Yoser Iván González Hernández

Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 36 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
694/2018
Año
2018
Actuaciones
36
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Yoser Iván González Hernández
  • Fiscal del Minsiterio Público Investigador, adscrito a la Fiscalía de Secuestro.- Chiapa de Corzo, Chiapas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de febrero de dos mil veintiunoEstado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la partes para que se manifestaran respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna de ellas hubiese hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a realizar el análisis jurídico sobre dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en el expediente. Fijación del acto reclamado. El acto de autoridad que reclamó la parte quejosa, consiste en el auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 47/2018, por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Región III, con residencia en esa ciudad. Efectos de la concesión del amparo. Por sentencia de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 40 a 43), este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Yoser Iván González Hernández para efectos de que el juez responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho dictado en la causa penal 47/2018, acto seguido: Sin repetir la audiencia de imputación, así como lo manifestado por las partes en la audiencia de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, deberá señalar día y hora para una nueva, en la que, se dictará la resolución que corresponda, donde deberán comparecer las partes y, haciendo el estudio de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, precisará fundada y motivadamente los datos de prueba que establezcan que se ha o no cometido un hecho que la ley señala como delito y, que existe o no la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, estableciendo en ambos casos el lugar tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos. Igualmente, realizará el estudio de la agravante que indicó que se actualizó en el delito de secuestro, precisando los datos de prueba que la demuestren y exponga las razones del porqué se llega a esa conclusión. Asimismo, de manera fundada y motivada expondrá porqué el plazo de investigación complementaria debe ser de seis meses, y no únicamente reiterar lo dicho por las partes, principalmente por parte de la Fiscalía. Una vez substanciado el recurso de revisión interpuesto por las partes inconformes y habiéndose confirmado el fallo protector, por auto de tres de enero de dos mil diecinueve (foja 188), se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (foja 203), se tuvo al Juez de Control Región Tres de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Jefatura de Control y Seguimiento de Causas, con sede en Villaflores, Chiapas, remitiendo las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia amparatoria. El veintidós de abril del año en curso (fojas 225 a 230), este juzgado entró al estudio de las constancias relativas al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, en los términos que a continuación se precisan. Respecto del inciso i), el precitado juez dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 47/2018 En acatamiento al inciso ii), el juez responsable, sin repetir la audiencia de imputación, ni lo manifestado por las partes, llevó a cabo la mencionada audiencia inicial de once de enero del año en curso, con la asistencia de las partes, en la que emitió una nueva resolución, teniendo en cuenta los datos de prueba recabados por la fiscalía, tales como las entrevistas a testigos, informes de registro de control y seguimiento de la Policía Especializada, informe de puesta a disposición, dictámenes psicológicos practicados al menor, peritaje en criminalística de campo, fotografía y croquis ilustrativo, precisando fundada y motivadamente los siguientes aspectos: Que se cometió el hecho que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece como delito de secuestro; y La probabilidad de que el aquí quejoso Yoser Iván González Hernández fue una de las personas que intervino en su comisión. Estableciendo, en ambos casos, las referencias de lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución de los hechos. En observancia al inciso iii), el juez de la causa consideró que los datos de prueba justificaban la agravante prevista en el artículo 10, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en razón de que al llevarse a cabo la liberación del menor plagiado, el acto privativo se estaba ejecutando por un grupo de más de dos personas, como así lo establece el citado numeral. Asimismo, dicha responsable justificó que la privación de la libertad del menor secuestrado se había cometido con violencia física, partiendo del dictamen emitido por la médico legista Sara Yaneth Martínez Ocampo, quien dictaminó que el menor secuestrado presentaba lesiones; sin embargo, omitió indicar el fundamento legal de dicha agravante (esto es, que pasó por alto citar el artículo 10, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que contempla esa agravante). Del mismo modo, justificó la agravante prevista en el numeral 10, fracción I, inciso e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, relativa