Yovana Vargas Bastida

Expediente 934/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
934/2018
Año
2018
Actuaciones
48
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Yovana Vargas Bastida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito signado por María Isabel Arana Cetina, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual, solicita se expida a su costa copia simple de los documentos que fueron ofrecidos de su parte en el presente juicio constitucional, ello, a fin de estar en aptitud de que le sean devueltos los mismos. Al respecto, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, expídase a su costa copia simple de las constancias que solicita, y entréguesele previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Una vez hecho lo anterior, devuélvanse los documentos que solicita, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que deje en autos, así como copia certificada que de los documentos a devolver se deje en este expediente. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el memorial de cuenta presentado por Yovana Vargas Bastida, parte quejosa; en atención a su contenido, y con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase las copias certificadas que solicita, haciéndole entrega de las mismas por el conducto que señala, previa identificación y recibo que otorgue en autos. Por otro lado, solicita se le devuelva todos los documentos originales que formaron parte del presente juicio de amparo. Sin que se acceda por el momento a devolverle las actuaciones que refiere, pues no acompañó la copia necesaria para su cotejo y posterior devolución. Por otra parte, en virtud de que hasta la presente fecha el Presidente Municipal de Telchac, Puerto, Yucatán, no ha informado sobre lo requerido en sentencia de quince de mayo del presente año. Requiérase nuevamente a la autoridad nombrada, para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de esta resolución, informe a este Juzgado el nombre completo de los funcionarios de las autoridades responsables Cabildo (integrantes), Presidente Municipal, Secretario Municipal, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Ayuntamiento municipal de Telchac Puerto, Yucatán, así como su domicilio actual y correcto, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa, por cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la materia. Ahora bien, por cuanto aún no obra en este expediente la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 14626/2019-VI-B de fecha quince de mayo del año en curso, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Telchac, Puerto, Yucatán, mismo que se depositó en la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, de esta ciudad, el veintiuno de mayo del presente año. En atención a lo anterior, prevéngase al Jefe de esa oficina postal, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba el oficio que derive de este proveído, devuelva a este Juzgado la aludida tarjeta. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el citado numeral 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho valer la parte a quien pudo ocasionarle perjuicio; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida resolución en la que en los puntos resolutivos primero, segundo y tercero se SOBRESEYÓ en el presente juicio constitucional, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto .., digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO SOBRESEÍDO y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables; y en relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. ..." Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 934/2018-VI-B, promovido por Yovana Vargas Bastida, en contra de los actos que reclama del Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinte siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Dirección General de la Propiedad Rural y Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos pertenecientes a la indicada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, con sede en la Ciudad de México; así como del Delegado en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad; en su carácter de ordenadoras. Como ejecutoras, del Director General del Instituto de Vivienda, Secretario de Obras Públicas y Secretario de Seguridad Pública, Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado y Coordinador Estatal de Yucatán de la Policía Federal, todos con sede en esta ciudad; Ayuntamiento, Cabildo, Presidente Municipal, Secretario Municipal, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Ayuntamiento municipal de Telchac Puerto, Yucatán. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se registró la demanda de amparo con el número 934/2018-VI-B y previa su aclaración, se admitió a trámite el veintitrés siguiente; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por las responsables Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Yucatán, con sede en esta ciudad, Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, también pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, se tiene que la quejosa reclama: 1. El despojo del inmueble que ocupa la superficie de aproximadamente 16,350 metros cuadrados, ubicado en Telchac, Puerto, Yucatán, y su ejecución. 2. La omisión de dar continuidad a la solicitud de treinta de diciembre de dos mil catorce, respecto de la enajenación onerosa del predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac Puerto, Yucatán, con superficie aproximada de tres hectáreas, veintisiete áreas, cincuenta y dos punto trescientas treinta y dos centiáreas. TERCERA. