Yolanda Rojas Olivares

Expediente 1222/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1222/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Rojas Olivares

Actuaciones

  1. Principal

    ...Recepción de demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Departamento Comercial de CFE, Zona Comercial de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1222/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" (Lo resaltado es propio) Principio que reproduce el diverso artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En el análisis íntegro de la demanda se observa que no obra la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la promovente ********* o algún otro signo gráfico que haga sus veces, lo cual, incluso, fue precisado en la boleta de turno y por el Oficial de Partes de este juzgado; por tanto, la demanda es improcedente, ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, por ser la firma la expresión de la voluntad del quejoso. En efecto, la firma para que tenga validez en cualquier escrito, debe ser autógrafa, es decir, de puño y letra del signatario, pues ésta es la única forma en que la persona que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. No obstante lo anterior, el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Así, si la demanda es presentada por la vía electrónica, debe observar las reglas previstas en los artículos 45, 46 y 472 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, acorde con las cuales, a las demandas y escritos iniciales promovidos ante el Poder Judicial de la Federación se les debe agregar la firma electrónica vigente. En el caso, la demanda fue recibida sin la firma electrónica de la promovente. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe parte agraviada y la demanda resulta improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Máxime que no se advierte que la promovente tenga algún inconveniente para estampar su firma; tampoco que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que haya lugar a requerir a la promovente para que comparezca a este órgano jurisdiccional a subsanar tal omisión, dado que el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo faculta a los juzgadores para prevenir a los promoventes a fin de que satisfagan algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del numeral 113 del ordenamiento legal invocado. Domicilio procesal. Se reconoce como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, en razón de que el domicilio señalado se encuentra dentro de una zona conurbada y a efecto de no irrogar perjuicio a la quejosa, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Civil de Partido, en turno, con residencia en Salamanca, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio precitado y le notifique a la quejosa esta determinación, con la versión electrónica que para tal efecto se anexa. Se faculta al juez a quien corresponda conocer de la comunicación enviada para que habilite días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, devuelva a este órgano jurisdiccional las constancias de diligenciación a través de la cuenta de correo electrónico 9jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Autorizados. Téngase a ********** como autorizado de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ************* por carecer de dicho registro. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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