Yolanda Jiménez Loo
Expediente 432/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Yolanda Jiménez Loo
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 6524/2023 con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo de presidencia de treinta de agosto del actual, dictado en el recurso de queja 419/2023, del que se advierte que acusa recibo del oficio 12594/2023 y anexos; y, admitió a trámite dicho recurso, interpuesto por la quejosa Yolanda Jiménez Loo, contra el acuerdo de catorce de agosto del actual, en el que se desechó la demanda, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa ********************, por el que interpone recurso de queja en términos de lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo dictado el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en su atención, con fundamento en los preceptos 98, 99 y 100 de dicha ley, téngase a la promovente interponiendo dicho medio de impugnación. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para su substanciación. Ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que el catorce de agosto de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa ********************, por los motivos que ahí se expusieron. Adjúntense al informe copias certificadas de las constancias que guardan exacta relación con el recurso de queja de mérito. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, que hace consistir sustancialmente, en el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el cual se le negó el pago de daños y perjuicios ocasionados a su patrimonio y persona. ANOTACIONES Fórmese expediente impreso y electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 432/2023-III-B que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno Impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE Y A LA OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye al secretario de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a. su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a acordar lo conducente, es necesario examinar el escrito inicial a fin de determinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable para estimar lo contrario, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en virtud de que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, por los motivos legales que en seguida se expondrán. Dichos numerales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos de las personas y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Además, la Ley de Amparo dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos humanos y cuando realicen funciones de autoridad que estén determinadas por una norma general. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo, es aquella a la cual las normas jurídicas le otorgan las características de un órgano público y que con independencia de que disponga de manera directa o no de la fuerza pública, tiene la potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello la voluntad de éstos, y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Dicho criterio se encuentra en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, Novena Época, con número registro 199459, cuyo tenor literal es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que una autoridad será considerada con tal carácter en el juicio de amparo, cuando reúna las siguientes características: 1. Ser un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo antes dicho se contiene en la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, con número de registro 161133, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". De conformidad con lo anterior, es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, por regla general, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que este sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados. Ahora bien, tomando en cuenta que del acuerdo de fecha dieciocho de julio de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, el cual la quejosa adjuntó a su demanda en copia con firmas autógrafas originales, el que tiene eficacia valorativa plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que la autoridad responsable, en esencia, determinó que no es procedente realizarle el pago de daños y perjuicios que refiere la quejosa le fueron ocasionados por el actuar de dicha responsable, por el monto de $******************** (******************** pesos 00/100 moneda nacional). Siendo que de los antecedentes narrados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, así como del diverso juicio de amparo 377/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que la impetrante de la protección constitucional sostiene que el Ayuntamiento de Matías Romero, Oaxaca, le ocasionó diversos daños y perjuicios en la barda de su propiedad, por lo que le pidió, que le sean pagados. Ante la negativa de la aludida moral oficial, presentó denuncia por los hechos constitutivos del delito de abuso de autoridad, los cuales se encuentran siendo investigados dentro de la carpeta de ********************, seguida contra diversos funcionarios del Ayuntamiento referido. Asimismo presentó una denuncia ante la Defensoría Regional de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, misma que se ubica con el número ********************. De la misma manera, bajo el derecho de petición establecido en el artículo 8vo Constitucional, mediante escrito le solicitó al Ayuntamiento de referencia que le hiciera el pago por el supuesto daño material que le fue ocasionado por su actuar negligente, por la cantidad de $******************** (******************** pesos 00/100 moneda nacional). Ante la omisión de darle respuesta a su escrito, promovió el juicio de amparo 377/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, siendo que durante el trámite del mismo fue emitido el oficio de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que el 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, en esencia, determinó que no es procedente realizarle el pago de daños y perjuicios que refiere la quejosa le fueron ocasionados hasta en tanto sea condenado en un juicio ordinario. Determinación que ahora pretende combatir en el presente juicio de amparo. Sin embargo, se advierte que el 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, respecto del acto que se le atribuye, no ostenta el carácter de autoridad para efectos del amparo. Ello puesto que, si bien la mencionada respuesta le fue emitida en un ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares. Lo cierto es que de estimar que dicha respuesta no satisface su interés, deben acudir a la vía ordinaria civil, como lo establece el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto dispone: "La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en Ios bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa.", la cual se encuentra prevista en el numeral 1800 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que dice: "Artículo 1800.