Yovanni Alexander Rosado Pastrana

Expediente 284/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
284/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Yovanni Alexander Rosado Pastrana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el seis de junio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de CONSERVACIÓN, PUES SE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, inciso b), del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno incidental, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado numeral. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 284/2023-I-B, promovido por YOVANNI ALEXANDER ROSADO PASTRANA; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el veinticuatro siguiente; y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 284/2023-I-B, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se reservó el emplazamiento de quien pudiera tener carácter de tercero interesado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Yucatán; lo anterior, ya que del informe justificado del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se advirtió su participación. CUARTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto; auto que causó estado el nueve de mayo siguiente. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, lo siguiente: El aseguramiento, desalojo y abstención de entregar el predio ubicado en la localidad de Telchac Puerto, Yucatán, con superficie de 000-04-95.715, y su falta de notificación. Las amenazas e intimidaciones. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado (número de promociones 3596 y 3788), con sede en esta ciudad. Toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, al negar categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Sin que obste, que en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, informara que estaba cumpliendo con unas medidas de vigilancia en el predio ubicado en la calle Veintiuno, sin número entre calles Cincuenta y cuatro y Cincuenta y seis (ampliación Pastor Camino), en Telchac, Puerto, Yucatán, a solicitud del Fiscal General del Estado a favor de Fátima María G. Cantón Cetina, y exhibiera copia certificada del oficio sin número de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte que la autoridad ministerial dictó como medidas de protección por un periodo de treinta días naturales contados a partir del nueve de febrero del presente año, para que brinde a la víctima y su familia el auxilio inmediato en el domicilio o lugar en donde se localice o se encuentre en el momento que solicite su intervención. Toda vez que, a pesar de que por auto de veintisiete de marzo del presente año, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Yucatán, quién es la autoridad que emitió el acto reclamado, como se ha hecho referencia; sin embargo, por diverso auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se tuvo al quejoso intentando cumplir con la prevención ordenada, pero al no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se le requirió nuevamente para que subsanara dicha omisión, por lo cual, al no haber hecho manifestación alguna al respecto, por auto de veinticinco de abril actual, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, mismo auto que causó estado el nueve de mayo siguiente, razón por la cual, este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio respecto del citado acto. En tales condiciones, ante la negativa expresada por la autoridad responsable respecto de los actos reclamados, sin prueba en contrario, procede decretar el sobreseimiento por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En relación con la publicación de datos personales, estese a lo señalado en el considerando cuarto de este fallo. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés; mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales que correspondan. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito singado por el quejoso YOVANNI ALEXANDER ROSADO PASTRANA, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada el veintisiete de los corrientes, pretende ampliar su demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la ampliación de demanda de mérito, con fundamento en el artículo 114 fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito aclare su ampliación de demanda, debiendo invariablemente cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el escrito de mérito carece de las exigencias contempladas en el citado precepto. Para lo cual, el ocursante además deberá incluir en el apartado de antecedentes que se requiere, los relativos a los actos que reclama, y que le dieron origen, a fin de estar en aptitud de mejor resolver respecto a la ampliación que pretende. Se apercibe a la parte promovente que, de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia, por analogía de razón. Asimismo, se le solicita que exhiba junto con su escrito aclaratorio, las suficientes copias del mismo, a fin de correr el traslado correspondiente a las partes, que en el presente asunto son: la agente del Ministerio Público Federal adscrita, tres autoridades responsables y la correspondiente al incidente de suspensión si lo solicita. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia número 36/2001 y la tesis VII/2001, aprobadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números de registro 189977 y 189978, publicadas en las páginas 79 y 325, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario con quien actúa, el licenciado Raúl Ramos Berzunza. Doy fe.

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