Yosvani Hernández Dominguez

Expediente 1843/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1843/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Yosvani Hernández Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan y surtan sus efectos legales consiguientes los oficios remitidos por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio de los cuales hace del conocimiento el contenido de los autos de veinte de diciembre de la anualidad próxima anterior y de dieciséis de enero actual. Finalmente y atento a lo solicitado, remítasele copia de la promoción 22134 por medio de la cual se tuvo al Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México devolviendo diligenciado el exhorto 592/2022-5 del índice de este juzgado; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, por el cual informa que la parte quejosa no ratificó la demanda de amparo, por lo que se tuvo por no presentada, quedando sin efectos la providencia decretada por ese órgano jurisdiccional de veinticuatro de noviembre del año en curso, situación de la cual se toma conocimiento. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual remite diligenciado el exhorto 210/2022 con número de orden 592/2022-5, del índice de este Juzgado, sin necesidad de proveer al respecto en razón de lo manifestado en el párrafo que antecede. En consecuencia, dese de baja en el libro de gobierno las comunicaciones enviadas y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del juicio de amparo 1843/2022-5, y confirma la declaratoria de incompetencia por lo que se avoca al conocimiento del mismo, el cual quedó radicado con el número de amparo 1087/2022-VII; circunstancia de la que queda enterado este juzgado federal. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso j) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se declaró la incompetencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, previa copia que obre en autos remítase al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, las promociones registradas bajo los números 21508, 21300 y 21423, a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, por lo que hace al escrito de desistimiento infórmese que se giró exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparos en Materia Penal de la Ciudad de Mexica, en turno, a efecto de que requiera a la parte quejosa la ratificación del referido escrito, por lo que una vez que se cuente con dicha comunicación se le enviara para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el escrito identificado con el número de registro 21508, enviado mediante EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA-TRANSACCIÓN a las 09:05:13 horas de hoy, por ***, autorizado de los quejosos *** (de nacionalidad cubana), por el que desiste del presente juicio de amparo, por así convenir los intereses de los impetrante. Ahora bien, no obstante que por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito determinó carecer de competencia, para seguir conociendo de este juicio de amparo y no entorpecer la impartición de justicia en perjuicio de los quejosos *** y ***, conforme lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de acordar lo que legalmente proceda, requiérase a los impetrantes de mérito, para que en el momento mismo de la notificación del presente proveído o en el término de tres días siguientes ratifiquen el contenido del escrito de cuenta, reiterando su voluntad de desistirse del presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se proseguirá con el trámite del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 295 tomo XXIV, Agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto y rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Debido que los quejosos Yosvani Hernández Domínguez y Evelin González Estevez, conforme al escrito inicial de demanda se advierte se encontraban detenidos en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de la Ciudad de México, conocida como "La Agujas", con domicilio en Jacarandas 726, El Vergel, Iztapalapa, Cuidad de México (CDMX); con fundamento en los artículos 297 fracción II, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, envíese Exhorto VÍA Sise al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este juzgado notifique este auto a los mencionados quejosos y los requiera, para que en el momento mismo de la notificación del presente proveído o en el término de tres días siguientes ratifiquen el contenido del escrito de cuenta. Anéxese el escrtio de cuenta e impresión de este auto. Se concede al Juzgado exhortado amplias facultades legales a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial en que se actúa sea devuelta debidamente diligenciada, se habilita al juzgado que conozca de la presente comunicación, días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. Por otra parte, agréguese a los autos para los mismos fines el diverso escrito registrado con el número de promoción 21300, enviado a través de EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA-TRANSACCIÓN a las 19:57:06 horas del veintinueve de noviembre del año en curso, por el indicado autorizado de los quejosos Yosvani Hernández Domínguez y Evelin González Estevez (de nacionalidad cubana), mediante el cual informa que las autoridades responsables ha sido omisas en dar cumplimiento con la suspensión decretado en autos y solicita que se pongan en inmediata libertad a los impetrantes de mérito, puesto que han exhibidos los requisitos requeridos. En su atención, con independencia que por auto de veinticuatro de noviembre pasado, como ya se dijo, este órgano de control constitucional determinó carecer de competencia, para continuar conociendo de este asunto, gírese oficio a la autoridad responsable, a efecto de que, si en el caso ha sido omisa en cumplir con la suspensión de plano concedida en auto de veinticuatro de noviembre del año en curso, de cumplimiento con el mismo, en los términos ahí precisados: DETERMINACIÓN SOBRE LA SUPENSION DE PLANO. ".En atención a la naturaleza de los actos reclamados y las circunstancias especiales del caso, este órgano de control constitucional atiende a lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso". En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 125, 126, 127, fracción II, 162 y 164, de la Ley de Amparo, se concede a Yosvani Hernández Domínguez y Evelin González Estevez, la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en los siguientes los términos: Los quejosos quedan a disposición de la autoridad migratoria correspondiente para que se continúe con el procedimiento respectivo, tomando en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Mientras los quejosos estén alojados en la estancia migratoria, se le garantice los derechos que la legislación de dicha materia prevé en su artículo 109, los que, de manera enunciativa más no limitativa, son: