Yolanda Violeta Velasquez Pérez
Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yolanda Violeta Velasquez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 550/2019-III, promovido por *************, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado el día hábil siguiente, Yolanda Violeta Velásquez Pérez demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos siguientes: III. Autoridades responsables: a. Ordenadoras: ************, Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos y ********** secretaria de acuerdos adscrita al mismo b. Ejecutoras: Titular de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos por conducto del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicha dependencia. c. Del C. Encargado del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad,. d. Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Independiente del Municipio de Juárez, Chihuahua IV. Actos reclamados: a. A las responsables ordenadoras, les reclamo todas y cada una de las actuaciones de un juicio ordinario civil radicado ante dicha autoridad bajo el expediente ******/10 a partir de la supuesta diligencia de emplazamiento a dicho procedimiento, la sentencia definitiva y todas las actuaciones de la vía de apremio o ejecución de sentencia con respecto de un bien inmueble ubicado en ********** con inscripción ********** del Registro Público de la Propiedad para este Distrito Bravos en lo sucesivo el "****" todas las actuaciones y diligencias tendientes a la formalización en escritura pública de la venta judicial o adjudicación practicadas en el juicio de donde emanan los actos que se reclaman, las actuaciones y diligencias que guarden relación con la inscripción y registro de dicha venta judicial en la oficina del Registro Público de la Propiedad de este Distrito, así como cualquier resolución judicial a la posesión, desocupación y entrega material del "*****", el arbitrario lanzamiento contra mi voluntad, con auxilio de la fuera pública y sin otorgarme la garantía de audiencia, es decir, sin llamarme a juicio, esto es, emplazarme para poder defenderme, ocurrida el cuatro de julio de dos mil diecinueve en el inmueble de mi propiedad ubicado en ************. b. Del Titular de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, se reclaman todas y cada una de las actuaciones y diligencias practicadas en el juicio de donde se emanan los actos reclamados, especialmente aquellas tendientes al emplazamiento o notificación a la parte quejosa, así como todo acto de desposesión, desocupación y/o entrega de el "********" y en general, toda actuación de dicha autoridad tendiente de manera directa o indirecta, a ejecutar las resoluciones pronunciadas por la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente escrito, en el juicio de donde se emanan las omisiones de dicha autoridad por cuanto a la inobservancia de los artículos 69, 119, 120 y 127 del código de procedimientos civiles del estado de chihuahua los actos por conducto del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicha dependencia reclamo en primer lugar el nunca haberse identificado como actuario judicial de dicha dependencia, ni siquiera proporcionar el nombre, la omisión de corroborar los datos de la suscrita con los datos del expediente que traía en sus manos al momento de que ordenó abandonar a mi sobrina la C. ***********, quien era la única persona que se encontraba en ese momento en el domicilio, ya que la suscrita estaba fuera de la ciudad y no fui enterada de este hecho hasta el día ocho de julio de dos mil diecinueve, en ningún momento mostró documento alguno para corroborar el arbitrario despojo de mi propiedad, ni siquiera al abogado de la suscrita, a más de que le dijo a mi sobrina la C. ************, que solo le daba cinco minutos para sacar mis cosas a la calle, pese a haberle insistido que la persona que buscaba no era la suscrita y mostrarle los documentos que prueban que la propietaria es la suscrita los cuales jamás se tomó la molestia de revisarlos además de decirle que la casa la había comprado la suscrita a finales del año dos mil nueve a la moral denominada **************. c. Del Encargado del Registro Público de la Propiedad, se reclama cualesquier acto de dicha autoridad tendiente a la alteración o modificación de la inscripción *********** cualesquier anotación en dicha inscripción que pueda variar o alterar directamente o indirectamente la titularidad del mismo a favor de la hoy parte quejosa así mismo toda inscripción relativa a la adjudicación, venta judicial o remate del inmueble a favor de las morales hoy señaladas como Terceros Perjudicadas en el presente escrito. d. Al Secretario de Seguridad Pública le reclamo la omisión de corroborar los datos proporcionados por el juez, la secretaria y el actuario porque la persona que buscaban para lanzar en apoyo a lo ordenado no correspondía a los datos de la suscrita y pese a mostrarles los documentos que prueban que la propietaria es la suscrita y decirle que la casa yo la había comprado a finales del año dos mil nueve, no les importó y dejaron que se me privara del derecho de vivir en mi casa. