Yolanda Morales Salinas

Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
858/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Morales Salinas
  • Fiscal General del Estado de Puebla.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Intégrese únicamente para que obre como legalmente corresponda, los oficios de las autoridades responsables 4. Agente del Ministerio Público en funciones de Titular adscrita a la Unidad de Investigación Popular y 10. Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, a través de los cuales pretenden rendir su respectivo informe de ley; no obstante, sin que haya lugar a realizar mayor proveído, en razón a que mediante audiencia incidental de trece de septiembre dos mil veintidós, se resolvió en definitiva la medida cautelar en que se actúa, y sin que dichos oficios cambien el sentido de la misma. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. INFORMES JUSTIFICADOS. Intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: 4.Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita la Unidad de Investigación Popular, de la Fiscalía General del Estado de Puebla.Po lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. II. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la quejosa Yolanda Morales Salinas, el diez de agosto pasado, presentó demanda de amparo a través de buzón judicial, la cual fue remitida a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el once de agosto siguiente, registrándola con el número 858/2022. En el respectivo escrito, señaló como actos reclamados los siguientes: La pretendida orden de privarme de mi libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, decretada en contra de la promovente, sin que la suscrita hubiera cometido delito alguno. La pretendida orden de que sea ingresado tanto mi nombre, como demás datos de identificación personales en la base de datos de la coordinación de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, sin que hasta la fecha se hubiera demostrado que la suscrita ha cometido algún hecho que la ley señala como delito. La ilegal investigación ordenada y continuada en mi contra, que se ha iniciado dentro de una carpeta de investigación. Misma que vulnera los numerales 97, 98, 99, 100, 101 y relativos del Código nacional de Procedimientos Penales. Reclamo todo lo que de hecho y por derecho se traduzca en perjuicio de los derechos de la suscrita. Mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, previo desahogo de prevención, se proveyó lo siguiente: I) Se desechó parcialmente la demanda por lo que hace a los actos reclamados consistentes en: c) La ilegal investigación ordenada y continuada en mi contra, que se ha iniciado dentro de una carpeta de investigación; II) se admitió la demanda los actos restantes con incidente de suspensión; II) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, III) se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Al respecto, en relación con los actos reclamados indicados las autoridades señaladas como responsables, ordenadoras y ejecutoras, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden. Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación. Negó Y 9. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Margarita de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 4. Agente del Ministerio Público en funciones de la Titular adscrita la Unidad de Investigación Popular, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 5. Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Investigación Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Oriente de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 7. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de San Pablo Xochimehuacán, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 8. Agente del Ministerio Público Investigador Centro, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 10. Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 11. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Paz, la Seguridad y las Garantías de las Personas, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 12. Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 13. Encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por su representación. Negó 14. Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 15. Director de Atención a Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 16. Coordinador General de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Negó 17. Directora del Centro Penitenciario de Puebla. Negó Como se advierte del cuadro anterior, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron los actos que se les reclaman; en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de septiembre próximo; comuníquese lo anterior a las partes. Cabe señalar que en proveído de trece de septiembre pasado se tuvo por inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como 2. Coordinador de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, por lo que es evidente que al no existir no puede emitir los actos que aquí se reclaman. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Incidental

    V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 858/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Yolanda Morales Salinas; y, RE S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Yolanda Morales Salinas, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: a) Las órdenes de detención, aprehensión o cualquiera de privarla de su libertad. b) La orden que sea ingresado su nombre como demás datos personales en la base de información de la Coordinación de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla. c) La ejecución de mencionados actos. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a la autoridad responsable siguiente: NÚMERO DE ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME PREVIO 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega. 3 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "La Margarita" Niega. 4 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "La Popular" Omisa 5 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "Norte" Niega. 6 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "Oriente" Niega. 7 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "Villa Frontera" Niega. 8 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "Centro" Niega. 9 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "La Margarita" Niega. 10 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal. Niega. 11 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Paz, la Seguridad y las Garantías de las Personas Niega. 12 Fiscal Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos Niega. 13 Fiscal Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia Niega. 14 Director de la Agencia Estatal de Investigación Niega. 15 Titular de Atención a Mandamientos Judiciales Niega. 16 Coordinador General de Análisis de Información Niega. 17 Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla. Niega. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que las autoridades responsables identificadas con los numerales 1., 3., 5. a 17, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." QUINTO. Procedencia de la medida cautelar. Ahora bien, tal como se aprecia de las constancias de la medida cautelar en que se actúa, se aprecia que la autoridad responsable 4. Fiscal Titular de la Unidad de Investigación "La Popular", fue omisa en rendir su respectivo informe de ley, a pesar de haber sido legalmente notificada para tal efecto en veintinueve de agosto de dos mil veintidós (foja 35), por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. Bajo esa tesitura, se resuelve: CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO AL ACTO A) Con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; por lo que, mientras esto último no ocurra, no deberán privar a Yolanda Morales Salinas, de su libertad personal, ni presentarla por medio de la fuerza pública con motivo de las órdenes privativas de libertad reclamadas, por quedar al respecto a disposición de este juzgado de Distrito y a la de la autoridad respectiva (penal judicial o administrativa), por lo que hace a la continuación del procedimiento. Tratándose de casos urgentes y respecto de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, las autoridades ministeriales podrán, bajo su más estricta responsabilidad, ordenar su detención, debiendo fundar y expresar los indicios que motiven su proceder; y, sin perjuicio de que las autoridades ministeriales practiquen las diligencias de averiguación previa o carpeta de investigación, según corresponda, y hagan la consignación o la puesta a disposición respectiva, acorde lo establecido en el numeral 16 Constitucional. Sí las órdenes de captura fueron emitidas por autoridades judiciales, con motivo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión definitiva concedida, sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que quede recluida y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En la inteligencia de que por ningún motivo se podrá ejecutar en contra de la parte quejosa alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La medida cautelar concedida surte efectos de inmediato, pero no los surtirá si ya se hubiese ejecutado el acto restrictivo de la libertad que la parte quejosa reclama, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprende en la comisión de flagrante delito; tampoco surtirá efecto alguno respecto de la ejecución de actos emitidos con posterioridad a la concesión de la medida que aquí se decreta. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO AL ACTO B) Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la orden que sea ingresado su nombre como demás datos personales en la base de datos de la Coordinación de Análisis de Información de la Fiscalía General del Estado de Puebla, se concede la suspensión definitiva, ya que la obtención de la ficha signalética de la parte quejosa implica una medida administrativa que aporta datos sobre su aspecto somático y evita las posibles confusiones con homónimos, por lo que es menester que se examine sobre su legalidad, máxime que al recabarse esa reseña se provocaría al quejoso daños y perjuicios de difícil enmienda, puesto que quedarían registrados esos datos en los archivos respectivos, por tanto, procede conceder la suspensión definitiva del acto para que permanezcan en el estado que se encuentran y no se le haga efectivo ningún apercibimiento a la parte quejosa por no comparecer a identificarse administrativamente ante la autoridad ejecutora, esto hasta que las responsables reciban notificación en la que medida cautelar se haya resuelto en definitiva el juicio de amparo en lo principal. Sirve de apoyo, por analogía la Jurisprudencia en Materia Penal, Común, Octava Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 78, Junio de 1994, Tesis 1a./J. 14/94, Página veintiséis, que cita: IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. En aquéllos casos en que se combaten en la vía del amparo indirecto tanto el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, como la identificación administrativa del imputado, es procedente otorgar la suspensión provisional de este último acto, pues ese mandato de identificación, por cuanto a que tiene su fundamento en la formal prisión, combatido en el mismo juicio de garantías, es menester que primero se examine la legalidad de éste y luego de estimarse constitucional esa resolución, deberán tenerse como legales también sus consecuencias, entre ellas la identificación administrativa reclamada; además de que de recabarse la ficha signalética, antes de resolverse tal situación jurídica en definitiva, se provocarían al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, puesto que quedarían registradas esos datos en los archivos respectivos con o sin las anotaciones de libertad que se hicieran. SEXTO. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA. A fin de que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y se presente al procedimiento penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; este órgano jurisdiccional, en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". Estima procedente fijar al peticionario de amparo, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." 2. Deberá otorgar caución a satisfacción de este juzgado de Distrito por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos cero centavos 00/100), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues de resultar cierto el acto, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido ante la autoridad responsable ordenadora. Lo anterior es así, toda vez que la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, establece que el monto de la garantía, se fijará tomando en consideración: a) la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso; b) las características personales y situación económica del mismo; y, c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; elementos que no se encuentran sustentados con prueba alguna exhibida por la parte promovente. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 858/2022, formado con la demanda promovida por Yolanda Morales Salinas; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido, que de no exhibir la garantía fijada dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor -como acontece en el presente asunto- que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. En atención a tales disposiciones, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que deberá exhibir el billete de depósito o póliza de fianza -según elija-, ante la Oficialía de Partes Común correspondiente, de acuerdo a los señalamientos indicados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, reiterándole los apercibimientos señalados en supralíneas, para el caso de ser omiso sobre el particular. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por dicha potestad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Yolanda Morales Salinas, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables en el considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Yolanda Morales Salinas, en términos del considerando sexto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables en el considerando tercero. Notifíquese por lista a las partes, y por oficio a las autoridades responsables así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD INEXISTENTE. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable que se señaló como 2. Coordinador de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, o en su caso, manifestara lo que a su interés y derecho conviniera transcurrió del ocho al doce de septiembre de dos mil veintidós, sin que hubiera desahogado tal requerimiento. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y, se tiene por inexistente a la citada autoridad señalada como responsable, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. PEDIMENTO MINISTERIAL. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la constancia que indica. -DOMICILIO. No ha lugar a tener por autorizado el correo electrónico que indica como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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