Yonathan Sierra Lopez
Expediente 925/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Yonathan Sierra Lopez
Actuaciones
- Principal
se declara que HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por Yonathan Sierra López, contra actos que reclamó del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo y otras autoridades; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido.
- Principal
DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio: I. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por leyes o actos de autoridad deben entenderse aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emitidas por un órgano del Estado, que pueden consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; que normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Destacado lo anterior, es pertinente traer a colación que conforme a lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, cabe decir que en torno al tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquellos que cumplen con las características precisadas, esto es, aquellos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Cabe agregar que para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Por tanto, para definir el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, no sólo debe atenderse a sus características, sino también a la distinción de las relaciones jurídicas que se dan con éstas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior como gobernante. Bajo este orden de ideas, de la lectura integral de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la Convocatoria al V Congreso Ordinario Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, el cual tiene como finalidad elegir al Presidente del Comité Ejecutivo del citado Consejo, así como a los delegados de las escuelas e instituciones de la Universidad del Estado de Hidalgo, así como la negativa de recepcionarle su solicitud de registro como candidato a Presidente. Actos respecto de los cuales este Juzgado Federal estima se tratan propiamente y derivan del ejercicio de la autonomía universitaria, como facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, así como su conformación tanto en el personal académico con el alumnado de la misma. En efecto, en términos del precepto 3º, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como una garantía institucional que mediante diversos principios, salvaguarda su función de educar, investigar y difundir la cultura, conservando ante todo la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, ello a efecto de tomar decisiones definitivas al interior del propio cuerpo universitario, como en el caso de la designación de sus funcionarios universitarios o del diverso personal encargado de los diversos organismos que las integren. Bajo este orden de ideas y avocándonos propiamente al caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, respecto de la cual acontecerá la elección del Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Estudiantil Universitario, se destaca que como organismo de carácter público descentralizado está dotado de autonomía en términos del invocado precepto Constitucional, manifestándose dicha facultad (autonomía) en los ámbitos siguientes: I. De su gobierno: Para elegir y remover libremente a sus autoridades; II. Académico: Para determinar el desarrollo de sus actividades docentes, de investigación, extensión y vinculación, y para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal y sus alumnos; III. Administración: Para gestionar, obtener y administrar libremente su patrimonio; y IV. Normativo: Para expedir la normatividad que regula su organización y funcionamiento. Por lo que ante este panorama de autogobierno y autodeterminación, el Consejo Estudiantil Universitario se traduce en el órgano que agrupa y afilia a la mayor cantidad de alumnos en el Estado, por lo que a manera de consecuencia, conformarán entonces parte de la propia comunidad de la Universidad, además de las autoridades, el decano, los funcionarios y el personal académico, entre otros, de acuerdo con lo estatuido por el artículo 13 del Estatuto General. Luego, si como se observa en el caso a estudio, lo que se impugna en el presente juicio de derechos se traduce en una decisión propia y derivada de la autonomía de la Universidad como organismo público descentralizado, al establecerse en el Estatuto General del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo -CEUEH-, la forma de elección del Presidente de dicho Consejo, ello mediante el voto directo por parte de los delegados acreditados al Congreso de las escuelas preparatorias, escuelas superiores e institutos dependientes, y una vez efectuado el escrutinio correspondiente, se dará a conocer el resultado, deviene inconcuso que tal proceso de selección no puede ser considerado un acto autoridad para efecto de la procedencia del juicio de derechos, habida cuenta que la deliberación para elegir dicho Presidente lo será con base en su autonomía y autodeterminación, sin que se admita la intervención de algún órgano estatal que lo sustituya o lo suplante. Máxime si se toma en consideración que de conformidad con el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo contra particulares; sin embargo, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general, lo que no acontece en la especie. En ese sentido, el diverso 107, fracción I de legislación en cita señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general, los cuales tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un Consejo Estudiantil como el que nos ocupa no emanan de ningún poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales. Todo lo cual conduce a considerar que los actos reclamados no se suscitaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, lo cual conduce desechar la demanda de que se trata, por no encontrarse aquél apoyado en una facultad de imperio susceptible de causar perjuicio en la esfera jurídica del ahora promovente. De ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de derechos, promovida por Yonathan Sierra López, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente.
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