Yolanda Medel Moreno
Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Yolanda Medel Moreno
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 21 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE "...Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda Medel Moreno, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato y otra autoridad, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 79/2022-I. Desechamiento En principio, es preciso establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo citado impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuarla. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, cabe destacar que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 constitucional en su fracción I, que a la letra dice: En la especie, la demanda fue recibida sin la firma autógrafa de la promovente del amparo, lo que se corrobora con la inscripción realizada en la parte superior de su primera hoja, sobre el sello plasmado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato; sin que sea óbice a lo anterior que al calce obre estampada aparentemente su firma, pues ésta es copia simple. Por tanto, si no existe certeza de que la demanda de amparo fue suscrita por la quejosa o su representante legal, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviada, y la demanda resulta improcedente, según lo prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Máxime que no hay manifestación en torno a que la promovente tenga inconveniente para estampar su firma, ni que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que haya lugar a requerir a la promovente para que comparezca a este órgano jurisdiccional a subsanar tal omisión, dado que el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo faculta a los juzgadores para prevenir a los promoventes a fin de que satisfagan algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 213, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, VII, Enero de 1991, en materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión"..."
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