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil diecinueve, se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito de demanda en cuanto a qué acto le reclama a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravo, acorde a sus facultades y funciones; y si señalaba únicamente como responsable al Titular de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, por conducto de su inferior jerárquico, o bien si acorde a sus respectivas atribuciones señala también al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicha oficina. Mediante escrito recibido en este juzgado el doce de agosto de dos mil diecinueve, desahogó la prevención y aclaró la demanda de amparo en los siguientes términos: Actos reclamados: a. De la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos con sede en esa ciudad, reclamo todas y cada una de las actuaciones de un juicio ordinario civil radicado ante dicha autoridad bajo el expediente ****/10 a partir de la supuesta diligencia de emplazamiento a dicho procedimiento, la sentencia definitiva y todas las actuaciones de la vía de apremio o ejecución de sentencia con respecto de un bien inmueble ubicado************con inscripción **********del Registro Público de la Propiedad para este Distrito Bravos en lo sucesivo el "****" todas las actuaciones y diligencias tendientes a la formalización en escritura pública de la venta judicial o adjudicación practicadas en el juicio de donde emanan los actos que se reclaman, las actuaciones y diligencias que guarden relación con la inscripción y registro de dicha venta judicial en la oficina del Registro Público de la Propiedad de este Distrito, así como cualquier resolución judicial a la posesión, desocupación y entrega material del "*****", el arbitrario lanzamiento contra mi voluntad, con auxilio de la fuera pública y sin otorgarme la garantía de audiencia, es decir, sin llamarme a juicio, esto es, emplazarme para poder defenderme, ocurrida el cuatro de julio de dos mil diecinueve en el inmueble de mi propiedad ubicado en ***************en virtud a sus facultades y funciones en unión con el Juez Primero de lo Civil de este Distrito Judicial Bravos con sede en esta ciudad. b. Del Titular de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos se reclaman todas y cada una de las actuaciones y diligencias practicadas en el juicio de donde se emanan los actos reclamados, especialmente aquellas tendientes al emplazamiento o notificación a la parte quejosa, así como todo acto de desposesión, desocupación y/o entrega de el "*****" y en general, toda actuación de dicha autoridad tendiente de manera directa o indirecta, a ejecutar las resoluciones pronunciadas por la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente escrito, en el juicio de donde se emanan las omisiones de dicha autoridad por cuanto a la inobservancia de los artículos 69, 119, 120 y 127 del código de procedimientos civiles del estado de chihuahua. c. De los Ministros Ejecutores del Distrito Judicial adscritos o integrantes de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos se reclaman todas y cada una de las actuaciones y diligencias practicadas en el juicio de donde se emanan los actos reclamados, especialmente aquellas tendientes al emplazamiento o notificación a la parte quejosa, así como todo acto de desposesión, desocupación y/o entrega de el "*****" y en general, toda actuación de dicha autoridad tendiente de manera directa o indirecta, a ejecutar las resoluciones pronunciadas por la autoridad señalada como responsable ordenadora en el presente escrito, en el juicio de donde se emanan las omisiones de dicha autoridad por cuanto a la inobservancia de los artículos 69, 119, 120 y 127 del código de procedimientos civiles del estado de chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se violaron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de julio de dos mil diecinueve, se radicó la demanda bajo el consecutivo 550/2019-III y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Una vez desahogada la prevención relativa, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto proveniente de autoridades civiles, que tuvo ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera: Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y la Secretaria de Acuerdos, adscrita a ese juzgado: a. Todo lo actuado en el juicio ordinario civil ****/2010, seguido por ************ en contra de Paula Arellano Excelente. b. Las órdenes de adjudicación, protocolización, desposesión, y entrega material a favor de la tercera interesada ************ respecto del inmueble ubicado en ************, inscrito bajo el número ***********, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. Del Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: c. La ejecución de las órdenes pronunciadas por las autoridades ordenadoras. Del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: d. La alteración o modificación de la inscripción *************, que pueda variar o alterar la titularidad del referido inmueble a favor de la quejosa, así como la inscripción relativa a la adjudicación, venta judicial o remate del bien inmueble a favor de la tercera interesada. Del Secretario de Seguridad Pública Municipal: e. La ejecución de la orden de desposesión. Sirve de