Yosuania Yarely López González

Expediente 2435/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2435/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
  • Yosuania Yarely López González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guarda este juicio, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el cuatro de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de la delegada, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que al caso interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en los numerales 11, 12, 13 y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de ********************que resulta lo pagado por concepto de las contribuciones erogadas por la parte amparista y sin la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) que corresponde a la cuota de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de marzo de dos mil veinte, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil veinte fue de 106.889 y para el mes de septiembre de dos mil diecinueve de 103.942. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028352350349233. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************Ante ello, a través del oficio recibido el cuatro de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegado, informó que en cumplimiento al fallo protector concedido transfirió a la cuenta de la parte quejosa la cantidad de******************** por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que a la autoridad responsable le faltó devolver a la parte quejosa la cantidad de ********************pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe la agraviada para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en su escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, solicite que no se tenga por cumplida la sentencia concesoria debido a que desde su punto de vista la responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia amparadora, pues si bien le transfirió a su cuenta el monto de ******************** ella realizó un pago por ********************cantidad a la cual se le debían descontar doscientos noventa pesos como se estableció en la sentencia amparadora. Respecto a sus manifestaciones de inconformidad que expresa la parte quejosa, devienen inatendibles, ello en razón a que contrario a lo que señala, el amparo y protección de la justicia de la unión se concedió para efecto de que se le devolviera la cantidad establecida en el recibo de pago ********************a saber, ******************** monto al cual, se le debían descontar doscientos noventa pesos, y entregársele debidamente actualizada, lo que en el presente caso aconteció, como ya se precisó en los párrafos que preceden. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guarda este juicio, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el cuatro de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de la delegada, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos el seis de diciembre de dos mil diecinueve, en lo que al caso interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en los numerales 11, 12, 13 y 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de ********************que resulta lo pagado por concepto de las contribuciones erogadas por la parte amparista y sin la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos moneda nacional) que corresponde a la cuota de las contribuciones adicionales a que está obligado el contribuyente. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de marzo de dos mil veinte, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil veinte fue de 106.889 y para el mes de septiembre de dos mil diecinueve de 103.942. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.028352350349233. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************Ante ello, a través del oficio recibido el cuatro de agosto del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegado, informó que en cumplimiento al fallo protector concedido transfirió a la cuenta de la parte quejosa la cantidad de******************** por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que a la autoridad responsable le faltó devolver a la parte quejosa la cantidad de ********************pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectúe la agraviada para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización. Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa en su escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, solicite que no se tenga por cumplida la sentencia concesoria debido a que desde su punto de vista la responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia amparadora, pues si bien le transfirió a su cuenta el monto de ******************** ella realizó un pago por ********************cantidad a la cual se le debían descontar doscientos noventa pesos como se estableció en la sentencia amparadora. Respecto a sus manifestaciones de inconformidad que expresa la parte quejosa, devienen inatendibles, ello en razón a que contrario a lo que señala, el amparo y protección de la justicia de la unión se concedió para efecto de que se le devolviera la cantidad establecida en el recibo de pago ********************a saber, ******************** monto al cual, se le debían descontar doscientos noventa pesos, y entregársele debidamente actualizada, lo que en el presente caso aconteció, como ya se precisó en los párrafos que preceden. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. El levantamiento de la suspensión implica que se debe continuar el trámite del cumplimiento de la ejecución de la sentencia de amparo, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque con los siguientes ajustes: 1.1. Comunicación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del tres de agosto del año en curso se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los diversos acuerdos generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del propio cuerpo colegiado. 1.2. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.2.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la prosecución y cumplimiento de la sentencia emitida por esta órgano jurisdiccional, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, la secretaria o el secretario encargado de la tramitación del asunto brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario de las 8:30 a las 14:30 horas, de lunes a viernes. Los datos de contacto de la secretaria o el secretario encargado del asunto serán proporcionados en las instalaciones del juzgado, previa cita para acudir que haga el interesado. 1.2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 1.2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada de este juzgado para su consulta por los interesados. 1.2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.3. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2. ESTADO PROCESAL. Este expediente se encuentra en etapa de ejecución. 3. LINEAMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA ACTUARIOS EN MATERIA DE NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 3.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede); lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 3.2. Excepcionalmente, las notificaciones se harán de forma personal, cuando así se ordene en la resolución respectiva. 3.3. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 1jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 4. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 5. NOTIFICACIÒN DEL ACUERDO DE REANUDACIÓN. Este acuerdo deberá ser notificado en los términos siguientes: 5.1. Por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas. 5.2. Por lista a la parte quejosa. Notifíquese en los términos indicados.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por Sandy Beatriz Arellano Parra, autorizada en términos amplios de la quejosa Y***, y evidencia criptográfica del archivo magnético del libelo en comento, a través del cual solicita se designe a Jorge Santiago Bustamante Peña, como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos que realiza el promovente; en relación a lo anterior, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado; ello, en virtud de que de autos se advierte que la promovente tiene reconocido el carácter de autorizada legal y no de quejoso ni de apoderado; por tanto, si bien el ordinal 12 de la Ley de Amparo, establece la facultad para las partes de designar autorizados; empero, de las atribuciones de dichos autorizados, no se encuentra la de delegar autorización en diversa persona, pues tal facultad se reserva únicamente a las partes agraviada y tercera interesada. En esa medida, adverso a lo pretendido por la autorizada, si la solicitante de amparo lo designó con dicho carácter, es obvio que a su vez no puede designar a una diversa para que ejerza el cargo de autorizada para los mismos efectos, como lo plantea en el escrito que se atiende, ya que ello es propio, en el particular, de la parte quejosa, quien incluso, en el escrito inicial de demanda designó al promovente como su autorizada legal; de ahí lo improcedente de su petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis XX.2o.39 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente al mes de Septiembre de dos mil ocho, publicada en la página mil ciento ochenta, Tomo XXVIII, Materia Común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido versa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo permite al quejoso y al tercero perjudicado designar un autorizado para oír notificaciones en su nombre y faculta a éste para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no se le autoriza para designar a una diversa persona sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues esto únicamente corresponde a los contendientes, conforme a la última parte de dicho párrafo. Asimismo, tampoco puede justificarse tal designación bajo el argumento de que lo realizan como un acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues éstos deben entenderse como aquellos relacionados con el fondo de la litis constitucional, tales como ampliar la demanda de garantías o cumplir un requerimiento, mas no para realizar los que corresponden únicamente a las partes en cuanto a la representación en juicio." Por otra parte, solicita se le autorice el acceso vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario "", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; entonces, agréguese el libelo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente al promovente, con nombre de usuario "JORGE.BUSTAMANTE91", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Asimismo, con sustento en el referido arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se autorizan las notificaciones vía electrónica a la parte promovente bajo el usuario citado antelativamente. NOTIFÍQUESE.

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