de un acto de autoridad, esto es, no se trata de una determinación tomada por el organismo, ante sí y por sí, sino simplemente se trata de un acto que deriva de una relación laboral que tiene con la quejosa y en ejercicio de las facultades de autonomía para determinar con sus subordinados; es decir, se trata de cuestiones laborales, por lo que no resulta ser autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J. 42/2001 Del criterio invocado se advierte que para que exista un acto de autoridad, susceptible de ser analizado en el juicio constitucional, necesariamente debe existir una relación de supraordinación que es donde una autoridad actúa como ente de derecho público sobre la esfera jurídica del gobernado utilizando el imperio que la Ley le concede, a fin de modificar, extinguir o restringir los derechos del gobernado; por tanto, como ya se adelantó en el presente caso, no se trata de controvertir una decisión o acto de autoridad, si no que pretenden esclarecerse o combatirse actos relativos a relaciones estrictamente laborales, las cuales deben ventilarse y resolverse en una instancia diversa. 3.1 Desechamiento. En tal virtud, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5°, fracción II, todos de la citada ley. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, promovida por ...

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