a que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, lo cual quedó demostrado con lo manifestado por Román de Jesús Domínguez Martínez y Darwin Alexis Nazar Domínguez y los informes policíacos que dan cuenta de que se rescató a un menor de edad; principalmente, con el dictamen de la médico legista Sara Yaneth Martínez Ocampo, quien estableció que la edad clínica presentada por el menor era de cuatro a cinco años de edad. Finalmente, en cuanto al inciso iv), el juez responsable preguntó a las partes si existía alguna petición en relación a la temporalidad de la investigación complementaria, las cuales fueron en el sentido de que los seis meses establecidos por la ley habían fenecido, ante lo cual, dejó de señalar plazo al efecto. Bajo esa tesitura, este juzgado consideró que el juez responsable, en la resolución de once de enero de dos mil diecinueve, había atendido los lineamientos establecidos en la sentencia concesora del amparo, ameritando que se tuviera por cumplido dicho fallo, excepto en lo relativo a la agravante de la violencia física empleada, pues, se insiste, omitió invocar el respectivo fundamento legal (artículo 10, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro). Adicionalmente a ello, se puntualizó que el juez responsable, al pronunciarse respecto de la forma en que el aquí quejoso intervino en la realización del hecho señalado por la ley como delito, argumentó que actuó a título de autor material, pero invocando la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, la cual se refiere propiamente a la figura de la coautoría material. Es decir, se destacó que había incongruencia por parte de la autoridad responsable, al sostener que el quejoso fue autor material de los hechos, pero encuadrando su conducta en la figura de coautoría material, que prevé la porción normativa en consulta. En esos términos, no se tuvo por cumplida la sentencia, en lo relativo a los dos puntos que anteceden, propiciando que se devolvieran los autos a la responsable, para efectos de que, nuevamente, el juez responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de once de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 47/2018, pero únicamente respecto del estudio inherente a la forma de intervención del aquí quejoso en los hechos señalados por la ley como delito; acto seguido: Sin repetir la audiencia de imputación ni lo manifestado por las partes, deberá señalar día y hora para una nueva, con la asistencia de las partes, en la que deberá reiterar el estudio relativo a la comisión del hecho que la ley señala como delito, las agravantes (pero precisando el fundamento legal de la violencia física empleada), así como la probabilidad de que el aquí quejoso intervino en su comisión, debiendo pronunciarse sobre la forma de intervención del quejoso en los hechos, fundando y motivando adecuadamente su decisión, purgando la incongruencia de considerar al activo como autor del delito, pero invocando el fundamento legal que rige a la coautoría, conforme a todo lo expuesto en este proveído. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (foja 255), se tuvo al Juez de Control Región Tres de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Jefatura de Control y Seguimiento de Causas, con sede en Villaflores, Chiapas, remitiendo el oficio 629/2019 de once de mayo de esa anualidad, al que adjuntó las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional (el disco versátil digital que contiene la continuación de la audiencia inicial de once de mayo del año en comento, donde dictó auto de vinculación a proceso al quejoso). Del análisis a la videograbación en que quedó registrada la audiencia inicial antes mencionada, esta autoridad de amparo advirtió tres deficiencias en el cumplimiento de la sentencia protectora. En primer lugar, el requerimiento de cumplimiento a la sentencia fue para efectos de que el juez responsable señalara fecha y hora para celebrar una nueva audiencia de imputación, en la cual debía dictar su resolución de plazo constitucional, pero sin que debiera repetirse lo manifestado por las partes, lo cual no fue atendido cabalmente por la responsable, dado que practicó dicha diligencia, requiriendo al Ministerio Público que volviera a formular imputación y a la defensa y al imputado que contestaran la imputación, quienes ante dicho requerimiento del juez, volvieron a manifestarse en ese sentido, lo que implica inobservancia al primer lineamiento trazado por esta autoridad para el debido cumplimiento del fallo protector. Lo anterior es así, porque en la audiencia inicial de once de enero de dos mil diecinueve, el juez responsable, con plenitud de jurisdicción, determinó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para acreditar que se cometió el hecho que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece como delito de secuestro; así como también, la probabilidad de que el aquí quejoso fue una de las personas que intervino en su comisión; estableciendo en ambos casos las referencias de lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución de los hechos; aspectos que, al resultar jurídicamente procedentes, propiciaron que se declarara parcialmente cumplida la sentencia de amparo, en lo relativo a estas dos categorías del delito (comisión del hecho y probabilidad de intervención) Por ello