sustento, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe con justificación, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyeron, y al respecto refirió que únicamente tiene funciones administrativas y que la ejecución de las órdenes jurisdiccionales compete a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba que tenga el alcance de desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos de ejecución que se atribuyeron al Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En otro orden de ideas, al rendir sus respectivos informes justificados, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, así como el Secretario de Seguridad Pública Municipal, aceptaron la existencia de los actos que les atribuyó la solicitante del amparo, en la esfera de sus atribuciones, consistentes en todo lo actuado en el juicio ordinario civil *****/2010, seguido por ***************, en contra de **********, así como las órdenes de adjudicación, protocolización, desposesión, desocupación y entrega material a favor de la tercera interesada, respecto del inmueble ubicado en *******************, inscrito bajo el número ***************, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, así como la ejecución de esas determinaciones y la correspondiente inscripción del referido Registro Público; lo que se corrobora con las copias certificadas que las responsables remitieron adjuntas a su informe con justificación; documentales a las que se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Improcedencia del Juicio de Amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." A. Improcedencia respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que el presente juicio constitucional es improcedente, por lo que respecta al acto reclamado a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Para sostener esta conclusión, es importante tomar en cuenta que los artículos 5°, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. En el caso, la parte quejosa le atribuye a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, los actos precisados con los incisos a) y b), consistentes en todo lo actuado en el juicio ordinario civil ******/2010, seguido por *********** en contra de *************, así como las órdenes de adjudicación, protocolización, desposesión y entrega material a favor de la tercera interesada ************, respecto del inmueble ubicado en ************, inscrito bajo el número **********, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. Empero, a ésta no le reviste el carácter de autoridad responsable, porque conforme el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la naturaleza jurídica del cargo público que desempeña es la de autenticar, como fedataria, lo resuelto por el titular de su adscripción, pero sin facultades de imperio y de atribuciones decisorias. Por tanto, no es autoridad responsable, en términos del numeral 5°, fracción II, del ordenamiento de la materia, pues carece de las atribuciones que distinguen los actos de autoridad, como son, entre otras, dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado. Apoya a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: SECRETARIOS DE ACUERDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS. Conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, los actos realizados por un secretario de acuerdos, no tienen el carácter de autoridad, ya que sus funciones sólo se limitan a autorizar y dar fe respecto de los acuerdos pronunciados por el titular del juzgado, esto es, esa actuación del funcionario de mérito, se circunscribe a los supuestos contenidos en el artículo 64 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del fuero común del Distrito Federal; por consiguiente ante la naturaleza del reclamo que se hace al servidor público en mención, resulta evidente que no se trata de actos propios de autoridad, lo cual permite establecer que la participación que dicho secretario realizara en aquel contradictorio, ningún agravio irroga al quejoso, puesto que el acto o actos de intervención precisados, los mismos, jurídicamente y por la naturaleza de sus funciones, sólo revestirán características fedatarias, requisito sine qua non para la validez y existencia de las correspondientes actuaciones, como al efecto lo dispone el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que señala: SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO. Con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra del secretario de un juzgado de primera instancia del fuero común, si sólo se reclama de dicha autoridad el haber intervenido para dar fe de lo resuelto por el juez. Finalmente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo la voz: SECRETARIO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD CUANDO SE LE SEÑALA ÚNICAMENTE COMO FEDATARIO. Cuando el secretario únicamente interviene como fedatario de las actuaciones del titular del órgano respectivo, su conducta no afecta en manera alguna la esfera privada de las partes puesto que su función carece de los requisitos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo y en consecuencia al no ser autoridad para los efectos del amparo, el juicio que se entable contra sus actos es improcedente. Consecuentemente, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en relación con los actos reclamados a la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. B. Improcedencia respecto de todo lo actuado en el juicio de origen (con excepción de las órdenes de adjudicación, protocolización, desposesión y entrega material). En la especie, este Juzgado considera que respecto de los actos reclamados por la solicitante del amparo al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, consistente en todo lo actuado en el juicio ordinario civil *****/2010, seguido por ************ en contra de *************, la quejosa carece de interés jurídico para impugnar las actuaciones dictadas en ese procedimiento, con excepción de aquellas que afectan su patrimonio. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene precisar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como 5º, fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en ese orden, establecen: Artículo 107. Las controversias de las que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Bajo este esquema, puede acudir al juicio de amparo en calidad de parte quejosa, entre otros, quien: A. Aduzca ser titular de un derecho subjetivo. En efecto, el derecho subjetivo se concibe como la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas. En otras palabras, se trata de un derecho que supone la concurrencia de dos premisas fundamentales: una potestad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir con dicha exigencia. Bajo esa lógica, sólo puede estarse frente a un derecho subjetivo cuando la facultad regulada en la norma se encuentra revestida de un poder de exigencia imperativa, lo que permite diferenciarlo tanto de la regulación normativa de las meras actuaciones particulares, como de aquellos supuestos en que la norma no establece en favor de una persona determinada la facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación que puede aprovechar un sujeto o que puede ser benéfica para éste, pero cuya observancia no es susceptible de reclamarse por el beneficiado (interés simple). B. Que el titular de dicho derecho subjetivo alegue que el acto reclamado vulnera derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y afecta su esfera jurídica de manera directa. Además de la existencia de un derecho subjetivo, quien promueve debe probar que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de forma directa, a efecto de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de la transgresión. De esa forma, en la lógica del interés jurídico, dado que el amparo únicamente protege bienes jurídicos reales y objetivos -partiendo de la base de que se alega su vulneración directa-, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Consecuentemente, deben acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En el caso, de los antecedentes reseñados en el anterior considerando de esta sentencia, se aprecia que en el juicio ordinario civil *****/2010, seguido por ************* en contra de *************, la hoy quejosa, ************, no figura como parte procesal, ni se encuentra vinculada con la obligación de pago establecida en ese proceso. Lo anterior es así, dado que la quejosa no tiene el carácter de actora ni demandada, tampoco se trataba de algún obligado o persona a la que se le debía llamar para deducir sus derechos respecto de la acción de vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria deducida en el natural y, menos aún, se emitió condena en su contra, pues cabe destacar que partes en el juicio, son aquellas a quienes les nace el derecho que la autoridad judicial declara o constituye a su favor o bien, impone una condena a su contraria. Entonces, al no haber sido señalada la aquí quejosa como demandada, ni haberse seguido la litis natural en su contra, ni dictado sentencia condenatoria que de manera directa la condene, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos especificados consistentes en todo lo actuado en el juicio ordinario civil *****/2010, con excepción, desde luego, de aquellas que sí se emitieron directamente sobre el bien raíz que afirma es de su patrimonio, dado que la solicitante del amparo es ajena a esa relación procesal. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C J/254, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, del Tomo XXII, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, respecto de los actos que la parte quejosa hizo consistir en todo lo actuado en el juicio civil del que derivan los actos reclamados. C. Improcedencia respecto de las órdenes de adjudicación, protocolización, desposesión y entrega material que se tildan de inconstitucionales. En la especie, respecto de los actos que trastocaron el inmueble que la quejosa pretende defender en la instancia constitucional (adjudicación, protocolización, desposesión, desocupación y entrega material), el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En la especie, de las constancias que obran en el expediente de origen se advierten los siguientes antecedentes relevantes: Por escrito presentado ante la Oficialía de turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Judicial Bravos, el veintisiete de agosto de dos mil diez, ************, demandó en la vía ordinaria civil de ********** el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria que se celebró originalmente con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) el seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis; el pago de la suerte principal adeudada; los intereses moratorios; la ejecución y venta del bien inmueble hipotecado ubicado en *************** que las amortizaciones efectuadas por la parte demandada con relación al contrato de otorgamiento de crédito concedido queden a favor de la actora; y el pago de los gastos y costas (fojas 1 a 6 de aquí en adelante del tomo de pruebas que obra por separado). Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien el tres de septiembre de dos mil diez, radicó el asunto bajo el consecutivo E *****/2010 (foja 99). El veintidós de junio de dos mil once, se declaró en rebeldía a la parte demandada. Seguido el procedimiento, el veintiuno de agosto de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas (fojas 132 a 153). El dos de octubre de dos mil doce, el juez responsable, causó ejecutoria a la sentencia definitiva. El dieciséis de enero de dos mil trece, se tuvo al apoderado de la actora señalando para embargo el bien inmueble ubicado en ************, inscrito bajo el número ************** del Registro Público de la Propiedad, por lo que turnó lo autos a la central de actuarios y ministros ejecutores para que declararan legal y formalmente embargado dicho bien (foja 166). El siete de noviembre de dos mil dieciocho, se reconoció a Giza Grupo Inmobiliario, sociedad anónima de capital variable, el carácter de parte actora en el juicio ordinario civil en razón de la cesión de derechos litigiosos efectuada por la moral **********(foja 337). El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de remate y, en su primera almoneda, se adjudicó el inmueble de referencia a favor de la parte actora en el juicio de origen; asimismo, se previno a la parte demandada para que otorgara la escritura correspondiente, apercibida que de no hacerlo el tribunal lo haría en su rebeldía (folios 361 y vuelta). Por acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve, ante la rebeldía de la parte demandada, se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Número Cinco a fin de que procediera a la elaboración de la escritura (foja 363). Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al Notario Público Número Cinco devolviendo el expediente debidamente protocolizado, según escritura pública **** del protocolo a su cargo (folio 365). Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se ordenó poner en posesión legal y material a la parte actora del bien inmueble adjudicado a su favor, autorizando el uso de la fuerza pública con rompimiento de cerraduras para el caso de ser necesario (folio 367). En diligencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se puso en posesión legal y material del inmueble ubicado en calle Búfalo, número 435 (cuatrocientos treinta y cinco) del fraccionamiento Praderas del Sur, en esta ciudad, al adjudicatario (folio 376). Inconforme con los actos consistentes en la adjudicación, protocolización, desposesión y entrega material, la peticionaria de amparo formuló la demanda de amparo, ostentándose como propietaria del inmueble ubicado en **********, inscrito bajo el número ***********, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. En el caso, *********, se ostenta tercera extraña al Juicio Ordinario Civil ****/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y a fin de acreditar su interés jurídico exhibió las siguientes pruebas: a) Copia simple del contrato privado de promesa de cesión onerosa de créditos, cobro y derechos litigiosos que celebraron ************** como promitente cedente y la quejosa como promitente cesionario, el veintiocho de abril de dos mil diez, (sujeto a condición suspensiva) respecto de los derechos de crédito y litigiosos del crédito ****** otorgado a favor de **************, siendo el inmueble que garantiza la operación el identificado en el apartado de antecedentes de dicho contrato, consistente el inmueble ubicado en **************. b) Disco versátil digital que contiene cuatro videos tomados en el momento en el que refiere la parte quejosa, fue desposeída del inmueble que dice que es de su propiedad. c) Dieciséis recibos de depósitos mensuales realizados a la empresa ************, a través de la institución bancaria *********. d) Cuarenta y cinco estados de cuenta relativos al crédito ********* expedidos por ************ a nombre de la hoy quejosa, **********. e) Carta propuesta de dieciséis de abril de dos mil diez, signada por la aquí quejosa, dirigida a ***********, en el que asienta que acepta el esquema de pagos que ha negociado con dicha empresa, correspondiente al crédito ********* a nombre de **********. Ahora, debe decirse que la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular, en el caso concreto, la función jurisdiccional. Sin embargo, las pruebas que exhibe la peticionaria del amparo resultan ineficaces para acreditar que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, pues con ellas no se demuestra