se le facilite un traductor o intérprete, en caso de que no hable o no entienda el español; acceda a comunicación telefónica; reciba los alimentos y artículos de aseo necesarios, así como medicamentos en caso de ser necesarios; puedan ser visitados por su representante; y, todas aquellas acciones que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del quejoso. Para que sean puestos en inmediata libertad; no se ejecute la deportación o retorno a su país de origen y las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente procedentes de acuerdo a los artículos 101, 102, 111 y demás relativos aplicables de la Ley de Migración (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación, y garantía económica), para que los peticionarios del amparo, de estar sujetos a algún procedimiento migratorio o se les inicie uno, puedan continuarlo en libertad hasta su conclusión, con las medidas de control que decida establecer la autoridad responsable, como por ejemplo: Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán, pudiendo la autoridad solicitar datos necesarios sobre ese domicilio para identificar al titular o la persona responsable de dicho lugar, donde estarán localizables los quejosos. No ausentarse de la ciudad en donde se siga su procedimiento administrativo, sin previa autorización de la autoridad. Presentarse ante las autoridades responsables las veces que les sea exigido. Establecer la obligación de los quejosos de acudir a firmar un registro de control ante la responsable cada semana o en la temporalidad que se considere necesaria; o bien, presentarse ante la autoridad cuantas veces sea requerido. Sin que dichas medidas de control sean limitativas, ya que la autoridad responsable podrá decretar cualquier otra medida pertinente y necesaria para esos efectos, sin que en ningún caso puedan implicar la privación de la libertad de los quejosos o una garantía económica, pues dada su situación irregular en el país, es presumible su imposibilidad para sufragar dicho monto. Todo ello, además, con apoyo en lo previsto por el numeral 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio de amparo hasta la terminación del mismo, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Al respecto, este órgano de control constitucional comparte los criterios contenidos en las tesis aisladas de rubros que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." y "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD" Se precisa que la suspensión otorgada con estos alcances, no surtirá efecto alguno si los actos de los cuales deriva la restricción de la libertad de los quejosos son diversos a los reclamados o proviene de autoridades distintas a la señalada como responsable en la demanda de amparo, por ejemplo, si son realmente órdenes de detención de naturaleza penal con fines de extradición o alguna otra de la misma índole. Lo anterior, se reitera, en tanto la privación de la libertad de los quejosos, ahora recurrentes, al menos con los datos con los cuales se cuenta hasta ahora, no deriva de la comisión de un delito, ni de una nota roja migratoria, ni son requeridos por su país de origen con motivo de extradición por una causa criminal; por ende, acorde con el segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo, procede determinar su libertad personal, con las modulaciones ya referidas, responsabilidad exclusiva a cargo de la autoridad responsable. Determinación que es acorde, además, con el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en los artículos 5, fracción V, y 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en razón de que la suspensión otorgada con los alcances determinados por este órgano de control constitucional logra garantizar el derecho humano a la libertad personal, atendiendo a la especial situación en la que se encuentra el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.4o.A.1 K (11a.), sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2024000, de rubro que y texto que dice: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. [.] Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." De igual forma, se precisa y reitera que, en términos de los artículos 150 y 163 de la Ley de Amparo, el efecto de esta medida cautelar no impide la continuación del procedimiento de donde emana el acto reclamado y su finalidad, pues éste es de orden público y no es susceptible de suspenderse, por lo tanto, la medida suspensional no incide sobre los actos que dan por concluida la medida privativa de libertad, como puede ser su extinción o terminación por las causas legales, ni sobre los diversos actos que le son coetáneos, como la resolución migratoria o la puesta en libertad de los quejosos. Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación, para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada en favor de Yosvani Hernández Domínguez y Evelin González Estevez, los quejosos quedan a disposición del órgano de control constitucional competente por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentran privadon de su libertad y a disposición de la autoridad responsable, para que, de ser procedente, se continúe con el respectivo procedimiento migratorio. En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable la medida que adopte a fin de que los quejosos reciban, de presentarse algún padecimiento, la atención médica adecuada bajo las circunstancias del caso concreto. Asimismo, la autoridad responsable deberá adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentran los quejosos, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si la autoridad responsable contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente, que revelara algún grado de peligrosidad de los quejosos; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad del agraviado, como el orden público y seguridad del sitio en el que deba ser resguardado. Lo anterior, no implica que la autoridad responsable, de considerarlo pertinente, determine si el justiciable reúne los requisitos establecidos en la norma migratoria para su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar." Para lo cual se le requiere a la responsable que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente auto, remita las constancias con lo cual acredite su cumplimiento, bajo apercibimiento que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que se ordena en este auto, se hará acreedor de una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, por el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro del presente mes y año, rinde informe respecto a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, sin necesidad de proveer al respecto en razón de que ya obra en autos, tal como se advierte en proveído de veintinueve de noviembre de la presente anualidad. Notifíquese.

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