Yolanda Piedras Mastranzo
Expediente 402/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Yolanda Piedras Mastranzo
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de trece de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó su destrucción conforme a la fracción I del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto debe ser valorado de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso j) de dicho acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil veintiuno en el amparo directo******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, trece de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 6539/2020 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, tal como lo señala la fracción I del referido punto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, treinta de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se remite el expediente de amparo indirecto 17/2020, en el que obra el original del escrito de demanda de amparo directo promovida por Yolanda Piedras Mastranzo, por propio derecho, original y duplicado del incidente de suspensión relativo a dicho juicio de amparo, así como el expediente 280/2018, del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, con residencia en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 402/2020; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Ahora, de la demanda de amparo promovida por Yolanda Piedras Mastranzo, por propio derecho, se desprende que señala como acto reclamado la resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, con residencia en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en el expediente 280/2018. De las constancias que integran el citado el expediente, así como del juicio de amparo indirecto 17/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Yolanda Piedras Mastranzo, por propio derecho, mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicoténcatl, con residencia en San Pablo del Monte, Tlaxcala, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Néstor Tenahua González (fojas 1 a 6). 2. Por acuerdo de dos de abril siguiente, la Titular de dicho órgano jurisdiccional, lo registró con el número 280/2018, lo admitió a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada (fojas 17 y 18). 3. En proveído de veinticuatro posterior, se tuvo a Néstor Tenahua González, dando contestación a la demandada y por exhibida la contrapropuesta de convenio (foja 51). 4. Seguida la secuela procesal el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el Juez de primera instancia dictó sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Fue legalmente tramitado el juicio de divorcio incausado promovido por Yolanda Piedras Mastranzo, en contra de Néstor Tenahua González.- Segundo. Se decreta la disolución del vínculo matrimonial que unía a Yolanda Piedras Mastranzo con Néstor Tenahua González, dejándolos en aptitud de contraer otro; por lo que se ordena remitir mediante oficio, copia certificada de la presente resolución al Oficial cero uno (01), del Registro Civil de San Pablo del Monte, Tlaxcala, a fin de que proceda a realizar la anotación marginal correspondiente, procédase a realizar la publicación de un extracto de esta resolución en términos del artículo 114 del Código Civil vigente en el Estado.- Tercero.- Se aprueba la propuesta de convenio presentado por Yolanda Piedras Mastranzo, únicamente por cuanto hace a las clausulas primero, segunda, cuarta y sexta, al no existir controversia respecto de su contenido y encontrarse ajustada a derecho, elevándose a la categoría de cosa juzgada.- Cuarto.- Por cuanto hace a las clausulas respecto de las cuales el demandado manifestó su inconformidad y presentó contrapropuesta de convenio, se dejan a salvo los derechos de ambas partes, para que, si a su interés conviene, continúen con el trámite del juicio para su decisión definitiva, por lo que a petición de parte se celebrará una junta familiar, a fin de adoptar las medidas de protección que procedan." (fojas 187 a 191). 5. Inconforme con dicha determinación, Yolanda Piedras Mastranzo, promovió juicio de amparo, mismo que por resolución de dos de enero del año en curso el Pleno de este órgano jurisdiccional lo registró con el número 992/2019 y se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; asimismo, se ordenó remitir dicho juicio y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala en turno, para que se avocara al conocimiento de la demanda de amparo. 6. La Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, por auto de diez de enero siguiente aceptó la competencia declinada a su favor, registró el asunto con el número 17/2020 y previo cumplimiento al requerimiento de esa misma fecha y de veintinueve posterior, por auto de seis de febrero subsecuente se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Néstor Tenahua González. 7. Seguido que fue el procedimiento, el cinco de marzo del año en curso se inició la audiencia constitucional; asimismo, por acuerdo de seis de agosto posterior se ordenó remitir el citado expediente y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas a fin de que lo turnara al Juzgado Cuarto de Distrito del referido centro auxiliar para que emitiera la sentencia respectiva. 