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, conviene pronunciarse ahora sobre la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues por razón de método dicho proceder debe ocurrir en toda sentencia de amparo y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento podrá estudiar las causas de improcedencia aducidas o las que en su criterio se actualicen, para por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En tal medida, no son ciertos los actos reclamados a las responsables Secretario de Seguridad Pública (foja 84), Coordinador Estatal de Yucatán de la Policía Federal (fojas 89 a 92), Director Jurídico de la Secretaría de Obras Públicas (104 a 106), Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (fojas 141 a 145), Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (fojas 186 a 189), así como al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Subsecretario de Ordenamento Territorial, Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, todos pertenecientes a la indicada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México (fojas 289 a 293); consistentes en el despojo del inmueble que ocupa la superficie de aproximadamente 16,350 metros cuadrados, ubicado en Telchac Puerto, Yucatán, que la quejosa afirmó es de su posesión; por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes justificados. Por lo que la carga de la prueba de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, sin que haya ofrecido prueba idónea para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Tiene aplicación sobre lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Sin que sea obstáculo a lo anterior, las pruebas que la quejosa ofreció durante este juicio de amparo, consistentes en: a) Copia simple de la constancia de posesión y explotación, expedida a su nombre por el Ayuntamiento de Telchac Puerto, Yucatán, respecto del terreno denominado "Las Dralas de la Playa" (foja 14); b) Acuse de la solicitud de enajenación del referido inmueble, presentada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el treinta de diciembre de dos mil catorce (foja 15); c) Documental privada consistente en copia certificada por Notario Público de veintitrés constancias ejidales (fojas 18 a 40). d) Documental pública de una fe de hechos realizada en "Las Dralas de la Playa" (41 a 60); e) Pericial en topografía y agrimensura; f) Inspección Judicial (fojas 135 a 140 de autos); g) Testimonial a cargo de Filiberto Cárdenas y Gregorio Tec Noh; e, h) Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto. Sin embargo, dichos medios de prueba aún valorados en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo, devienen insuficientes e ineficaces para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, esto es, acreditar la existencia del acto reclamado antes precisado. En efecto, por cuanto hace a la constancia de posesión y explotación, expedida a nombre de la quejosa por el Ayuntamiento de Telchac, Puerto, Yucatán, respecto del terreno denominado "Las Dralas de la Playa"; se trata de copia simple, por lo que, dada su naturaleza y los avances de la ciencia, pudiera darse el supuesto de que no corresponda a un documento realmente existente. De ahí que tal documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, carece de valor probatorio al tratarse de copia simple. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razones, la jurisprudencia XX.J/18, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. RESULTAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Resultan insuficientes las copias fotostáticas simples, carentes de certificación para acreditar la existencia del acto reclamado, en atención a lo dispuesto por el artículo 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 3a./18, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En cuanto al acuse de la solicitud de enajenación del referido inmueble, presentada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el treinta de diciembre de dos mil catorce (foja 15), si bien igualmente se trata de copia simple, se tiene en cuenta que de las constancias remitidas por la responsable Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, obra copia certificada del mismo (foja 147); empero, solamente acredita lo que en él se contiene, esto es, que la quejosa elevó una solicitud de enajenación onerosa del indicado predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac, Puerto, Yucatán. De la documental privada consistente en copia certificada por Notario Público de veintitrés constancias ejidales respecto de la concesión de lotes de terreno ejidales (fojas 18 a 40), se advierte que el Comisariado Ejidal del puerto de Telchac, Yucatán, expidió una constancia de posesión a favor de las personas a que cada una de ellas se refieren. Empero, tal documento aludido sólo acredita que los integrantes del comisariado ejidal, hicieron constar y certificaron que esas personas (ninguna de ellas la quejosa), tenían en posesión un lote de terreno ejidal. La documental pública consistente en el acta número sesenta, de seis de noviembre de dos mil catorce, en la cual el Licenciado Carlos Fernando Estrada Alpuche, en su carácter de Notario Público treinta y uno del Estado de Yucatán, a petición de la quejosa, hizo constar la certificación de hechos realizada en "Las Dralas de la Playa", en la cual se constata que el fedatario público asentó: Que el objeto de la diligencia era recibir la información testimonial de Ivonne Vargas Bastida y José Francisco Becerra Aké, relacionados con dos lotes de terreno presuntamente nacionales, por lo que una vez hecho lo anterior, esto es, recibidos sus testimonios, se trasladaron hasta el lugar donde se encontraban los citados lotes, señalados como