es que no era viable repetir la audiencia con reiteración de lo manifestado por las partes, pues al haber requerido nuevamente al Ministerio Público que formulara la imputación y a la defensa y al imputado que contestaran la misma, el juez responsable puso en riesgo la firmeza y solidez del pronunciamiento legal que previamente vertió en la audiencia de once de enero de dos mil diecinueve, acerca de la demostración del hecho señalado por la ley como delito de secuestro y de la probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; aspectos sobre los cuales, se recalca, este juzgado ya había declarado el debido cumplimiento del fallo concesor del amparo. Otro de los efectos del requerimiento de cumplimiento a la sentencia, fue para que la autoridad responsable, en la precitada audiencia de imputación, reiterara el estudio relativo a la comisión del hecho que la ley señala como delito y las agravantes actualizadas (violencia equiparada en razón del número de activos del delito, violencia física empleada y violencia equiparada en función de la minoría de edad de la víctima). Sin embargo, se requirió a la responsable que precisara el fundamento legal de la agravante de violencia física empleada en el secuestro, a saber, el artículo 10, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, ya que en la resolución de vinculación a proceso de once de enero de dos mil diecinueve, omitió invocar esa norma aplicable al caso incurriendo en violación formal de indebida fundamentación del acto. Lineamiento que la autoridad responsable desatendió, puesto que, haciendo una nueva reflexión de criterio, el juez de origen estimó que la agravante de la violencia física empleada no se encontraba acreditada en autos, principalmente, porque el menor plagiado, al momento de ser liberado, presentaba lesiones que tardaban en sanar menos de quince días, según el dictamen médico rendido por la doctora Sara Janeth Pérez Ocampo, siendo que dicho menor había sido privado de la libertad por más de un mes, de manera que no se tenía certeza de que las lesiones que presentaba hubiesen sido provocadas a causa de la fuerza física o medios violentos que los activos hayan empleado para amagar y someter a dicho menor. Empero, debe tenerse en cuenta que, la autoridad responsable, en el auto de vinculación a proceso de once de enero de aquella anualidad, con plenitud de jurisdicción, analizó la agravante de violencia física empleada y determinó su existencia -aunque con la deficiencia formal de no señalar su fundamento legal- por lo que este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia de amparo, respecto de la actualización de dicha agravante. Por ello, no era viable que el juez responsable, en la resolución de cumplimiento que se atiende, volviera a analizar la acreditación o no de la agravante de violencia física empleada, pues el requerimiento correspondiente fue ordenado, estrictamente, para que procediera a la ubicación legal de los hechos que conforman la agravante en cuestión, dentro del supuesto legal del artículo 10, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. De esta manera, al no subsumir los hechos constitutivos de la agravante de violencia física en el fundamento legal correcto y, por el contrario, considerar inacreditada tal agravante, la responsable desatendió lo señalado por esta autoridad de control constitucional, alterando un aspecto sobre el cual ya se había pronunciado previamente y respecto del cual este juzgado ya había decretado el fiel cumplimiento de la sentencia de amparo, trastocando la firmeza y solidez de la acreditación de la agravante analizada. Por último el juez responsable incumplió con el fallo protector, en razón de que el tercer efecto del requerimiento de cumplimiento, se hizo en función de que existía incongruencia en el primer pronunciamiento de cumplimiento a la sentencia de amparo, respecto de la forma de intervención del imputado, ahora quejoso, ya que en dicha resolución, consideró al impetrante de amparo como autor material del hecho señalado por la ley como delito, pero citando el fundamento legal de la coautoría material (artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal), lo que no resultaba legalmente adecuado, pues, tal y como el propio juez responsable lo adujo en su determinación, el imputado intervino en los hechos en conjunción de otros activos, de manera que no era congruente encuadrar su forma de actuar en la figura de la autoría singular o unisubjetiva invocando la hipótesis legal de la autoría concomitante o plurisubjetiva. En cambio, al haber vuelto a analizar la forma de intervención del quejoso en la comisión del secuestro y arribar a una nueva determinación de que ésta encuadraba dentro de la hipótesis de los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión, varió un aspecto sobre el cual ya existía una previa determinación y respecto del que también ya se había declarado cumplida la sentencia de amparo por parte de este juzgado, cuando lo requerido únicamente consistía en que debía aclarar la forma de intervención del quejoso en los hechos señalados por la ley como secuestro, ya que, por una parte, hizo referencia a que el aquí quejoso intervino en los hechos en conjunción de otros activos (coautoría) y, por otra, aludió a la figura de la autoría material (singular o