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario directamente responsable, no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado." Sin que pase desapercibido que el mencionado artículo de la legislación local pudiera resultar contradictorio a lo ponderado por la Carta Magna, empero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya abarcó dicho tema en la tesis 1a. III/2018 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 281, registro 2016002, de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 7.172 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD EL 30 DE MAYO DE 2017, ES INCONSTITUCIONAL. A partir del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, el Constituyente Permanente estableció un orden jurídico estructurado al que sometió las actuaciones del Estado para el reconocimiento de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, de forma que aquél tuviera una responsabilidad objetiva y directa por los daños que pudiera ocasionarles en sus bienes o derechos, con motivo de su actividad administrativa irregular (modelo constitucional actualmente ubicado en el artículo 109, último párrafo, constitucional); para lo cual, la Constitución Federal obligó a cada nivel de gobierno (federal, local y municipal) a prever y observar en sus ordenamientos jurídicos la responsabilidad patrimonial del Estado, objetiva y directa, y fijar en sus presupuestos una partida para hacer frente a dicha circunstancia, dentro del plazo comprendido desde la publicación del decreto y hasta antes de su entrada en vigor el 1 de enero de 2004. Así, el artículo 7.172 del Código Civil del Estado de México, en su texto anterior a la reforma publicada en la Gaceta del Gobierno de la entidad el 30 de mayo de 2017, al establecer que el Estado, los Municipios y sus respectivos organismos descentralizados, tienen obligación de responder de los daños causados por sus servidores públicos en el ejercicio de las funciones públicas que les estén encomendadas, y que dicha responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva cuando el servidor público responsable directo, no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado, es inconstitucional, pues la Legislatura Local incurrió en una omisión legislativa absoluta; esto es, si bien es cierto que prevé que el Estado de México, los Municipios y sus respectivos organismos descentralizados tienen obligación de responder de los daños que se causen a los particulares, también lo es que se ciñe a una responsabilidad subsidiaria a la que se finque al servidor público que hubiere ocasionado el daño en ejercicio de sus funciones, y sólo cuando el referido servidor público no pueda hacer frente a su responsabilidad con los bienes con que cuenta, lo cual advierte la subjetividad que reviste la responsabilidad del Estado a través de la persona del servidor público, como único ente que puede generar un daño a los gobernados, absolviendo el deber del Estado y colocándolo en una posición de "auxilio" en caso de que el servidor público no contara con bienes o éstos fueran insuficientes para resarcir a la persona afectada, lo cual genera una contraposición entre el ordenamiento local y la Constitución Federal. Asimismo, cuando el artículo 113 constitucional citado alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular con motivo de su actividad administrativa irregular, ello implica que el Estado se vuelve responsable directo en los daños que los operadores de su actividad generen en las personas y no de forma subsidiaria o solidaria como anteriormente sucedía y como se pretende a través del artículo 7.172 aludido." De la ejecutoria en la que derivó la tesis antes citada, se desprende que la responsabilidad patrimonial del Estado surgió por la necesidad de prever un sistema de garantía efectiva patrimonial, no solamente frente a despojos expropiatorios legítimos, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino respecto a aquellos daños causados voluntaria o involuntariamente por el poder público a las personas dentro de sus funciones o actividades. Cuando el patrimonio de las personas sufre algún quebranto por efecto directo de la acción pública es necesario que exista una indemnización. Dicha institución se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 109, antes 113, constitucional. Ahora bien, de la exposición de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, se advierte que anteriormente a la reforma constitucional que dio origen al texto del mencionado artículo 113, ahora 109 constitucional, los daños causados por el Estado se reparaban mediante la acreditación de la responsabilidad civil indirecta, cuya reglamentación atendía a dicho Código Civil Federal. Por otra lado, resulta importante destacar que han existido regímenes de responsabilidad administrativa en las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, en los que, aun cuando resultara exitoso el procedimiento correspondiente únicamente se responsabilizaba al funcionario sin indemnizar al afectado, por lo cual no constituían un auténtico sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, sino de los servidores públicos. Entonces, con el objeto de mitigar las problemáticas que enfrentaban los particulares para reclamar una indemnización por parte del Estado, la reforma constitucional al artículo 133 evolucionó de un sistema de responsabilidad indirecta a un sistema de responsabilidad directo, mediante el cual resulta posible demandar