8. Por acuerdo de once de agosto posterior, se tuvo por recibido el referido juicio de amparo indirecto y sus anexos en el citado juzgado auxiliar, mismo que se radicó con el número de expediente 205/2020; asimismo, el once de septiembre de dos mil veinte, se continuó con la audiencia constitucional que concluyó con el dictado de la sentencia correspondiente en la misma fecha, cuyos puntos resolutivos son: "Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, carece de competencia legal por razón de grado, para dictar sentencia en el juicio de amparo 17/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, promovido por Yolanda Piedras Mastranzo, contra el acto reclamado al Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohtencatl, Tlaxcala, por las razones vertidas en el segundo considerando de esta resolución. Segundo. Envíese este expediente al juzgado auxiliado, a efecto de que este lo remita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, para que por su conducto se envíe al órgano jurisdiccional competente en amparo directo que corresponda, conforme se precisó en la parte final del segundo considerando de esta resolución." En la parte considerativa de dicha resolución, se advierte lo siguiente: ".Sobre esas bases, si el artículo 170 de la Ley de Amparo dispone que sentencia definitiva es la que decide el juicio en lo principal para la procedencia del juicio de amparo directo. En el caso, en el juicio de divorcio sin expresión de causa se resuelven sobre dos pretensiones: el divorcio y las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial; cuando ya no existe controversia sobre el divorcio y sí respecto de las demás cuestiones inherentes, en aquella se decide sobre esa pretensión principal, es decir, disolver la disolución del vínculo matrimonial, por lo que esta resolución constituye sentencia definitiva, respecto de la cual es procedente el juicio de amparo directo. Sin que en el caso sea dable sostener que la sentencia definitiva que declaró disuelto el vínculo matrimonial, por lo que ve a dicho pronunciamiento, es considerada como sentencia definitiva y, que por lo que ve a los diversos planteamientos emanados de ella, deban considerárseles como autos o resoluciones que no constituyen una sentencia definitiva, ya que no se puede desvincular el estudio de una resolución judicial condicionando lo resuelto en cada aspecto particular, ya que la sentencia constituye una unidad. Máxime que en el presente asunto la quejosa reclama la no aprobación de ciertas cláusulas del convenio exhibido, es decir, un pronunciamiento vertido en dicha sentencia definitiva, de ahí que no sea dable sostener que ello constituye una cuestión que no se encuentra firme o que no constituya parte de la sentencia definitiva y deba desvincularse de su estudio, por tener la quejosa que promover la continuación del juicio para el dictado de la sentencia que dilucide esa controversia y entonces sí estar en aptitud de promover juicio de amparo directo. Así es, lo combatido por la quejosa en este juicio de amparo constituye un pronunciamiento de fondo vertido en la sentencia definitiva, motivo de disenso que, de resultar fundado, haría procedente conceder el amparo para el efecto de que se aprobara el convenio relativo y, por ende, se dictara una sola sentencia que dirimiera ambas pretensiones, la de divorcio y la de las cuestiones inherentes al matrimonio, es decir, una sentencia en etapa postulatoria, sin necesidad de agotar una fase conclusiva, ya que de aprobarse el convenio no habría puntos pendientes por resolver en una eventual continuación de juicio. Pensar en sentido contrario, obligaría a la quejosa a promover la continuación del juicio y entablar una nueva disputa con su antagónico a efecto de dilucidar las cuestiones inherentes al matrimonio, cuando precisamente ese es su motivo de dolencia, el que no se hubiese aprobado el convenio relativo y obligarla a promover la continuación del juicio de divorcio por lo que ve a las cláusulas no aprobadas. Sustenta lo anteriormente expuesto, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AÚN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Tesis jurisprudencial que resulta exactamente aplicable al caso concreto, toda vez que la ley que rige al divorcio incausado en el Estado de Tlaxcala, sí prevé la escisión de la causa en sentencia definitiva, tal como se expuso en los párrafos anteriores, lo cual es armónico con el texto jurisprudencial y se corrobora con la lectura del punto resolutivo "CUARTO" de la sentencia reclamada, que dice: "Por cuanto hace a las cláusulas respecto de las cuales el demandado manifestó su inconformidad y presentó contrapropuesta de convenio, se dejan a salvo los derechos de ambas partes, para que, si a su interés conviene, continúen el trámite del juicio para su decisión definitiva, por lo que a petición de parte se celebrará una junta familiar, a fin de adoptar las medidas de protección que procedan" Ahora bien, no se soslaya que la demanda de amparo fue presentada inicialmente en dicha vía, la que, por razón de turno, tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo 992/2019, órgano jurisdiccional federal que por auto de dos de enero de dos mil veinte se declaró legalmente incompetente, por grado, para conocer del presente juicio de derechos fundamentales y ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito el Estado de Tlaxcala que por razón de turno le tocara conocer del asunto, para la substanciación del juicio de amparo de mérito en la vía indirecta. Luego, que en auto de diez de enero de dos mil veinte, el Juzgado al que se presta auxilio recibió los autos del juicio de amparo en que se actúa, lo registró bajo el expediente 17/2020, asumió competencia para conocer de dicho procedimiento, fundamentando dicha determinación en el numeral 35 de la Ley de Amparo y previno a la parte quejosa para que cumpliera con sendas prevenciones ahí precisadas, luego, la demanda de amparo, previo cumplimiento a dichas prevenciones, fue admitida el seis de febrero de dos mil veinte. Al respecto, debe precisarse que el Juzgado al que se presta auxilio asumió la competencia para conocer de este juicio de amparo en la vía indirecta, ciñéndose a lo estatuido en el numeral 41 de la Ley de Amparo, que establece la prohibición para un órgano jurisdiccional inferior de sostener competencia a su superior. El artículo de la Ley de Amparo antes citado es del contenido literal siguiente: "Artículo 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior." Por lo que, si bien el artículo 41 de la Ley de Amparo establece que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior, y en términos del artículo 1.