Yorman Josué Álvarez López

Expediente 2177/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2177/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
18/01/2021

Partes del expediente

  • Yorman Josué Álvarez López
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, presentado vía electrónica por Ricardo Humberto García Ibarra, autorizado legal de la parte quejosa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y evidencia criptográfica del archivo magnético en cuestión, mediante el cual solicita se le autorice la consulta electrónica del expediente en que se actúa a través del usuario "HUMBERTO22". Al respecto, como lo solicita el ocursante de mérito, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente al usuario "HUMBERTO22", ya que en términos del indicado precepto, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Notifíquese.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que, mediante oficio y anexo signados por el Director Jurídico Contencioso de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, ante este órgano jurisdiccional el cuatro de noviembre del año en curso, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Consecuentemente, por auto de cinco de noviembre de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que, de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Sin que a la data en que se actúa, hubiere realizado alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se aprecia que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, así como el remanente de $280.00 pesos excedente del pago por inscripción de préstamo hipotecario; ambos, realizados con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la parte quejosa, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa, respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $280.00 y $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitidos ante este juzgado federal el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia. Consecuentemente, mediante comunicado suscrito por el Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la resolución emitida el veintisiete de febrero del año actual, en el amparo en revisión número 910/2019, de su índice, relativo al presente sumario constitucional, en la que se aprecia que confirma la sentencia pronunciada en el sumario constitucional que nos ocupa. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos e inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto en el presente como en el futuro; y, B) Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, así como el remanente de $280.00 pesos excedente del pago por inscripción de préstamo hipotecario e impuestos adicionales; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexos presentado por el ente responsable el cuatro de noviembre del año en curso, informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por la cantidad de $16,430.58 (dieciséis mil cuatrocientos treinta pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora si al monto de $16,361.28 (dieciséis mil trecientos sesenta y un pesos con veintiocho centavos, moneda nacional), se les restan la cuotas mínimas a pagar esto es $290.00 (doscientos noventa pesos, moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos, moneda nacional), por las inscripciones efectuadas por la parte quejosa, que no fueron materia de la concesión, nos da como resultado la cantidad de $15,791.28 (quince mil setecientos noventa y un pesos con veintiocho centavos, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiuno de agosto del año pasado y en el veintiocho de octubre del año en curso, la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada mediante título nominativo, a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de julio de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en actual, entre el índice para el mes de julio del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue 103.687 y para el mes de septiembre del presente año de 108.114 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.042695805645838. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $16, 465.50 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $674.22 (seiscientos setenta y cuatro pesos, con veintidós centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $16, 465.50 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $16,430.58 (dieciséis mil cuatrocientos treinta pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional), es decir, un faltante por la cantidad de $34.92 (treinta y cuatro pesos, con noventa y dos centavos, moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida; toda vez, que, resultaría infructuoso requerir a la autoridad responsable a fin de que, devuelta la cantidad faltante, pues esto constituiría una erogación mayor a la parte impetrante del amparo que el beneficio propio que obtendría de la entrega de dicho monto. Ya que, tendría que cubrir los gastos de traslado desde su domicilio hasta el lugar de entrega de los $34.92 (treinta y cuatro pesos, con noventa y dos centavos, moneda nacional). Consecuentemente, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de $16,430.58 (dieciséis mil cuatrocientos treinta pesos con cincuenta y ocho centavos, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Director Jurídico Contencioso de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad y anexo, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia del reporte de transferencia bancaria SPEI, a la cuenta proporcionada por la parte quejosa; en ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento. Apercibida que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por ***, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se le tenga acreditando haber acudido ante la autoridad responsable a presentar la documentación solicitada a fin de que se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual adjunta el acuse de recepción respectivo. Asimismo, pide se requiera al ente responsable para que cumplimente el fallo protector. Ahora, visto el estado de autos en particular el proveído de siete de septiembre del año en curso, se advierte que, se concedió a la autoridad responsable una prórroga de diez días, contados a partir del día siguiente de la recepción de los documentos solicitados a la parte quejosa, a fin de que estuviera en condiciones de informar las gestiones tendentes a acatar la ejecutoria de mérito. Luego, de la documental que anexa el promovente de referencia, se aprecia que los datos requeridos al impetrante del amparo fueron recibidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, de ocho de septiembre del año en curso. Por tanto, resulta evidente que la prórroga concedida ha transcurrido. Sin que a la data en que se actúa dicho ente hubiere informado el cumplimiento dado a la sentencia concesora. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acate la sentencia de amparo concedida en los términos indicados; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.

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