al Estado, cuando éste o sus funcionarios causen daños a los particulares en sus bienes o derechos, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo de un servidor público en lo particular, sino únicamente que la actividad administrativa fue realizada irregularmente. De esa manera, la adición al texto del mencionado artículo 113 constitucional reconoció que los particulares son titulares de un derecho de rango constitucional que les permite reclamar una indemnización proporcional y equitativa cuando, sin obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de un acto que algún órgano estatal llevó a cabo sin acatar la norma aplicable o los lineamientos, parámetros o protocolos administrativos respectivos, sin tener que demandar al funcionario en lo personal, y sin tener que demostrar si éste actuó de manera ilícita, dolosa o culposa. Como queda reflejado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que el artículo 113, ahora 109, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental de las víctimas a ser resarcidas por los daños ocasionados por la prestación de un servicio público indebido, con independencia de que en la comisión de la conducta o en la omisión correspondiente atribuida llegase a existir dolo o culpa o negligencia, conforme a lo cual la responsabilidad solidaria o subsidiaria han dejado de ser los esquemas que determinaran en la vía administrativa la forma de resarcir a la persona agraviada mediante la información correspondiente, pues sencillamente el legislador concibió que la responsabilidad del Estado sea directa y objetiva, con independencia del actuar con que se juzgue al agente y de que se siga algún procedimiento de responsabilidad contra éste. Por lo que es en un juicio de responsabilidad donde deben se deben determinar los parámetros individualizadores para cuantificar el daño patrimonial y/o moral causado a la aquí quejosa, a saber: (I) el tipo de derecho o interés lesionado; (II) el grado de responsabilidad; (III) la situación económica de la responsable y de la víctima; y, (IV) otros factores relevantes del caso, a fin de que, por una parte, se otorgue a la víctima una reparación íntegra por el daño patrimonial y/o moral causado por la actividad administrativa irregular y, por otra, no se impongan cargas presupuestarias desmedidas e injustificadas al erario público. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. LIV/2015 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1080, registro 2009487, de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PARÁMETROS PARA CUANTIFICAR EL DAÑO MORAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. El artículo 1916 del Código Civil Federal establece los parámetros individualizadores para cuantificar el daño moral causado, a saber: (I) el tipo de derecho o interés lesionado; (II) el grado de responsabilidad; (III) la situación económica de la responsable y de la víctima; y, (IV) otros factores relevantes del caso. Por otra parte, el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, establece que el órgano jurisdiccional calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en el Código Civil Federal, debiendo tomar en consideración los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. Esto implica que, aunado a los criterios establecidos en el código citado, el juzgador debe calcular el monto a indemnizar por daño moral conforme a los dictámenes periciales que, en su caso, ofrezcan las partes. Los anteriores elementos resultan relevantes, en tanto son indicativos de que la naturaleza y los fines del daño moral no permiten una cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador y, por ende, toda condena indemnizatoria por daño moral debe tomar en cuenta los parámetros referidos, así como el principio de reparación integral del daño que el legislador instituyó en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, a fin de que, por una parte, se otorgue a la víctima una reparación íntegra por el daño moral causado por la actividad administrativa irregular y, por otra, no se impongan cargas presupuestarias desmedidas e injustificadas al erario público." Por lo tanto, en virtud de que con la emisión del acuerdo reclamado no existe una relación de supra a subordinación con la quejosa, esto es, la autoridad responsable no actúo con imperio propio, ya que existe la necesidad de acudir a los órganos judiciales ordinarios a fin de determinar si existió un daño y si hay responsabilidad por parte del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero, Oaxaca y de sus funcionarios, en el cual se les debe dar la oportunidad de comparecer a defender sus intereses, por lo que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. En consecuencia, el 1. Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no realiza actos equiparables a los de autoridad, en razón de que no existe una relación jurídica entre ésta y la quejosa de supra a subordinación. Por lo que, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la invocada causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que a la responsable no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 113 del aludido ordenamiento legal, se desecha, de plano, la demanda respecto de los actos reclamados a dicha autoridad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar que indica; y como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, aun cuando la cédula profesional ********************, no se encuentra registrada ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, la misma se encuentra expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir las actuaciones que obren en el expediente físico pues, como se precisó en párrafos que anteceden, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos se integran únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, de modo que ya no obran los acuerdos en autos, en razón de que los mismos se firman electrónicamente, por tanto, los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 263 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta (invita) a las partes continúen dicha tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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