unisubjetiva), citando, además, como fundamento legal, el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, que se contrae a la figura del coautor material. Bajo ese tenor, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias que en ese momento fueron remitidas por la responsable, se concluyó que no se atendieron los lineamientos establecidos por este juzgado para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por consiguiente, en el auto de once de octubre de dos mil diecinueve (fojas 276 a 280), no se tuvo por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, ordenándose al juez responsable que se pronunciara de nueva cuenta en los términos que le fueron ordenados, es decir, que: Dejara insubsistente la parte relativa del auto de vinculación a proceso de once de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 47/2018, a partir del estudio inherente a la forma de intervención del aquí quejoso (esto es, que deberá dejar intocados, tanto el juicio de tipicidad en que consideró acreditada la existencia del hecho que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé como delito de secuestro, como el juicio de culpabilidad donde determinó el acreditamiento de la probabilidad de que el quejoso Yoser Iván González Hernández, fue una de las personas que intervino en su comisión; aspectos que previamente ya analizó en el auto de vinculación a proceso mencionado y respecto de los cuales, oportunamente, ya se declaró por cumplida la sentencia de amparo). Sin repetir la audiencia de imputación, ni lo manifestado por las partes (esto es, que sin volver a solicitar que el Ministerio Público formule imputación, ni que la defensa y el imputado contesten la imputación), señalara día y hora para celebrar una nueva audiencia, en la que, 2.1. tuviera por legalmente reproducidos los argumentos que previamente vertió con relación al juicio de tipicidad en que determinó tanto la existencia del hecho que la ley prevé como delito de secuestro, como el juicio de culpabilidad donde dio por acreditada la probabilidad de que el quejoso fue una de las personas que intervino en su comisión, mismos que se encuentran plasmados en el auto de vinculación a proceso de once de enero del año en curso, así como también, 2.2. tuviera por legalmente reproducidos los argumentos que previamente vertió con relación a la actualización de las agravantes de a) violencia equiparada por superioridad numérica, b) violencia física empleada y c) violencia equiparada en función de la minoría de edad de la víctima -todos estos aspectos que previamente ya había analizado en el auto de vinculación a proceso mencionado y respecto de los cuales, oportunamente, ya se había declarado por cumplida la sentencia de amparo-, pero invocando el fundamento legal de la segunda de esas agravantes, a saber, el artículo 10, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que omitió citar en dicha resolución de vinculación. Por último, aclarara la forma de intervención del quejoso en los hechos señalados por la ley como secuestro, ya sea a título de autoría material (singular o unisubjetiva) o de coautoría material (concomitante o plurisubjetiva), precisando su fundamento legal correspondiente, pero teniendo en cuenta que, tal y como lo afirmó con plenitud de jurisdicción en el auto de vinculación a proceso de once de enero de dos mil diecinueve, que el aquí quejoso intervino en los hechos en conjunción de otros activos. Análisis del cumplimiento. Mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 286), se tuvo al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Región III, con residencia en esa ciudad, remitiendo el oficio 1658/2019 de cinco de noviembre de esa anualidad, al que adjuntó las constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional (el disco versátil digital que contiene la audiencia inicial de cinco de noviembre del año en comento, donde dictó auto de vinculación a proceso al quejoso). Constancias a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Del análisis a la videograbación en que quedó registrada la audiencia inicial antes mencionada, esta autoridad de amparo advierte que la responsable se pronunció en los términos siguientes: Bien, como ya lo escucharon en la cuenta que ha dado el Secretario, para llevar a cabo la presente audiencia, que es en cumplimiento a un requerimiento del órgano federal, como ya reitero, escucharon cuáles son los datos del oficio en que se requiere a este órgano jurisdiccional, por lo que para llevar a cabo la presente audiencia y dar cumplimiento a la ejecutoria, como lo requiere el órgano de control constitucional, se han revisado las videograbaciones que se resguardan en el dispositivo de almacenamiento digital que obran en la administración de este órgano jurisdiccional, en los que contienen los datos probatorios que en su momento la Fiscalía del Ministerio Público expuso para sustentar la vinculación a proceso en contra de Yoser Iván González Hernández, en la causa penal 46/2018, por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio del menor que en este caso solamente se pronuncian las iniciales para resguardar su identidad, cuyas iniciales son DAND, por lo que, en los términos de los artículos 16, 19 y 20 Constitucionales, en relación a los artículos 61 y 67 de la Ley Adjetiva Nacional y sin repetir