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es superior jerárquico de un Juez de Distrito, un Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de asuntos de amparo; y, un Tribunal Unitario, cuando se actúa como Juez de instancia. Es por lo que si un Tribunal Colegiado de Circuito, al recibir una demanda de amparo considera, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, que dicho asunto debería tramitarse en la vía indirecta, declarará carecer de competencia y remitirlo con sus anexos al órgano que estime competente, quien no podrá objetar su competencia. En las relatadas condiciones, es de concluirse que el Juzgado al que se presta auxilió, de conformidad con el precepto citado anteriormente asumió la competencia para conocer de este juicio, sin poder realizar pronunciamiento en contra alguno. No obstante, en el caso en particular, las circunstancias especiales han variado, lo que hace procedente la presente declaración de incompetencia, de conformidad con lo que se expone en seguida. En primer lugar, como se dijo, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se declaró legalmente incompetente por razón de grado para conocer del presente juicio, aduciendo, medularmente, que el acto reclamado no lo constituye una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, de ahí que no se actualizara alguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa, previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo. Debe decirse que dicha resolución fue dictada el dos de enero de dos mil veinte, tal como se advierte a foja 25 del cuaderno de amparo, sin embargo, con posterioridad a esa data, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de quince de enero de dos mil veinte, resolvió la contradicción de tesis 104/2019, entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Pleno del Octavo Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito, lo que dio pie a la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 1/2020, analizada previamente y cuyo rubro es: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). Dicha jurisprudencia fue aprobada en sesión de quince de enero de dos mil veinte, publicada el veintiocho de febrero posterior y considerada obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, a partir del dos de marzo siguiente, para los efectos previstos en el Punto Séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora bien, el análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para estas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales, ello a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación. En ese tenor, toda vez que la jurisprudencia antes citada, al momento en que se resuelve, es obligatoria para este Juzgador Federal, estimo carecer de competencia legal por razón de grado, para conocer del asunto y, por ende, dictar la sentencia constitucional correspondiente. Sin que lo anterior implique un desacato a lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el auto de dos de enero de dos mil veinte, toda vez que al momento de emitir dicho pronunciamiento la jurisprudencia antes citada no había sido emitida ni publicada, y, por ende, no era obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Empero, en el actual panorama de las cosas, resolver en un sentido contrario implicaría dejar de observar la jurisprudencia vigente y obligatoria para este Juzgador Federal, lo cual, constituiría un error inexcusable por dejar de aplicar una jurisprudencia obligatoria y evidenciaría un descuido en el ejercicio de la función jurisdiccional o notoria ineptitud, en términos del artículo 131, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, a nada práctico conduciría emitir una sentencia constitucional, toda vez que en una eventual revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, al actualizarse el aforismo jurídico "Ea, quae fiunt a iudice, si ad eius non spectant officium, viribus non subsistunt" que significa, lo hecho por un juez fuera de sus atribuciones, es ineficaz, indefectiblemente dejaría insubsistente lo resuelto por este Juzgador Federal, por ser incompetente para ello, y en su lugar, dictaría la sentencia que en derecho corresponde. Dicha circunstancia evidenciaría una contravención al derecho fundamental de los justiciables de acceder a la justicia pronta y expedita, establecido el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el hecho de que los órganos jurisdiccionales verifiquen la competencia que tengan o no, para conocer de los asuntos que les son planteados tiene por objeto salvaguardar los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los justiciables, reconocidos, en parte, en el artículo 16 Constitucional. Dicho precepto de la Carta Magna dispone que los actos de autoridad deban provenir de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, dentro de los cuales válidamente se puede afirmar que se encuentran los actos jurisdiccionales. En observancia a todo lo anterior, la atribución de la competencia a una determinada clase de órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, en detrimento de otro también investido de jurisdicción, solamente puede llevarse a cabo por una norma previamente establecida. Por lo que, si en el caso que nos ocupa, durante la tramitación y sustanciación