números ciento cincuenta y uno y ciento cincuenta y tres, con el fin de identificarlos (lotes), por lo que ya estando ubicados en el kilómetro cuarenta y cuatro de la carretera Telchac Puerto-San Crisanto, la quejosa y los dos testigos antes nombrados precisaron, identificaron y ubicaron tanto el lote ciento cincuenta y uno como el lote ciento cincuenta y tres de dicha demarcación, imprimiéndose las correspondientes placas fotográficas. La certificación de hechos aludida no constituye prueba idónea para tener por acreditado la existencia de la orden de despojo reclamada por la quejosa, en razón de que con el acta que se analiza pretende demostrar la supuesta identidad de dos lotes de terreno a fin de que obtuviera una constancia de posesión y explotación del mismo; por tanto, si bien es cierto que la función notarial es la facultad otorgada por la ley al notario para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas o escrituras públicas que redacte, salvo prueba en contrario, en el caso a estudio dicha certificación de hechos no favorece a la impetrante; al menos no para el efecto de desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. Lo anterior es así, en razón de que la quejosa en la certificación de hechos realizó una manifestación unilateral ante fedatario público con el apoyo de dos testigos, pretendiendo demostrar que el lote ciento cincuenta y uno es el lote ciento cincuenta y tres, para así dar cumplimiento al artículo 160 de la Ley Agraria vigente en esa época, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, el Notario elabora el acta a solicitud de parte interesada para hacer constar bajo su fe, uno o varios hechos presenciados por él o que le consten. Por tanto el fedatario público al elaborar el acta en la cual consta la certificación de hechos, en el ámbito de sus facultades únicamente dio fe de lo que sólo le constaba transitoriamente y lo que le fue manifestado por la quejosa como por las personas que se encontraban en el lote en el cual se constituyó el fedatario. Amén de que lo manifestado por la quejosa y las personas que acudieron ante el referido Notario Público sería equiparable a una testimonial unilateral e imperfecta. Por otra parte, con la prueba pericial en topografía y agrimensura, el perito oficial de este juzgado, quien fue el único que la desahogó -pues la parte quejosa a pesar de que fue la oferente de dicha prueba, no la perfeccionó-, en lo que interesa señaló que desconocía si físicamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), realizó un deslinde de terrenos de presunta propiedad nacional en el ejido de Telchac, Puerto, Yucatán; asimismo, señaló que de acuerdo a los datos de autos, existía sobre posición del predio denominado "Las Dralas de la Playa" con los identificados como "Innominado" y "Puerta del Sol". Por otro lado, en cuanto a la prueba de inspección judicial ofrecida por la quejosa y que fue desahogada en términos de la diligencia de doce de septiembre del año en curso (fojas 135 a 140), la cual no requiere de conocimientos técnicos dada su transitoriedad, es insuficiente para demostrar el presunto despojo reclamado; pues al respecto la quejosa señaló que las responsables acudieron al terreno ubicado en el kilómetro 44 de la carretera Telchac, Puerto a San Crisanto, que se encuentra sobre la carretera del lado izquierdo, y ocasionaron daños, dejaron varas, piedras, caminos, marcas y otra clase de delimitaciones, que a su dicho, era indicios del pretendido despojo reclamado. En efecto, la inspección ocular, por sí sola, únicamente es apta para demostrar la presencia del personal de este Juzgado en el inmueble donde se practicó la diligencia y aquello de que se dio fe, o sea, que dentro de dicho terreno se advirtió la existencia de un pozo con una estructura a su alrededor como marca, así como las delimitaciones que tenía el terreno con maderas y alambrado se encontraban rotas, al fondo del terreno apreció diversas marcaciones cuadradas hechas con alambre y estacas de madera, cada una con nombres de diversas personas pintadas en las maderas, así como plantas cortadas. Por último, se tiene la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto ofrecidas. Sobre el particular, cabe decir que la presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria, permite probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados, es difícil constatar de manera inmediata su existencia. Sobre el tema, los artículos 190, 191 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables de manera supletoria a la Ley de Amparo, disponen: ARTÍCULO 190.- Las presunciones son: I.- Las que establece expresamente la ley, y II.- Las que se deducen de hechos comprobados. ARTÍCULO 191.- Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa de la ley. ARTÍCULO 218.- Las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, tendrán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo valor, mientras no sean destruidas. El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio del tribunal. Respecto a las presunciones humanas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que la presunción nace de la probabilidad, y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; o dicho de otra manera, es necesario que el juzgador deduzca la consecuencia de un hecho probado para averiguar otro desconocido, con base en inferencias lógicas, es decir, para que pueda darse valor probatorio a una presunción se necesita que descanse en una prueba cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica. El criterio de mérito se identifica con la tesis P.XXXVII/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 9, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PRESUNCIONAL EN LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 97, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. La prueba presuncional, también denominada circunstancial o indiciaria permite, en múltiples ocasiones, probar aquellos hechos que no son susceptibles de demostrarse de manera directa, puesto que al acontecer los hechos en un tiempo y espacio determinados, una vez consumados, es difícil constatar de manera inmediata su existencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera reiterada, que la presunción nace de la probabilidad y que la relación entre el hecho conocido y el desconocido se apoya en una conjetura, motivo por el cual, es menester que la conclusión alcanzada sea el resultado de un proceso lógico; o dicho de otra manera, es necesario que el juzgador deduzca la consecuencia de un hecho probado para averiguar otro desconocido, con base en inferencias lógicas, esto es, resulta indispensable que entre el hecho demostrado y el que se busca exista una relación precisa más o menos necesaria, que impida que se deduzcan presunciones contradictorias. Es decir, para que pueda darse valor probatorio a una presunción se necesita que descanse en una prueba cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica. En consecuencia, un hecho endeble del que se sospecha o del que se crea que pudo o no haber acaecido, no puede producir inferencia válida alguna, aunque el procedimiento indagatorio de la existencia de violaciones graves a garantías individuales establecido en el artículo 97, párrafo segundo, constitucional, no comparta la naturaleza de un proceso jurisdiccional o específicamente penal, puesto que todo procedimiento y acto de autoridad se encuentran, sin distingo por razón de materia, necesaria e ineludiblemente sujetos tanto a las normas constitucionales como a las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, en acatamiento estricto a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida audiencia previstas por la Constitución Federal, así como a preservar los valores ínsitos en el texto constitucional, entre ellos el correspondiente a la presunción de inocencia, principio cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues su correcta aplicación garantiza la protección de otros derechos fundamentales como la dignidad humana y la libertad misma, derechos que asisten a los sujetos investigados y no sólo a quienes resultan víctimas, motivo por el cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede válidamente violentar las reglas de la lógica y de la valoración de pruebas para sustentar conclusiones dudosas en el ejercicio de la facultad de investigación, cuyo impacto sobre el Estado democrático y el orden jurídico nacional resultan relevantes." Ahora bien, en el caso, alega la impetrante del amparo una orden de despojo respecto del inmueble objeto de posesión (legal o no), el cual, de acuerdo a lo antes expuesto y razonado no ha quedado probado. Empero, no puede arribarse a la conclusión pretendida por la quejosa, pues los datos que se derivan de las constancias de autos, los cuales fueron allegadas tanto por la parte quejosa como por las responsables, no lo hace permisible jurídicamente; derivado precisamente de su falta de comprobación para arribar a la conclusión esperada por aquélla. En tales condiciones, es evidente que para que pueda darse valor probatorio a una presunción se necesita que descanse en una prueba cierta e inconmovible para, a partir de ella, obtener una inferencia lógica, lo que en el caso no aconteció así, dado que este Juzgador no encontró elemento alguno para tenerla por demostrada, pues de las diversas allegadas no es factible arribar a la conclusión aseverada por la impetrante del amparo. Es decir, en el caso particular no se demostró la existencia de la orden de despojo reclamada, pues el hecho de que, en su caso, se hayan realizado trabajos de deslinde y medición, tal como se advierte de las documentales públicas remitidas por las responsables Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (fojas 147 a 185), Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México (fojas 426 a 467), valoradas de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; únicamente son consecuencia legal de la solicitud de enajenación onerosa solicitada por la propia quejosa en fecha treinta de diciembre de dos mil catorce (foja 147). Por consiguiente, como no se demostró en este juicio de amparo la certeza del acto reclamado, por insuficiencia de los medios de prueba aportados, no obstante que con los informes en comento se ordenó dar vista a la parte quejosa para que se manifestara al respecto, sin que al día de hoy haya realizado pronunciamiento alguno; cobra firmeza la negativa de las autoridades responsables y por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que respecta a dichas autoridades y acto se refiere, en términos del numeral 63, fracción IV, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 284, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, se invoca, en lo conducente, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley". Conclusión a la que de igual se arriba, en cuanto a los actos reclamados al Ayuntamiento, Cabildo, Presidente Municipal, Secretario Municipal, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Ayuntamiento municipal de Telchac Puerto, Yucatán, ya que aun cuando fueron omisas en rendir su respectivo informe de ley, a pesar de haber sido debidamente notificadas, debe tenerse en consideración la inexistencia del acto de ordenamiento del cual se hacía depender su actuar como ejecutoras. Por