audiencia, cuanto que así lo solicita el órgano federal, sin repetir la audiencia de imputación y lo manifestado por las partes en la audiencia del veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, toda vez que de esos datos probatorios que contiene esa audiencia, las partes se encuentran ya debidamente impuestos de esos datos, por lo que en esos términos se procede a llevar a cabo la presente audiencia, para lo cual es pertinente citar que al caso tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2015127, publicada con fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete, bajo el rubro de "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS)". Dicha tesis será transcrita en el contenido de la resolución que al efecto se pronuncie. Bien, en acatamiento a la ejecutoria de amparo de la que ya ustedes escucharon los datos, pronunciada en el juicio 694/2019 (sic) del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, este órgano jurisdiccional deja insubsistente la parte relativa al auto de vinculación a proceso de fecha once de enero de dos mil diecinueve, dictado en la causa ya citada, a partir del estudio inherente a la forma de intervención del imputado Yoser Iván González Hernández, dejando intocado los argumentos que sirvieron para establecer tanto el juicio de tipicidad en el que se consideró acreditada la existencia del hecho que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé como delito de secuestro, así como el juicio de culpabilidad, en donde se determinó el acreditamiento de la probable participación del imputado Yoser Iván González Hernández, de quien se consideró como una de las personas que participó en ese hecho. Asimismo, se tienen por reproducidos los argumentos que previamente se vertió con relación al juicio de tipicidad, en la que se determinó tanto la existencia del hecho que la ley prevé como delito de secuestro, como el juicio de culpabilidad, donde se tiene por acreditada la culpabilidad o la probable participación de Yoser Iván González Hernández, como ser una de las personas que probablemente participó en su comisión, los cuales se encuentran plasmados en el auto de vinculación a proceso del once de enero del año en curso. De igual manera, también se tiene por legalmente reproducidos los argumentos que previamente se vertieron en relación a la actualización de las agravantes en el inciso a), que es violencia equiparada por superioridad numérica, b) es la violencia física empleada y c) violencia equiparada en función de la minoría de edad de la víctima, tal como quedó debidamente acreditado en el auto de vinculación a proceso de fecha once de enero del año en curso. Por otra parte, también se hace mención que en relación a la agravante consistente en el inciso b) de violencia física empleada, conforme a los datos de prueba que fueron tomados en cuenta al momento de dictar el auto de vinculación a proceso de fecha once de enero del año en curso, estos resultan aptos, pertinentes y suficientes para la acreditación de la agravante antes mencionada, la que se encuentra prevista y sancionada por el artículo 10, fracción I, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ahora bien, en relación a la forma de intervención del imputado Yoser Iván González Hernández, ésta se advierte que con los datos de prueba que fueron considerados o expuestos por la Fiscalía del Ministerio Público y con los que fue sustentado el auto de vinculación a proceso de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, fue a título de coautor material, toda vez que el imputado Yoser Iván González Hernández, según esos datos probatorios, es una de las personas que privó de la libertad deambulatoria al menor de iniciales DAND, toda vez que con ellos se ha justificado que desde el día veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, dicho menor fue privado de la libertad y con fecha siete de mayo del año dos mil dieciocho, un familiar de dicho menor recibe una llamada telefónica donde le indicaban que a cambio de la libertad, solicitaban la cantidad de trescientos mil pesos para liberar a dicho menor, quien fue liberado el catorce de mayo del año en curso (sic), cuando se encontraba en el interior de una habitación ubicada en Ciudad Real de la calle Monteverde, Municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, donde el hoy imputado fue asegurado por elementos o agentes policiales especializados, justificándose así que alguien privó de la libertad deambulatoria a un menor de edad, para obtener un rescate para sí o para un tercero, justificándose con esto que el hoy imputado actuó a título de coautor material, ya que es una de las personas que cuidaba al menor en el lugar donde lo mantuvieron en cautiverio. Conducta que se considera que queda inmersa dentro de lo que dispone el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. A ello también tiene aplicación la tesis marcada con el número 2004963, bajo el rubro de "PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD. PARA COMETER EL DELITO DE ROBO, EL DOLO Y LA FORMA DE INTERVENCIÓN A TÍTULO DE COAUTOR MATERIAL SE ACREDITAN AÚN CUANDO EL INCULPADO HAYA PARTICIPADO CON POSTERIORIDAD AL APODERAMIENTO DE LOS OBJETOS Y A LA DETENCIÓN MATERIAL DEL PASIVO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", que se considera que tiene aplicación a los