Yolanda Martínez Castellanos

Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
458/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Martínez Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto la cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado en el juicio de amparo indirecto 458/2021, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo vigésimo, fracción I del Acuerdo General 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción una vez que hayan transcurrido los seis meses que establece tal disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda que promueve Yolanda Martínez Castellanos, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 458/2021. ACTOS RECLAMADOS. Orden de aprehensión, detención y su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Procurador General de Justicia del Estado de México. 2. Director de la Oficina de Mandamientos Judiciales del Estado de México. 3. Fiscal Regional en Ecatepec, Estado de Morelos, Estado de México. 4. Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de San Agustín, Ecatepec, Estado de México. 5. Inspector General de la Policía Investigadora del Estado de México. 6. Comandante de Grupo, de Aprehensiones y Presentaciones adscrito al Centro de Justicia de la Procuraduría General de Justicia, en San Agustín, Ecatepec, Estado de México. 7. Director General de Seguridad Ciudadana en Ecatepec de Morelos, Estado de México. INCOMPETENCIA Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme a párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere - hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aún después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Lo anterior, conforme lo dispone el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte toral siguiente: David Ruedas Moncivais "[.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: II. SEGUNDO CIRCUITO: [.] Los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los siguientes municipios: Aculco, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chapa de Mota, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nicolás Romero, Polotitlán, Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tequixquiac, Timilpan, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón y Zumpango. [.]" (Énfasis añadido) Lo anterior es así, ya que el acto reclamado tiene ejecución en Ecatepec de Morelos, Estado de México, conforme a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, narró la parte quejosa en la demanda que se acuerda, pues aduce que el acto reclamado es relativo a la orden de aprehensión o detención y su ejecución que se llevaría a cabo en su domicilio que es el ubicado en la unidad habitacional Croc Aragón, en el edificio 116, departamento 101, Baja California, Colonia Croc Aragón, Ecatepec, Estado de México; de ahí que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde deba ejecutarse el acto reclamado. En ese tenor, para el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que es el lugar donde tendría ejecución el acto reclamado es donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito. En este tenor, este juzgado federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. Por tanto, sin resolver sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno Juicio de amparo indirecto 458/2021 7sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 29 de la Ley de Amparo, se le tiene las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional para que la quejosa oiga y reciba notificaciones, aun las de carácter personal, en virtud de que asi lo solicitó. Sin pasa inadvertido que también señalo un domicilio; sin embargo, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, por ende, se le tiene las listas. Respecto al domicilio, la quejosa señala para oír y recibir notificaciones el correo electrónico oscarjpardo.juridico@gmail.com, empero, no se acuerda favorable, en virtud de que la Ley de Amparo, no contempla dicho medio de notificación, por ende, se le tienen las lista que se publican en este órgano jurisdiccional, hasta en tanto, señalé un domicilio. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese por lista.

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