Yolimar Carolina Rodríguez

Expediente 1288/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1288/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Yolimar Carolina Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ELECT Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil veintidós. IMPOSIBILIDAD DE PERITO OFICIAL Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el escrito de Edson Manuel García Sandoval, en su calidad de perito en materia de topografía, por el que informa la imposibilidad para emitir dictamen en el presente juicio de amparo, por las razones que expone; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. DESIGNACIÓN DE EXPERTO OFICIAL Por lo anterior, se realizó la búsqueda del experto en las materias mencionadas en la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, visible en la dirección electrónica http://portalconsejo.cjf.gob.mx/resources/do cumentos/2021/listaPeritos2021.pdf, de donde se obtuvo que Héctor Martínez Martínez, con número de registro P. 0652-2021, es experto en materia de topografía y agrimesura. En razón a ello, se requiere al experto en comento para que, en el término de tres días legalmente computado, informe a este juzgado federal lo siguiente: 1) Si en el presente incidente de firmas apócrifas promovido dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 968/2019 del índice de este juzgado, puede emitir su experticia; y, 2) De ser así, informe de manera detallada y desglosada un presupuesto respecto a cuánto ascendería el pago de sus honorarios por la prestación de sus servicios profesionales; asimismo deberá exhibir los documentos que acrediten su experticia. APERCIBIMIENTO Se apercibe al profesionista aludido, que de no dar cumplimiento a lo anterior se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 259 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior se proveerá lo conducente. SE ORDENA NOTIFICACIÓN Atento a lo anterior, toda vez que en los datos de contacto del referido experto proporcionados por proporcionado por la Coordinadora Técnica Administrativa de este órgano jurisdiccional, se advierten números telefónicos, correos electrónico y un domicilio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a fin de evitar dilaciones innecesarias, por única ocasión, se instruye al actuario judicial adscrito para que entable comunicación vía telefónica con el diestro Héctor Martínez Martínez y le haga del conocimiento el contenido del presente proveído; asimismo, se coordine para que vía electrónica (correo electrónico o whatsapp) le haga llegar copia del escrito de ofrecimiento de la pericial que nos ocupa a fin de que esté en posibilidad de imponerse de los puntos materia del dictamen. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    L.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficios de cuenta por medio del cual el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, informa el contenido de su auto de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1063/2022 de su índice, del que se advierte que aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó a la demanda de amparo promovida por la quejosa Yolimar *********. Lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente juicio como concluido. ... Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por su propio derecho. REGISTRO Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1288/2022-I-D. ACTOS RECLAMADOS La negativa de proporcionar a la quejosa atención médica urgente por el padecimiento consistente en mareos, dolor de cuerpo, dolor muscular, temperatura, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, falta de oxígeno. La negativa de otorgar los medicamentos, tratamiento y/o estudios necesarios, relativo a sus padecimientos. AUTORIDADES RESPONSABLES 1) DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL, MORELOS. 2) DIRECTORA Y/O JEFA DE SERVICIOS MÉDICO Y/O ENCARGADA DEL ÁREA DEL SERVICO MÉDICO DE LA MISMA INSTITUCIÓN. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Tocante a los actos reclamados señalados como: negativa de atención médica, proporcionar medicamentos, tratamiento y estudios médicos, no se hace pronunciamiento respecto de la suspensión de plano por no encuadrar en las hipótesis que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO En otro contexto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, con base en las siguientes consideraciones: Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. (.)." Lo anterior es así, ya que el acto reclamado tiene ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, en virtud de que, como se advierte de la demanda de amparo, la directa quejosa se encuentra recluida en ese centro carcelario; en esa virtud la ejecución del acto de que se duele se llevará a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se trate de ejecutar o se esta ejecutando el acto reclamado. Lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado y dentro del diverso con sede en Cuernavaca, Morelos, advirtiéndose que el acto reclamado tiene ejecución, en esa jurisdicción, actualizando el supuesto establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, respecto a la competencia del juicio biinstancial. De ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde deba ejecutarse el acto reclamado o se haya empezado a ejecutar. En tal contexto, en el conocimiento del amparo indirecto las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En ese contexto, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, dado que el acto que combate el quejoso, tiene su ejecución, en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. Aunado a lo anterior, es importante precisar que la determinación que se emite tiene sustento en lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 86/2019, donde expresó que la competencia de un juicio de amparo promovido por una persona privada de su libertad que se duele de la omisión de las autoridades penitenciarias de otorgarle atención médico, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el territorio donde se encuentre el Centro Penitenciario en que se encuentre recluido el gobernado. Tal criterio jurisprudencial con registro digital 2021191, consultable en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo.". En este tenor, este juzgadora declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con registro digital 189167, tesis I.1o.A.44 A, visible en el Tomo XIV, Agosto de 2001, página 1299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, a través de la Oficialía de Partes Común de esos órganos jurisdiccionales; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea. Ahora bien, atendiendo la naturaleza urgente del presente asunto, se ordena remitir vía interconexión. EXHORTO En consecuencia, con apoyo en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, comisione al actuario de su adscripción, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, siguiendo con las formalidades establecidas en el la Ley de Amparo, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS, Femenil, ubicado en Coatlan del Rio, Morelos, México a fin de notificar a la parte quejosa, el presente proveído. Lo anterior, sin que sea necesario requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). Así, conforme al artículo 12, incisos b), f) y g), del Acuerdo General Conjunto 1/2013, se aprueba que el exhorto que para tal efecto se envía, sea remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que haya necesidad de requerir al juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo es generado una vez enviada la comunicación oficial respectiva por la vía referida (SISE). De conformidad con lo estipulado en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para el desahogo de la diligencia encomendada. AUTORIZADOS En relación con el autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Se instruye al oficial judicial "C" encargado del trámite de este expediente, así como a la Secretaria de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere a la Secretaria y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 1/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el uno de mayo de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. COPIAS Respecto a la solicitud de las copias relativas a la suspensión solicitada, dígasele que no ha lugar a expedir las mismas, en razón de la naturaleza de la determinación que se adoptó en el presente asunto. Notifíquese como legalmente corresponda.

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