ello, no es dable que se actualice la consecuencia legal prevista en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, pues a nada práctico conllevaría hacerlo. En lo que al supuesto aplica, se cita la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Página: 433 y Registro: 198320, que indica: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". CUARTA. En lo referente al diverso acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de dar continuidad a la solicitud de treinta de diciembre de dos mil catorce, respecto de la enajenación onerosa del predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac Puerto Yucatán, con superficie aproximada de tres hectáreas, veintisiete áreas, cincuenta y dos punto trescientas treinta y dos centiáreas; tampoco son ciertos los actos reclamados a las responsables Titular de la Secretaría y Subsecretario de Ordenamento Territorial, ambos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, pues negaron categóricamente su existencia. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a dichas autoridades, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en contrario para desvirtuar dichas negativas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTA. Son ciertos los actos reclamados al Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Yucatán, con sede en esta ciudad, así como del Director General de la Propiedad Rural y Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, también pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, consistentes en el referido acto omisivo a dar continuidad a la solicitud de treinta de diciembre de dos mil catorce, respecto de la enajenación onerosa del predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac Puerto, Yucatán, con superficie aproximada de tres hectáreas, veintisiete áreas, cincuenta y dos punto trescientas treinta y dos centiáreas; no obstante que al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del mismo. En efecto, dicha negativa se desvirtúa en razón a las manifestaciones expresadas por las citadas autoridades en su informe justificado y en atención a las constancias que remitieron junto con los mismos; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, acorde a los preceptos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en el párrafo segundo del ordinal 2º de esta última. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, por analogía, la tesis publicada en la página 391, tomo XIV-Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya que de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además exponga razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTA. No obstante lo anterior, previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en el caso particular respecto del acto reclamado antes precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, como antes se precisó, la parte quejosa acude a la instancia constitucional en reclamo de la conducta pasiva de las responsables en dar continuidad al trámite a la solicitud que presentó el treinta de diciembre de dos mil catorce, respecto de la enajenación onerosa del predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac, Puerto, Yucatán, con superficie aproximada de tres hectáreas, veintisiete áreas, cincuenta y dos punto trescientas treinta y dos centiáreas. Sin embargo, de las constancias certificadas que anexaron las responsables en apoyo a sus respectivos informes justificados, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte lo siguiente: 1. Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad: a) Solicitud de enajenación onerosa suscrita por la quejosa Yovana Vargas Bastida, de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, del predio denominado "Las Dralas de la Playa", ubicado en el municipio de Telchac Puerto, con superficie de aproximada de tres hectáreas, veintisiete áreas, cincuenta y dos punto trescientas treinta y dos centiáreas (foja 147). b) Por oficio número 02962/2017, de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se remitió el expediente administrativo a la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, para que autorizara el número de folio correspondiente a fin de llevar a cabo los trabajos técnicos de medición y deslinde (foja 182). c) Derivado de lo anterior, se generó el oficio REF.II-210-DGPR-02133, de trece de abril de dos mil dieciocho, informándole la autorización para efectuar los trabajos de medición y deslinde de conformidad con el artículo 160 de la Ley Agraria y 104 a 106 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, asignándole para tal efecto el número de folio 26424, lo cual debería ser notificado personalmente a la solicitante, colindantes, y todas aquellas personas que se sintieran afectadas en sus derechos con la realización de dicha diligencia de deslinde. Hecho lo cual, remitiría a la brevedad el aviso de deslinde del citado predio, debidamente requisitado a efecto de que la Dirección General Adjunta se encontrare en condiciones de gestionar la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, así como el aviso de deslinde certificado por la presidencia municipal y/o constancia que acreditara haber sido fijado en estrados de la presidencia municipal y parajes cercanos al terreno a deslindar. Asimismo, una vez que dicha Delegación Estatal contara con todos los elementos emitiría su opinión debidamente fundada y motivada respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de enajenación (foja 183). d) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el oficio 01977, a efecto de comisionar al Ingeniero Mario Alberto Rodríguez Jiménez, para realizar el aviso de deslinde del