la existencia de un acto por el cual haya adquirido la propiedad ni la posesión del bien materia de la Litis en el juicio natural. En cuanto a la copia simple del contrato privado de promesa de cesión onerosa de créditos, cobro y derechos litigiosos que celebraron *********** como promitente cedente y la quejosa como promitente cesionario, el veintiocho de abril de dos mil diez, respecto de los derechos de crédito y litigiosos del crédito ********** otorgado a favor de ***********, cuya apreciación queda al prudente arbitrio del juzgador, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Así, quien resuelve estima que, dada su naturaleza, la copia simple ofrecida por la quejosa, sólo genera la presunción de la existencia de su original y resulta insuficiente para acreditar, fehacientemente, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, pues no acredita que la quejosa sea propietaria como ella refiere del inmueble ubicado en *************. Robustece estas consideraciones la tesis de jurisprudencia 194, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN , Materia Común, página 133; con registro 394150 en el sistema digital del propio semanario; que establece: COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa". Así como la tesis jurisprudencial 2a./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Común, página 213; con registro 196457, en el sistema electrónico del propio semanario; de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. Aunado a lo anterior, se trata de un contrato mediante el cual se ceden a título oneroso, esto es mediante el pago de una cantidad estipulada por las partes, los derechos crediticios, litigiosos de diverso crédito, como en el caso el crédito ********* a favor de ************, el cual está sujeto a una condición suspensiva, de pago oportuno por parte del promitente cesionario, sin que ello implique que cumplida la condición suspensiva, lo que además no está acreditado en autos, se adquiera la propiedad del inmueble dado en garantía, en este caso, el que aduce la quejosa es de su propiedad ubicado en ***************, sino que su objeto es únicamente contar con la facultad de promover lo conducente ante la autoridad judicial que conoce del juicio cuyos derechos se ceden. De modo que dicho contrato, aun concatenado con los dieciséis recibos de depósitos mensuales realizados a la empresa *************, a través de la institución bancaria ********** los cuarenta y cinco estados de cuenta relativos al crédito ********* expedidos por *********** a nombre de la hoy quejosa, *************, y la carta propuesta de dieciséis de abril de dos mil diez, signada por la aquí quejosa, dirigida a ***********, en el que asienta que acepta el esquema de pagos que ha negociado con dicha empresa, correspondiente al crédito ******** a nombre de ***********, no son documentos idóneos para acreditar la existencia de un acto jurídico por el cual haya adquirido la propiedad del bien materia de la litis, sino simplemente que se han realizado diversos pagos a ************, con motivo del contrato privado de promesa de cesión de créditos, cobro y derechos litigosos respecto de dicho crédito, el cual está sujeto a condición suspensiva establecida en el contrato, por lo que con ellos no se acredita la propiedad del bien inmueble ubicado en ***************. El disco versátil digital con cuatro videos de la diligencia en la que refiere la quejosa fue desalojada del bien inmueble materia de la controversia original, no es un documento idóneo para acreditar la posesión y propiedad del bien inmueble, por lo que se insiste que no se encuentra demostrada la afectación a la esfera jurídica de la quejosa. No es óbice que el párrafo tercero del artículo 75, de la Ley de Amparo, establezca la obligación del juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que no obran en autos y que considere necesarias para resolver el juicio de amparo, pues de conformidad con el artículo 6 de la legislación en cita, el interés jurídico es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al solicitante del amparo. Ilustra lo anterior, la tesis XXVII.6 K, localizable en la página mil treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII (octubre de 2003), emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 183039, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. En estas circunstancias, debe concluirse que la parte quejosa no demostró con medio de prueba alguno su interés jurídico, razón por la cual, se concluye que no acreditó que el acto señalado como reclamado le ocasiona perjuicio en su esfera jurídica, pues se insiste, no demostró la propiedad que dice tener respecto del inmueble ubicado en ************, esto es, que éste la haya obtenido mediante alguna de las figuras jurídicas que tutela la ley como forma de transmisión de la propiedad. Ello es así, pues como ya se acotó, el interés jurídico es aquel derecho subjetivo que supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, por una parte una facultad de exigir y una obligación traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; por lo tanto, existe un interés simple cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un poder de