Yolanda Reyes Pedro

Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
120/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
06/08/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Reyes Pedro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a seis de agosto de dos mil dieciocho Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 204 y 205), en el que se decretó el sobreseimiento del juicio por desistimiento expreso de la quejosa; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese IIIB-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Vista la diligencia que antecede, en la cual la quejosa YOLANDA REYES PEDRO, ratificó su escrito presentado el diez de julio del actual, por el que desistió expresamente en su perjuicio del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En el caso, procede decretar el sobreseimiento en el juicio por desistimiento expreso de la quejosa, de conformidad con lo previsto en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. Los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En tanto que el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, prevé: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En esa tesitura, si el juicio de amparo únicamente puede seguirse por el agraviado, por su representante legal, su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; y si en el caso, la quejosa YOLANDA REYES PEDRO, como se desprende de la diligencia que antecede, ratificó su escrito en el que se desiste expresamente en su perjuicio del presente juicio de amparo que originó este expediente; es inconcuso que no es jurídico el proseguimiento del juicio contra la voluntad del gobernado; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento por desistimiento expreso de la quejosa. En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento en este juicio de amparo, se ordena dejar sin efecto legal alguno la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio número SEVITRA/DJ/DAJDH/1613/2018 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, residente en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de veintiuno de junio del presente año, remite copia certificada legible de todo lo actuado en el procedimiento administrativo número 28/2018, incluyendo sus respectivas constancias. Notifíquese; por lista a la quejosa, en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. III-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término de tres días otorgado a la quejosa Yolanda Reyes Pedro, para que ratificara la firma que calza el escrito presentado el cuatro de julio de dos mil dieciocho, transcurrió del diez al doce julio del actual, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo en su perjuicio, el apercibimiento decretado en proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho del presente año y se tiene por no planteada la solicitud ahí contenida, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. III-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diez de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Yolanda Reyes Pedro, por el que desiste del presente juicio de amparo; en consecuencia, por seguridad jurídica, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, comparezca ante este Juzgado con identificación oficial con fotografía, en horas hábiles, a ratificar su ocurso de cuenta; en el entendido que de no cumplir en el plazo concedido, se continuará con el trámite de este expediente. Se invoca por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y cinco, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174481, cuyo tenor literal es: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Notifíquese; por lista a la quejosa, en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. III-B

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