argumentos antes expuestos. De igual manera, el criterio jurisprudencial bajo el registro 186647, bajo el de COAUTORÍA. ARTÍCULO 13, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Criterios que serán transcritos en la resolución que al efecto se pronuncie. Por tanto, con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en acatamiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 694/2019 (sic) del índice del Juzgado Primero de Distrito y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, siendo las trece horas con veinte minutos del día de hoy, cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Yoser Iván González Hernández, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, inciso b) c) y e), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación al artículo 7, fracción III y 9, párrafo primero y 13, fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio del menor de iniciales DAND, hechos ocurridos en el Municipio de Ángel Albino Corzo, correspondiente a este distrito judicial. Como puede verse, en cuanto al punto número 1, la autoridad responsable dejó insubsistente la parte relativa del auto de vinculación a proceso de once de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de la causa penal 47/2018, a partir del estudio inherente a la forma de intervención del aquí quejoso, dejando intocados, tanto el juicio de tipicidad en que consideró acreditada la existencia del hecho que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro prevé como delito de secuestro, como el juicio de culpabilidad donde determinó el acreditamiento de la probabilidad de que el quejoso Yoser Iván González Hernández, fue una de las personas que intervino en su comisión. En relación al punto número 2, sin repetir la audiencia de imputación, ni lo manifestado por las partes, celebró una nueva audiencia, en la que, 2.1. tuvo por legalmente reproducidos los argumentos que previamente vertió con relación al juicio de tipicidad en que determinó tanto la existencia del hecho que la ley prevé como delito de secuestro, como el juicio de culpabilidad donde dio por acreditada la probabilidad de que el quejoso fue una de las personas que intervino en su comisión, mismos que se encuentran plasmados en el auto de vinculación a proceso de once de enero del año en curso, así como también, 2.2. tuvo por legalmente reproducidos los argumentos que previamente vertió con relación a la actualización de las agravantes de a) violencia equiparada por superioridad numérica, b) violencia física empleada y c) violencia equiparada en función de la minoría de edad de la víctima, invocando correctamente el fundamento legal de la segunda de esas agravantes, esto es, el artículo 10, fracción I, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Finalmente, respecto del punto número 3, aclaró debidamente que la forma de intervención del quejoso en los hechos señalados por la ley como secuestro, fue a título de coautor material, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, teniendo en cuenta que el aquí quejoso intervino en los hechos en conjunción de otros activos. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

  2. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que mediante acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió diversas disposiciones para regular la suspensión total de labores y la reanudación parcial de éstas en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el periodo comprendido del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte; y que en el diverso 21/2020, ordenó el levantamiento de la referida suspensión de plazos y términos procesales, a partir del tres de agosto del año en curso. Reanudación de procedimiento. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso 26/08/21 16:27:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a0.c0 ALEX CONRAD HAYTON HERRERA escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio del presente año, en el presente asunto, y toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado y no su reinicio. En consecuencia de lo anterior, una vez que las labores del juzgado lo permitan díctese la resolución que en derecho corresponda. Por otra parte, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados.

  3. Principal

    Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez del Ramo Penal en funciones de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de cinco de noviembre del año en curso, en audio y video a través de un disco compacto en formato DVD. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el contenido de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional con base en los elementos que obren en el expediente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE TERCERA INTERESADA: Promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez del Ramo Penal en funciones de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de cinco de noviembre del año en curso, en audio y video a través de un disco compacto en formato DVD. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el contenido de este proveído, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación de este auto, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional con base en los elementos que obren en el expediente

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