del juicio de amparo en la vía indirecta, el Máximo Tribunal del País, realizó una interpretación de diversos artículos de las legislaciones de la Ciudad de México, Coahuila y Aguascalientes, de idéntico o similar contenido a la legislación del Estado de Tlaxcala, para concluir que las resoluciones que decidan en forma definitiva la disolución del vínculo matrimonial, aun sin decidir sobre las diversas cuestiones inherentes al matrimonio, constituyen una sentencia definitiva, que deberá ser materia de análisis en la vía directa, a fin de otorgar una mayor eficacia protectora al respeto del derecho humano de seguridad jurídica en beneficio de los gobernados y respeto a que sea un tribunal legalmente competente quien deberá resolver en definitiva la litis. Es por lo que este Juzgador de Distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa, partiendo de una exégesis realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculante tanto para los Tribunales Colegiados, como para los Juzgados de Distrito, por lo que debe respetarse la obligatoriedad de la jurisprudencia y la observancia a la seguridad jurídica, que tiene todo gobernado a que sea un tribunal competente quien resuelva su asunto. Por ello, la exigencia de un Juez competente, independiente e imparcial implica automáticamente la noción de Juez natural, que en nuestro ordenamiento jurídico contemporáneo tiene un significado preciso, como aquel que la Constitución, la ley o la jurisprudencia le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto. En este orden de ideas, a través del Juez de Distrito Auxiliado remítase en forma inmediata los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en turno, para su conocimiento y efectos legales conducentes." (Lo destacado es propio de este tribunal.) Ahora bien, este órgano jurisdiccional reitera su determinación de incompetencia en razón de la vía, sin que obste para ello el pronunciamiento del juez de Distrito auxiliar, el cual abordó una cuestión que ya se había determinado previamente y a cual jurídicamente ya no podía abordar en su fallo. Ciertamente, la competencia constituye una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se refiere a la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, por lo que se trata de una cuestión de orden público y de examen previo. Partiendo de ello, al emitir sentencia, un órgano jurisdiccional auxiliar puede abordar su análisis para determinar si es competente por razón de materia, incluso por territorio, en función de la competencia del órgano auxiliado. Lo anterior, siempre y cuando esta cuestión no haya sido determinada previamente de manera definitiva, por haberse declinado la competencia a su favor por un tribunal colegiado, o bien, por haberse resuelto en un conflicto competencial. Así es, los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 41. Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior". "Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley". De las normas citadas se obtiene una regla fundamental: ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior. Además, una vez declinada la competencia a favor de un órgano de amparo que debe conocer en la vía indirecta, esta no se puede objetar. Y solo se podrá plantear excepcionalmente por un órgano que no pertenezca al mismo circuito, en razón de territorio o especialidad. De ahí que, respecto de la competencia en razón de la vía, una vez emitido pronunciamiento de incompetencia por un tribunal colegiado, ya no puede traerse a discusión o analizarse ese punto por el órgano al que se remita el asunto, aduciendo un análisis de competencia. Asimismo, lo decidido en definitiva en un conflicto competencial en razón de territorio o especialidad, impediría su análisis posterior por el órgano al que se determinó competente, o al que dicte la sentencia en su auxilio. En suma, al haberse determinado dicha cuestión por un órgano superior, al declinar su competencia por razón de la vía, o bien, al resolver un conflicto competencial en razón de materia o territorio, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, no puede abordarse nuevamente. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2020 (10a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 9 de octubre de 2020, de contenido siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. PUEDEN ANALIZAR LA COMPETENCIA, YA SEA POR TERRITORIO O POR MATERIA, EN FUNCIÓN DE LA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE AUXILIAN Y, EN SU CASO, DECLARAR LA INCOMPETENCIA PARA RESOLVER EL ASUNTO. Hechos: Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre si un órgano auxiliar que se encarga únicamente de dictar sentencia en apoyo de otro debe pronunciarse respecto de la competencia del órgano en cuyo lugar actúa, pues mientras la Primera Sala determinó que el órgano auxiliar, al emitir la sentencia en apoyo al órgano auxiliado, sí puede analizar la competencia de éste, la Segunda Sala, por su parte, estimó que el órgano auxiliar al dictar la resolución, no puede analizar la competencia del órgano al que apoya. Criterio jurídico: El órgano jurisdiccional auxiliar -ya sea Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito- designado por la autoridad correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para apoyar a otro órgano jurisdiccional únicamente en el dictado de la sentencia, puede analizar la competencia, ya sea por territorio o por materia, en función de la del órgano jurisdiccional al que auxilia (auxiliado) y, en su caso, declarar la incompetencia para resolver el asunto. Justificación: La competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y un derecho fundamental de los justiciables. En esa