Yoni Escalona Garcia

Expediente 190/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
190/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Yoni Escalona Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 47), misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yoni Escalona García, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    *(PUBLICACIÓN CITATORIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...)San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Yoni Escalona García, promovió el presente juicio de amparo, contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA C. Raymundo Cordero Cordero con domicilio bien conocido en el inmueble que ocupa la PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. EN CALIDAD DE EJECUTORAS: 2. 1.- Comandante de la policía auxiliar de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla del Municipio de Puebla. Con domicilio bien conocido EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. IV. ACTOS RECLAMADOS. a). De las autoridades ordenadoras, lo constituye la ilegal y arbitraria orden de busca, aprehensión o detención, citación, comparecencia o presentación, que pudiera haberse decretado en mi contra, por parte de las autoridad señalada como responsable ordenadora. b). De las autoridades ejecutoras lo constituye la pretensión de ejecución de dicha orden de busca o aprehensión o detención o citación o comparecencia o presentación." (fojas 2 y 3). Ahora bien, visto el informe rendido por la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla, se aprecia que por una parte, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia y presentación (fojas 27 a 29), y por la otra, admitió la existencia del acto consistente en la citación del quejoso. En efecto, se aprecia que el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, libró un citatorio dirigido a Daniel Escalona Vela, a efecto de que presentara a su hijo Yoni Escalona García (aquí quejoso), para que compareciera ante esa autoridad a las once horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo una plática conciliatoria con su esposa Delia Cuapa Cordero, de acuerdo a los usos y costumbres de esa comunidad. Lo anterior, se corrobora con la documental remitida por la responsable, consistente en la copia certificada del aludido citatorio (foja 31); probanza, con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Asimismo, de la referida citación no se aprecia que tenga naturaleza penal, y dicho acto fue emitido por una autoridad administrativa. En tal sentido, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional consisten en: a). Las órdenes de busca, aprehensión, detención, comparecencia o presentación libradas en su contra, y su ejecución. b). La citación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla. De lo anterior se advierte que, se está en presencia de actos cuya fuente generadora provienen de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; de ahí que sea procedente de oficio separar dichos actos reclamados. En efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación, por lo tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia; sin embargo, al no estar regulada la figura jurídica de la separación por la Ley de Amparo, entonces, en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia, que enseguida se transcribe. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así las cosas, la separación de juicios es procedente cuando se reclaman en conjunto varios actos que están desvinculados entre sí, como en el presente caso sucede, pues los actos reclamados por la parte quejosa emanan de diversas averiguaciones previas y causas penales. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados, en el presente asunto; en el entendido que en el presente juicio de amparo 190/2019, se analizará únicamente los actos reclamados consistentes en: a). Las órdenes de busca, aprehensión, detención, comparecencia o presentación libradas en su contra, y su ejecución. Y respecto del acto consistente en b). La citación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla, deberá conocer diverso juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, como a continuación se expone. En efecto, de la referida citación no se aprecia que tenga naturaleza penal, y fue emitido por una autoridad administrativa; por tanto, la competencia para conocer de dicho asunto corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Civil, en términos del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del presente juicio de amparo respecto de dicho acto, ya que si bien, en la demanda de amparo se señalaron indistintamente las órdenes de busca, aprehensión, citación, detención, presentación o comparecencia como actos reclamados de naturaleza penal, lo cierto es, que de la concatenación del acto de citación con el contenido del informe justificado, con meridiana claridad se advierte que se trata de un acto proveniente de otra materia distinta a la penal. Por tanto, únicamente en relación con dicho acto reclamado (citación), este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de materia, para analizar su constitucionalidad. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colma alguno de los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados de Distrito Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto respecto a dicho acto corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo únicamente en relación con dicho acto reclamado y la referida autoridad responsable. Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente incompetente por materia para conocer de este juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado en comento; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer de dicho asunto. En tales condiciones, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, y del incidente de suspensión al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es la autoridad que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Asimismo, se hágase del conocimiento del Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, que el incidente de suspensión se resolvió en definitiva el once de marzo de dos mil diecinueve. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, y que comedidamente informe si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. (...)