predio citado a afecto de hacer las publicaciones y continuar con los trámites inherentes a la regularización del predio aludido (foja 184), y e) Por oficio 01978/2018, de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se envió a la Directora General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México, de manera impresa y por archivo digital, los avisos de deslinde para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, trabajos técnicos de medición y deslinde que fueron autorizados a realizar en ese desconcentrado de Yucatán, bajo el número REF.II-210-DGARPR-00655, de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, REF.II-210-DGPRD-DGARPR-03666 de veintitrés de diciembre de dos mil quince, REF.II-210-DGPR-02133 de trece de abril de dos mil dieciocho, entre los predios a publicar, el señalado por la quejosa como "Las Dralas de la Playa" (foja 185). 2. Por su parte, la Directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, a requerimiento realizado por esta autoridad el ocho de noviembre de do mil dieciocho, remitió copia certificada del expedientillo del predio denominado "Las Dralas de la Playa", del municipio de Telchac Puerto, Yucatán, entre cuyas constancias destacan las siguientes: a) Solicitud con número de folio 02444, de antecedentes registrales de dicho inmueble a la Dirección de Registro Público de la Propiedad del Estado, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, a fin de que informara la situación registral de acuerdo a su base de datos o registro físico en los archivos de la dependencia a su cargo (foja 437). b) Respuesta a la solicitud anterior a través del oficio INSEJUPY/DRPPYC/17657/2015 (foja 438). c) Solicitud con folio 00007, de seis de enero de dos mil quince, dirigida al Director del Catastro del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sobre la situación catastral de acuerdo a la base de datos o registros físicos que obraran en sus archivos, que guarda el predio "Las Dralas de la Playa", del municipio de Telchac Puerto, Yucatán 8foja 440). d) A lo anterior, recayó en respuesta el oficio INSEJUPY/DCAT/TEC/1232/2015, de veintiuno de agosto de dos mi quince (foja 441). e) Solicitud de antecedentes registrales del citado inmueble, con número de folio 00006, de seis de enero de dos mil quince, elevado al Delegado en Yucatán del Registro Agrario Nacional (foja 442). f) En respuesta a lo anterior, se generó el oficio RAN/YUC/ST/DCAT/059/15, de veintiséis de febrero de dos mil quince (foja 444). g) Acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Subdirector Jurídico estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en ausencia del Delegado Federal, en el que, con vista en el estudio de la documentación integrada con motivo de la solicitud presentada por la quejosa Yovana Vargas Bastida, de un predio de presunta propiedad nacional denominada "Las Dralas de la Playa", se estimó procedente continuar con el estudio de dicha solicitud, ordenándose remitir a la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, el original de ese Acuerdo (fojas 446 a 448), y h) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se llevó cabo por parte del perito deslindador Mario Alberto Rodríguez Jiménez, adscrito a dicha Secretaría, en cumplimiento al oficio de comisión 0198 de trece de agosto de dos mil dieciocho, la diligencia de inspección ocular de un deslinde previamente realizado en el inmueble identificado como "Innominado" el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 453 a 459). De todo lo anterior, quedó evidenciado que si bien desde la fecha de solicitud de la quejosa que lo fue el treinta de diciembre de dos mil catorce, fue hasta el cinco de diciembre de dos mil diecisiete -previa recabación de información a las autoridades registrales, catastrales y agraria competentes-, que se emitió el acuerdo que estimó procedente continuar con el estudio de dicha solicitud, ordenándose remitir a la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad Rural, tanto el original de ese Acuerdo como el expediente administrativo formado con motivo de la solicitud de enajenación onerosa formulada, para que autorizara el número de folio para llevarse a cabo los trabajos técnicos necesarios de medición y deslinde respectivos, lo cual aconteció el trece de abril de dos mil dieciocho. También lo es, que el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se dio continuidad a dicho trámite de solicitud de enajenación, pues se ordenaron los correspondientes procedimientos para llevarse a cabo los trabajos de medición y deslinde ordenados, tales como la realización del aviso de deslinde del predio en cuestión mediante las publicaciones relativas. Lo anterior evidencia indudablemente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. En efecto, se dice lo anterior, en razón de que la demanda de amparo se presentó el diecisiete de agosto dos mil dieciocho, en la que, entre otro acto, reclamó la omisión de darle trámite a la solicitud de enajenación solicitada, y de autos se advierte que la responsable en fecha posterior, veinticuatro de agosto del propio año, le dio continuidad a través de las determinaciones inherentes a dicha solicitud (deslinde), lo que sucedió durante la tramitación de este juicio constitucional. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que a lo anterior se oponga la circunstancia de que a la fecha en que se emite la presente determinación no obre constancia alguna propia de notificación de dicha actuación a la parte quejosa, pues no pasa desapercibido para este Juzgador que la peticionaria del amparo, en el escrito de demanda ofreció como prueba el acuse de recibo de la solicitud de información y copia relativa a la solicitud de enajenación que al caso efectuó a la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad (fojas 16 y 17), recibiendo de conformidad en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, copia certificada del expedientillo del predio objeto de la solicitud, según se advierte de la información proporcionada por el Subdelegado Jurídico Estatal de esa Institución, a través del oficio 02236 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 202 y 203). Por lo que, es inconcuso que desde esa fecha ha tenido total conocimiento de lo actuado dentro de ese expedientillo, con independencia de haberse puesto oportunamente toda esa información a la vista de las partes; colmándose de esa forma los extremos prescritos en el artículo 17 Constitucional. Tienen aplicabilidad a lo antes expuesto por analogía la jurisprudencia número 49, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58, del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que informa: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Por último, se precisa que el sobreseimiento decretado en este juicio impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda, sin que ello genere agravio alguno a la quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SÉPTIMA. Ahora bien, toda vez que como se desprende del contenido de la presente sentencia, las autoridades responsables Ayuntamiento, Cabildo, Presidente Municipal, Secretario Municipal, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Ayuntamiento municipal de Telchac Puerto, Yucatán, fueron omisas en rendir su informe justificado. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 67 a 71) y se impone a quien ostente cada uno de los cargos antes señalados, la respectiva multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, que lo es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), correspondiente al presente año. Para que lo anterior cobre vigencia material, gírese oficio al Presidente Municipal de Telchac, Puerto, Yucatán, a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de esta resolución, informe a este Juzgado el nombre completo de dichos funcionarios, así como su domicilio actual y correcto, fecha de nacimiento y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá una multa, por cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la materia. Hecho lo anterior, una vez que cause ejecutoria la presente determinación (de contarse con los datos solicitados), envíese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Mérida "1", con sede en esta ciudad, proporcionándole la información requerida, a fin de que se sirva hacer efectiva la multa impuesta; solicitándose a ésta autoridad para que en su oportunidad se sirva informar a este Juzgado de Distrito las gestiones encaminadas y su resultado. Sin que a lo anterior se oponga lo manifestado por el Presidente Municipal de dicha ciudad portuaria, en memorial presentado el tres de mayo del presente año (fojas 552 y 553, Tomo II), en el sentido de que los oficios que se ordenaron entregarle a través del acuerdo dictado el dos de abril último, no se ha rehusado a recibirlos, ya que todo lo enviado a ese Ayuntamiento por otras autoridades ha sido atendido con prontitud y en la medida de las posibilidades reales con las que cuenta, ya que con motivo de la toma de posesión del cargo a partir del uno de septiembre de dos mil dieciocho, no existen archivos y/o documentos de la anterior administración que puedan ser consultados para mejor proveer; adjuntando para ello, entre otras documentales, la fe de hechos verificada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Pues con independencia a tales manifestaciones, lo cierto es que desde la toma de posesión que refiere aconteció el uno de septiembre de dos mil dieciocho, este Juzgado ha emitido diversos acuerdos generándose las correspondientes misivas para serles notificadas, las cuales de igual forma fueron rehusadas en su recepción, lo cual conllevó a que este tribunal actuara en riguroso sentido conminándolas a recibir las notificaciones derivadas de este juicio como parte que son dentro de este juicio de amparo. Por ello, la justificación pretendida bajo tal argumento, no es razón suficiente para que se actúe conforme a derecho. OCTAVA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Yovana Vargas Bastida contra los actos y autoridades precisadas en la consideración tercera de esta sentencia, por los motivos expuestos en la misma. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Yovana Vargas Bastida contra el acto y autoridades que se indican en la consideración cuarta de esta sentencia, por las razones que ahí se plasman. TERCERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Yovana Vargas Bastida contra el acto y autoridades precisados en la consideración quinta de la presente determinación, bajo los razonamientos plasmados en su consideración sexta. CUARTO. Se impone multa a las responsables Ayuntamiento, Cabildo, Presidente Municipal, Secretario Municipal, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento y Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Ayuntamiento municipal de Telchac Puerto, Yucatán, en los términos de la consideración séptima de esta resolución. QUINTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración octava de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. SEXTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración novena de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SÉPTIMO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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