exigencia imperativa, ni exista un derecho subjetivo y por ende un interés jurídico, esto es, no tiene ninguna facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coercitivamente su respeto, pues éste en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido, lo cual en el caso acontece, pues la quejosa pretendió demostrar su interés jurídico con la copia simple del contrato privado de promesa de cesión onerosa de créditos, cobro y derechos litigiosos, celebrado por ************* como promitente cedente y la quejosa como promitente cesionario, el veintiocho de abril de dos mil diez, respecto de los derechos de crédito y litigiosos del crédito ******* otorgado a favor de ***************, copia simple que aún concatenada con las restantes pruebas, no son prueba idónea para acreditar la existencia de un acto por el cual haya adquirido la propiedad del bien materia de la litis. Se afirma lo anterior, pues se insiste que sólo es un contrato mediante el cual se ceden a título oneroso, esto es mediante el pago de una cantidad estipulada por las partes, los derechos crediticios, litigiosos de diverso crédito, el cual en el caso, está sujeto a una condición suspensiva de pago oportuno por parte del promitente cesionario, sin que ello implique que cumplida la condición suspensiva, se adquiera la propiedad del inmueble dado en garantía, en este caso, el que aduce la quejosa es de su propiedad ubicado en *************, sino que su objeto es contar con la facultad de promover lo conducente ante la autoridad judicial que conoce del juicio cuyos derechos se ceden. Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXXI, Materia Civil, visible en la página 4284, del siguiente tenor: CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. Esta cesión, que no está prohibida por nuestro Código Civil, se hace en conjunto y comprende todos los derechos que corresponden al cedente como litigante (comparecer en juicio, oponer recursos, etcétera), y como esos derechos no tienen el carácter de reales, la cesión no tiene por qué registrarse, no siendo aplicables los artículos 2051, 3002, fracción I, y 3003 del Código Civil del Distrito Federal. El Juez está obligado a aceptar los derechos litigiosos que adquiere el cesionario y a permitirle su ejercicio; y si entre los derechos cedidos, quedaron comprendidos los correspondientes a un juicio reivindicatorio seguido contra el cedente, el cesionario puede oponerse a la reivindicación y hacer valer las defensas pertinentes, sin que sea de aceptarse el argumento de que la cesión no pudo producir efectos, por el hecho de que el cesionario sea insolvente, lo que impediría al actor, en el caso de que obtuviera sentencia favorable, hacer efectiva la resolución, por ser tal argumento muy aventurado, ya que para eso se necesitaría que el demandante efectivamente gane el juicio; aparte de que el cesionario responda de todos los cargos, y de todos los derechos, de la misma manera que su cedente, e independientemente de la solvencia, responde de los resultados de su actividad procesal. También es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo XV, (febrero de 2002), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 187733, que establece: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en el la adjudicación, protocolización desposesión y entrega del bien raíz que la parte quejosa adujo ser de su propiedad. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos y Secretario de Seguridad Pública Municipal, pues la ejecución que se les imputa no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden dictada por las ordenadoras. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por el quejoso. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, respecto de los actos y autoridades por los que se realizó pronunciamiento en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, a través del cual no se tuvo por anunciada la prueba relativa al contrato original de promesa de sesión onerosa de crédito, cobro y derechos litigiosos que aduce la parte quejosa celebró con la persona moral Scrap II, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicha Ley, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, si así lo desea, recurra el auto de seis de diciembre del año en curso, a través del cual no se tuvo por anunciada la prueba relativa al contrato original de promesa de sesión onerosa de crédito, cobro y derechos litigiosos que aduce dicha parte procesal celebró con la persona moral ****, *****************, por los motivos ahí expuestos. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Yara **************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que a partir del once de diciembre de dos mil diecinueve, se designó al licenciado ***************************, como Secretario en Funciones de Juez de Distrito de este Órgano Jurisdiccional, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 43, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien quedará responsable de este Juzgado. Lo anterior, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma el licenciado ***********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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