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Yoni Escalona García, promovió el presente juicio de amparo, contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS: 1. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA C. Raymundo Cordero Cordero con domicilio bien conocido en el inmueble que ocupa la PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. EN CALIDAD DE EJECUTORAS: 2. 1.- Comandante de la policía auxiliar de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla del Municipio de Puebla. Con domicilio bien conocido EN LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. IV. ACTOS RECLAMADOS. a). De las autoridades ordenadoras, lo constituye la ilegal y arbitraria orden de busca, aprehensión o detención, citación, comparecencia o presentación, que pudiera haberse decretado en mi contra, por parte de las autoridad señalada como responsable ordenadora. b). De las autoridades ejecutoras lo constituye la pretensión de ejecución de dicha orden de busca o aprehensión o detención o citación o comparecencia o presentación." (fojas 2 y 3). Ahora bien, visto el informe rendido por la autoridad responsable 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla, se aprecia que por una parte, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, consistentes en la búsqueda, aprehensión, detención, comparecencia y presentación (fojas 27 a 29), y por la otra, admitió la existencia del acto consistente en la citación del quejoso. En efecto, se aprecia que el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, libró un citatorio dirigido a Daniel Escalona Vela, a efecto de que presentara a su hijo Yoni Escalona García (aquí quejoso), para que compareciera ante esa autoridad a las once horas del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de llevar a cabo una plática conciliatoria con su esposa Delia Cuapa Cordero, de acuerdo a los usos y costumbres de esa comunidad. Lo anterior, se corrobora con la documental remitida por la responsable, consistente en la copia certificada del aludido citatorio (foja 31); probanza, con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Asimismo, de la referida citación no se aprecia que tenga naturaleza penal, y dicho acto fue emitido por una autoridad administrativa. En tal sentido, se aprecia que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional consisten en: a). Las órdenes de busca, aprehensión, detención, comparecencia o presentación libradas en su contra, y su ejecución. b). La citación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla. De lo anterior se advierte que, se está en presencia de actos cuya fuente generadora provienen de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; de ahí que sea procedente de oficio separar dichos actos reclamados. En efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación, por lo tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia; sin embargo, al no estar regulada la figura jurídica de la separación por la Ley de Amparo, entonces, en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia, que enseguida se transcribe. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así las cosas, la separación de juicios es procedente cuando se reclaman en conjunto varios actos que están desvinculados entre sí, como en el presente caso sucede, pues los actos reclamados por la parte quejosa emanan de diversas averiguaciones previas y causas penales. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados, en el presente asunto; en el entendido que en el presente juicio de amparo 190/2019, se analizará únicamente los actos reclamados consistentes en: a). Las órdenes de busca, aprehensión, detención, comparecencia o presentación libradas en su contra, y su ejecución. Y respecto del acto consistente en b). La citación de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el 1. Presidente de la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla, Puebla, deberá conocer diverso juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, como a continuación se expone. En efecto, de la referida citación no se aprecia que tenga naturaleza penal, y fue emitido por una autoridad administrativa; por tanto, la competencia para conocer de dicho asunto corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Civil, en términos del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal por razón de la materia para conocer del presente juicio de amparo respecto de dicho acto, ya que si bien, en la demanda de amparo se señalaron indistintamente las órdenes de busca, aprehensión, citación, detención, presentación o comparecencia como actos reclamados de naturaleza penal, lo cierto es, que de la concatenación del acto de citación con el contenido del informe justificado, con meridiana claridad se advierte que se trata de un acto proveniente de otra materia distinta a la penal. Por tanto, únicamente en relación con dicho acto reclamado (citación), este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, por razón de materia, para analizar su constitucionalidad. Esto, al tomar en consideración que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 48 de la Ley de Amparo y 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que en el particular, no se colma alguno de los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los Juzgados de Distrito Especializados en Amparo en Materia Penal. En efecto, tal dispositivo legal establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por ende, conforme al análisis de la naturaleza del acto reclamado, se estima que el conocimiento del asunto respecto a dicho acto corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno; por lo que, procede plantear a su favor la competencia del presente juicio de amparo únicamente en relación con dicho acto reclamado y la referida autoridad responsable. Ello, al tomar en consideración además el contenido del numeral 53 de la invocada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente incompetente por materia para conocer de este juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado en comento; en consecuencia de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE MATERIA, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, para conocer de dicho asunto. En tales condiciones, de conformidad con lo que establece el artículo 17 Constitucional se ordena remitir copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, y del incidente de suspensión al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, ya que es la autoridad que se estima legalmente competente para conocer del presente asunto, por los motivos antes expuestos. Asimismo, se hágase del conocimiento del Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, que el incidente de suspensión se resolvió en definitiva el once de marzo de dos mil diecinueve. Al efecto, se solicita el acuse de recibo de estilo, y que comedidamente informe si acepta o no la competencia de que se trata, conforme a lo estatuido en el citado artículo 48 de la Ley de Amparo. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.

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