Yoshio Sánchez Esquivel
Expediente 429/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yoshio Sánchez Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiocho de junio del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con las fracciones I y III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténganse ligados. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que tanto el presente juicio de amparo como el incidente de suspensión derivado del mismo se encuentran clasificados como depurables, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrense, por separado, los tomos de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 429/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El siete de junio de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en Ciudad Juárez, Comandante de Seguridad y Custodia del Cereso Estatal Número Tres, Fiscalía General del Estado, Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social Zona Norte y Juez Provisional del Juzgado de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, de quienes reclamó la orden de traslado dictada en su contra y su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de junio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 429/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama la orden de traslado dictada en su contra y su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en Ciudad Juárez, por sí y en representación del Comandante de Seguridad y Custodia del Cereso Estatal Número Tres, Fiscalía General del Estado, Supervisora Regional del Departamento de Ejecución de Sentencias y Prevención Social Zona Norte y Juez Provisional del Juzgado de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, todos del Estado de Chihuahua y en su denominación correcta, al rendir sus respectivos informes negaron categóricamente los actos que les atribuyó el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 429/2019-II, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Glósese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio 4683/2019-(B-E), signado por el Juez Provisional del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de diecinueve de los corrientes, informa que el quejoso *******, nombró como su Defensora a la Pública Penal de su adscripción, licenciada *******; asimismo, proporciona domicilio y número telefónico en los que puede ser localizada dicha servidora pública. Atento a lo anterior, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita notifíquese a la citada defensora, que en este Juzgado Federal el quejoso Yoshio Sánchez Esquivel presentó demanda de amparo el siete de los actuales, por lo que, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se le designa como asesora jurídica del justiciable en el presente asunto y se le requiere para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, comparezca ante este órgano jurisdiccional a protestar el cargo conferido, apercibida que en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional); conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Materia. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 43/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación, del rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese y personalmente a la licenciada *******, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, signado por el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de doce de junio del año en curso, informa que después de realizar una minuciosa búsqueda en los archivos físicos y electrónicos del centro carcelario que dirige, encontró que al aquí quejoso *******, se le instruyó la causa penal ******* del índice del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. Atento a lo anterior, se requiere al Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional, el nombre del defensor de oficio o particular del quejoso, y en su caso el domicilio que tenga señalado para oír y recibir notificaciones, ello a fin de estar en posibilidad de notificarle el presente juicio de amparo; apercibido que en caso de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), acorde a lo que establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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