lógica, un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. Específicamente, tanto el territorio como la materia constituyen factores determinantes de la competencia atendiendo al espacio que el órgano jurisdiccional tiene asignado para desplegar su función de administrar justicia y a la naturaleza jurídica de las controversias, respectivamente; es decir, la competencia por materia y territorio es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho dentro de un concreto espacio territorial. De esta manera, la impartición de justicia por los Tribunales de la Federación deberá hacerse en función de la determinación legal existente, en todo lo relativo al territorio y la materia correspondiente, porque de no ser de esa forma, no se dará pleno cumplimiento al derecho fundamental de que se trata. En ese sentido, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, que debe ser completa, se justifica que el tribunal -en su connotación amplia- al emitir la sentencia en un asunto en apoyo a otro órgano jurisdiccional, pueda analizar si es competente por razón de materia, incluso por territorio, en función de la competencia del auxiliado, siempre que no haya sido determinada previamente de manera definitiva, como pudiera ser a través de un conflicto competencial en razón de materia o territorio. Por las razones apuntadas, si bien un órgano auxiliado al tramitar un asunto presupone su competencia, entre otras, por materia y territorio, mientras no exista pronunciamiento en contrario, ello no impide que el órgano jurisdiccional auxiliar que corresponda analice en esos ámbitos la competencia en función de la del auxiliado y, en su caso, declare la incompetencia para resolver el asunto. Así, podrá realizar el examen respectivo siempre que no se haya decidido previamente o el auxiliado haya aceptado la competencia expresamente al habérsela planteado otro órgano jurisdiccional". Conforme a lo expuesto, si bien la competencia es una cuestión de orden público, no es dable jurídicamente que un órgano auxiliar aborde esa cuestión, cuando ya fue determinada previamente en forma definitiva, pues como se dijo, sólo puede analizar la competencia en función de la que corresponde al órgano auxiliado, quien legalmente ya no podría objetar la competencia en razón de vía determinada por un tribunal colegiado. Por las razones anteriores, al margen de la aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia en la cual se basó el órgano auxiliar para determinar su incompetencia por razón de grado (posterior a lo determinado previamente por este tribunal colegiado al declinar su competencia al juzgado de Distrito remitente), resulta claro que inexactamente abordó una cuestión que jurídicamente ya se había definido, por haber determinado en forma plenaria este órgano colegiado que la vía procedente era la indirecta. Admitir lo contrario, dejaría sin efecto alguno la regla contenida en el artículo 41 de la Ley de Amparo, que establece que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior, sin admitir excepción alguna derivada del cambio de circunstancias especiales. Implicaría una incongruencia del sistema legal de competencias previsto en la Ley de Amparo, pues lo resuelto por un órgano jerárquicamente superior podría ser variado bajo la consideración del cambio de circunstancias. Sin embargo, la competencia no es una cuestión de hecho o circunstancial, sino de derecho, pues es el marco normativo donde deben estar previamente establecidas las atribuciones de los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, la publicación y obligatoriedad de los criterios obligatorios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, no pueden afectar situaciones jurídicas previamente definidas, sino solo los casos posteriores, respecto de los cuales se conserve plenitud de resolución para resolver. De modo que, debe estarse a lo resuelto en forma plenaria por este Tribunal Colegiado el dos de enero de dos mil veinte, y se devuelve el asunto para que el A quo dicte resolución en la que prescinda de analizar una cuestión que ya se había resuelto en forma definitiva. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III, del artículo 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Israel Sánchez Sánchez, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y de acuerdo a la última parte del segundo párrafo del referido precepto legal a Diana Laura Galeno Chimal, Luis Arturo Ramírez Barragán y Guillermo Naranjo Castillo. Se apercibe a las autoridades responsables y en su caso, tercero interesadas que en caso de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas, en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 de la Constitución Federal; 1, 3, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, no acepta la competencia por razón de grado planteada por el Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en la resolución de once de septiembre de dos mil veinte dictada en el expediente auxiliar 205/2020, de su índice, relativo al juicio de amparo 17/2020, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. Se ordena remitir el presente expediente y sus anexos, al Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que se avoque al conocimiento del asunto; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa; háganse las anotaciones legales pertinentes, fórmese cuaderno de incompetencia con copia certificada del escrito de amparo y anexos y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Así lo resolvió, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Nicolás Castillo Martínez y Eduardo Iván Ortiz Gorbea, quienes firman con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, Secretaria de Acuerdos que da fe.
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